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Joseph Conrad y la política suramericana

En 1876, Colombia estaba inmersa en una guerra santa. En nombre de la religión católica, unas guerrillas conservadoras combatían al gobierno liberal de entonces con un ímpetu de cruzados. En la batalla inicial, en los Chancos, en lo que era el Estado Soberano del Cauca, participó Jorge Isaacs. “Sus ojos negros chispeantes como fusiles”, revelaban la intensidad de las pasiones políticas, el fragor de las luchas ideológicas que acabaron en vano con la vida de tanta gente. Las luchas políticas no envejecen bien. Con los años lucen inútiles, un trueque macabro en el que se intercambia la vida por casi nada.

Ese mismo año llegó al puerto de Cartagena, un joven polaco de apenas 18 años llamado Józef Teodor Konrad Korzeniowski. Semanas atrás se había embarcado en un velero francés en el puerto de Marsella hacia la isla caribeña de Martinica. Según sus biógrafos más acuciosos, tomó al llegar a Martinica un vapor que lo llevó a Kingston, Colón, Cartagena, Puerto Cabello y otros puertos caribeños. El vapor iba cargado con un contrabando de armas, destinado supuestamente a unos combatientes andrajosos que luchaban en nombre de Dios en una de las tantas revoluciones colombianas del siglo XIX. Años después, ya con otro nombre y convertido en novelista, Joseph Conrad recordaría su llegada a las costas suramericanas y sus “experiencias lícitas e ilícitas que lo asustaron y divirtieron sobremanera”. Instruido, entre otros, por su amigo el político, escritor y periodista escoces Robert Bontine Cunninghame Graham y por el diplomático, político y escritor colombiano Santiago Pérez Triana, compuso una de sus obras maestras, su novela suramericana Nostromo, publicada en 1904.

Mientras escribía Nostromo, Joseph Conrad mantuvo una voluminosa correspondencia con Cunninghame Graham. El político escoces lo puso en contacto con Santiago Pérez Triana, por aquellos días ministro plenipotenciario de Colombia ante España e Inglaterra. Pérez Triana era hijo de Santiago Pérez, quien había antecedido a Aquileo Parra en la presidencia de Colombia y, por esas conexiones de la vida, había terminado su período presidencial en 1876, unos meses antes de que el joven Korzeniowski visitara el puerto de Cartagena (y probablemente los puertos de Sabanilla y Santa Marta).

Pérez Triana fue autor de tratados fiscales y cuentos infantiles, experto cocinero y relator de viajes. Su obra más difundida, De Bogotá al Atlántico por la vía del río Meta, fue prologada por el mismo Cunninghame Graham. Las cartas de Conrad a Graham muestran que Pérez Triana no solo compartió con el novelista polaco su conocimiento sobre política e historia, sino que también le sirvió de modelo para un personaje de Nostromo, el letrado don José Avellanos, tal vez la mejor personificación literaria de los gramáticos y abogados que gobernaron Colombia durante el siglo XIX. La sobrestimación del derecho como forma de cambio social viene desde entonces y es ironizada (con algo de compasión) en la novela.

En diciembre de 1903 Conrad le escribió a Cunninghame Graham para contarle, entre otras cosas, que Pérez Triana se había enterado de su interés por los asuntos suramericanos: “me ha escrito la más amable de las cartas, ofreciéndome información e incluso una introducción”. Meses más tarde, en octubre de 1904, Conrad le confiesa a su amigo que ha construido a uno de los personajes de su novela con base en la personalidad de Pérez Triana: “Estoy avergonzado del uso que he hecho de las impresiones que me ha producido la personalidad del excelentísimo Pérez Triana. ¿Crees tú que he cometido una falta imperdonable? Pero probablemente Pérez Triana nunca sabrá de la existencia de mi novela”. Con seguridad sí lo supo. Cunninghame Graham tuvo que haberle contado a su amigo acerca de la publicación de Nostromo. Con todo, Pérez Triana ha tenido una paradójica inmortalidad como fantasma literario, como protagonista de Nostromo.

Los comentaristas contemporáneos vieron en Nostromo una descripción de los extravíos de la política suramericana, “de las pasiones perversas y los ideales incomprensibles que llevan a hombres razonables a perseguirse como lobos”. Incluso ahora, 120 años después de su publicación, la novela sigue siendo una descripción relevante de los fracasos y promesas políticas de esta parte del mundo. Conrad es un pesimista. En la novela, presenta una mirada cínica de los revolucionarios que terminan traicionando sus ideales, los constitucionalistas que confunden el derecho con la realidad y los capitalistas que creen ingenuamente en la función civilizadora del capitalismo.

Conrad describe con distancia irónica la revolución del general Montero. Nacido en la provincia llanera de Entre-Montes, de origen humilde y apariencia de “vaquero siniestro”. Sus maneras burdas le conferían una ventaja política innegable sobre sus rivales, “los refinados aristócratas”. Sus hazañas en el campo de batalla le habían asegurado un lugar de honor en el ejército, pero no mitigaron su odio ancestral contra los letrados y los aristócratas locales.

La revolución de Montero se hizo en nombre del honor nacional. El general reclutó un ejército de malcontentos, alimentados “con mentiras patrióticas” y “promesas de pillaje”. La prensa monterista repetía diariamente diatribas en contra de “los blancos, los remanentes góticos, las momias siniestras, los paralíticos impotentes, quienes se han aliado con los extranjeros para hurtar las tierras y esclavizar el pueblo”. “La noble causa de la libertad no debe ser manchada por los excesos del egoísmo oligarca”, decían la prensa revolucionaria. Las frases de odio desplazaron cualquier intento de ponderación, pero la revolución, como tantas otras veces, terminó fracasando, no tanto por el embate de las fuerzas reaccionarias, como por la codicia de Montero y sus secuaces.

Conrad describe de una manera similar, con el mismo cinismo, la globalización capitalista, la confianza desmedida en los intereses materiales y lo que podríamos llamar, cabe el anacronismo, la idea del desarrollo. “La búsqueda de utilidades tiene justificación aquí entre el desorden y la anarquía […] porque la seguridad que ella exige terminará siendo compartida por los oprimidos y la justicia vendrá, entonces, por añadidura”, afirma Charles Gould, uno de los protagonistas de Nostromo en un intento demasiado evidente por justificar su codicia, los intereses estadounidenses recién llegados a Costa guana.

Uno podría ver en todo esto una especie de destino trágico, de perversidad, una oscilación entre las revoluciones políticas y las avanzadas capitalistas. Pero Conrad va más allá, su mirada no es solo la de un observador pesimista, sino también la de un poeta que intuye que muchas empresas humanas son vanas. En Nostromo, una mujer, Emma Gould, es quien parece más consciente de los estragos causados por revolucionarios y capitalistas. “Para que la vida sea amplia y llena debe guardar buen cuidado del pasado y del futuro en cada momento del presente”, afirma con una templanza que contradice las pasiones políticas y la codicia de los hombres.

¿Por qué contar esta historia? ¿Por qué reiterar las especulaciones sobre los viajes del joven Korzeniowski y las ideas de una novela publicada hace ya 120 años? Hay una respuesta simple, a saber, nuestra curiosidad sobre las peripecias de los grandes autores, nuestro deseo de explorar (así sea inútilmente) el misterio de su genialidad. Pero hay algo más. Las grandes obras literarias cambian la realidad, crean una idea, una visión transformadora del mundo. Las ideas de Conrad, en este caso su visión de Suramérica, tuvo impacto notable sobre diplomáticos, académicos y políticos americanos y europeos, los cuales tuvieron, a su vez, una gran influencia en esta parte del mundo. La visión de Conrad mostró algunos de los extravíos más probables. Alertó sobre las ilusiones más delirantes. Reveló un mundo de contrastes y posibilidades a pesar de todo.

Conrad inventó, basado en sus viajes, sus experiencias y sus conversaciones, un mundo, un universo que permeó nuestro mundo: tanto lo que somos como lo que otros creen que somos. No es una coincidencia que, cien años después de su muerte, en un mundo más globalizado e incierto, la tentación de la revolución y la ilusión del desarrollo económico sigan dominando la retórica y la acción política de Colombia y sus países vecinos.

 

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Desigualdad, redistribución y democracia en Colombia

Hubo un momento durante la última campaña presidencial que generó una polémica fugaz que vale la pena recordar de nuevo en el contexto de este artículo, en la discusión sobre desigualdad y democracia. Ocurrió durante un debate de los precandidatos de la coalición de izquierda, del Pacto Histórico, que incluía por supuesto el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. El moderador del debate les preguntó a los precandidatos si en Colombia existía o no una democracia. La respuesta fue unánime: “no”.

En este tipo de debate, que corresponde a lo que podríamos llamar genéricamente una elección primaria, los candidatos les hablan a sus bases, en este caso a los votantes de izquierda que, puede uno inferir entonces (es un asunto de mera lógica), mayoritariamente pensaban de esa manera, consideraban que en Colombia no existe una democracia, al menos no una verdadera o tal vez una con tantos defectos y calamidades que no debería llamarse de esa forma.

Quiero proponer una interpretación parcial al respecto, una interpretación acerca del pesimismo con la democracia colombiana de un grupo grande de personas, de un amplio sector de la población. Muchos intuyen o creen, pienso, que la desigualdad y la democracia no son compatibles, que una democracia que no ha sido incapaz de disminuir nuestros altos niveles de desigualdad durante décadas no puede considerarse como tal, que el poder económico ha cooptado el poder político, que la democracia ha sido capturada, que los ricos y poderosos ejercen una influencia desmedida en las decisiones, en fin, que la desigualdad invalida y pervierte la democracia.

¿Tienen razón? Solo en parte. Los primeros estudios de desigualad en Colombia, los primeros que estimaron el coeficiente Gini que mide la desigualdad del ingreso, se hicieron hacen 60 años. Mostraron una desigualdad muy alta, un coeficiente Gini de 0,57. Este coeficiente sigue siendo el mismo. También es cierto que, en algunas regiones al menos, las hegemonías políticas equivalen a una captura democrática y que esa captura se ha acrecentado en muchos casos. La desigualdad y el poder político se refuerzan mutuamente.

Pero esta versión maximalista de la democracia es problemática, es una sobresimplificación. Quiero presentar cuatro puntos sobre la relación entre desigualdad, redistribución y democracia que ponen de presente la complejidad, que tratan de matizar la opinión anterior, que la ponen en cuestión sin negar su importancia. Sin duda una desigualdad alta y persistente representa un desafío democrático, reduce la confianza en la democracia y por esta vía, menoscaba la democracia misma.

 

  1. La desigualdad es un concepto multidimensional, imposible de resumir en una única medida abarcadora. La desigualdad del ingreso no ha cambiado en más de medio siglo, pero la desigualdad ha disminuido sustancialmente en otras dimensiones como resultado precisamente de decisiones democráticas. En la atención en salud, una dimensión en la cual las desigualdades son más inaceptables, el acceso se ha venido democratizando. Decenas de miles de enfermos renales crónicos del Régimen Subsidiado, por ejemplo, tienen acceso gratuito a tratamientos de alto costo. El acceso a la educación superior también ha avanzado sustancialmente: el avance en la gratuidad ha desligado el acceso a la capacidad pago para muchos hogares. Estos avances (y muchos otros) invalidan las opiniones más pesimistas que niegan cualquier avance social y describen la democracia colombiana como un simple simulacro electoral.

Varios análisis comparativos sobre la incidencia conjunta de los impuestos y el gasto, sobre la naturaleza redistributiva del contrato social, han mostrado un hecho inquietante: la distribución del ingreso en Colombia, antes y después de impuestos y transferencias, es similar. A diferencia de otros países, donde el papel redistributivo del Estado es sustancial, en Colombia no es tanto así. Este resultado, que es explicado en buena medida por la regresividad del gasto público en pensiones, no tiene en cuenta (por razones metodológicas) el gasto en especie: el gasto en salud, en educación, en servicios públicos, etc. El resultado en cuestión señala inobjetablemente un problema de la democracia y el Estado colombiano, pero no cuenta la totalidad de la historia, subestima el papel redistributivo del gasto público, deja de lado muchos de los avances sociales de Colombia.

  1. Hay una tensión entre dos fuerzas democráticas. La primera fuerza es una especie de propósito institucional, de acuerdo metapolítico que se deriva de la Constitución, de la concepción de Colombia como un estado social de derecho. Uno podría darle a la constitución política colombiana una interpretación rawlsiana, esto es, uno podría suponer razonablemente que la Constitución contiene una función de bienestar implícita que privilegia el bienestar de los más pobres, lo cual implica, a su vez, que el grueso del gasto público debería dirigirse a aliviar sus necesidades más apremiantes. Pero hay una segunda fuerza democrática, no de naturaleza institucional, pero evidente en Colombia y en el mundo. Esta fuerza tiene que ver con la injerencia más que proporcional de las clases altas y medias urbanas en algunas decisiones redistributivas, esto es, en la forma cómo se recaudan los impuestos y se asignan las transferencias y subsidios.

Para poner un ejemplo reciente, los subsidios a la gasolina van en contravía del ideal rawlsiano de nuestra Constitución, benefician más que proporcionalmente a las clases medias y altas, pero son, por lo ya dicho, difíciles de desmontar. Lo mismo podría decirse de algunos subsidios a las pensiones y a la educación superior. La tensión es clara. Sin el apoyo de las clases medias, la democracia pierde legitimidad. Sin una política redistributiva eficaz, la democracia contraviene son propósitos más urgentes, su capacidad de inclusión. Esta tensión se ha resuelto en Colombia de manera parcial con reglas constitucionales que protegen el gasto progresivo en educación, salud y agua potable. Pero una parte importante del gasto discrecional beneficia sobre todo a las clases medias.

  1. Otra dimensión redistributiva importante, en Colombia en particular y en las democracias en general, tiene que ver con la distribución regional o territorial de los recursos. Desde hace al menos dos décadas, ha existido en Colombia, en las reglas de juego y en el discurso, otra tensión fiscal, en este caso entre eficiencia y equidad: la asignación de los recursos tiene en cuenta tanto los resultados como las brechas existentes (se premia la eficiencia y se compensa la pobreza). El impacto del gasto público, de los dos sistemas, del de participaciones y del de regalías, en la disminución de las desigualdades regionales (en los resultados de desarrollo) ha sido menor a lo esperado, decepcionante.

En la discusión del último plan de desarrollo, el presidente Petro, entre otros, señaló que la sesgada distribución de los recursos en favor de algunos de los departamentos más ricos del país había impedido la construcción de equidad regional. En su visión, hay una economía política perverse, una captura de la democracia, que ha llevado a la concentración territorial de los recursos y ha exacerbado las diferencias entre centro y periferia.

La situación es más compleja. Primero, la distribución de los recursos sí tiene en cuenta criterios de equidad. Y segundo, las causas de las desigualdades regionales tienen que ver más con las asimetrías en las capacidades de recaudo y ejecución que con los sesgos en la distribución de las transferencias y regalías. La descentralización en Colombia ha mostrado los límites de la redistribución sin fortalecimiento del Estado en los territorios. Una redistribución más equitativa es necesaria, pero su impacto será limitado sin un fortalecimiento de las capacidades estatales en buena parte del país.

La pandemia mostró, este es un ejemplo entre cientos, que muchas entidades territoriales carecían incluso de las capacidades para recopilar información y transmitirla de manera oportuna. Con frecuencia el ministerio de hacienda ha tenido que recurrir a la intervención de las secretarias de salud y educación en varios departamentos para asegurar una mínima eficiencia en la ejecución de los recursos.

  1. Más allá de los aspectos técnicos de la redistribución, en Colombia, el poder económico ha tenido una injerencia directa en algunas decisiones relevantes. En Colombia no hay una regulación del lobby y su poder es innegable, visible (literalmente) en muchos de los debates del Congreso. No hay estudios exhaustivos al respecto, pero sí evidencia anecdótica, estudios de caso sobre captura regulatoria y legislativa. Muchas exenciones tributarias, por ejemplo, parecen imposibles de desmontar.

¿Está la democracia colombiana capturada por los poderes económicos como se afirma de manera reiterada? En mi opinión esta acusación es exagerada y deja de lado muchas actuaciones que sugieren lo contrario. Por ejemplo, las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio en contra de grandes empresas y grupos económicos por colusión, la existencia de una regulación financiera independiente y legítima que ha impedido los excesos ocurridos en otros países, la aprobación por parte del Congreso de los impuestos a la riqueza y a los dividendos, el aumento sistemático de la carga impositiva a las empresas, la declaración de interés público de algunos de medicamentos oncológicos y antirretrovirales, etc.

Algunos políticos han interpretado las alianzas público-privadas, en salud, vivienda e infraestructura, entre otros sectores, como una captura del Estado. Pero esta interpretación obedece más a una antipatía ideológica que a un señalamiento veraz que ejemplifique una falla democrática protuberante. Pueden tener fallas y algunas criticas son razonables, pero las alianzas público-privadas per se no implican una captura de la democracia y el Estado por intereses económicos.

Paso ya a la conclusión. No cabe duda de que las desigualdades regionales e individuales son altas y persistentes y de que, en conjunto, afectan el funcionamiento de la democracia. Pero no podemos negar tres hechos evidentes: 1. Las decisiones democráticas posteriores a la Constitución de 1991 han contribuido a la construcción de una sociedad más justa; 2. Las visiones más pesimistas que hablan de una democracia capturada por los poderes oligárquicos son exageradas, olvidan las actuaciones independientes del Estado y los esfuerzos redistributivos de décadas. Y 3. La búsqueda de un equilibrio entre las demandas crecientes de las clases medias urbanas y las necesidades de los más pobres es compleja y constituye uno de los mayores desafíos para la democracia colombiana.

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El populismo: ¿una amenaza contra la democracia?

El populismo se ha convertido en un fenómeno global, en una especie de enfermedad o dolencia democrática que afecta a muchos países sin distingo de su nivel de desarrollo y su historia política. Su amplitud geográfica y su crecimiento reciente sugieren que este fenómeno revela y agrava la crisis contemporánea de la democracia liberal. El populismo es síntoma y dolencia al mismo tiempo.

Sea lo que sea, su estudio amerita un análisis detallado, un entendimiento de sus causas y consecuencias, así como de las posibles soluciones, de la forma cómo las sociedades democráticas deben lidiar con un problema complejo que ataca a las democracias desde adentro. El estudio del populismo debe empezar por el comienzo, por la definición misma de un fenómeno elusivo: el término “populismo” ha sido usado con frecuencia sin mucho rigor para denotar fenómenos diversos, para meter en un mismo costal teórico todos los males de las democracias modernas. En el siglo pasado, por ejemplo, el término fue usado para referirse a gobiernos progresistas que proponían políticas redistributivas, no necesariamente antiliberales, como el gobierno de Andrew Jackson en Estados Unidos.

Durante los años ochenta y noventa, sobre todo en el contexto latinoamericano, el estudio del populismo parecía circunscrito a su dimensión económica, enfatizaba las distorsiones macroeconómicas, que llevaban con frecuencia a la hiperinflación, las crisis financieras y el desplome de la producción. En otras palabras, enfatizaba las consecuencias de decisiones económicas cortoplacistas que pasaban por alto las restricciones fiscales y las realidades de los mercados de crédito.

En la definición de Rudiger Dornbusch y Sebastian Edwards, dos macroeconomistas, uno suizo y otro chileno, que tendrían gran influencia años más tarde en la formulación del consenso de Washington, “el populismo es un enfoque económico que enfatiza el crecimiento y la redistribución del ingreso e ignora los riesgos inflacionarios, las finanzas públicas deficitarias, las restricciones externas, y la reacción de los agentes económicos a las políticas contrarias al mercado”. Esta definición no cuestiona los objetivos de los gobiernos populistas, advierte simplemente que los medios utilizados suelen ser no solo ineficaces, sino también contraproducentes.

En un sentido similar, el economista inglés James Robinson, que ha enfatizado la importancia de las instituciones en el desarrollo económico, define el populismo económico en contraposición al clientelismo. El populismo, argumenta, tiene que ver con distorsiones en la macroeconomía que terminan siendo insostenibles; el clientelismo, por el contrario, tiene que ver más con distorsiones en la provisión de servicios sociales y en el funcionamiento del Estado en el territorio. Ambos fenómenos, señala Robinson, reducen el bienestar social y son causados por equilibrios políticos difíciles de romper.

Robinson va incluso más allá. Argumenta que, al menos en América Latina durante el siglo anterior, existió una especie de disyuntiva o tensión entre ambos fenómenos. Colombia, por ejemplo, tuvo un equilibrio político que la protegió del populismo, pero a un costo alto: una competencia política cerrada con arreglos clientelistas que afectaron gravemente la eficacia del Estado. Perú tuvo un equilibrio político más propenso al populismo económico. Argentina, por su parte, fluctuó, de manera casi pendular, entre gobiernos populistas y anti populistas.

El populismo más allá de la economía

El populismo no se circunscribe a un manejo económico incoherente y cortoplacista, lo que James Robinson llama las macro-distorsiones, las desequilibrios fiscales y monetarios que, más temprano que tarde, tienen un efecto negativo sobre el bienestar social. El fenómeno del populismo va más allá de sus consecuencias económicas o de las políticas fiscales y monetarias. El populismo es en última instancia una ideología, una forma de concebir la democracia, la sociedad y el cambio social.

La definición más adecuada es, en mi opinión, la del politólogo de los países bajos Cas Mudde, quien define el populismo como una ideología difusa, no plenamente centrada, que plantea una división de la sociedad en dos partes homogéneas y antagónicas: un pueblo autentico y virtuoso y una élite maquinadora y corrupta. En esta ideología, la política tiene, por encima de cualquier otra preocupación o responsabilidad, un objetivo preponderante: hacer cumplir la voluntad general del pueblo, voluntad que es representada por un único líder. El populismo es en general personalista.

Para Cas Mudde, el populismo no es una ideología fuerte como lo son, por ejemplo, el liberalismo y el socialismo. En sus palabras, “representa más que una tradición ideológica coherente, un conjunto de ideas que, en el mundo real, aparece en combinación con ideologías diferentes, algunas veces contradictorias”. En Europa, el populismo ha recurrido recientemente a un discurso de derecha que rechaza la migración y denigra de las instituciones europeas. En América Latina, por el contrario, el populismo ha recurrido con frecuencia a un discurso de izquierda que denuncia la corrupción e indiferencia de los sectores adinerados, su poder sobre los medios y su confabulación con ciertas instituciones y gobiernos extranjeros.

En ambos discursos, la concepción maniquea de la sociedad está presente: el pueblo, representando por una nacionalidad, una etnia o una clase, de un lado; la élite, globalizada o socioeconómica, del otro. Cada grupo es concebido de manera homogénea, sin matices, ni diferencias. Cada uno es visto como opuesto al otro. El bienestar del pueblo, en la visión populista, requiere la denuncia y el desmonte de los poderes asociados con las élites indiferentes y corruptas.

Esta visión maniquea no está basada en una concepción teórica o empírica de la sociedad. Es una visión moral que antepone la corrupción de las elites, imaginadas con grandes poderes de maquinación y comunicación (dominan la prensa y han infiltrado de manera insidiosa todas las dependencias estatales); antepone, decía, el poder corrupto de las elites al pueblo auténtico, a la sabiduría de la gente común, sus valores puros y su fervor democrático.

En esta división no cabe la negociación y el compromiso. Por razones de principios, pues negociar sería claudicar ante la corrupción, darles a las élites una legitimidad moral que no se merecen. Y por razones prácticas, pues las elites no son confiables y terminarán traicionando a todo aquel que intente construir acuerdos. La ideología populista tiene muchas afinidades con la mentalidad paranoide de la política que describió, hace ya 60 años, el politólogo progresista estadounidense Richard Hofstadter.

En el mismo sentido, el politólogo mexicano Jesús Silva Herzog-Márquez plantea que el populismo es un intento por reinstalar una afectividad, por construir un “nosotros vivo y potente” que trasciende las instituciones y sus rituales desgastados, y es también una teoría y una práctica de la polarización. Teoría, pues la visión populista niega la realidad plural de las democracias. Práctica, pues la profundización de las divisiones se convierte en un objetivo fundamental del liderazgo político e incluso la acción del gobierno.

El populismo y sus consecuencias

No todos piensan que el populismo afecta adversamente la democracia. Todo lo contrario. Para algunos es una manifestación de la democracia misma. Para el politólogo argentino Ernesto Laclau, por ejemplo, el populismo representa la esencia misma de la política y puede incluso revitalizar la democracia, pues moviliza los sectores tradicionalmente excluidos con el propósito de cambia el status quo. Laclau concibe el populismo como una fuerza emancipadora. Más allá de esta opinión, el populismo se ha alimentado de la incapacidad de las democracias liberales, en el ámbito de la globalización y la primacía de las fuerzas económicas. de enfrentar la desigualdad y el deterioro de las condiciones materiales de ciertos sectores sociales, ente ellos clases obreras y medias.

Pero más allá de su capacidad de inclusión, de la democratización de la democracia que menciona Laclau, el populismo afecta la democracia liberal de varias maneras. La primera, usualmente erosiona las instituciones independientes que protegen los derechos de las minorías. Los lideres populistas atacan con frecuencia a las cortes y a los jueces que limitan su poder. Contraponen la soberanía popular a los imperativos de la Constitución y la ley. Predisponen incluso la población en contra de quienes defienden los derechos de los migrantes (como ocurre en algunos países de Europa) o de la población privada de la libertad (como ha ocurrido recientemente en El Salvador).

La segunda razón es más práctica. A menudo, la retórica populista, que parte de un juicio moral absolutista sobre los contradictores –las élites son vistas como inmorales y todopoderosas– impide la generación de consensos, hace casi imposible las reformas basadas en acuerdos amplios que son usualmente las más duraderas. Además, el populismo descree del reformismo democrático, del gradualismo y las reformas puntuales. Su visión moralista implica casi siempre una idea del cambio tremendista, revolucionaria. Para el populista, el cambio social sueles ser cuestión de todo o nada, no de más o menos. De esta manera, el populismo reduce la eficacia de la democracia, su capacidad de hacer reformas eficaces, de responder con soluciones reales a los desafíos cambiantes de las sociedades modernas. Ofrece, si acaso, consuelos retóricos.

Por último, el populismo puede entorpecer las transiciones democráticas como ocurrió recientemente en Estados Unidos y Brasil, donde dos presidentes populistas cuestionaron públicamente los resultados electorales y movilizaron sus bases en contra de las instituciones democráticas. La democracia necesita cierta “disponibilidad a perder”, a entregar el poder pacíficamente y respetar los resultados electorales. Pero en medio de la división y las confrontaciones, los líderes populistas, por cuenta, entre otras cosas, de su mentalidad paranoide, suponen que las elites tienen la capacidad no solo de alterar los resultados electorales, sino también de privarlos a ellos de la libertad una vez dejen el poder. Cada elección es vista como una lucha no solo por el poder, sino también por la libertad.

En fin, el populismo puede llevar a la violación de los derechos de las minorías, a la ineficacia reformista y a transiciones democráticas tumultuosas. El populista y el autócrata no son siempre los mismos. Pero tienen rasgos comunes. Para responder de manera directa a la pregunta retórica planteada en el título, el populismo sí es una amenaza para la democracia. En palabra de Silva Herzog-Márquez, “la democracia de plazas llenas, puños duros y caudillos efusivos es una democracia sin ciudadanos, sin diversidad pluralista y sin resguardo frente arbitrariedades”.

 

Principales referencias

Dornbusch, Rudiger y Sebastián Edwards, The Macroeconomics of Populism in Latin America, Chicago University Press, 1991.

Hofstadter, Richard, “The Paranoid Style in American Politics”, Harper’s Magazine, Noviembre, 1964.

Mudde, Cass y Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populism. A very Short Introduction, Oxford University Press, 2017.

Robinson. James. A., “La miseria en Colombia”, Revista Planeación y Desarrollo, No. 76 (2016-01-01), CEDE, Universidad de los Andes.

Silva Herzog- Márquez, Jesús, La casa de la contradicción, Taurus, 2021.

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Sobre el mercado global de cocaína

El presidente Gustavo Petro ha planteado una hipótesis interesante sobre el mercado global de cocaína y las implicaciones para Colombia y Sudamérica.

La hipótesis puede resumirse en los siguientes cinco puntos:

  1. La demanda por cocaína en los Estados Unidos se desplomó como consecuencia en buena medida del surgimiento del fentanilo (la droga de la crisis climática y la guerra la llama el presidente Petro).
  2. La caída en la demanda ha llevado a una crisis de la economía cocalera y a una nueva redistribución de la producción de cocaína, alejada ahora de las costas y adentrándose en la selva con el fin de abastecer más fácilmente los mercados más dinámicos de Brasil, Europa y Australia.
  3. Colombia podría perder protagonismo en el narcotráfico, pues las redes de narcotraficantes se trasladarían más al sur en Sudamérica y hacia Africa y Europa.
  4. Esta tendencia tendría consecuencias favorables para Colombia, podría reducir el narcotráfico y aclimatar la paz.
  5. El énfasis de la política antidroga debería ponerse, entonces, en el consumo interno; en particular, en evitar un aumento en el consumo de fentanilo.

Esta hipótesis, repito, es interesante, pero no tiene mucho sustento empírico y por lo tanto las implicaciones de política pública pueden ser equivocadas. Específicamente, no parece probable que el problema del tráfico de cocaína vaya a migrar o desaparecer rápidamente y que las organizaciones armadas vayan a perder poder.

Veamos la evidencia.

Primero, ¿qué está ocurriendo con la demanda de cocaína a nivel global?

La demanda por cocaína no se ha desplomado en Estados Unidos. Ha crecido rápidamente en otros mercados en Europa y Oceanía, pero no ha caído en Estados Unidos. De acuerdo con el Cocaine Report 2023, 30% de los usuarios globales de cocaína residen en Norteamérica.  Según el reporte, el consumo de cocaína es complementario con el de marihuana, sustituto con el de metanfetaminas y no guarda ninguna correlación con el de opiáceos (Pj., fentanilo).  En síntesis, la demanda por cocaína sigue alta en Estados Unidos y no hay evidencia clara de sustitución de cocaína por fentanilo.

La primera gráfica resume los cambios en la demanda global por cocaína: estabilidad de la demanda en Estados Unidos, aumento en Brasil y Europa y aumento sustancial en Australia. La segunda gráfica hace zoom en el caso de Estados Unidos. Muestra un leve aumento en los consumidores (con referencia a los del año anterior). La crisis en la economía cocalera, en contravía a lo afirmado por el presidente Petro, tiene origen no en una caída en la demanda global, sino en un aumento sustancial en la oferta local, como consecuencia, a su vez, del aumento de las áreas sembradas y el aumento de la productividad.

 

 

Segundo, ¿qué está ocurriendo con la geografía de los cultivos de coca?

El último reporte de Naciones Unidas muestra que los enclaves tradicionales de los cultivos de coca, en el Pacífico, el bajo Cauca y el Catatumbo, no han perdido importancia. El reporte, publicado en octubre de 2022,  tiene un rezago (los últimos datos no se conocen todavía), pero no sugiere de ninguna manera un cambio sustancial en la geografía de los cultivos. Todo lo contrario. Sugiere que el aumento de la oferta ocurrió en los enclaves tradicionales: “Una panorámica territorial indica que para el 2021 86,5 % de la coca está en zonas afectadas por más de 10 años (las áreas en rojo), lo que corrobora la permanencia de condiciones de vulnerabilidad en los territorios […] y fomenta el incremento de actividades ilegales en los territorios”.

En fin, la última evidencia disponible, todavía no actualizada, revela una estabilidad en la geografía de los cultivos de coca. Probablemente la crisis de sobreproducción llevará a algunos cambios, pero las tendencias históricas sugieren que la preminencia de algunos enclaves tradicionales no desaparecerá. Las cifras mencionadas por el presidente Petro parecen, entonces, más especulativas que reales, una especie de extrapolación todavía sin sustento fáctico.

¿Se irá el narcotráfico de Colombia?

El aumento de la demanda en Europa, Brasil y Oceanía llevará seguramente a la consolidación de otras rutas de narcotráfico más al sur. Ecuador, Paraguay Brasil adquirirán un mayor protagonismo. Pero esta tendencia no implica que Colombia dejará de tenerlo. Probablemente (como ya está ocurriendo) habrá una expansión geográfica del problema, no una relocalización definitiva por fuera de Colombia. La demanda de Norteamérica todavía está allí.

Aun si Colombia pierde algo de protagonismo, este hecho no implicará el fin de las organizaciones armadas, ni una paz providencial como resultado de la exportación de nuestros problemas. Las organizaciones armadas derivan su poder del control territorial, el narcotráfico las fortalece por supuesto, pero no desaparecerán endógenamente si Colombia pierde algo de participación en el mercado global de cocaína.

El presidente Petro tiene razón en señalar la futilidad de la guerra contra las drogas y en pedir una política preventiva para el consumo de sustancias en general y el del fentanilo en particular. Pero comete un error si cree que la paz total vendrá por cuenta de los cambios en la demanda global de cocaína. Esto no ocurrirá.

La demanda de cocaína no ha cambiado en Estados Unidos (el fentanilo no ha sustituido la cocaína). Los enclaves tradicionales siguen siendo fuertes en Colombia. La oferta, no la demanda, ha sido la causa de las disrupciones locales. Y el control territorial por parte del Estado seguirá siendo uno de nuestros grandes desafíos.

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Cinco preocupaciones sobre la reforma a la salud

Uno de los grandes problemas de la polarización, de las discusiones entre partes enfrentadas que no se respetan éticamente, es la confusión de los términos del debate: “Ud. defiende el negocio, yo los pacientes”, se dice de un lado. “Ud. quiere entregarles el sistema de salud a los políticos con fines electorales”, se responde del otro.  Uno y otro de los participantes dudan de las intenciones de sus contrapartes, convertidos ya en enemigos.

Este debate no es, incumbe aclararlo, un debate entre un grupo altruista y otro cooptado o mal intencionado. Incluso uno podría partir de la idea de que todos los participantes quieren promover el bienestar general. El debate es sobre de qué manera hacerlo, sobre el papel del sector privado en la provisión de un servicio social, sobre los incentivos y las formas más adecuadas de regulación. En suma, sobre el “cómo”.

Tachar a los otros, a quienes piensan distinto, de defensores del negocio o de corruptos de nada sirve. No construye. Paraliza. Con el propósito de construir, esto es, de avanzar el debate, quisiera plantear cinco preocupaciones puntuales sobre la reforma a la salud propuesta.

  1. La reforma propone un sistema abierto: sin plan de beneficios, sin UPC (Unidad de Pago por Capitación), sin contratos con los prestadores, sin auditorias concurrentes, etc. Un sistema concebido de esta manera llevaría a una crisis financiera, con efectos inmediatos sobre la prestación. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público debería tomar nota al respecto.
  2. La reforma plantea un sistema completamente fragmentado; fragmentado entre el primer nivel de atención y la atención de mayor complejidad, entre las RISS generales y las de laboratorio, apoyo diagnóstico, farmacéuticas, de trasplantes, etc. Esta fragmentación hará mucho más traumática la atención del paciente.
  3. La reforma acaba con las EPS y por lo tanto con las capacidades acumuladas por treinta años, en auditorias, compra de servicios, gestión de riesgo, manejo de enfermedades crónicas, etc. Si no van a realizar labores de contratación, gestión de riesgo y auditorias, el papel de las gestoras no tiene sentido, es cosmético. Muchas EPS saldrán del sistema, creando una crisis de atención.
  4. La reforma plantea que el Estado va a asumir los servicios sociales complementarios que hoy hacen las EPS. ¿Pagará la ADRES centralizadamente el transporte de los pacientes? ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Puede gestionarse desde Bogotá este tipo de atenciones? ¿Quién va a hacer la auditoria y el control? En general, en la reforma planteada, la ADRES acumula funciones sin tener las capacidades.
  5. ¿Qué va a pasar con los 100 mil trabajadores de las EPS? ¿Puede la ADRES con una fracción de los trabajadores actuales asumir las responsabilidades de coordinación y administración de todo el sistema de salud? ¿En cuánto tiempo? ¿Hay un plan claro de transición? La verdad no lo hay. Ni hay respuestas a las preguntas planteadas.

Uno podría evadir este debate diciendo simplemente que la administración de la salud debe ser pública. Pero el debate es más complejo y no se resuelve con acusaciones generales o pronunciamientos retóricos.

Academia Reflexiones

Sobre la reforma a la salud

Este artículo resume de manera breve las principales preocupaciones sobre lo que se conoce de la reforma a la salud. Lo pongo aquí como constancia. Fue conocido en enero de 2023 por la opinión pública.

Diagnóstico

Todo esfuerzo reformista debe empezar por un diagnóstico, por un análisis de lo que funciona y no funciona, por una evaluación de las capacidades instaladas (nunca se comienza de cero) y las heterogéneas realidades territoriales.

Eso no ha ocurrido con la reforma a la salud que ahora se propone. El diagnóstico no es claro. Pareciera insinuar que todos, o la mayoría de los problemas se originan en la administración (privada o no pública) del sistema. Como si eliminar las EPS fuera una solución a los problemas de insostenibilidad financiera, corrupción y desigualdades territoriales.

No es así. Los problemas financieros existen en todos los sistemas de salud. Los sistemas públicos europeos están al borde de la quiebra. El susbsistema colombiano del magisterio (que no tiene EPS) enfrenta también grandes dificultades financieras y tiene, en comparación con el Régimen Contributivo, tres veces más quejas por 1.000 afiliados. Lo mismo ocurre con el subsistema de las fuerzas armadas.

La experiencia de Colombia con pagadores únicos públicos ha sido desastrosa. Lo fue con la llamada libre adscripción del Seguro Social en 1996, lo fue con los recobros directos del Fosyga por la atención a la población desplazada en 2001, lo fue durante la década pasada con los pagos de las secretarías de salud por los servicios No Pos del Régimen Subsidiado. El país recuerda los carteles de la hemofilia, el VIH, enfermos siquiátricos, etc. Todo esto podría repetirse a una mayor escala con la actual propuesta de reforma.

Las inequidades regionales, que se repiten en otros sectores como la educación y el agua potable, tienen que ver más con problemas de la descentralización que con los mismos problemas del sistema de salud. Los problemas de los hospitales públicos, por ejemplo, no se resolverán cambiando el pagador o los mecanismos de pago. Podrían incluso agravarse.

Las brechas en resultados en salud entre regiones y entre zonas rurales y urbanas son reales y preocupantes. Deben corregirse. Pero la reforma propuesta plantea una estrategia extraña: destruir lo que funciona en las ciudades para supuestamente arreglar lo que no funciona en las zonas rurales. En lugar de tratar de adaptar una estrategia de atención primaria al sistema, la reforma trata de adaptar todo el sistema a una estrategia de atención primaria. Una lógica extraña.

Hay mucho que conservar del sistema actual. Casi todos los hogares colombianos están protegidos financieramente: una enfermedad no implica una quiebra familiar, ni obliga a la liquidación de activos. Un puñado de hospitales del país están entre los mejores de la región. Los sistemas de información se han sofisticado como resultado de décadas de trabajo. El manejo de muchas enfermedades crónicas es ejemplar. En los mejores hospitales privados se atienden personas de todos los orígenes socioeconómicos. En fin, el sistema actual es producto de treinta años de innovación y trabajo colectivo. Destruirlo sería un suicidio.

La reforma propuesta es sencilla. Propone un pagador único, la ADRES, que es hoy una tesorería y se convertiría en una gran EPS pública. Propone al mismo tiempo un conjunto de centros de atención primaria como puerta de entrada al sistema que coordinarían la atención y el despliegue de equipos territoriales. Propone finalmente unas redes integradas de salud para la atención de mediana y alta complejidad. Los detalles no se conocen, pero, desde ya, surgen algunas preguntas sobre tres temas: ¿Qué va a pasar con los pacientes? ¿Cómo va a ser el flujo de recursos? Y ¿Cómo será el manejo de la transición? Hay todavía muchas dudas al respecto.

Pacientes

La ruta de atención no es clara. El sistema planteado es, por diseño, fragmentado: parte de una división entre la atención primaria y la de mayor complejidad. Además, no contempla una respuesta precisa para una serie de actividades esenciales. Hoy las EPS tienen diez veces más centros de atención primaria que los propuestos en la reforma, ¿Qué va a pasar entonces? ¿No tendríamos en el esquema muchas más colas y problemas de atención? ¿Quién va a coordinar el traslado de los pacientes? La sola Nueva EPS hace 800.000 transportes terrestres al año, y miles de transportes aéreos.

Hay más preguntas. ¿Quién va a coordinar la atención domiciliaria, las enfermeras en casa y la entrega de miles de balas de oxígeno? ¿Quién va a encargarse de la gestión farmacéutica, de la coordinación para la entrega de medicamentos, de los sistemas de información y de la negociación con la industria? ¿Quién va a hacer la gestión de riesgo? Por ejemplo, el control de pacientes con enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes, etc.). ¿Quién va a liquidar y a auditar las prestaciones económicas, las licencias de maternidad y las incapacidades por enfermedad general? Sin controles el fraude puede ser inmenso.

Las EPS tienen decenas de miles de personas empleadas para estas tareas. Con la reforma no se sabe quién va a asumirlas. ¿Pasarán los 110.000 empleados de las EPS a ser funcionarios públicos? ¿Quedarán los pacientes a la deriva? No hay respuestas para esas preguntas.

Recursos

Resulta importante de entrada diferenciar entre el giro directo y la ordenación del gasto. ADRES hace hoy lo primero. Para lo segundo carece de capacidades. La reforma ignora este punto esencial. Surgen de nuevo muchas preguntas.

¿Quién va a realizar el control de gastos? ¿La auditoría de cientos de millones de facturas? Suponer, como en la propuesta actual, que con un sistema de información que no existe y tres mil personas desde Bogotá se va a hacer esta tarea, es ilusorio. Sin control del gasto, la quiebra del sistema será inevitable y acelerada. ¿Quién va a encargarse del control del recaudo de las contribuciones? Suponer que la UGPP puede hacerlo, es también ilusorio.

En el esquema propuesto, que no define el control de gasto y del recaudo, el impacto fiscal sería enorme. El gasto se multiplicaría y el recaudo podría caer de manera sustancial. Esta contingencia fiscal podría poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del país.

Transición

Sobre la transición también hay muchas preguntas sin respuestas. ¿Cuánto tiempo va a tomar el empadronamiento de toda la población? La depuración de las bases de datos que manejan las EPS ha tomado décadas. ¿Cuánto tiempo va a tardar (y con qué gente se va a llevar a cabo) un tarifario único que sería, según se propone, la base para los pagos de ADRES? ¿Cuánto tiempo tardaría la puesta en marcha, desde cero, de un sistema de información centralizado, sin una reflexión sobre cómo transferir capacidades? ¿Quién y cómo se van a transferir las deudas existentes?

La transición tomaría décadas y la reforma parece subestimar la complejidad del proceso. Además, la transición se está anticipando: el sistema financiero les está cerrando las puertas a las EPS (pues ya las van a liquidar), algunos prestadores están exigiendo anticipos para procedimientos de alta complejidad y la industria farmacéutica mantiene los inventarios a raya, incluso hay desabastecimiento. La crisis parece crecer día a día.

Reforma

Una reforma a la salud es necesaria. Los sistemas de seguridad social deben reformarse de manera permanente. Existen consensos, más o menos definitivos, sobre la necesidad de una mayor inversión en salud pública, de un mayor énfasis en la atención primaria, de una reivindicación del talento humano, de una implementación de modelos diferenciales o de una mayor transparencia en las transacciones que implicaría, por ejemplo, la eliminación de la integración vertical. Pero sin un diagnóstico claro ni una respuesta a las preguntas planteadas la reforma propuesta puede hacer daño. Mucho daño. Lo que iría en contra del principio de siempre para quienes se ocupan de la salud de la gente: ante todo no hacer daño.

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Pedro Fermín de Vargas

Hoy celebramos en Colombia el día del economista en homenaje a Pedro Fermín de Vargas, amigo y compañero de Mutis y Caldas y el padre de las ciencias económicas en Colombia. Su libro Pensamientos políticos sobre agricultura, comercio y minas del virreinato de Santa Fe de Bogotá, escrito con anterioridad a la independencia, es  el primer tratado sobre lo que podríamos llamar (vale el anacronismo) desarrollo económico colombiano. Copio algunos apartes que, muchos años después, no han perdido vigencia. El desarrollo, ya lo sabemos, es una tarea incierta.

Sobre la infraestructura

Por una desgracia inconcebible vemos en todo el Reino abandonados los caminos, los ríos sin puentes, aun aquellos que más los necesitan, y subsistir los malos pasos en todas las estaciones del año, sin que se exceptúen las entradas y salidas de la misma capital. E1 camino que la necesidad abrió antiguamente subsiste y subsistirá por muchos siglos, sin que se haya pensado en corregir sus defectos enderezándole, o mudándole a otra parte más cómoda. Lo mismo que se advierte en los caminos de tierra, se observa también en los cortos ríos navegables que tenemos. Todo se halla descuidado lastimosamente, y este asunto pide la más seria atención del Gobierno.

Sobre la minería

Contemplando las cosas filosóficamente, se debía desear que el cultivo de las minas se abandonase para siempre.  La política tampoco está muy de acuerdo con su beneficio, y sólo bajo ciertas condiciones y circunstancias se puede contemplar como ventajoso.  El laboreo de minas en el modo que hoy se practica en las de oro, además de ser destructivo de la población, encarece de tal suerte los jornales y maniobras, que por lo general entorpece el adelantamiento de la agricultura, la que siempre es cadente en los países mineros. Entretenidas las gentes con las vanas esperanzas de alcanzar la suerte, que uno u otro ha logrado en el beneficio de minas, descuidan del todo los demás objetos de industria; se empeñan cada día más, y no correspondiendo los sucesos a los conatos, se arruinan, y arruinan consigo a todos aquellos que se dejan engañar con sus vanas esperanzas.

Sobre la coca

Se hallan asimismo la coca, de gran consumo entre las gentes de la Gobernación de Popayán, y que los orientales usan con el nombre de betele, admirable para fortificar el estómago y que aseguran comunica una especie de vigor singular; los tamarindos, fruto comunísimo de los países cálidos, de uso muy frecuente en la curación de varias enfermedades. Es de desear, dice un autor, que se fomente este fruto en nuestras Provincias de América, para eximirnos enteramente de los tamarindos extranjeros.

Academia Reflexiones

Utilitarismo y vacunas

La decisión de prorrogar la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer plantea un debate fundamental de salud pública, una tensión entre la atención individual y los beneficios colectivos. La salud pública tiene, como la economía, una tradición utilitarista. Los argumentos de salud pública plantean a menudo la necesidad de maximizar el bienestar colectivo. Los argumentos utilitaristas no son definitivos, pero deben, en mi opinión, ser tenidos en cuenta.

Para simplificar el problema, voy a introducir algunos supuestos sencillos. No todos son realistas. Pero ilustran una dimensión importante del debate acerca de si se debe aplazar o no la aplicación de la segunda dosis con el fin permitir que más gente pueda acceder a una primera dosis y adquiera así más prontamente algún nivel de protección.

La gráfica de la izquierda muestra la progresión semanal de la protección después de la aplicación de la primera y la segunda dosis (la protección debe ser entendida como la probabilidad de no tener síntomas notables después de una exposición al Covid-19). La gráfica corresponde al esquema “Pfizer”. La primera dosis se da al inicio (tiempo 0). La segunda se da al final de la semana 3. Antes de la aplicación de la segunda dosis, la protección es de 60%. La protección llega a 90% al final de la cuarta semana después de la aplicación de la segunda dosis.

La gráfica de la derecha muestra la misma proyección para el esquema “MSPS”, el propuesto por el ministerio. La aplicación de la segunda dosis se aplaza nueve semanas. La protección es de 60% de la semana 3 a la 12 y sube a 90% después de la aplicación de la segunda dosis. Estos números son supuestos. Pero recogen un hecho real, verosímil: la protección después de la primera dosis es sustancial y el aumento de la protección como resultado de la segunda dosis es importante pero inferior.

En el largo plazo, los dos esquemas son similares. El dilema está en las nueve semanas de aplazamiento: más gente accede tempranamente a algo de protección, pero los vacunados con la primera dosis quedan más expuestos.

Si se supone que cada semana (de las nueve de aplazamiento) hay 100 mil personas a quienes se les aplaza la segunda dosis y si se supone adicionalmente  (como ilustración) que la probabilidad de infectarse y tener síntomas en una semana cualquiera es de 0,1%, el aplazamiento implicaría 1350 casos de más Covid-19 sintomáticos, algunos graves. El cálculo es sencillo. Una simple sumatoria.

De otro lado, el aplazamiento permitiría que 100.000 personas fueran vacunadas con la primera dosis. Bajo los mismos supuestos anteriores, la inclusión de estos nuevos vacunados implicaría 2180 menos casos de Covid-19 sintomáticos durante las nueve semanas. El cálculo es también sencillo: una suma de la protección adquirida por las 100 mil personas que reciben la primera dosis semanalmente. El beneficio, medido en casos sintomáticos evitados transitoriamente, es de 62%. El mismo porcentaje aplicaría, bajo supuestos razonables, para hospitalizaciones y muertes.

El orden de magnitud es resultado de los supuestos. La dirección no lo es. Un resultado similar (un beneficio colectivo) se obtendría si se supone que la protección conferida por la primera dosis es mayor que la protección adicional conferida por una segunda dosis.

¿Dónde radica la polémica? De nuevo, en la tensión entre los derechos individuales y colectivos. Alguien que recibió la primera dosis podría poner una tutela para prevenir el aplazamiento de la segunda dosis. Lo haría en defensa de su derecho a la salud (al fin de cuentas está quedando parcialmente desprotegido). Sin embargo, un fallo a su favor iría en detrimento del bienestar colectivo.

Cada vez que se invocan argumentos utilitaristas en un contexto de escasez surgen este tipo de controversias. En este caso, además, quienes han recibido las primeras dosis de la vacuna son identificables, los otros, los que se beneficiarían del aplazamiento, no lo son tanto. Aparece, entonces, el típico dilema bioético entre víctimas identificables y no identificables.

Los argumentos del Ministerio parecen válidos desde una perspectiva de salud pública, utilitarista. Pero generaran debates éticos y políticos. Las democracias mediatizadas desde estos tiempos tienden con frecuencia a rechazar este tipo de consideraciones. Aborrecen los dilemas éticos.

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Reflexión sobre la pandemia

He tratado de mantenerme optimista durante la pandemia, de no enfatizar el peor escenario. Siempre habrá malas noticias en medio de la incertidumbre. Infundir miedo es tentador. Algunos lo asocian incluso con una especie de responsabilidad cívica: las malas noticias, suponen, pueden hacer que la gente cambie su comportamiento y se cuide más.

Hace apenas un mes estaba optimista. La vacunación comenzaba con grandes expectativas. Los niveles de inmunidad observados o inferidos (mediante estudios de seroprevalencia o extrapolaciones hechas con base en estudios de vigilancia activa) eran altos en varias ciudades, mostraban una protección sustancial. Un estudio para Bogotá, realizado por un grupo de profesores de la Universidad de los Andes, mostraba, por ejemplo, que el porcentaje de contagios podría estar cercano a 60% de la población relevante.

Una cosa era el debate sobre las medidas o las respuestas de los gobiernos, otra distinta el debate sobre los niveles de inmunidad colectiva observados. Recuerdo un estudio de Imperial College sobre Manaos publicado en diciembre del año pasado. Señalaba los altos costos (en términos de muertes y sufrimiento humano) de una dinámica descontrolada de la infección, pero sugería que allí podría haberse alcanzado de la inmunidad colectiva. El porcentaje inferido de la población infectada superaba el 70%.

A finales de diciembre, la situación de Manaos empeoró de manera súbita. Nadie lo había anticipado. Hoy veo esa noticia como un presagio ominoso. Otro estudio de Imperial College trató de explicar la aparente contradicción. Citaba tres causas posibles: un error en los estudios iniciales de seroprevalencia, una corta duración de la inmunidad adquirida o un efecto directo de las variantes del virus (que podrían, en principio, evadir la inmunidad adquirida en un porcentaje alto de la población). Con una suerte de prudencia epistemológica, no enfatizaba ninguna de las tres causas, mantenía una posición deliberadamente ecléctica. Señalaba, eso sí, la posibilidad de que cada una de ellas tuviera alguna relevancia. Las causas identificadas no eran excluyentes y no había forma de separarlas.

Han pasado ya varias semanas desde la publicación de ese estudio. La situación en Brasil ha tomado una dimensión trágica, inimaginable si se quiere. En Chile, Uruguay, Paraguay, etc., la situación también ha empeorado ostensiblemente. Resulta imposible no pensar que las variantes han cambiado el panorama epidemiológico, que han ocasionado más contagios, más casos severos y muchas (todavía no sabemos la dimensión real del fenómeno) reinfecciones.

Con todo, la situación en Colombia posiblemente va a empeorar. «Es como si tuviéramos una pandemia dentro de una pandemia», me dijo alguien recientemente. Razón no le falta. La velocidad de contagio supera el avance de la vacunación. Vendrán semanas difíciles. Quiero seguir siendo optimista. Quiero pensar que lo peor ya pasó. Pero resulta, creo, contraevidente.

La evolución de la pandemia (el papel de las variantes, en particular) no fue prevista. Nadie hablaba seriamente de esta posibilidad en diciembre de 2020. Incluso a comienzos de este año, muchos predecían que el virus mutaría en la dirección de una mucho menor letalidad. Hoy el panorama de corto plazo parece distinto. Menos esperanzador. Toca aceptarlo.

Academia

la ilusión del control

Muchos fenómenos son el resultado de las acciones humanas no de sus diseños, escribió Adam Ferguson, uno de los pensadores más representativos de la ilustración escocesa. Esta idea (liberal, digamos) llama la atención sobre el peligro del hibris, la ilusión del control y la sobreestimación del impacto de nuestras respuestas (casi siempre chapuceras) a fenómenos complejos que no entendemos plenamente.

Muchos de los análisis sobre los efectos del Covid sufren de este problema. Tienden a sobrestimar el efecto de las medidas centralizadas. Pretenden, por ejemplo, explicar las diferencias entre países o regiones como un resultado casi inmediato de las políticas o medidas adoptadas. Exageran nuestra capacidad de control y nuestro conocimiento. Pierden de vista que (dinámicamente) el comportamiento de la pandemia con frecuencia poco tiene que ver con las medidas o políticas gubernamentales.

Voy a ilustrar este punto con cinco gráficas sencillas, inquietantes en mi opinión. En conjunto, sugieren un menor control al supuesto por muchos analistas y científicos.

La primera gráfica muestra una gran convergencia en las muertes acumuladas por millón de habitantes entre países y regiones con respuestas distintas y sistemas de salud diferentes. Unos pusieron en práctica fuertes medidas restrictivas, otros no. Al menos en el mundo occidental, la asociación entre restricciones y resultados es tenue por decir lo menos, un hecho que debería (creo yo) llamar la atención sobre la ilusión de control.

Las Dakotas en los Estados Unidos realizaron un experimento natural interesante durante los últimos meses. En la del Sur, las medidas de control fueron casi nulas. En la del Norte, las autoridades impusieron algunas restricciones (razonables en mi opinión). El resultado: un comportamiento similar, casi idéntico. De nuevo, parecen existir otros factores distintos a las medidas adoptadas que explican el comportamiento dinámico de la infección.

Sur África es también un caso interesante. A pesar de la variante (mal llamada surafricana), las pocas restricciones y la ausencia de vacunación, los casos han disminuido de manera sustancial durante las últimas semanas. “¿Qué hicieron las autoridades?”, preguntaría un observador desprevenido. “Nada distinto”, habría que responder.

Hace algunos años, antes del Covid-19, un grupo de expertos en salud pública calculó un índice del grado de preparación de los países para enfrentar una pandemia. En retrospectiva, la mayor preparación prevista ha mostrado estar correlacionada con un mayor número de muertes por habitante. Esta paradoja ha sido interpretada de una manera simplista, como un simple fracaso del índice en cuestión. Sin embargo, podría reflejar otro asunto, la ilusión del control, esto es, la mejor preparación no siempre garantiza mejores resultados.

  1. En Colombia, por ejemplo, las muertes por habitante son mucho mayores en Bogotá que en Chocó. ¿Estaba Chocó mejor preparado o hizo mejor las cosas? No lo creo. Simplemente el comportamiento diferencial de la epidemia tiene otras explicaciones, geográficas, socioeconómicas, demográficas, etc.
Gráfico de Rafael Unda, @rundav5

Todo esto no implica que nada pueda hacerse. Pero sí que la modestia debería acompañar, al menos, nuestros esfuerzos de análisis. Creer que los políticos controlan plenamente el virus, que basta con su voluntad y coraje, es una ilusión, una especie de falla democrática y una fuente de confusión y malas decisiones.