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Esta columna trata sobre nuestra aversión a la realidad. Sobre nuestros extravíos cognitivos. Sobre la verdad de nuestras mentiras. Cuando los hechos confirman nuestras conclusiones preferidas, los aceptamos al instante. Pero cuando las contradicen, los analizamos de manera rigurosa, con escrúpulos cientificistas y paciencia denodada. Somos crédulos con lo que nos conviene. Y desconfiados con lo que nos perjudica. Científicos unilaterales. Curiosos en una sola dirección: la que nos lleva a dudar de los hechos contrarios.

Como dice el psicólogo Daniel Gilbert, no hace falta mucha evidencia para convencernos de que somos inteligentes o saludables. Pero se requieren muchos exámenes, segundas opiniones y pruebas ácidas para convencernos de lo contrario. Así somos. Renuentes a abandonar la comodidad de nuestros dogmas. Dados a manipular los estándares de prueba para salvaguardar nuestras convicciones más queridas. Pero el asunto no termina allí. La confrontación política multiplica el problema en cuestión. Le da una dimensión mayor y un sentido colectivo. En la política, la tarea dudosa de cuestionar la evidencia perjudicial y exagerar la favorable se vuelve omnipresente: llena las páginas de los periódicos, los espacios de opinión, las declaraciones públicas. Todo.

Basta una mirada a algunos debates recientes para entender la dimensión del problema. Cuando, hace unas semanas, las encuestas de opinión mostraron que la popularidad del Presidente no había cambiado a pesar de los escándalos, algunos columnistas asumieron el papel de estadísticos escépticos. Cuestionaron la representatividad de la muestra, los factores de ponderación y la clasificación socioeconómica. Pidieron explicaciones técnicas. Pusieron de presente su compromiso con la verdad. Pero sus escrúpulos científicos, cabe decirlo, son sólo una forma elaborada de deshonestidad intelectual. ¿Habrían los mismos columnistas expresado las mismas preocupaciones si las encuestas de opinión hubieran mostrado una disminución en la popularidad del Presidente? No. Más que conocer la verdad, ellos querían proteger “su verdad”.

Lo mismo ocurre con los funcionarios del Gobierno. Cuando las cifras del DANE mostraron el estancamiento de su sector, el Ministro de Agricultura sometió la metodología a un escrutinio detallado. Cuando las encuestas de hogares indicaron un empeoramiento laboral, el Gobierno argumentó que los registros oficiales de afiliación a la seguridad social eran más confiables que las encuestas. Algunos de los argumentos expuestos son válidos. Pero ese no es el punto. El punto es que los argumentos sólo se esgrimen cuando los hechos invalidan las conclusiones preferidas. Como los columnistas, los ministros suelen ser científicos intermitentes. Muy duros para cuestionar lo que les estorba. Y muy laxos para aceptar lo que les halaga.

Hace algunos meses, el Gobierno publicó unos datos que mostraban una disminución sustancial de la pobreza en el país. Inmediatamente, varios analistas manifestaron sus preocupaciones técnicas: sobre las estimaciones de los ingresos no reportados, sobre los ajustes de las encuestas, etc. La semana anterior, la prensa nacional reportó los resultados de un informe que mostraba una reducción significativa de la pobreza en Bogotá. Pese a que el informe usa una metodología similar a la utilizada previamente por el Gobierno, los mismos analistas que antes se habían manifestado preocupados, ésta vez no dijeron nada. Pero su silencio dice mucho sobre su objetividad.

En suma, unos y otros parecen inmunes a la realidad. Ven lo que quieren ver. Oyen lo que quieren oír. Y casi siempre dicen la misma cosa.

Vuelve y juega. El presidente Uribe anunció esta semana que su gobierno insistirá en la penalización de la dosis personal. “Vamos a presentar el 16 de marzo ante el Congreso el proyecto de reforma constitucional, para penalizar, no con pena privativa de la libertad, pero sí para sancionar la dosis personal”, dijo en una rueda de prensa ofrecida con motivo de la visita de su homólogo alemán, Horst Kölher. Las razones del Presidente, no sólo con respecto a la dosis personal, sino también con referencia a la legalización de la droga, son una combinación de paternalismo, sinrazón y demagogia. Paso a explicar por qué.

“Yo veo con mucho pesimismo el tema de la legalización. Por supuesto lo miro más como padre de familia, que como Presidente. Tengo alguna inclinación más de sentimiento de padre de familia, que de raciocinio frío”, dijo el Presidente el año pasado en una de sus muchas declaraciones públicas sobre el tema. Nada de raro tiene que un padre de familia se muestre preocupado por el tema de las drogas. Lo extraño del asunto es que las preocupaciones paternales se conviertan en iniciativas gubernamentales. O que se confunda la esfera privada con la pública. O que se pretenda cambiar la Constitución con razones de padre. O que se le quieran dar atribuciones al Estado para esculcarle los bolsillos a todo el mundo. O que el legislador se ocupe de los vicios privados. O que el Presidente diga qué gusticos valen y qué gusticos, no.

Cuando el presidente Uribe deja de lado el paternalismo y hace uso del “raciocinio frío”, la cosa tampoco mejora. Sus argumentos son casi un insulto a la razón: a la suya y a la nuestra. “La droga en Colombia ha destruido un millón 700 mil hectáreas de selva tropical de la inserción amazónica. Con la droga, aún legalizada, esa diáspora no se frena. Creo que a cualquier precio que se pusiera la droga, podemos correr el riesgo de la destrucción de la selva si no la enfrentamos”, ha dicho el Presidente de manera reiterada. “Cuando entro en discusiones para proponer mis tesis contra la legalización, en frente de los muchachos de las universidades, de muchos profesores, el gran argumento para poderlos situar en una reflexión contra la legalización, es el ecológico”, ha repetido en varios escenarios académicos.

Pero los argumentos del Presidente son erróneos. Arrevesados. El “gran argumento ecológico” es uno de los principales motivos para oponerse a la prohibición. Seguramente la legalización retornaría la coca a las laderas de los Andes, de donde es endémica y de donde salió hacia la selva amazónica por cuenta de la prohibición. La tragedia ambiental no es causada por la coca: es causada por las políticas prohibicionistas. Esto es, por la tentación de los precios altos y la obligación de la clandestinidad. A ningún agricultor se le ocurriría sembrar un producto legal en la mitad de la selva. Pero el presidente Uribe supone erróneamente que la legalización aumentaría la dimensión del negocio —las hectáreas sembradas—, sin cambiar la geografía del mismo.

Muchas veces las razones paternalistas persuaden. Y los raciocinios equivocados convencen. La propuesta de penalizar la dosis personal es ante todo una forma de demagogia. Un intento por convencer con temores: ambientales o paternales en este caso. En últimas, la adicción a los votos puede ser peor que la adicción a las drogas. La búsqueda obsesiva —casi maniática— del favor popular puede llevar a “la coerción moral de la opinión pública”. A la imposición del moralismo barato de las mayorías. En eso estamos.

A veces las ironías se revelan de manera sutil. Esta semana, un noticiero de televisión mostró a un grupo de estudiantes que protestaban contra la visita del presidente Bush mientras quemaban una bandera de los Estados Unidos. La bandera no estaba hecha de satín. Ni de retazos improvisados. Era una toalla playera estampada con las barras y las estrellas. Probablemente había sido adquirida por el padre de uno de los manifestantes. Un señor desentendido de la geopolítica. O mejor: entendido a su manera. Alguien que veía en la bandera de los Estados Unidos una imagen propicia. El símbolo de un afecto remoto. Como el que se siente por un paisaje familiar. O por un rostro famoso. O por una marca inaccesible.

Los manifestantes no parecieron percatarse de la ironía. Todos lucían concentrados en una liturgia conocida: sus rostros iluminados por los jirones ardientes de la toalla multicolor. Sin duda, el antiamericanismo representa para muchos de ellos una especie de religión. De fervor colectivo. Pero no sólo eso: el antiamericanismo constituye también una pose moralista. Una manera de reafirmar la identidad regional. De exhibir el patriotismo. De allí el fervor que concitan estas liturgias de pirómanos. De allí el éxito de los profetas del antiamericanismo. Y la frecuencia con la que se repiten sus letanías.

El antiamericanismo puede ser justificado de muchas maneras. Cabría mencionar, por ejemplo, los afanes imperialistas. O la guerra contra las drogas. O más recientemente, la ignominia de Guantánamo. Pero los profetas de esta religión sólo cuentan una parte de la historia. Ninguno menciona el liderazgo científico y tecnológico. O la capacidad para recibir inmigrantes de todas las razas: todavía sin parangón en el mundo. O el talento innovador. O la producción literaria. Hasta el mismo García Márquez, tan latinoamericano en apariencia, es un heredero intelectual de los novelistas gringos. He ahí una forma productiva de imperialismo.

A finales de la década pasada, Colombia vivió la peor crisis económica de su historia. Muchas familias se vieron enfrentadas por primera vez al desempleo o a la quiebra intempestiva de sus negocios. Muchas perdieron en pocos meses lo que habían ganado en varias décadas. Sin ninguna fuente de sustento, miles de colombianos tuvieron que aferrase al único activo que les quedaba: una visa de turismo para entrar a los Estados Unidos. Y así partieron. A vivir su versión imperfecta del sueño americano. Algunos encontraron suerte. Otros, la siguen buscando. Cientos han regresado. Otros tantos permanecen. Ganándose la vida. Dedicados a la ardua tarea de disculpar ilusiones. Estados Unidos no les brindó el sueño imaginado. Pero sí les dio la oportunidad de dejar atrás una pesadilla. Y eso ya es mucho cuento.

Actualmente, algunos de los profetas antiamericanos quieren convertir a América Latina en una isla. Un supuesto paraíso fraternal. Pero América Latina no es una isla: es una península conectada geográfica y culturalmente con los Estados Unidos. Como dijera el novelista judío Amos Oz: “todo sistema político y social que nos convierte a todos y a cada uno de nosotros en una isla darwiniana y al resto de la humanidad en enemigo o rival, es una monstruosidad”. Además, la mayoría de los latinoamericanos no desean el aislamiento. Ni odian a los Estados Unidos. Muchos incluso coleccionan sus símbolos. Así sea de manera disimulada o involuntaria. Así sea en la forma simple de una toalla estampada.

Con el ánimo de justificar las opiniones proferidas, quisiera proponer la siguiente caricatura tomada de un artículo reciente del economista Francesco Caselli. El mundo está dividido en dos tipos de ciudadanos: los buenos y los malos. La bondad ciudadana está definida, a su vez, con base en dos atributos: la competencia y la honestidad. Los buenos ciudadanos tienden a ser más capaces y menos corruptos. Los malos lo contrario. Más allá de cualquier afán moralizante, esta definición reconoce que los políticos —como los periodistas o los ejecutivos o los académicos— pueden ser buenos o malos ciudadanos. El problema es que, en general, los buenos ciudadanos tienen menores incentivos para “meterse a la política”: sus habilidades les permiten un ingreso atractivo por fuera de las angustias electorales y sus escrúpulos les impiden cualquier forma de oportunismo o corrupción.

En términos económicos, los malos ciudadanos tienen una ventaja comparativa en el campo de la política, lo que implica un equilibrio inquietante: los malos ciudadanos se dedican a la vida pública y los buenos se mantienen por fuera. El problema con esta caricatura es que sólo considera los beneficios pecuniarios. En muchas ocasiones, los ciudadanos no ingresan a la política buscando rentas económicas, sino sicológicas. No quieren tanto llenar su bolsillo, como henchir su ego. Satisfacer su vanidad. Brillar ante las cámaras. Sentirse depositarios del bien común. Si no fuera por la vanidad personal —con frecuencia disfrazada de altruismo— la política sería un monopolio exclusivo de los oportunistas.

Pero las rentas sicológicas dependen de la reputación de los políticos. Si la gente piensa que el Congreso es un “antro que reúne todos los males”, o todos los malos, los buenos ciudadanos tenderán a quedarse por fuera: sus deseos de reconocimiento o figuración tendrán que buscar un desfogue distinto. En otras palabras, la mala reputación ahuyenta a los buenos ciudadanos, y la huida de los buenos ciudadanos confirma la mala reputación. Es un círculo vicioso inmune a cualquier tipo de remedio institucional. Una forma de selección adversa que no se arregla con pactos de transparencia o con juramentos de buena voluntad.

Lo más complicado de todo este asunto es que los medios de comunicación (y algunos editorialistas en particular) se regodean diariamente en mancillar la reputación del Congreso sin reparar en las consecuencias de sus opiniones. La indignación histérica siempre ha sido una forma sencilla de conseguir lectores. Basta con arrumar un montón de adjetivos y adoptar un tono moralizante. Pero los juicios absolutos destruyen sin construir. Benefician en el corto plazo a quienes los profieren pero perjudican en el mediano plazo a quienes los celebran. Un país indignado, habituado a los juicios desaforados, incapaz de valorar la vida pública, es un país que tiene lo que se merece: un Congreso hecho a la imagen y semejanza de las opiniones más ruidosas.