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Sobre la reforma política

“Si algo nos ha enseñado la crisis, no sólo en Colombia sino en el mundo entero, es que no hay economía que pueda convivir con la corrupción que se nutre en un sistema caduco y cerrado de costumbres políticas”. Esta frase, pronunciada por el ex presidente Andrés Pastrana hace nueve años, en medio de un sonado escándalo de corrupción en el Congreso, ilustra la convicción de muchos políticos y analistas nacionales sobre la urgencia de una gran reforma política. La frase resume una opinión insistente, repetida a pesar de la falta de pruebas, reiterada a pesar de los fracasos recurrentes, según la cual, la corrupción legislativa puede eliminarse legislativamente, esto es, erradicarse por medio de cambios legales en las reglas electorales y disciplinarias.

Ahora, ante un nuevo escándalo, estamos en lo mismo, enceguecidos nuevamente por el espejismo de la reforma política, empeñados en cambiar las reglas como respuesta a la crisis del momento, en modificarlo todo para que todo siga igual. Dos tipos de cambios han sido propuestos. El primero propone sanciones ejemplarizantes para los parapolíticos del presente y del futuro. Las propuestas, reseñadas por la prensa nacional durante la semana, incluyen la anulación de los votos, la devolución de los dineros públicos entregados para financiar las campañas y la cancelación de la personería jurídica de algunos partidos. Estas propuestas constituyen, en últimas, más una forma de autopurga, de escarmiento propio, que un intento por entender y corregir las causas de la crisis. Las propuestas son, como dijera Nicolás Gómez Dávila, una solución permanente para un problema transitorio.

El segundo tipo de cambios propuestos es una reiteración de los intentos previos por modificar el papel de los partidos en la competencia política. Los cambios incluyen el aumento del umbral, la modificación del voto preferente, la eliminación de la circunscripción nacional para el Senado, etc. Probablemente algunos de ellos ayudarían a fortalecer los partidos pero ninguno reduciría de manera significativa los niveles de corrupción política. Las experiencias acumuladas, los indicios que dejan las reformas previas, en Colombia y en el exterior, sugieren que la política no se reforma mediante las reformas de la política. En general, la ingeniería electoral no ha sido un instrumento eficaz para disminuir la corrupción política.

La parapolítica es el resultado de la puja por unas rentas estatales, por los dineros de las regalías y de la salud especialmente. La parapolítica es, en otras palabras, una forma sofisticada de corrupción. Lamentablemente esta conexión ha estado ausente en el debate sobre la reforma política. Ninguna de las propuestas hace alusión al papel de los dineros públicos. La indignación parece haber desplazado el discernimiento. En mi opinión, una simple norma que reduzca las regalías que reciben los municipios y departamentos, y que destine los dineros así ahorrados a pagar las pensiones o a financiar la educación superior de jóvenes sin recursos o a capitalizar un fondo de infraestructura, sería mucho más eficaz para combatir la corrupción que las propuestas que están siendo discutidas en el Congreso.

En últimas, la reforma política debería comenzar por el tamaño de la piñata. Cuando hay tantos dulces en el suelo, no hay reglas que valgan para controlar el desorden.

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Plata tiene que haber

Esta entrada quiere llamar la atención sobre un anuncio presidencial que pasó desapercibido, que no ha recibido la atención debida por parte de los medios de comunicación y de los partidos políticos. Una de las tantas consecuencias adversas del conflicto, de la fijación nacional con las Farc, es el deterioro de la calidad del debate público. Muchos temas importantes simplemente no se discuten. Ni siquiera se comentan. No sólo somos un país polarizado: somos también un país monotemático. El diálogo de sordos es, al mismo tiempo, un sonsonete repetido: el mismo tema con las mismas variaciones, la misma melodía repetida hasta el cansancio.

Hace unos días, en un consejo comunitario celebrado en la ciudad de Magangué, el presidente Uribe hizo una declaración perentoria. “Le voy a pedir este favor a Planeación y a Hacienda: miren dónde se hace el recorte para tener la plata el año entrante y llegar a tres millones de Familias en Acción. Vamos a aplicarle a esto aquella regla contable de don Pepe Sierra: hay cosas para las cuales… plata tiene que haber. Haya o no haya, tenemos que conseguirla, pero hay que financiar tres millones de Familias en Acción… Porque esto es: a los bandidos, madera; y a los pobres, cariño. Pero que se vea”. El Presidente, palabras más, palabras menos, anunció la duplicación de la cobertura del programa Familias en Acción, que entrega dinero en efectivo a familias de estratos bajos, y lo hizo de manera pública y desafiante. Plata tiene que haber. Pero que se vea.

Las consecuencias del anuncio presidencial son gravísimas. Colombia tiene actualmente las mayores tasas de desempleo y de informalidad laboral en América Latina. La informalidad no ha disminuido en los últimos tres años a pesar de la recuperación económica. De manera sistemática, año tras año, el Gobierno ha venido encareciendo la generación de empleo y subsidiando la informalidad. Los mayores subsidios han propiciado, como era previsible, un mecanismo de estancamiento social: los trabajadores informales no tienen incentivos para buscar ocupaciones productivas. Y ahora, el presidente Uribe ha anunciado la duplicación de los subsidios de Familias en Acción, una medida que podría cerrar el círculo vicioso, que podría, en otras palabras, profundizar la trampa de informalidad. Paradójicamente el cariño hacia los pobres, enunciado de manera pomposa por el Presidente, contribuiría a asegurar su perpetuación.

Pero las consecuencias no son sólo sociales, sino también políticas. Tres millones de Familias en Acción (en inacción, podríamos decir) representan seis millones de votos mal contados. El programa ampliado, que costaría dos billones de pesos anuales aproximadamente, le garantizaría al Presidente (o a sus allegados) un caudal electoral imposible de derrotar. De prosperar, la propuesta presidencial acabaría con la competencia política, crearía, con recursos públicos, un mecanismo invencible de compra de votos. El Presidente dijo en Magangué que la ampliación del programa debe estar lista antes de terminar el año 2009, el año previo a las elecciones. “Es la única manera como sacamos a este país adelante”, concluyó con un sentido de urgencia que sugiere la importancia del asunto.

Pero el tema, insisto, no ha llamado la atención de la opinión pública. Los líderes de la oposición y algunos analistas renombrados siguen discutiendo el cierre el Congreso, continúan dedicados al maximalismo irrelevante, a la indignación infructuosa. Con una mezcla de optimismo e ingenuidad, yo sigo creyendo en la importancia del Congreso como foro democrático, como espacio privilegiado de la democracia deliberativa. En mi opinión, el Congreso está en la obligación de propiciar un debate serio e informado sobre las consecuencias sociales y políticas del anuncio presidencial, de la expansión de Familias en Acción. Como diría el mismo Presidente, “pero que se vea”.

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Academia y política

Esta semana la prensa nacional reseñó las principales conclusiones de un estudio elaborado por varios profesores de la Universidad Nacional pertenecientes a un grupo de investigación sobre cultura política, instituciones y globalización. El estudio concluye que “en Colombia tenemos una cultura mafiosa”, que la conciencia nacional está reflejada en “el espejo que devuelve la desastrosa imagen de una película de gángsters al estilo siciliano”.

La cultura mafiosa, dicen los investigadores, está por todas partes. En los peatones que cruzan las calles por cualquier lado, en los conductores que parquean sus vehículos en cualquier parte, en los funcionarios corruptos, en los políticos clientelistas y en los empresarios evasores. La cultura mafiosa, tal como está definida, es todo y es nada al mismo tiempo. Pero los investigadores insisten en que el gran culpable es el Estado. “Situaciones como el narcotráfico —dice un reporte sobre el estudio de marras— son el ejemplo de que la mafia en Colombia está presente”. Los investigadores pasan de la obviedad (el narcotráfico indica que hay mafia) a la necedad (los peatones desobedientes ejemplifican la cultura mafiosa). Muestran una evidente propensión a sacar conclusiones apresuradas, a anteponer el discurso político a la investigación.

En las últimas semanas, la prensa nacional ha comentado en detalle las conclusiones del estudio de Claudia López sobre la parapolítica en Antioquia. Las implicaciones del estudio son conocidas por la opinión pública, pero las minucias de la argumentación no han trascendido, son hasta hoy desconocidas. Cabe señalar, sin embargo, que las licencias académicas del estudio son notables. La investigadora Claudia López llena los vacíos naturales de la evidencia con opiniones personales, con apreciaciones subjetivas, lo que termina confundiendo la frontera necesaria entre academia y opinión. Algunas de las conclusiones del estudio se derivan de la evidencia acopiada, otras nada tienen que ver con los datos reunidos, son juicios personales revestidos de academia. Los datos parecen a veces un adorno, un lustre necesario para unas conclusiones sacadas de antemano. Muchas de las opiniones parecen sensatas. Pero la academia no consiste en opinar con sensatez. La academia debe, por encima de todo, probar lo enunciado.

Los dos estudios mencionados sirven, en mi opinión, para plantear un argumento general, para precisar el papel de la academia en el debate público. En sus investigaciones, los académicos deben evitar las conclusiones infundadas y los atajos retóricos. Deben distinguir entre los juicios subjetivos y las inferencias objetivas. Deben respetar los datos. Uno entiende que los políticos distorsionen la evidencia —al fin y al cabo su oficio consiste en mentir con sinceridad—, pero los académicos deben tratar de opinar con fundamento.

Quisiera terminar con una última reflexión sobre el papel de la academia. Los académicos, como señaló Albert Hirschman hace ya varias décadas, deben mantener un temperamento persuasible, cierto grado de apertura y provisionalidad en sus opiniones. La línea es difusa, la distinción es idílica, pero quisiera insistir de todos modos en un punto ya reiterado: una cosa es el discurso político y otra muy distinta la investigación académica. Infortunadamente los dos estudios citados, el de la Universidad Nacional y el de Claudia López, parecen no tener muy clara esta distinción. Lastimosamente ambos pretenden hacer academia y política al mismo tiempo.

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Pueblos fantasmas

Esta columna es una invitación al pasado, un inventario escueto de algunos de los lugares menos conspicuos de nuestra geografía y más interesantes de nuestra historia. La columna insinúa una ruta fascinante, la ruta que conecta los municipios colombianos que fueron y ya no son, aquellos donde la realidad tiene el aspecto fascinante, la belleza triste de la decadencia; donde el presente se ha transformado en una sombra del pasado. El título de la columna no tiene ningún ánimo peyorativo. Simplemente pretende darle un nombre llamativo a este rápido recorrido por la geografía del ocaso.

La columna está basada en una comparación sencilla, realizada con base en los censos de población de 2005 y 1918. La comparación muestra la magnitud de la transformación demográfica que experimentó Colombia en menos de un siglo. En cifras redondas, la población se multiplicó por siete: pasó de 6 a 42 millones. En 1918, Bogotá tenía 144 mil habitantes; en 2005, tenía casi siete millones. Medellín pasó de 79 mil habitantes a 2,2 millones en el mismo período. En 1918, 6% de la población colombiana vivía en las cuatro principales ciudades del país; en 2005, este porcentaje ya ascendía a 30% o a 35% si se cuentan los habitantes de las poblaciones aledañas a Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, las ciudades ganadoras (si podemos llamarlas así) de la gran explosión demográfica del siglo XX.
La concentración espacial de la población es una historia conocida, el resultado inevitable del determinismo milimétrico que conecta el desarrollo económico y la urbanización. Pero esta historia tiene algunos detalles desconocidos, algunos protagonistas secundarios, olvidados: los pueblos fantasmas, los municipios que, durante la gran explosión demográfica del siglo XX, experimentaron una caída absoluta en su población. Cien municipios (mal contados) tenían menos habitantes en 2005 que en 1918. En términos absolutos, la población residente en estos municipios cayó de 750 mil a 560 mil en el período en cuestión. Tomados en conjunto, estos municipios albergaban 13% de la población colombiana en 1918; actualmente apenas albergan 1% de los habitantes del país. Esta caída es explicada por una superposición de causas, económicas en primer lugar; sociales, incluida la violencia, en segundo.

La lista de pueblos en retroceso, demográficamente hablando, es encabezada por un municipio de Santander, Jesús María, y por dos municipios de Cundinamarca: Machetá y Manta. La lista contiene ocho municipios de Antioquia, entre ellos, Carolina (la tierra de Juanes), Caramanta, Jericó, Titiribí y Santo Domingo, el lugar de nacimiento de Tomás Carrasquilla, donde hace un siglo existía una biblioteca pública tan bien dotada que llamó la atención de varios visitantes extranjeros. La lista incluye 40 municipios de Boyacá, entre ellos, Boavita, Chispas, El Cocuy, Guacamayas, Miraflores, Paya, Santa Sofía, Tota y Zetaquirá. Hay 25 municipios de Santander (entre los que se cuentan joyas conocidas como Barichara y desconocidas como San Andrés y Matanza); 18 de Cundinamarca (entre ellos Anolaima, Gachetá, Jerusalén y Tibiritá, donde nació Rufino Cuervo, inmortalizado por una historia en dos tomos escrita por sus hijos, Ángel y Rufino José); y tres municipios de Caldas: Marulanda, Salamina y Aguadas.

En fin, la lista es larga y tendida: su misma heterogeneidad sugiere una multiplicidad de causas, de historias sin un hilo conductor distinto a la decadencia compartida. Todos los países tienen una parte de su historia grabada en su geografía. La lista mencionada sugiere, en consecuencia, algunos destinos propicios para quienes, algún día, tarde o temprano, desean viajar en el tiempo sin mayores artilugios.

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Virginio Rognoni

Virginio Rognoni es una de las figuras más importantes de la política italiana contemporánea. Ha sido ministro de Defensa, de Justicia y del Interior. Recientemente, ya con ochenta años encima, fue presidente del Consejo Superior de la Magistratura. Rognoni fue nombrado ministro del Interior después del secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro por parte de las Brigadas Rojas en 1978, el año del plomo. El asesinato de Moro, la fotografía de su cuerpo abandonado en un Renault 4 rojo en las calles de Roma, sigue siendo, para mi generación al menos, un recuerdo perdurable del poder destructor del terrorismo. Rognoni estuvo cinco años en el Ministerio del Interior y logró lo que parecía imposible: derrotar a las Brigadas Rojas, acabar con el terrorismo que amenazaba con destruir la sociedad y la economía italianas. El legado de Rognoni tiene, creo yo, una relevancia creciente en nuestra lucha contra el terrorismo.
Como escribió recientemente el escritor australiano Clive James, Rognoni confrontó una amenaza genuina y logró neutralizarla por medios razonables, siempre del lado de la ley. Los ideólogos de izquierda lo acusaron de ser más benigno con los terroristas de derecha, los de derecha, de lo contrario. Pero Rognoni siempre desestimó los argumentos de unos y otros, sus intentos por establecer una gradación moral de los terroristas. Rognoni fijó desde el comienzo los límites y los principios de su lucha. Como escribió el mismo James, en la guerra contra el terrorismo, urge definir los principios de antemano, mucho antes de que la presión de los acontecimientos comience a reforzar la idea de que la eficacia es el único principio. Rognoni creía que el Estado no debe usar todos los medios en la lucha crucial contra sus enemigos.

Rognoni marcó una diferencia clara entre sus métodos y los de los dictadores latinoamericanos que, durante los años setenta, recurrieron a la tortura y a la desaparición forzada. Nunca cedió a la tentación de suspender las libertades individuales. Lo pensó muchas veces. Pero jamás cruzó la línea, jamás les dio el gusto a los terroristas de usar la suspensión de las libertades como excusa para su barbarie. “La impresión que da —escribió Clive James— es la de un hombre para quien el terrorismo era tan repugnante, que usar el contraterrorismo para combatirlo le parecía inconcebible”.

El presidente Uribe también ha insistido en la necesidad de marcar una diferencia con los dictadores latinoamericanos de las décadas precedentes: la “seguridad democrática” está definida en oposición a la “seguridad nacional”. Pero ahora más que nunca, ahora que su éxito militar es incuestionable, es crucial definir claramente los principios y los límites de la Seguridad Democrática. No se trata, por supuesto, de pelear la guerra con la urbanidad de Carreño en los morrales (“lo invito a un duelo, señor terrorista”). Pero sí de establecer de manera explícita que la lucha contra el terrorismo, en el campo y en la oficina, debe darse dentro del marco de la ley. 


Rognoni no era un moralista. Pero entendía que el terrorismo no sólo amenaza la democracia de manera directa, sino también de forma indirecta, a través de las respuestas antidemocráticas del mismo Estado. “Vengan de donde vengan sus dolencias —decía—, el terrorismo nunca cura a la democracia; la mata. La democracia se cura con democracia”. Esta frase puede sonar idealista. Pero contiene, una enseñanza fundamental en nuestra legítima batalla por derrotar el terrorismo y proteger las instituciones.
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La historia se repite

Colombia no tiene uno sino dos conflictos diplomáticos. Los dos conflictos son diferentes, casi opuestos en su esencia a pesar de la similitud formal, de la hostilidad rabiosa de las contrapartes. El presidente Correa y el presidente Chávez, para decirlo de manera gráfica, están en lados opuestos de Westfalia. El primero aboga por el respeto a la soberanía territorial, es un westfaliano puro. El segundo, por el contrario, es un intervencionista convencido que pretende, con argumentos históricos engañosos, entrometerse en los asuntos internos de otros países. Con el primero hay posibilidades de un acuerdo razonable; con el segundo el antagonismo es inevitable.

Hasta hace apenas unos días, la intervención de Chávez en los asuntos de otros países era percibida como un asunto menor, como una simple impertinencia de un nuevo rico estridente pero inofensivo. La comunidad internacional aceptaba la participación retórica de Chávez en las contiendas electorales de la región. El financiamiento subrepticio de las campañas de candidatos chavistas era pasado por alto o denunciado tímidamente. El intervencionismo era tolerado con una suerte de resignación racional, como si se tratase de un problema que había alcanzado sus justas proporciones. “El liderazgo de Chávez, fuertemente lubricado por petrodólares —le dijo Teodoro Petkoff a la revista Cambio hace apenas dos semanas—, no alcanza más allá de la ultraizquierda y de la influencia sobre los gobiernos de Bolivia y Nicaragua”.

Pero el intervencionismo de Chávez parece mucho más problemático de lo que habían supuesto sus detractores más conocidos. Aparentemente Chávez ha usado a la guerrilla de las Farc como un instrumento expansionista, como una forma de intromisión extraterritorial. Chávez parece dispuesto a resucitar la doctrina castrista, a apoyar de manera directa (política, financiera y militarmente) a grupos armados con fines expansionistas. Así como Castro pretendió hacer de los Andes la Sierra Maestra suramericana, Chávez pretende, así lo dijo esta semana, hacer de Colombia el Ayacucho del siglo XXI. Chávez disfraza sus afanes intervencionistas de defensa antiimperialista, pero la revolución bolivariana, cabe decirlo de una vez, no está sitiada desde afuera, sino desde adentro.

“Fidel —escribió recientemente León Valencia con sorprendente candidez— siguió paso a paso las actividades del Eln en los primeros años de existencia”. “Fidel —cuenta el mismo Valencia— facilitó el regreso de los combatientes del M-19 que entraron armados por la Costa Pacífica con la intención de crear nuevos frentes de guerra en las duras tierras de Chocó y Nariñp… a mediados de los 80 cobijó a una comisión internacional de la Coordinadora Nacional Guerrillera de Colombia … Desde allí los guerrilleros colombianos entablaron relaciones con los grupos insurgentes de Centroamérica y promovieron acciones conjuntas en procura de la revolución latinoamericana”. Todas estas conexiones fueron negadas en su momento, tachadas de mentiras oficiales o de calumnias imperialistas. Más allá de su importancia histórica, las confesiones de León Valencia tienen en estos días un sentido ominoso. Sus palabras son una advertencia, un testimonio tanto sobre el pasado como sobre el futuro.

La historia se repite. Posiblemente la tragedia de la intromisión cubana se repetirá como comedia en el caso venezolano, como una comedia protagonizada por un mandatario cuyo “desvarío —las palabras son de Joseph Conrad— es más difícil de soportar que su ignominia”.

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La paraguerrilla

Los medios colombianos reportaron la semana pasada el asesinato, en las afueras del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, del líder comunitario Miguel Daza. La noticia no mereció grandes titulares, ni suscitó grandes debates: la sociedad colombiana está ocupada de otras tragedias y permanece abrumada por las voces estridentes de los publicistas de la paz y de la guerra. Daza era el director de Aprocasur, una asociación campesina con aproximadamente 500 afiliados que habían emprendido conjuntamente la utopía extraña de erradicar coca y sembrar cacao clonado. En 2002, Daza lideró un movimiento de resistencia civil que rodeó por 15 días un campamento de las Farc y logró la liberación de dos secuestrados. El año pasado, durante la visita del presidente Bush, Daza fue invitado a compartir su experiencia, su tozudez, podríamos decir, con la comitiva norteamericana. “Su finca —dijo uno de sus amigos esta semana— era como una pieza que no encajaba en un rompecabezas, porque tenía cacao mientras todos sus vecinos seguían sembrando coca”.

La prensa ofreció versiones contradictorias acerca de los asesinos de Daza. Algunas versiones iniciales señalaron que Daza había muerto en un retén guerrillero. Otras, que había sido asesinado por grupos criminales surgidos de una nueva alianza entre narcotraficantes y desmovilizados. Otras más que los asesinos pertenecían a la banda de los “Mellizos” o a narcotraficantes del norte del Valle. El Alcalde de Santa Rosa del Sur dio una versión aún más inquietante. Los asesinos —dijo— pueden ser parte de “una extraña alianza entre guerrilla y paramilitares, apoyada por los carteles de la mafia que buscan controlar la región”. Colombia, cabe recordar, sigue siendo el primer productor mundial de cocaína.

La profusión de versiones contradictorias, la confusión con respecto a los asesinos de Miguel Daza, no es casual. Todo lo contrario. La confusión refleja la nueva cara de la violencia en Colombia; muestra, entre otras cosas, la irrelevancia de la distinción tradicional entre violencia guerrillera y paramilitar. Con la desmovilización de los jefes paramilitares y con el repliegue (el destierro obligado) de los jefes guerrilleros, los grupos violentos se han descentralizado, se han convertido en bandas que operan localmente, en organizaciones aisladas que tienen como únicos fines el control del territorio y la producción de droga. En este escenario, los paramilitares y la guerrilla son indistinguibles: tienen los mismos objetivos, usan las mismas tácticas, reclutan los mismos hombres y combaten o cooperan según las circunstancias del negocio.

En el sur de Bolívar, por ejemplo, la violencia es ejercida por las ‘Águilas Negras’ (un grupo conformado por antiguos miembros del Bloque Central Bolívar), por las ‘Contra Águilas’ (otro grupo de desmovilizados reclutado por narcotraficantes del norte del Valle), por cinco o seis frentes del Eln y por dos frentes de las Farc. Todos estos grupos son similares. Todos son organizaciones descentralizadas movidas por un interés económico, por el control del negocio de la droga. La superposición de estos grupos sugiere, creo yo, la irrelevancia de la distinción tradicional entre guerrilleros y paramilitares, y explica la existencia, señalada por el alcalde de Santa Rosa de Sur, de alianzas entre unos y otros.

Resulta paradójico, sin duda, que mientras la sociedad colombiana marcha contra una u otra forma de violencia, los guerrilleros y los paramilitares van en camino de convertirse en la misma cosa. En síntesis, los asesinos de Miguel Daza representan el surgimiento de una nueva forma de violencia: la para-guerrilla o la guerrilla para. El orden no importa. La lógica del negocio de la droga borra las ideologías y confunde los criminales hasta hacerlos indistinguibles.
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Gobierno sin límites

La democracia liberal está basada en los contrapesos al poder, en lo que los filósofos políticos llaman el poder civilizado. Pero los contrapesos no sólo existen entre los distintos poderes públicos, sino también dentro de cada uno. Las instancias técnicas de decisión constituyen, en particular, un contrapeso primordial en el gobierno, en el poder ejecutivo. En los inicios de cualquier gobierno, los técnicos son un contrapeso eficaz pues su conocimiento compensa la inexperiencia de los recién llegados. Pero con el tiempo, el presidente y los ministros pueden prescindir del conocimiento técnico y pueden entonces evitar sus restricciones. Después de varios años, las restricciones desaparecen y la arbitrariedad presidencial o ministerial se convierte en la regla, en la forma corriente de la administración pública. El gobierno de Uribe es un ejemplo perfecto, casi de libro de texto, del fenómeno descrito.

Tómese, por ejemplo, el aumento de los aranceles a la tela, la ropa y los zapatos anunciado por el Gobierno recientemente. En el pasado, estas decisiones eran discutidas en el Consejo Superior de Comercio Exterior, una importante instancia técnica. Pero con el deterioro de los contrapesos internos, las decisiones se toman ahora en reuniones cerradas en Palacio, de frente a los beneficiados y de espaldas al país. No es extraño, pues, que el interés particular termine desplazando al general. “Los traficantes de influencias montan y desmontan en Palacio”, escribió esta semana Rudolf Hommes. Y basta un pequeño desliz (práctico o teórico) para pasar del tráfico de influencias a la corrupción. Al fin y al cabo, la corrupción se define como el uso del poder público para el enriquecimiento privado.

Pero el desenfado ministerial no termina allí. Otros ministros han ido incluso más lejos, han mostrado un desprecio mayor por los límites (éticos) de su investidura. El Ministro de Protección Social, según informó recientemente el diario El Tiempo, ocupa ahora su tiempo libre en buscar nombres conocidos en una lista de doce mil supuestos infractores a las normas que regulan los aportes a la seguridad social. Cándidamente, el Ministro informó a la prensa que su curiosidad (inocente o malsana) le permitió, en pocas horas, identificar no sólo a dos de sus hermanos, sino también a políticos, periodistas, académicos y magistrados. Como escribió el ex ministro Rafael Pardo esta semana, conviene preguntarse por las razones que llevan a un ministro a consultar y comentar información tributaria privilegiada con nombres propios. ¿Considera el Ministro que las urgencias de su cartera están por encima de ciertos derechos y ciertas normas? ¿O será más bien que el Gobierno está preparando la lista Palacio a usanza de Hugo Chávez y su famosa lista Tascón? Sea lo que fuere, el Ministro de Protección Social puede estar violando la ley y debería, creo yo, ser investigado por las autoridades competentes.

La lista de desafueros no termina con las reuniones en Palacio o con la lista de Palacio. El Ministro de Transporte, por ejemplo, ofrece zonas francas ambulantes para componer entuertos; abre licitaciones sin pliegos; extiende contratos sin licitación; promete obras públicas en cada reunión; renegocia concesiones sin criterios generales, a su antojo. El Ministro de Agricultura impreca públicamente al Banco de la República y opina impunemente sobre las decisiones de otras carteras. Y el Gobierno en pleno, con el Presidente a la cabeza, intenta imponer sus criterios y prioridades a los mandatarios regionales.

Después de cinco años (y algunos con la esperanza de muchos más), muchos ministros parecen haber perdido cualquier noción de los límites del poder y de la inconveniencia de la arbitrariedad. Parafraseando al poeta, “se sienten en este mundo como en su casa, gritan y ordenan, quiebran y arrancan y todo lo consideran suyo… yo no sé francamente cómo hacen, cómo no entienden”.
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La cuadratura de la Línea

La seguidilla de improvisaciones que llevaron al fracaso (todavía no resuelto) de la licitación para la construcción del túnel de la Línea comenzó oficialmente el 21 de septiembre del año anterior. Ese día el Ministro de Transporte anunció la apertura de la licitación en Ibagué. La página web de la Presidencia de la República registró el hecho con entusiasmo. “Se trata del proyecto más importante dentro de los que adelanta el Gobierno Nacional, para mejorar la conectividad del centro del país con Buenaventura, que es el principal puerto con que cuenta Colombia sobre el litoral Pacífico…de acuerdo con el cronograma del proyecto, el cierre de la licitación será en diciembre de este año [2007], la evaluación y adjudicación en enero de 2008 y el inicio de las obras en abril de 2008”.
La página de la Presidencia señala también que “el proyecto será contratado mediante la modalidad “llave en mano”, en la cual a precios globales y bajo su cuenta y riesgo, el contratista se responsabilizará de la gestión ambiental, predial y social, de la elaboración de estudios y diseños y de la construcción y operación durante dos años”. Pero las verdaderas condiciones de la licitación no se conocerían hasta el 10 de octubre, cuando el Ministerio publicó los pliegos en la página de Internet. El Ministro había abierto la licitación sin tener listos los pliegos. O mejor: había mentido al anunciar que se abría la licitación. Pero los problemas apenas comenzaban.

Lo primero que llamó la atención a los posibles contratistas fue la modalidad de contratación: “llave en mano”. Dada la incertidumbre geológica, no resuelta, en parte, porque el Ministerio puso en marcha el proceso antes de la culminación del túnel piloto, los contratistas manifestaron tempranamente muchas dudas sobre su disposición a asumir la totalidad de los riesgos de construcción. Pero cuando el Ministerio reveló el presupuesto oficial (600 mil millones), las dudas se transformaron en indignación. Como lo señaló oportunamente la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), el presupuesto del Ministerio era sustancialmente inferior a todas las estimaciones realizadas por la ingeniería nacional: el valor estimado por la CCI fue de 900 mil millones.

El Ministerio de Transporte había improvisado no sólo con la apertura de la licitación, sino también con el cálculo del presupuesto. Así, pasó lo que tenía que pasar: la licitación fue declarada desierta. Inicialmente el Ministro acusó a los contratistas de “cartelizarse” pero después comenzó a improvisar en sentido contrario: a ofrecer todo tipo de concesiones tributarias, a hablar de precio indefinido, a ofrecerles unas condiciones extraordinarias a los contratistas extranjeros, etc.

Durante un Consejo Comunitario realizado en Arauca el día 9 de febrero, el Presidente Uribe anunció la reapertura de la licitación. “Quiero anunciarles a mis compatriotas desde Arauca lo siguiente: se ha tomando una decisión con el señor Ministro de Transporte para que nos se atrase la ejecución de la nueva fase del Túnel de la Línea. Esta misma semana se reabre la licitación -que se debe cerrar inmediatamente pase la Semana Santa- hacer una evaluación con toda la celeridad y adjudicar rápidamente”. Por desgracia, el anunció del Presidente fue un eslabón más en la cadena de improvisaciones.

La licitación no se ha abierto todavía por dos razones. La primera, las partidas presupuestales no existen (el Ministerio de Transporte tendrían que tramitarlas ante el Confis del Ministerio de Hacienda y no lo ha hecho). Y la segunda, la nueva ley de contratación exige que los pliegos (los nuevos pliegos en este caso) deben estar publicados con anterioridad a la apertura del proceso. En fin, las declaraciones del Presidente o bien muestran un desconocimiento de los métodos de la administración pública o bien constituyen una forma deliberada de desviar la atención. Sea lo que fuere, el hecho cierto es el que el Ministerio de Transporte no tiene listos los documentos requeridos para reabrir el proceso.

A todas estas, la construcción seguramente no comenzará este año. Y el país corre el riesgo de tener un Ministro inoperante por doce largos años.
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Buenas noches, buena suerte

En los días previos a la marcha del 4 de febrero, el ex alcalde de la ciudad de Bogotá Antanas Mockus escribió un comentario editorial en el que argumentaba, palabras, palabras menos, que Manuel Marulanda y su banda de criminales son “hijos de la frialdad de la guerra fría”. Las Farc, decía Mockus, hacen un uso estratégico del homicidio condicionado, del poder arbitrario sobre la vida de los otros. Las Farc no son simplemente una organización de asesinos: son también un grupo dedicado a la manipulación estratégica de los sentimientos humanos. Sus métodos parecen copiados de la Teoría del Conflicto de Thomas Schelling, uno de los grandes legados intelectuales de la guerra fría.

Pero la analogía de Mockus es incompleta. O mejor: es mucho más rica de lo que parece. La similitud entre el presente colombiano y el pasado de la guerra fría no termina con el uso racional de la intimidación y la fuerza destructora. La marcha del 6 de marzo ha revelado otra similitud entre la guerra fría y la situación colombiana del presente: el macartismo. La lista de sospechosos crece todos los días. Los enemigos del Ejército o de las instituciones están por todas partes: en los medios de comunicación, en las universidades, en las oficinas públicas, etc. En suma, la suspicacia de los acusadores parece tener mucho más de imaginación que de razón.

Si un medio de comunicación invita a la marcha por medio del expediente sencillo de transcribir las palabras de sus organizadores, los acusadores no se limitan a criticar el hecho. Van mucho más allá, suponen inmediatamente motivos ulteriores, intenciones antipatrióticas. “Porque esa página fue escrita con la obvia intención con que se escriben todas las de su género, que es la de servir como argumentos de autoridad en los escenarios izquierdistas del mundo para derrotar a Colombia, humillarla y rebajar sus gloriosas Fuerzas Militares a la condición de una banda de truhanes o de una gavilla de asesinos”. La conspiración es siempre la primera hipótesis de los conspiradores, un tema común en la teoría de la estrategia y en las historias y ficciones de la guerra fría.

Y de las muchas historias de la guerra fría, quisiera recordar una sola: la confrontación entre el presentador de televisión Edward Murrow y el senador Joseph R. McCarthy, narrada recientemente por la película Buenas noches, buena suerte, filmada en blanco y negro y dirigida por George Clooney. Los hechos narrados hacen parte de la historia: son anécdotas que no caben en una columna de prensa escrita en otro país y en otro tiempo. Pero las palabras de Murrow siguen teniendo importancia, siguen siendo una advertencia necesaria ahora cuando los acusadores insisten en confundir la discrepancia con la conspiración, en ver la realidad en blanco (nosotros) y negro (ellos), como la película de marras.

A veces, como escribió alguna vez Roberto Bolaño, no nos queda más remedio que ponernos demagógicos, que subir el tono. Termino entonces con las palabras de Murrow: “no podemos confundir el disenso con la deslealtad. Tenemos siempre que recordar que la acusación no es prueba, y que la condena depende de la evidencia y del debido proceso. No ponemos andar temerosos, unos de los otros. No podemos permitir que el miedo nos domine en esta época de la sinrazón… Este no es el momento para guardar silencio”.

«Buenas noches, buena suerte».