El primer paso para resolver un problema consiste (el lugar común no sobra en este caso) en reconocerlo. El Gobierno no ha reconocido el problema del empleo. Y mucho menos ha reconocido que el problema se origina, en buena medida, en una serie de políticas equivocadas que vienen de atrás pero han empeorado durante los últimos seis años. El Gobierno, con el Presidente a la cabeza, ha reiterado que la promoción de la inversión es el instrumento más eficaz para generar nuevos empleos. Pero los hechos demuestran lo contrario. Las grandes empresas colombianas han invertido profusamente. Pero no han generado empleo. Muchas empresas probablemente han sustituido trabajo por capital, una decisión racional dado el encarecimiento del primer factor y el abaratamiento del segundo, esto es, dado el sesgo antiempleo de la política.
En el corto plazo, como lo propuso recientemente el ex ministro de hacienda Alberto Carrasquilla, el Gobierno debería disminuir transitoriamente los costos laborales. En el mediano plazo, urge una revisión a fondo de los costos laborales, y en particular de las políticas que gravan la generación de empleo formal con el fin de subsidiar la informalidad. Esta mezcla de políticas no sólo es insostenible, sino también socialmente ineficaz. También urge revisar las políticas de subsidios a la inversión que pueden haber llevado a muchas empresas a sustituir trabajo por capital. El problema del empleo, no sobra repetirlo, es un problema de malas políticas.
Hasta el año anterior, el acelerado crecimiento económico impidió apreciar en toda su dimensión el problema del empleo. Pero las circunstancias han cambiado. Ya el contexto internacional no es tan favorable y las políticas internas llevaron a un inevitablemente enfriamiento de la economía. Incumbe, entonces, insistir en lo obvio: el problema del empleo es cada vez más evidente, y el Gobierno no se ha dado cuenta o anda en busca de un chivo expiatorio.