El presidente Gustavo Petro ha planteado una hipótesis interesante sobre el mercado global de cocaína y las implicaciones para Colombia y Sudamérica.
La hipótesis puede resumirse en los siguientes cinco puntos:
La demanda por cocaína en los Estados Unidos se desplomó como consecuencia en buena medida del surgimiento del fentanilo (la droga de la crisis climática y la guerra la llama el presidente Petro).
La caída en la demanda ha llevado a una crisis de la economía cocalera y a una nueva redistribución de la producción de cocaína, alejada ahora de las costas y adentrándose en la selva con el fin de abastecer más fácilmente los mercados más dinámicos de Brasil, Europa y Australia.
Colombia podría perder protagonismo en el narcotráfico, pues las redes de narcotraficantes se trasladarían más al sur en Sudamérica y hacia Africa y Europa.
Esta tendencia tendría consecuencias favorables para Colombia, podría reducir el narcotráfico y aclimatar la paz.
El énfasis de la política antidroga debería ponerse, entonces, en el consumo interno; en particular, en evitar un aumento en el consumo de fentanilo.
Esta hipótesis, repito, es interesante, pero no tiene mucho sustento empírico y por lo tanto las implicaciones de política pública pueden ser equivocadas. Específicamente, no parece probable que el problema del tráfico de cocaína vaya a migrar o desaparecer rápidamente y que las organizaciones armadas vayan a perder poder.
Veamos la evidencia.
Primero, ¿qué está ocurriendo con la demanda de cocaína a nivel global?
La demanda por cocaína no se ha desplomado en Estados Unidos. Ha crecido rápidamente en otros mercados en Europa y Oceanía, pero no ha caído en Estados Unidos. De acuerdo con el Cocaine Report 2023, 30% de los usuarios globales de cocaína residen en Norteamérica. Según el reporte, el consumo de cocaína es complementario con el de marihuana, sustituto con el de metanfetaminas y no guarda ninguna correlación con el de opiáceos (Pj., fentanilo). En síntesis, la demanda por cocaína sigue alta en Estados Unidos y no hay evidencia clara de sustitución de cocaína por fentanilo.
La primera gráfica resume los cambios en la demanda global por cocaína: estabilidad de la demanda en Estados Unidos, aumento en Brasil y Europa y aumento sustancial en Australia. La segunda gráfica hace zoom en el caso de Estados Unidos. Muestra un leve aumento en los consumidores (con referencia a los del año anterior). La crisis en la economía cocalera, en contravía a lo afirmado por el presidente Petro, tiene origen no en una caída en la demanda global, sino en un aumento sustancial en la oferta local, como consecuencia, a su vez, del aumento de las áreas sembradas y el aumento de la productividad.
Segundo, ¿qué está ocurriendo con la geografía de los cultivos de coca?
El últimoreporte de Naciones Unidas muestra que los enclaves tradicionales de los cultivos de coca, en el Pacífico, el bajo Cauca y el Catatumbo, no han perdido importancia. El reporte, publicado en octubre de 2022, tiene un rezago (los últimos datos no se conocen todavía), pero no sugiere de ninguna manera un cambio sustancial en la geografía de los cultivos. Todo lo contrario. Sugiere que el aumento de la oferta ocurrió en los enclaves tradicionales: “Una panorámica territorial indica que para el 2021 86,5 % de la coca está en zonas afectadas por más de 10 años (las áreas en rojo), lo que corrobora la permanencia de condiciones de vulnerabilidad en los territorios […] y fomenta el incremento de actividades ilegales en los territorios”.
En fin, la última evidencia disponible, todavía no actualizada, revela una estabilidad en la geografía de los cultivos de coca. Probablemente la crisis de sobreproducción llevará a algunos cambios, pero las tendencias históricas sugieren que la preminencia de algunos enclaves tradicionales no desaparecerá. Las cifras mencionadas por el presidente Petro parecen, entonces, más especulativas que reales, una especie de extrapolación todavía sin sustento fáctico.
¿Se irá el narcotráfico de Colombia?
El aumento de la demanda en Europa, Brasil y Oceanía llevará seguramente a la consolidación de otras rutas de narcotráfico más al sur. Ecuador, Paraguay Brasil adquirirán un mayor protagonismo. Pero esta tendencia no implica que Colombia dejará de tenerlo. Probablemente (como ya está ocurriendo) habrá una expansión geográfica del problema, no una relocalización definitiva por fuera de Colombia. La demanda de Norteamérica todavía está allí.
Aun si Colombia pierde algo de protagonismo, este hecho no implicará el fin de las organizaciones armadas, ni una paz providencial como resultado de la exportación de nuestros problemas. Las organizaciones armadas derivan su poder del control territorial, el narcotráfico las fortalece por supuesto, pero no desaparecerán endógenamente si Colombia pierde algo de participación en el mercado global de cocaína.
El presidente Petro tiene razón en señalar la futilidad de la guerra contra las drogas y en pedir una política preventiva para el consumo de sustancias en general y el del fentanilo en particular. Pero comete un error si cree que la paz total vendrá por cuenta de los cambios en la demanda global de cocaína. Esto no ocurrirá.
La demanda de cocaína no ha cambiado en Estados Unidos (el fentanilo no ha sustituido la cocaína). Los enclaves tradicionales siguen siendo fuertes en Colombia. La oferta, no la demanda, ha sido la causa de las disrupciones locales. Y el control territorial por parte del Estado seguirá siendo uno de nuestros grandes desafíos.
Uno de los grandes problemas de la polarización, de las discusiones entre partes enfrentadas que no se respetan éticamente, es la confusión de los términos del debate: “Ud. defiende el negocio, yo los pacientes”, se dice de un lado. “Ud. quiere entregarles el sistema de salud a los políticos con fines electorales”, se responde del otro. Uno y otro de los participantes dudan de las intenciones de sus contrapartes, convertidos ya en enemigos.
Este debate no es, incumbe aclararlo, un debate entre un grupo altruista y otro cooptado o mal intencionado. Incluso uno podría partir de la idea de que todos los participantes quieren promover el bienestar general. El debate es sobre de qué manera hacerlo, sobre el papel del sector privado en la provisión de un servicio social, sobre los incentivos y las formas más adecuadas de regulación. En suma, sobre el “cómo”.
Tachar a los otros, a quienes piensan distinto, de defensores del negocio o de corruptos de nada sirve. No construye. Paraliza. Con el propósito de construir, esto es, de avanzar el debate, quisiera plantear cinco preocupaciones puntuales sobre la reforma a la salud propuesta.
La reforma propone un sistema abierto: sin plan de beneficios, sin UPC (Unidad de Pago por Capitación), sin contratos con los prestadores, sin auditorias concurrentes, etc. Un sistema concebido de esta manera llevaría a una crisis financiera, con efectos inmediatos sobre la prestación. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público debería tomar nota al respecto.
La reforma plantea un sistema completamente fragmentado; fragmentado entre el primer nivel de atención y la atención de mayor complejidad, entre las RISS generales y las de laboratorio, apoyo diagnóstico, farmacéuticas, de trasplantes, etc. Esta fragmentación hará mucho más traumática la atención del paciente.
La reforma acaba con las EPS y por lo tanto con las capacidades acumuladas por treinta años, en auditorias, compra de servicios, gestión de riesgo, manejo de enfermedades crónicas, etc. Si no van a realizar labores de contratación, gestión de riesgo y auditorias, el papel de las gestoras no tiene sentido, es cosmético. Muchas EPS saldrán del sistema, creando una crisis de atención.
La reforma plantea que el Estado va a asumir los servicios sociales complementarios que hoy hacen las EPS. ¿Pagará la ADRES centralizadamente el transporte de los pacientes? ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Puede gestionarse desde Bogotá este tipo de atenciones? ¿Quién va a hacer la auditoria y el control? En general, en la reforma planteada, la ADRES acumula funciones sin tener las capacidades.
¿Qué va a pasar con los 100 mil trabajadores de las EPS? ¿Puede la ADRES con una fracción de los trabajadores actuales asumir las responsabilidades de coordinación y administración de todo el sistema de salud? ¿En cuánto tiempo? ¿Hay un plan claro de transición? La verdad no lo hay. Ni hay respuestas a las preguntas planteadas.
Uno podría evadir este debate diciendo simplemente que la administración de la salud debe ser pública. Pero el debate es más complejo y no se resuelve con acusaciones generales o pronunciamientos retóricos.
Este artículo resume de manera breve las principales preocupaciones sobre lo que se conoce de la reforma a la salud. Lo pongo aquí como constancia. Fue conocido en enero de 2023 por la opinión pública.
Diagnóstico
Todo esfuerzo reformista debe empezar por un diagnóstico, por un análisis de lo que funciona y no funciona, por una evaluación de las capacidades instaladas (nunca se comienza de cero) y las heterogéneas realidades territoriales.
Eso no ha ocurrido con la reforma a la salud que ahora se propone. El diagnóstico no es claro. Pareciera insinuar que todos, o la mayoría de los problemas se originan en la administración (privada o no pública) del sistema. Como si eliminar las EPS fuera una solución a los problemas de insostenibilidad financiera, corrupción y desigualdades territoriales.
No es así. Los problemas financieros existen en todos los sistemas de salud. Los sistemas públicos europeos están al borde de la quiebra. El susbsistema colombiano del magisterio (que no tiene EPS) enfrenta también grandes dificultades financieras y tiene, en comparación con el Régimen Contributivo, tres veces más quejas por 1.000 afiliados. Lo mismo ocurre con el subsistema de las fuerzas armadas.
La experiencia de Colombia con pagadores únicos públicos ha sido desastrosa. Lo fue con la llamada libre adscripción del Seguro Social en 1996, lo fue con los recobros directos del Fosyga por la atención a la población desplazada en 2001, lo fue durante la década pasada con los pagos de las secretarías de salud por los servicios No Pos del Régimen Subsidiado. El país recuerda los carteles de la hemofilia, el VIH, enfermos siquiátricos, etc. Todo esto podría repetirse a una mayor escala con la actual propuesta de reforma.
Las inequidades regionales, que se repiten en otros sectores como la educación y el agua potable, tienen que ver más con problemas de la descentralización que con los mismos problemas del sistema de salud. Los problemas de los hospitales públicos, por ejemplo, no se resolverán cambiando el pagador o los mecanismos de pago. Podrían incluso agravarse.
Las brechas en resultados en salud entre regiones y entre zonas rurales y urbanas son reales y preocupantes. Deben corregirse. Pero la reforma propuesta plantea una estrategia extraña: destruir lo que funciona en las ciudades para supuestamente arreglar lo que no funciona en las zonas rurales. En lugar de tratar de adaptar una estrategia de atención primaria al sistema, la reforma trata de adaptar todo el sistema a una estrategia de atención primaria. Una lógica extraña.
Hay mucho que conservar del sistema actual. Casi todos los hogares colombianos están protegidos financieramente: una enfermedad no implica una quiebra familiar, ni obliga a la liquidación de activos. Un puñado de hospitales del país están entre los mejores de la región. Los sistemas de información se han sofisticado como resultado de décadas de trabajo. El manejo de muchas enfermedades crónicas es ejemplar. En los mejores hospitales privados se atienden personas de todos los orígenes socioeconómicos. En fin, el sistema actual es producto de treinta años de innovación y trabajo colectivo. Destruirlo sería un suicidio.
La reforma propuesta es sencilla. Propone un pagador único, la ADRES, que es hoy una tesorería y se convertiría en una gran EPS pública. Propone al mismo tiempo un conjunto de centros de atención primaria como puerta de entrada al sistema que coordinarían la atención y el despliegue de equipos territoriales. Propone finalmente unas redes integradas de salud para la atención de mediana y alta complejidad. Los detalles no se conocen, pero, desde ya, surgen algunas preguntas sobre tres temas: ¿Qué va a pasar con los pacientes? ¿Cómo va a ser el flujo de recursos? Y ¿Cómo será el manejo de la transición? Hay todavía muchas dudas al respecto.
Pacientes
La ruta de atención no es clara. El sistema planteado es, por diseño, fragmentado: parte de una división entre la atención primaria y la de mayor complejidad. Además, no contempla una respuesta precisa para una serie de actividades esenciales. Hoy las EPS tienen diez veces más centros de atención primaria que los propuestos en la reforma, ¿Qué va a pasar entonces? ¿No tendríamos en el esquema muchas más colas y problemas de atención? ¿Quién va a coordinar el traslado de los pacientes? La sola Nueva EPS hace 800.000 transportes terrestres al año, y miles de transportes aéreos.
Hay más preguntas. ¿Quién va a coordinar la atención domiciliaria, las enfermeras en casa y la entrega de miles de balas de oxígeno? ¿Quién va a encargarse de la gestión farmacéutica, de la coordinación para la entrega de medicamentos, de los sistemas de información y de la negociación con la industria? ¿Quién va a hacer la gestión de riesgo? Por ejemplo, el control de pacientes con enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes, etc.). ¿Quién va a liquidar y a auditar las prestaciones económicas, las licencias de maternidad y las incapacidades por enfermedad general? Sin controles el fraude puede ser inmenso.
Las EPS tienen decenas de miles de personas empleadas para estas tareas. Con la reforma no se sabe quién va a asumirlas. ¿Pasarán los 110.000 empleados de las EPS a ser funcionarios públicos? ¿Quedarán los pacientes a la deriva? No hay respuestas para esas preguntas.
Recursos
Resulta importante de entrada diferenciar entre el giro directo y la ordenación del gasto. ADRES hace hoy lo primero. Para lo segundo carece de capacidades. La reforma ignora este punto esencial. Surgen de nuevo muchas preguntas.
¿Quién va a realizar el control de gastos? ¿La auditoría de cientos de millones de facturas? Suponer, como en la propuesta actual, que con un sistema de información que no existe y tres mil personas desde Bogotá se va a hacer esta tarea, es ilusorio. Sin control del gasto, la quiebra del sistema será inevitable y acelerada. ¿Quién va a encargarse del control del recaudo de las contribuciones? Suponer que la UGPP puede hacerlo, es también ilusorio.
En el esquema propuesto, que no define el control de gasto y del recaudo, el impacto fiscal sería enorme. El gasto se multiplicaría y el recaudo podría caer de manera sustancial. Esta contingencia fiscal podría poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del país.
Transición
Sobre la transición también hay muchas preguntas sin respuestas. ¿Cuánto tiempo va a tomar el empadronamiento de toda la población? La depuración de las bases de datos que manejan las EPS ha tomado décadas. ¿Cuánto tiempo va a tardar (y con qué gente se va a llevar a cabo) un tarifario único que sería, según se propone, la base para los pagos de ADRES? ¿Cuánto tiempo tardaría la puesta en marcha, desde cero, de un sistema de información centralizado, sin una reflexión sobre cómo transferir capacidades? ¿Quién y cómo se van a transferir las deudas existentes?
La transición tomaría décadas y la reforma parece subestimar la complejidad del proceso. Además, la transición se está anticipando: el sistema financiero les está cerrando las puertas a las EPS (pues ya las van a liquidar), algunos prestadores están exigiendo anticipos para procedimientos de alta complejidad y la industria farmacéutica mantiene los inventarios a raya, incluso hay desabastecimiento. La crisis parece crecer día a día.
Reforma
Una reforma a la salud es necesaria. Los sistemas de seguridad social deben reformarse de manera permanente. Existen consensos, más o menos definitivos, sobre la necesidad de una mayor inversión en salud pública, de un mayor énfasis en la atención primaria, de una reivindicación del talento humano, de una implementación de modelos diferenciales o de una mayor transparencia en las transacciones que implicaría, por ejemplo, la eliminación de la integración vertical. Pero sin un diagnóstico claro ni una respuesta a las preguntas planteadas la reforma propuesta puede hacer daño. Mucho daño. Lo que iría en contra del principio de siempre para quienes se ocupan de la salud de la gente: ante todo no hacer daño.
Por una desgracia inconcebible vemos en todo el Reino abandonados los caminos, los ríos sin puentes, aun aquellos que más los necesitan, y subsistir los malos pasos en todas las estaciones del año, sin que se exceptúen las entradas y salidas de la misma capital. E1 camino que la necesidad abrió antiguamente subsiste y subsistirá por muchos siglos, sin que se haya pensado en corregir sus defectos enderezándole, o mudándole a otra parte más cómoda. Lo mismo que se advierte en los caminos de tierra, se observa también en los cortos ríos navegables que tenemos. Todo se halla descuidado lastimosamente, y este asunto pide la más seria atención del Gobierno.
Sobre la minería
Contemplando las cosas filosóficamente, se debía desear que el cultivo de las minas se abandonase para siempre. La política tampoco está muy de acuerdo con su beneficio, y sólo bajo ciertas condiciones y circunstancias se puede contemplar como ventajoso. El laboreo de minas en el modo que hoy se practica en las de oro, además de ser destructivo de la población, encarece de tal suerte los jornales y maniobras, que por lo general entorpece el adelantamiento de la agricultura, la que siempre es cadente en los países mineros. Entretenidas las gentes con las vanas esperanzas de alcanzar la suerte, que uno u otro ha logrado en el beneficio de minas, descuidan del todo los demás objetos de industria; se empeñan cada día más, y no correspondiendo los sucesos a los conatos, se arruinan, y arruinan consigo a todos aquellos que se dejan engañar con sus vanas esperanzas.
Sobre la coca
Se hallan asimismo la coca, de gran consumo entre las gentes de la Gobernación de Popayán, y que los orientales usan con el nombre de betele, admirable para fortificar el estómago y que aseguran comunica una especie de vigor singular; los tamarindos, fruto comunísimo de los países cálidos, de uso muy frecuente en la curación de varias enfermedades. Es de desear, dice un autor, que se fomente este fruto en nuestras Provincias de América, para eximirnos enteramente de los tamarindos extranjeros.
La decisión de prorrogar la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer plantea un debate fundamental de salud pública, una tensión entre la atención individual y los beneficios colectivos. La salud pública tiene, como la economía, una tradición utilitarista. Los argumentos de salud pública plantean a menudo la necesidad de maximizar el bienestar colectivo. Los argumentos utilitaristas no son definitivos, pero deben, en mi opinión, ser tenidos en cuenta.
Para simplificar el problema, voy a introducir algunos supuestos sencillos. No todos son realistas. Pero ilustran una dimensión importante del debate acerca de si se debe aplazar o no la aplicación de la segunda dosis con el fin permitir que más gente pueda acceder a una primera dosis y adquiera así más prontamente algún nivel de protección.
La gráfica de la izquierda muestra la progresión semanal de la protección después de la aplicación de la primera y la segunda dosis (la protección debe ser entendida como la probabilidad de no tener síntomas notables después de una exposición al Covid-19). La gráfica corresponde al esquema “Pfizer”. La primera dosis se da al inicio (tiempo 0). La segunda se da al final de la semana 3. Antes de la aplicación de la segunda dosis, la protección es de 60%. La protección llega a 90% al final de la cuarta semana después de la aplicación de la segunda dosis.
La gráfica de la derecha muestra la misma proyección para el esquema “MSPS”, el propuesto por el ministerio. La aplicación de la segunda dosis se aplaza nueve semanas. La protección es de 60% de la semana 3 a la 12 y sube a 90% después de la aplicación de la segunda dosis. Estos números son supuestos. Pero recogen un hecho real, verosímil: la protección después de la primera dosis es sustancial y el aumento de la protección como resultado de la segunda dosis es importante pero inferior.
En el largo plazo, los dos esquemas son similares. El dilema está en las nueve semanas de aplazamiento: más gente accede tempranamente a algo de protección, pero los vacunados con la primera dosis quedan más expuestos.
Si se supone que cada semana (de las nueve de aplazamiento) hay 100 mil personas a quienes se les aplaza la segunda dosis y si se supone adicionalmente (como ilustración) que la probabilidad de infectarse y tener síntomas en una semana cualquiera es de 0,1%, el aplazamiento implicaría 1350 casos de más Covid-19 sintomáticos, algunos graves. El cálculo es sencillo. Una simple sumatoria.
De otro lado, el aplazamiento permitiría que 100.000 personas fueran vacunadas con la primera dosis. Bajo los mismos supuestos anteriores, la inclusión de estos nuevos vacunados implicaría 2180 menos casos de Covid-19 sintomáticos durante las nueve semanas. El cálculo es también sencillo: una suma de la protección adquirida por las 100 mil personas que reciben la primera dosis semanalmente. El beneficio, medido en casos sintomáticos evitados transitoriamente, es de 62%. El mismo porcentaje aplicaría, bajo supuestos razonables, para hospitalizaciones y muertes.
El orden de magnitud es resultado de los supuestos. La dirección no lo es. Un resultado similar (un beneficio colectivo) se obtendría si se supone que la protección conferida por la primera dosis es mayor que la protección adicional conferida por una segunda dosis.
¿Dónde radica la polémica? De nuevo, en la tensión entre los derechos individuales y colectivos. Alguien que recibió la primera dosis podría poner una tutela para prevenir el aplazamiento de la segunda dosis. Lo haría en defensa de su derecho a la salud (al fin de cuentas está quedando parcialmente desprotegido). Sin embargo, un fallo a su favor iría en detrimento del bienestar colectivo.
Cada vez que se invocan argumentos utilitaristas en un contexto de escasez surgen este tipo de controversias. En este caso, además, quienes han recibido las primeras dosis de la vacuna son identificables, los otros, los que se beneficiarían del aplazamiento, no lo son tanto. Aparece, entonces, el típico dilema bioético entre víctimas identificables y no identificables.
Los argumentos del Ministerio parecen válidos desde una perspectiva de salud pública, utilitarista. Pero generaran debates éticos y políticos. Las democracias mediatizadas desde estos tiempos tienden con frecuencia a rechazar este tipo de consideraciones. Aborrecen los dilemas éticos.
He tratado de mantenerme optimista durante la pandemia, de no enfatizar el peor escenario. Siempre habrá malas noticias en medio de la incertidumbre. Infundir miedo es tentador. Algunos lo asocian incluso con una especie de responsabilidad cívica: las malas noticias, suponen, pueden hacer que la gente cambie su comportamiento y se cuide más.
Hace apenas un mes estaba optimista. La vacunación comenzaba con grandes expectativas. Los niveles de inmunidad observados o inferidos (mediante estudios de seroprevalencia o extrapolaciones hechas con base en estudios de vigilancia activa) eran altos en varias ciudades, mostraban una protección sustancial. Un estudio para Bogotá, realizado por un grupo de profesores de la Universidad de los Andes, mostraba, por ejemplo, que el porcentaje de contagios podría estar cercano a 60% de la población relevante.
Una cosa era el debate sobre las medidas o las respuestas de los gobiernos, otra distinta el debate sobre los niveles de inmunidad colectiva observados. Recuerdo un estudio de Imperial College sobre Manaos publicado en diciembre del año pasado. Señalaba los altos costos (en términos de muertes y sufrimiento humano) de una dinámica descontrolada de la infección, pero sugería que allí podría haberse alcanzado de la inmunidad colectiva. El porcentaje inferido de la población infectada superaba el 70%.
A finales de diciembre, la situación de Manaos empeoró de manera súbita. Nadie lo había anticipado. Hoy veo esa noticia como un presagio ominoso. Otro estudio de Imperial College trató de explicar la aparente contradicción. Citaba tres causas posibles: un error en los estudios iniciales de seroprevalencia, una corta duración de la inmunidad adquirida o un efecto directo de las variantes del virus (que podrían, en principio, evadir la inmunidad adquirida en un porcentaje alto de la población). Con una suerte de prudencia epistemológica, no enfatizaba ninguna de las tres causas, mantenía una posición deliberadamente ecléctica. Señalaba, eso sí, la posibilidad de que cada una de ellas tuviera alguna relevancia. Las causas identificadas no eran excluyentes y no había forma de separarlas.
Han pasado ya varias semanas desde la publicación de ese estudio. La situación en Brasil ha tomado una dimensión trágica, inimaginable si se quiere. En Chile, Uruguay, Paraguay, etc., la situación también ha empeorado ostensiblemente. Resulta imposible no pensar que las variantes han cambiado el panorama epidemiológico, que han ocasionado más contagios, más casos severos y muchas (todavía no sabemos la dimensión real del fenómeno) reinfecciones.
Con todo, la situación en Colombia posiblemente va a empeorar. «Es como si tuviéramos una pandemia dentro de una pandemia», me dijo alguien recientemente. Razón no le falta. La velocidad de contagio supera el avance de la vacunación. Vendrán semanas difíciles. Quiero seguir siendo optimista. Quiero pensar que lo peor ya pasó. Pero resulta, creo, contraevidente.
La evolución de la pandemia (el papel de las variantes, en particular) no fue prevista. Nadie hablaba seriamente de esta posibilidad en diciembre de 2020. Incluso a comienzos de este año, muchos predecían que el virus mutaría en la dirección de una mucho menor letalidad. Hoy el panorama de corto plazo parece distinto. Menos esperanzador. Toca aceptarlo.
Muchos fenómenos son el resultado de las acciones humanas no de sus diseños, escribió Adam Ferguson, uno de los pensadores más representativos de la ilustración escocesa. Esta idea (liberal, digamos) llama la atención sobre el peligro del hibris, la ilusión del control y la sobreestimación del impacto de nuestras respuestas (casi siempre chapuceras) a fenómenos complejos que no entendemos plenamente.
Muchos de los análisis sobre los efectos del Covid sufren de este problema. Tienden a sobrestimar el efecto de las medidas centralizadas. Pretenden, por ejemplo, explicar las diferencias entre países o regiones como un resultado casi inmediato de las políticas o medidas adoptadas. Exageran nuestra capacidad de control y nuestro conocimiento. Pierden de vista que (dinámicamente) el comportamiento de la pandemia con frecuencia poco tiene que ver con las medidas o políticas gubernamentales.
Voy a ilustrar este punto con cinco gráficas sencillas, inquietantes en mi opinión. En conjunto, sugieren un menor control al supuesto por muchos analistas y científicos.
La primera gráfica muestra una gran convergencia en las muertes acumuladas por millón de habitantes entre países y regiones con respuestas distintas y sistemas de salud diferentes. Unos pusieron en práctica fuertes medidas restrictivas, otros no. Al menos en el mundo occidental, la asociación entre restricciones y resultados es tenue por decir lo menos, un hecho que debería (creo yo) llamar la atención sobre la ilusión de control.
Las Dakotas en los Estados Unidos realizaron un experimento natural interesante durante los últimos meses. En la del Sur, las medidas de control fueron casi nulas. En la del Norte, las autoridades impusieron algunas restricciones (razonables en mi opinión). El resultado: un comportamiento similar, casi idéntico. De nuevo, parecen existir otros factores distintos a las medidas adoptadas que explican el comportamiento dinámico de la infección.
Sur África es también un caso interesante. A pesar de la variante (mal llamada surafricana), las pocas restricciones y la ausencia de vacunación, los casos han disminuido de manera sustancial durante las últimas semanas. “¿Qué hicieron las autoridades?”, preguntaría un observador desprevenido. “Nada distinto”, habría que responder.
Hace algunos años, antes del Covid-19, un grupo de expertos en salud pública calculó un índice del grado de preparación de los países para enfrentar una pandemia. En retrospectiva, la mayor preparación prevista ha mostrado estar correlacionada con un mayor número de muertes por habitante. Esta paradoja ha sido interpretada de una manera simplista, como un simple fracaso del índice en cuestión. Sin embargo, podría reflejar otro asunto, la ilusión del control, esto es, la mejor preparación no siempre garantiza mejores resultados.
En Colombia, por ejemplo, las muertes por habitante son mucho mayores en Bogotá que en Chocó. ¿Estaba Chocó mejor preparado o hizo mejor las cosas? No lo creo. Simplemente el comportamiento diferencial de la epidemia tiene otras explicaciones, geográficas, socioeconómicas, demográficas, etc.
Todo esto no implica que nada pueda hacerse. Pero sí que la modestia debería acompañar, al menos, nuestros esfuerzos de análisis. Creer que los políticos controlan plenamente el virus, que basta con su voluntad y coraje, es una ilusión, una especie de falla democrática y una fuente de confusión y malas decisiones.
La cátedra «Nuestro Futuro» intenta, desde la academia, esto es, desde el rigor científico y la aceptación de la complejidad de los problemas; intenta, decía, incentivar una toma de conciencia, un mayor conocimiento sobre la crisis ambiental y sobre la urgencia de un cambio de verdad. La inercia, sabemos ya, conduce al desastre.
En la academia, casi como un axioma, tenemos que practicar una especie de optimismo primordial. Un optimismo sobre el mundo de las ideas, sobre la capacidad del conocimiento, el pensamiento sistemático y la disciplina científica para transforma la realidad. Puede ser una ilusión liberal, pero es una ilusión necesaria, imprescindible especialmente en esta coyuntura.
En relación con la crisis ambiental, con el motivo de esta cátedra, este optimismo plantea que no todo está perdido, que hay salidas posibles. Decía hace poco el médico colombiano Alex Jadad que la humanidad entró en una fase de cuidados paliativos. No queremos resignarnos todavía. La academia tiene que seguir fiel a los hechos, pero debe mantener al mismo tiempo un sesgo por la esperanza.
Nuestro
papel es doble. Seguir construyendo conocimiento, seguir escudriñando el mundo
con las armas de la curiosidad, el escepticismo, y el ensayo y error. Pero no
podemos quedarnos allí. Si nos quedamos en la torre de marfil, encontraríamos en
el mejor de los casos una buena tribuna para apreciar la destrucción del mundo.
Nuestra obligación es ser parte de un diálogo permanente con la sociedad.
Debemos contribuir a la toma de conciencia colectiva, a la generación de nuevas
normas sociales y al diseño e implementación de nuevas políticas.
Nada cambia definitivamente en el mundo, escribió el pensador liberal John Stuart Mill hace 160 años, si no cambian los modos de pensamiento. Quiero ahondar rápidamente en este punto por medio de tres ideas complemetarias que, en conjunto, brindan un contexto preliminar a nuestra cátedra.
La
primera idea alude al gran escape de la humanidad (para usar las palabras del
economista Angus Deaton), el gran escape del hambre, la ignorancia, la
enfermedad y la pobreza. El progreso material ha sido sustancial, casi
milagroso. La humanidad, en contra de los pronósticos más pesimistas, que
siempre han sido mayoritarios y atractivos, ha logrado superar la trampa
malthusiana del hambre y la pobreza.
El gran escape ha coincidido con la gran aceleración. La relación causal no es inmediata, pero la conexión es innegable. El aumento de la emisión de gases efecto invernadero, la mayor acidificación de los océanos, la deforestación y la pérdida de biodiversidad, entre otras tendencias, coinciden con el aumento del progreso material. “Lo que es insostenible tiene que parar”, dijo alguna vez un economista estadounidense. La gran aceleración es insostenible. Tendrá que parar. Más temprano que tarde.
Hay otra gran aceleración que quisiera mencionar, una tendencia inquietante para la academia. Simultáneamente con la gran aceleración hemos visto una explosión de artículos académicos, libros, discusiones, revistas, etc. sobre sostenibilidad. La efervescencia intelectual es evidente. Los resultados no lo son. Nada o poco ha cambiado en la práctica.
Esto es así probablemente porque no han cambiado los modos de pensamiento, porque, entre otras cosas, la academia ha permanecido demasiado ensimismada, encerrada en sí misma. Esta cátedra es un pequeño esfuerzo por romper esa tendencia, por conectarnos con la sociedad. Si no logramos una conexión emocional con la gente será muy difícil el cambio.
Abordaremos las tensiones, cada vez más evidentes, entre progreso material y crisis climática, liberalismo y acción colectiva, capitalismo y desarrollo sostenible. Abordaremos también los grandes debates éticos: desde la justicia climática hasta los derechos de los animales. En la última clase enfatizaremos el papel del arte y la creación en la solución de la crisis.
Confieso que existe una tensión entre la evidencia científica y la necesidad (ética, digamos) del optimismo que mencioné anteriormente. La lista de razones para el pesimismo es larga. La gran aceleración no es solo exponencial sino más rápida de lo previsto. La cooperación entre países casi imposible. La población crecerá en los próximos 30 años en miles de millones de personas y el ingreso se triplicará. Los interesados en que todo siga igual están más organizados y mejor apertrechados que aquellos que demandan un cambio. Muchos de los más afectados ni siquiera tienen voz.
Pero
debemos al menos alzar la voz. De eso también se trata esta cátedra, de
resistir con inteligencia, argumentos y cierto desespero, de insistir en la
necesidad de un cambio así a veces parezca imposible. Nuestro futuro, queremos
pensar, todavía puede ser distinto.
Este fin
de año dediqué una parte de mi tiempo a leer algunos de los últimos ensayos de
Aldous Huxley. Siempre me han parecido lucidos, una suerte de hipismo realista.
“La moral de la conservación, escribió Huxley, no concede a nadie una excusa
para sentirse superior ni para reclamar privilegios especiales. ´No hagas a tu
prójimo lo que no quieres que te hagan´ rige para nuestra forma de tratar todo
tipo de vida en todas partes del mundo. Se nos permitirá vivir en este planeta solo
mientras tratemos a nuestro planeta con compasión e inteligencia”.
Nuestro futuro depende de este imperativo. Las ciencias, las humanidades y el arte son, creo, no solo nuestro gran legado (nuestra mejor forma de estar en el universo), sino también nuestra tabla de salvación. La gran acogida a esta cátedra es motivo de optimismo. Sugiere una impaciencia con el presente y una voluntad (así sea todavía incipiente) de cambiar nuestro futuro. En eso estamos.
Varios analistas, en Colombia y América Latina, han postulado una conexión casual, casi directa, entre el coeficiente Gini (que mide la desigualdad en el ingreso) y las protestas y el malestar social (que han afectado a varios países latinoamericanos). Esta conexión no solo carece de un sustento empírico claro; puede también llevar a soluciones y políticas equivocadas. Confunde el diagnóstico y entorpece el tratamiento. Distrae la discusión y omite las desigualdades más protuberantes.
El
coeficiente Gini (que va de 0 a 1, “0” siendo igualdad perfecta y “1”,
desigualdad absoluta) es usado usualmente para medir la desigualdad del ingreso
a lo largo de la distribución. Tiene la ventaja de ser invariante a la escala.
Si, por ejemplo, los ingresos de todas las personas involucradas se multiplican
por dos, el Gini no cambia. En general, su cálculo es sencillo e intuitivo y
permite comparaciones simples entre países y entre períodos de tiempo en un
mismo país o región.
En América Latina, el Gini aumentó sustancialmente durante las últimas décadas del siglo anterior. A finales de los años noventa, alcanzó los mayores niveles históricos (existen cifras comparables desde los años setenta), pero ha disminuido de manera notable por más de una década. El descenso puede explicare, entre otras cosas, por el aumento en las coberturas educativas y un cambio tecnológico más neutral, menos sesgado en favor de los más educados. Los niveles actuales siguen siendo muy altos, inaceptables podría argumentarse. Pero quién postule una conexión directa entre el Gini y las protestas, tendría que presentar simultáneamente una teoría del rezago: ¿por qué ahora y no antes?, ¿por qué la tolerancia a la desigualdad del ingreso aumentó precisamente cuando el Gini lleva varios años cayendo? En fin, la conexión entre Gini y malestar social es una explicación por lo menos incompleta.
El último Informe de Desarrollo Humano del PNUD, publicado esta semana, contiene una crítica implícita al énfasis exagerado en la distribución del ingreso (esto es, en el Gini): “La dignidad entendida como tratamiento igualitario puede ser incluso más importante que los desbalances en la distribución del ingreso”, explica. En Chile, dice el Reporte, 53% de las personas afirman que la desigualdad del ingreso les molesta. Pero un porcentaje mucho más alto, cercano a 70%, lamenta las desigualdades en el acceso a la salud, la educación y en el trato.
La búsqueda de dignidad requiere incluso un cambio en el discurso. La fijación con la meritocracia contradice las vivencias de la gente. Como bien dice la economista chilena Andrea Repetto, “La gente se esfuerza en contextos no tan favorables y, por lo tanto, que no les vaya tan bien no es un indicador de falta de esfuerzo». Reconocer el contexto, las dificultades diarias, las diferentes experiencias de vida, resulta fundamental en la búsqueda de dignidad.
Al mismo tiempo, el Gini, que por construcción ignora cualquier consideración intergeneracional, nada dice sobre las preocupaciones ambientales y las desigualdades intergeneracionales que han estado en el centro de las protestas. El Gini, por decirlo de alguna manera, soslaya el futuro, revela muy poco sobre los reclamos de los jóvenes. Es un indicador de otra época, más del siglo XX que del siglo XXI.
En fin, el Gini poco tiene que ver con el malestar latinoamericano. No es el Gini, es la dignidad y la crisis climática. América Latina se moviliza a pesar de la disminución en la desigualdad, pues las preocupaciones de la gente poco tienen que ver con la evolución general de la distribución del ingreso. El Gini, en últimas, esconde mucho más de lo que revela.
Voy a comenzar por el principio. Con una historia personal, ya perdida en el tiempo, en el laberinto de los días. Probablemente no sea completamente fidedigna, pero así la he querido recordar. Casi todos construimos narrativas convenientes, historias patrias de nosotros mismos. Somos más narradores que protagonistas de nuestras vidas. Fabulistas por necesidad. Esta es, entonces, mi historia.
Hacía dos años había terminado mi carrera de ingeniería civil en la ciudad de Medellín. Mi primer contacto con el mundo laboral había sido frustrante. Desesperanzador. Pasaba los días sentado en frente de una pantalla de computador: las letras verdes brillaban intermitentes, sin descanso sobre un fondo gris. No tenía mucho qué hacer. Ocupaba la mayoría de mi tiempo en resolver pasatiempos aritméticos inventados. En fin, un Sísifo de oficina.
Mi falta de oficio tenía una explicación mundana. Había escrito, durante mis primeras semanas de trabajo, un breve programa de computador que realizaba automáticamente la mayoría de mis labores de ingeniero primíparo. Sin proponérmelo programé mi propia obsolescencia: una maniobra autodestructiva en la que parece estar empeñada por estos tiempos una fracción de la humanidad. Pero ese es otro cuento.
Desesperado, sin muchas opciones laborales, imaginando una existencia kafkiana, un destino oficinesco, decidí buscar trabajo en Bogotá. Tuve una primera entrevista en una importante firma constructora. Me fue mal en la peor de las formas posibles: me ofrecieron el trabajo, una ocupación rutinaria, reiterativa en el aburrimiento. Tuve, entonces, un momento de rebeldía, una intuición que me cambió la vida.
Ese mismo día tomé un taxi hacia la Universidad de los Andes. No la conocía. Había oído rumores vagos sobre su prestigio. Recorrí el campus pensativo, en medio de uno de esos arrebatos existenciales que me han aquejado desde niño. Tenía la idea imprecisa de estudiar una maestría en finanzas o administración. Una cosa de esas. Me decidí por economía por una razón fortuita, azarosa: fue la primera facultad que encontré en mi deambular aleatorio por este campus. Entre el azar y la necesidad, el primero siempre me ha parecido más importante. “La vida se encarga después de esclerotizar las cosas”, decía mi maestro Antonio Tabucchi.
Me inscribí en la maestría de economía a finales de 1989. Esta universidad me cambió la vida. Pasaron 15 años entre ese primer momento fortuito (mi paseo aleatorio por el campus) y mi nombramiento como decano. Y 30 años entre ese día y esta tarde en la que, ante Uds., agradecido, sorprendido todavía, intento expresar la extrañeza, la improbabilidad de todo esto.
La vida está llena de accidentes tumultuosos, de destinitos fatales o propicios. Cuando pienso en toda la suerte que he tenido, en los accidentes sucesivos que me han traído hasta esta ceremonia, me asalta siempre la misma idea: la necesidad existencial de la gratitud. Esta tarde quisiera inicialmente expresar mi agradecimiento afectuoso con algunos de mis profesores y colegas uniandinos, con Manuel Ramírez que en paz descanse, Juan Carlos Echeverry, Samuel Jaramillo, Fabio Sánchez, Ana María Ibañez, Raquel Bernal, Juan Camilo Cárdenas, Elvira María Restrepo, Tatiana Andia, Carlos Angulo, Pepe Toro y Pablo Navas, entre muchos otros.
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Asumo la rectoría en un momento paradójico. No podemos negar el avance silencioso y persistente de la humanidad: la disminución de la pobreza, el hambre, las guerras y las muertes por enfermedades transmisibles. En los últimos 30 años, por ejemplo, el progreso material de Colombia ha sido notable. Parcial, incompleto, desigual e insuficiente, pero notable de todos modos.
He dedicado una parte de mi vida académica a escudriñar el cambio social, a intentar, en la medida de lo posible, una descripción veraz de la cambiante realidad social de nuestro país. Sigo creyendo que uno de los objetivos de la academia es combatir las versiones simplistas y estridentes del cambio social que promueven, por terquedad u oportunismo, políticos y comunicadores. He defendido la necesidad de visibilizar el cambio social. Lo seguiré haciendo.
Pero no todo está bien con el mundo. Son muchas las amenazas y los problemas. Vivimos un momento de definiciones, una época peligrosa. Las señales de declive son muchas: el aumento de la desigualdad, el crecimiento del populismo autoritario, el despertar del nacionalismo fascista, la pérdida de confianza en las instituciones y el cambio climático que se cierne, en este comienzo de siglo, como un desafío existencial para la humanidad. Pareciera, como dijo alguien, que vamos rumbo al abismo y seguimos apretando el acelerador con la esperanza cobarde de que, por una suerte de milagro irónico, se acabe la gasolina antes de llegar al precipicio.
Ante las tendencias autodestructivas, la universidad no puede permanecer indiferente, no puede encerrarse en sus prerrogativas, no puede refugiarse en una concepción aséptica del conocimiento, no puede aislarse de los grandes debates de la sociedad. Por el contrario, la universidad debe ser activista, democráticamente activista, a veces, incluso, desafiantemente activista.
La universidad debe ir más allá de la indignación que reniega de todo por principio y el cinismo que niega la posibilidad de cualquier cambio por indiferencia o conveniencia. La universidad debe ser un ejemplo, un paradigma si se quiere, de la construcción legítima de respuestas (siempre parciales) a nuestros problemas más urgentes.
La universidad debe combatir las mentiras convenientes, las ideologías engañosas y los discursos de odio. El ensimismamiento no es una alternativa. No ahora cuando buena parte de los líderes globales insisten en despreciar el conocimiento, atacar a los expertos y negar los hechos del mundo. Al anti-intelectualismo ramplón, la universidad debe contraponer la importancia de las ideas y la creación, no solo como meros instrumentos, sino como uno de los fines más loables de la humanidad.
La universidad debe ser el lugar donde se debaten las verdades incómodas. “Toda la dignidad de la Universidad reside en su capacidad de decir verdades duras pero lúcidas”, escribió uno de nuestros fundadores, Francisco Pizano de Brigard hace 50 años. Quiero mencionar algunas de esas verdades: la creciente institucionalización de la demagogia, las insalvables tensiones entre progreso material y sostenibilidad, las trampas de la meritocracia, las falsas promesas de la medicina moderna, la explotación política de la corrupción y del bienestar de los niños, la insuficiencia de las instituciones globales para enfrentar los grandes problemas de acción colectiva, etc.
Las verdades incómodas no solo conciernen al mundo exterior. Atañen también al mundo universitario. Por coherencia, al menos, la crítica social no puede prescindir de la autocrítica. Existen otras tantas verdades incómodas sobre la universidad moderna: su papel en la perpetuación de ciertos privilegios, la falta de curiosidad por el mundo, la excesiva especialización, la obsesión con los rankings y la transformación de la investigación en una actividad industrial (“aquí nadie lee porque todo el mundo está muy ocupado en escribir artículos que nadie lee”, decía uno de mis colegas economistas en un momento de candidez).
En suma, mi punto es uno solo: la universidad debe ser el ámbito propicio en el cual la sociedad (y la misma comunidad universitaria) se mire y se reconozca en el espejo de sus propias faltas.
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No quiero atiborrarlos con mis planes como rector. Ya habrá tiempo para ello. Quiero, eso sí, plantear unas ideas panorámicas sobre el futuro de nuestra universidad. Mi visión de la Universidad de los Andes es simple. Contiene algunas tensiones evidentes. Esconde ciertas contradicciones. Pero puede darnos, eso creo, las luces necesarias para recorrer el camino brumoso de la rutina administrativa. Quiero resumirla en cinco puntos que representan, en conjunto, lo que podríamos llamar una visión moral de la universidad.
El primero punto es la pluralidad, esto es, la necesidad de promover diferentes ideas del cambio social y de inculcar el hábito del escepticismo, la conciencia crítica y las virtudes republicanas del debate razonado y el respeto mutuo. En palabras del educador estadounidense William Deresiewicz, debemos formar líderes, pero también personas que cuestionen el poder, no solo a quienes compitan por él.
El segundo punto es la diversidad socioeconómica, una ambición antigua de esta universidad, un propósito sempiterno, pero no plenamente realizado. La universidad debe mitigar las diferencias sociales, no amplificarlas. Debe ser un instrumento de movilidad social, no de perpetuación de los privilegios. Los esfuerzos recientes al respecto, que han desvelado a mis antecesores, tendrán que consolidarse y profundizarse. No será fácil por supuesto.
El tercero punto es la sostenibilidad. Primero está la obligación que tenemos como comunidad universitaria de cuidar el medio ambiente, dar ejemplo y practicar lo que predicamos. Pero está también la responsabilidad (preponderante, diría) de promover los debates éticos sobre el cambio climático, la deforestación y las fumigaciones. El año entrante, tendremos, en este mismo auditorio, una cátedra sobre sostenibilidad ambiental y consideraciones éticas. Seré uno de los profesores.
El cuarto punto concierne a la investigación y a la creación, lo quiero llamar compromiso. Nuestros esfuerzos creativos y de investigación deben hacer parte de una conversación global, de un intercambio permanente con nuestros colegas en el mundo entero, pero deben al mismo tiempo abordar nuestros problemas cotidianos y nuestros desafíos de largo plazo. Deben tocar nuestra realidad y tratar de cambiarla. Debemos acercarnos más a la universidad pública. La universidad debe participar activamente, con sus voces plurales, contradictorias si se quiere, en los debates sobre los grandes asuntos nacionales.
Por último, está la innovación. La robotización, las nuevas tecnologías de comunicación, los avances en la teoría del aprendizaje, así como los cambios demográficos y culturales, convierten a la innovación en un imperativo. Las mejores universidades, estoy seguro, no solo sobrevivirán, prevalecerán. Pero los cambios serán muchos. La innovación educativa se ha convertido en una necesidad existencial.
En suma, La Universidad de los Andes debe ser un ejemplo de diversidad, sostenibilidad y apertura intelectual, debe profundizar sus nexos globales y su influencia local, y debe, al mismo tiempo, mantener su capacidad de innovar y transformarse desde adentro.
Todo ello con apego al énfasis humanístico, a la educación liberal que ha sido enfatizada por todos mis antecesores. “La universidad –escribió uno de nuestros primeros rectores—tiene necesariamente la misión de formar una persona más universal, capaz de aproximarse a la vida con inteligencia, destreza y capacidad de pensar, antes de que entre atolondradamente a manejar los instrumentos de precisión de su carrera”. Esa es nuestra herencia imprescindible, la herencia humanista. Ese será mi énfasis.
Empiezo como terminé este discurso, dando las gracias al Consejo superior por la confianza, a los profesores, estudiantes y administradores por el apoyo, a Carolina, Marianita, Tommy, mis papás y mis hermanos por el amor de todos los días y a mis amigos y compañeros de lucha, muchos de ellos aquí presentes, por el afecto y la solidaridad. Los quiero mucho. La vida, con sus conexiones imprevisibles y sus giros irónicos, me dio una segunda oportunidad y me trajo hasta este destino soñado, pero reprimido largamente por mi temor casi primordial a las expectativas frustradas, a la difícil tarea de disculpar ilusiones; la vida, decía, me trajo hasta aquí de manera imprevisible. Asumo mi responsabilidad con emoción, gratitud y la mejor voluntad del mundo. Trataré en cada momento de hacer lo que toca por el bien de la universidad, la comunidad uniandina y el país entero.