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La escena parece sacada de una novela de Cormac McCarthy. El asesino, que horas antes se había colado al apartamento de la víctima, esperaba sigiloso en la oscuridad, con una pistola en cada una de sus manos, ambas protegidas con guantes quirúrgicos. Cuando la víctima, el jefe de la policía federal mexicana, Édgar Millán Gómez, cruzó el umbral del apartamento, acompañado por dos guardaespaldas, el asesino vació las dos pistolas en pocos segundos. Millán murió inmediatamente, sin percatarse de lo sucedido. Uno de los guardaespaldas pudo, casi desangrándose, en un acto de heroísmo tardío, capturar al asesino, quien decidió colaborar con las autoridades mexicanas, dotadas, según cuentan, de eficaces mecanismos de persuasión. Aparentemente el autor intelectual, todavía fugitivo, es el jefe del cartel de Sinaloa, una de las tantas cabezas de la hiedra maldita del narcotráfico.

El asesinato de Millán es un capítulo más en la guerra contra los carteles del narcotráfico, emprendida por el presidente Felipe Calderón desde el inicio de su gobierno, ya hace un año y medio. La guerra ha dejado, según reportes de prensa, tres mil muertos, entre ellos 170 oficiales de la policía y 30 agentes federales. Después del asesinato de Millán, el presidente Calderón prometió llevar la guerra hasta las últimas consecuencias, con una determinación que, al menos para los colombianos, suena tristemente familiar: “lejos de atemorizarnos o amedrentarnos, hoy redoblamos el esfuerzo en la lucha contra el crimen organizado… el enemigo va a fracasar porque somos millones los que queremos un país de paz y libertad”.

“La historia de Colombia —ha dicho el presidente Uribe varias veces— demuestra que hay que atacar las drogas ilícitas en todas sus fases”. El presidente Calderón, que visitó al presidente Uribe antes de posesionarse, comparte esta misma determinación, la misma obsesión con ganar todas las batallas de una guerra perdida de antemano. Ambos presidentes representan la línea dura, casi obsesiva, en la guerra contra las drogas. “Tenemos —dijo el presidente Uribe en el último foro continental sobre el tema— que… mirar estos pueblos como padres de familia. ¿Por qué vamos a dejar, a quienes han de venir, unas sociedades laxas con un veneno de la humanidad?”.
Afortunadamente otros líderes regionales comienzan a cuestionar la conveniencia de la guerra contra las drogas, comienzan a mirar estos pueblos no tanto como padres de familia, sino como estadistas reflexivos. Tres ex presidentes latinoamericanos, Fernando H. Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, entre otras personalidades, han decidido conformar una comisión que evaluará de manera independiente las políticas antidrogas en América Latina. “Llegó el momento de hacer una revisión profunda de las actuales políticas a la luz de la falta de resultados”, dijo Zedillo. La comisión, creada en abril pasado, se reunirá próximamente en Colombia y en México. Probablemente los presidentes Uribe y Calderón no asistirán a las reuniones. Ambos estarán ocupados en otros menesteres. Los halcones no piensan. Actúan. Los presidentes latinoamericanos, duele decirlo, sólo se atreven a cuestionar la guerra contra las drogas una vez han dejado su cargo. La sensatez de los ex presidentes contrasta, sin duda, con la intransigencia de los presidentes en ejercicio.

Una de las razones, de las incontables razones, para oponerse a una segunda reelección del presidente Uribe es su posición sobre el tema de la droga. Este país necesita un presidente en ejercicio que, desde la experiencia colombiana, le haga ver al mundo “la violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia”. De lo contrario seguiremos en lo mismo, peleando una guerra imposible. Seguiremos, en últimas, como un personaje de Cormac McCarthy, el sheriff taciturno que sólo se da cuenta de la imposibilidad de su lucha el día de su jubilación.

Quiero relatar la siguiente anécdota que ayuda, creo yo, a entender el clima de opinión reinante en el país. Hace dos meses aproximadamente fui invitado a comentar el libro de Claudia López (y coautores) sobre la parapolítica. Estoy seguro de que la invitación fue un error. Probablemente la persona encargada de la promoción editorial me confundió con Carlos Gaviria o con José Obdulio y terminé en el lugar equivocado, en la biblioteca del Gimnasio Moderno dispuesto a dar una discusión académica, a participar en un debate interesante.

Lo primero que me llamó la atención, al entrar a la biblioteca, fue el escenario. Como fondo, detrás de la mesa principal, había una pantalla gigante de 5 metros cuadrados donde se proyectaban, en una sucesión sin fin, los rostros de los parlamentarios acusados de parapolítica. El ambiente de linchamiento era evidente. Digamos que se trataba de un linchamiento virtual. Pero linchamiento al fin y al cabo.

La biblioteca estaba de llena de gente. Atiborrada. Mockus estaba en primera fila. Atento. Con la seriedad que demandaba la ocasión. Varios senadores también estaban presentes. Adustos. La presentación comenzó media hora tarde. León Valencia hizo una rápida introducción. Habló de la necesidad de una derecha civilista. Me pareció un discurso conciliador, con una dosis correcta de demagogia. Luego Rafael Pardo pontificó dos minutos sobre la necesidad de una reforma política y yo hice un comentario puntual sobre las regalías y las causas económicas del problema en cuestión. Seguidamente Claudia López se levantó de la mesa. Tomó el micrófono y dijo que iba a hacer una presentación de veinte minutos.

Habló hora y media en un tono ensordecedor. Mezcló la historia, la geografía, la política y la ética. Le dio órdenes al Fiscal, que había llegado a la presentación y escuchaba anonadado. Los aplausos se repetían cada cierto tiempo. La señora López, me di cuenta entonces, era la santa inquisidora de esta ceremonia extraña. “Esta investigación –dijo en algún momento, refiriéndose a su propio trabajo– es la investigación académica más importante de la historia del país”. Mientras tanto, las fotos de los parapolíticos, el carrusel de rostros continuaba sin cesar, dándole una iluminación peculiar a la ceremonia.

Al final, el Fiscal tomó la palabra y dijo, entre otras cosas, que se inclinaba con reverencia ante el trabajo de Claudia López. Yo hice un comentario tímido sobre las incoherencias entre los datos y las conclusiones del informe. La señora Lopéz contestó con displicencia. Hubo una última ronda de aplausos. Y la ceremonia concluyó. Al salir, un conocido visionario, jefe, creo yo, de la tribu mockusiana, me dijo que los paisas perdíamos la objetividad cada vez que alguien mencionaba a Antioquia. Claudia López ha tenido una sola respuesta a mis objeciones: “no vé que es paisa”.

Varias personas que han leído el libro me han confesado, personalmente, sin ganas de hacer públicas sus opiniones, que el ensayo de Claudia López sobre la parapolítica en Antioquia no sólo está muy mal escrito, sino que está lleno de errores fácticos y argumentativos (invito a los lectores de este blog a leerlo). La mayoría se muestra sorprendida, dada la reputación de la autora y las implicaciones de su trabajo. Pero no deberían sorprenderse. Los inquisidores generalmente no argumentan. Simplemente señalan. Acusan mientras el público aplaude.

La foto fue publicada en la primera página por los principales diarios de la región hace algunas semanas. Mostraba al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, rodeado por Juanes, Shakira, Alejandro Sanz, Ricky Martin y otros cantantes de moda. El encuentro tuvo lugar en Miami, durante la asamblea anual del BID, una cita obligada para los banqueros de la región. Los artistas no acudieron, como en el pasado, a entretener a los financistas. Todo lo contrario. Fueron a hablar de desarrollo económico, a exponer sus opiniones sobre cómo acabar con la pobreza y la desigualdad social.“Creo que sería muy importante que cada uno de nosotros se considere a sí mismo como un gobierno y se sienta capaz de hacer cosas por los demás”, dijo uno de ellos con inocultable voluntarismo. El desarrollo económico, en este comienzo de siglo, parece ser asunto de la farándula. Los académicos quedaron atrás. Ya no salen en la foto.

“Yo soy un cantante con un buen oído para la melodía. Y las buenas ideas tienen mucho en común con las buenas melodías. Cierta claridad. Cierto aire inevitable y memorable” dice Bono, el decano de los rockeros del desarrollo. Hace 40 años, los rockeros cantaban las melodías de la contracultura. Actualmente, mantienen intacto el apetito por cambiar el mundo, pero sus tonadas son una muestra predecible de ‘bienpensantismo’. Proponemos, dice Bono, “una ecuación que combine el capital humano y el financiero, los objetivos estratégicos del mundo desarrollado con la nueva planeación del mundo en desarrollo”. La letra no es memorable. Pero, hay que reconocerlo, está de moda.

La alianza entre artistas y banqueros es previsible. Es un ejemplo más de lo que uno de los instigadores del Mayo del 68 francés, el marxista Guy Debord, llamó La sociedad del espectáculo. Pero más allá de la domesticación de la contracultura, el reclutamiento de los cantantes por parte de las entidades multilaterales refleja la quiebra intelectual de la economía del desarrollo. Los cantantes no desplazaron a los teóricos, llenaron el vacío dejado por algunas teorías desprestigiadas.

Como lo ha afirmado, entre otros, el economista William Easterly, las teorías del desarrollo que planteaban un camino expedito, o al menos cierto, hacia la prosperidad se han ido derrumbando una a uno bajo el peso de sus propios fracasos. Muchas de las grandes inversiones financiadas con capital internacional que iban a darles el gran empujón a los países en desarrollo acabaron convertidas en elefantes blancos. Las inversiones en educación, también financiadas con recursos externos, tampoco tuvieron los réditos esperados. Los créditos de ajuste estructural fueron inocuos en el mejor de los casos y contraproducentes en el peor. En fin, gran parte de las intervenciones de las multilaterales ha sido, cabe decirlo sin ambages, un fracaso.

El nuevo credo del desarrollo predica una mayor participación del sector privado en la solución de los problemas sociales. La rentabilidad y el altruismo, dicen, se encuentran en la base de la pirámide. Algunas de las iniciativas planteadas son interesantes. Pero ya nadie cree en milagros. El desarrollo financiado desde afuera, importado en la forma de créditos, ayuda o carreta, es un producto desprestigiado. Por ello, tal vez, toca reclutar a los artistas. Las buenas intenciones siempre han sido eficaces a la hora de vender ilusiones.

Así, la foto del Presidente del BID, sonriente, rodeado por los artistas más consagrados de la región, representa, tal vez, un punto de inflexión en la historia de las multilaterales, una aceptación implícita de que su papel es más simbólico que real, de que su labor consiste en mantener, como dijo Albert Hirschman, un sesgo por la esperanza después del derrumbe de las utopías del desarrollo. Juanes y su combo, repletos de buenas intenciones, pueden haber entonado, sin saberlo, la canción de despedida de las multilaterales.

El filósofo inglés Bernard WIlliams escribió, pocos años antes de su muerte, ocurrida en 2003, un ensayo titulado “Realismo y moralismo en la teoría política”. El ensayo de marras sostiene que el estudio de la política en los Estados Unidos (y en el mundo en general) combina el intenso moralismo de la teoría legal con el descarnado realismo de la ciencia política. Esta división del trabajo, sugiere Williams, se replica institucionalmente en la Corte Suprema (en la cual predominan los argumentos principistas) y en el Congreso (en el cual predominan las razones prácticas y la negociación). Willliams sostiene que ambos enfoques son esenciales, inherentes a la vida y al discurso político: “la existencia de cado uno explica por qué aceptamos el otro”. La política tiene alma y tiene cuerpo, y el fundamentalismo moralista es tan errado como el cinismo realista.

El ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus ha defendido una visión distinta, ha enfatizado un enfoque principista que proscribe los llamados atajos morales. Primero arrinconó a Samuel Moreno al plantearle una disyuntiva extraña entre un gran beneficio social y una pequeña falta moral. Después pidió la renuncia del presidente Uribe al endilgarle que sus medios ponían en cuestión los resultados de gobierno. En opinión de Mockus, la política sólo tiene alma. No tiene cuerpo. “Llevamos muchos años de realismo político”, dijo esta semana. Y su queja insinuaba una añoranza por la cacareada restauración moral.
Uno podría criticar a Mockus por predicar un purismo que él no practicó cuando decidió traicionar a sus electores por una vanidad personal. Mockus no salió de su primera alcaldía por la puerta de adelante. Lo hizo por la puerta de atrás, en busca de un atajo apresurado hacia la Presidencia. Pero mi punto es otro. Yo quiero criticar a Mockus por su egocentrismo moral. Por confundir, como decía John Stuart Mill, los criterios morales que se impone a sí mismo con los que les exige a los demás. Mockus pretende imponerle sus valores a todo el mundo. Esta conducta no sólo es egocéntrica. Denota también una tendencia antiliberal. Totalitaria.
El fundamentalismo moral es perjudicial. Incluso desde un sentido más mundano. Desde la perspectiva de la ingeniería institucional. Hace unos meses, un profesor australiano me decía que las sociedades fundadas sobre el fundamentalismo moral, pensadas por los restauradores éticos, casi siempre terminan sumidas en el caos, casi nunca alcanzan la convivencia civilizada. En cambio, decía el mismo profesor, las instituciones realistas, que enfatizan la cooperación y respetan el individualismo, permitieron, entre otras cosas, que un grupo de delincuentes creara en Australia una de las sociedades más prósperas y civilizadas del planeta. Los regeneradores morales, como escribió recientemente un amigo bloggero citando a un pensador francés, caen fácilmente en el juego de la depuración: los puros buscando a los menos puros para depurarlos.
Decía Bernard Williams que, en sus momentos de ironía, después de una o dos copas de Bourbon, solía pensar que su trabajo como filósofo moral consistía en recordarles a otros filósofos morales algunas verdades acerca de la vida de los hombres que son conocidas por virtualmente todos los seres humanos adultos. Creo que a Mockus le hace falta esa lección, bien requiere una advertencia sobre los peligros del egocentrismo moral.

La figura está por todas partes. En las vallas. En las paredes de las oficinas públicas. En los edificios del centro de la capital. La imagen omnipresente del presidente Chávez es la manifestación más notoria del socialismo del siglo XXI. Pero no es la única. Los carros, los miles y miles de vehículos nuevos, son otro síntoma de los nuevos tiempos. El año pasado se vendió más de medio millón de unidades y la demanda sigue creciendo. Las listas de espera más cortas superan los ocho meses. El pico y placa fue declarado inconstitucional. La gasolina es más barata que el agua embotellada. Al menos desde un punto de vista estrictamente contable, los carros son los grandes ganadores de la revolución bolivariana.

Esta semana Venezuela sufrió un apagón monumental que puso al descubierto las grandes fallas del sistema eléctrico en particular y del Estado venezolano en general. El socialismo del siglo XXI ha producido, además de grandes trancones, un Estado cada vez más grande e ineficiente, un gigante atrofiado. El Estado suma y el país resta. Después de su nacionalización, la Electrificadora de Caracas pasó de ser una de las empresas mejor manejadas de la región a ser una empresa ineficiente, un brazo político del gigante atrofiado. Lo mismo está ocurriendo con la empresa de telecomunicaciones CANTV. También una empresa modelo. Igualmente nacionalizada. Y también en franco deterioro. Mientras más crece el gigante, más se atrofia. Quiere abarcarlo todo pero no aprieta nada.

El miércoles en la noche, el día después del apagón, el presidente Chávez realizó una alocución pública de varias horas. Por decisión estatal, todos los canales de televisión transmitieron el largo y sinuoso discurso. Las emisoras de radio hicieron lo mismo. El dial parecía averiado, atascado en el mismo sonsonete. El Presidente anunció un aumento de 30% en los salarios de los empleados públicos. Firmó los decretos en vivo y en directo con ademanes grandilocuentes. Los beneficiarios (muchos de ellos pasarán a engrosar las listas de espera de los concesionarios de vehículos) aplaudieron a rabiar. En el socialismo del siglo XXI, el empleo público poco tiene que ver con el cumplimiento de una función social o con la producción de bienes y servicios esenciales. Se ha convertido en una forma perversa (e ineficiente) de redistribución. El gigante destruye empresas productivas y genera empleos improductivos.

El socialismo del siglo XXI es una empresa en la cual los trabajadores están satisfechos, pero los clientes, los usuarios, están desesperados. Pero la satisfacción de los millones de empleados públicos tampoco es generalizada. La inflación ha reducido sustancialmente sus ingresos reales (lo que explica el aumento salarial) y la inoperancia estatal también los afecta directamente. El gigante atrofiado aqueja a propios y ajenos. No sorprende, entonces, que el oficialismo sea cada vez más vulnerable electoralmente. En las elecciones regionales de noviembre, la oposición aspira a ganar 10 de las 23 gobernaciones, y la mitad de las alcaldías, incluida la de la capital.

Lo mejor que le podría pasar a Venezuela es que la revolución bolivariana se desmonte democráticamente, que se deshaga tal cual como se hizo, en las urnas. Pero los riesgos son muchos. La oposición puede tratar de forzar una transición abrupta, aprovechando la creciente frustración. El gobierno puede aferrarse inconstitucionalmente al poder. El futuro es incierto. Pero las elecciones —en las calles de Caracas no se habla de otra cosa, los taxistas opinan con la sapiencia de consultores electorales— son, por ahora, una ficción necesaria, un resquicio de esperanza entre las vallas, los carros, los apagones y la omnipresencia del gigante atrofiado.

“La política tiene mucho de farsa”, dijo el presidente Uribe en Santo Domingo, República Dominicana, en medio de una gran cumbre presidencial, rodeado de decenas de mandatarios que apenas sonrieron ante la espontánea sinceridad de su colega colombiano. La frase del presidente Uribe tuvo esta semana, con la revelación de un video en el cual la ex congresista Yidis Medina confiesa un intercambio de votos por puestos y proyectos, una confirmación extraordinaria. La política tiene mucho de farsa, sin duda. El mismo presidente Uribe es uno de sus protagonistas. Pero la farsa tiente otros participantes: el periodista que presentó el video como si tratase de un documento excepcional que demostraría para la posteridad que los parlamentarios (vaya sorpresa) piden puestos; algunos miembros del partido Liberal que denunciaron, sin un ápice de ironía, el clientelismo oficial: el diablo ataviado de rojo, a la usanza tradicional, haciendo las ostias de la hipocresía; y el mismo Gobierno que se declara casto y puro después de haber recorrido 2.500 kilómetros, acampando de pueblo en pueblo, en caravana clientelista.

Pero la farsa de Yidis tiene un capítulo previo, un acto inicial protagonizado por el presidente Uribe y el ministro Juan Manuel Santos, hoy aliados políticos, pero ayer partes enfrentadas. En la farsa de la política, sobra decirlo, los papeles son intercambiables. El 15 de febrero 2001, el ciudadano Álvaro Uribe Vélez interpuso una demanda ante la Corte Constitucional contra la ley de presupuesto, aprobada en octubre de 2000, que incluía partidas regionales por 300.000 millones de pesos. Las “partidas de inversión social regional” (el eufemismo del momento) deberían ser repartidas entre los congresistas según los designios de Santos, el ministro de Hacienda de la época. Las razones del demandante son, en retrospectiva, sorprendentes. O mejor: propias de una farsa.

Decía el demandante, el ciudadano Álvaro Uribe Vélez, que las partidas regionales servirían para que los congresistas “aseguren su reelección, olviden los intereses de la Nación y, ciegamente, respalden la reforma”. La transacción demandada era la misma del video: proyectos por votos en una reforma constitucional. Pero el protagonista ha cambiado su papel, el moralizador se ha transmutado con el tiempo en negociador. Anotaba también el demandante: “los congresistas que han hecho uso de las partidas…cuentan con una ventaja comparativa frente a los demás ciudadanos que no han tenido la misma oportunidad…todo lo cual configura una discriminación constitucional”. Y concluía con una advertencia que, en retrospectiva, parece cómica o extraña: “las partidas amenazan la independencia del Congreso frente al Gobierno…los halagos presupuestales, burocráticos o contractuales generan la desaparición del derecho de ejercer el control político”. La farsa de la política se comprueba, ente otras cosas, en la volatilidad de las opiniones.

La Corte Constitucional rechazó la demanda pero reconoció, en su alegato, la posibilidad de una transacción de votos por proyectos: “del examen probatorio se muestra que pueden existir algunos elementos fácticos que sugieren que pudo haber alguna forma de desviación de poder en la aprobación de las partidas acusadas”. Detrás del lenguaje farragoso, hay un reconocimiento tácito de la realidad del clientelismo, de la compra y venta de votos. El ciudadano Rudolf Hommes fue más claro (y mucho más sincero) al respecto. En declaración ante la Corte sobre la demanda en cuestión, dijo lo siguiente: “resulta menos costoso repartir una cierta cantidad de dinero por congresista que permitirle a éstos que distorsionen la evaluación y definición del presupuesto”.

No sé qué pensaran los lectores pero yo prefiero la desfachatez de Hommes a la hipocresía de todos los demás.

Los historiadores del futuro, dotados de la clarividencia retrospectiva propia de su oficio, seguramente señalarán que los colombianos poseemos la costumbre extraña de considerar cada crisis, cada convulsión de la política o de la sociedad, como la peor de nuestra historia. Los extranjeros, dotados de la distancia emocional propia de su origen, advierten nuestra permanente mentalidad de crisis. Pareciera que la crisis formara parte de nuestra esencia. En Colombia, después de la tempestad nunca viene la calma. Cada convulsión es seguida por otra igual. O peor. El horror. El horror.

Como es costumbre, la crisis actual ha sido considerada la peor de nuestra historia política, de nuestra accidentada vida republicana. Nadie lo ha hecho todavía. Pero alguien debería darse a la tarea de comparar los editoriales de estos días críticos con los publicados en lo más álgido de las crisis previas. Las coincidencias sorprenderían a todo el mundo. La retórica del borde del abismo sería la misma, casi calcada de una crisis a la siguiente. Pero las coincidencias irían más allá. Incluirían, entre otras cosas, la aparente paradoja de la debacle de la política y la bonanza de la economía. La independencia del PIB a las convulsiones de la política ha sido considerada, desde siempre, como una perversidad del alma nacional, como una forma autóctona de la indiferencia.

La crisis actual es otra más de una seguidilla eterna. Algunos líderes de la política y de la opinión han propuesto medidas extraordinarias, una nueva constituyente o una reforma institucional de fondo. Pero estas propuestas carecen de sentido histórico. Si cada que ocurre una nueva crisis política intentáramos reescribir la Constitución, las instituciones se convertirían en un catálogo de las urgencias de la coyuntura. La ingeniería institucional, como sugirió Eduardo Posada Carbó esta semana, requiere reflexión y distancia. Las crisis son oportunidades. Pero no sólo para componer la situación. También, sobra decirlo, para empeorarla.

Esta crisis requiere, más que unos nuevos cimientos para una nueva patria (esa quimera), la sensatez y la responsabilidad del Gobierno, del Congreso y de la Corte. El Gobierno debe comprometerse no sólo a respetar la autonomía de la justicia, sino también a evitar las descalificaciones explícitas y las dudas públicas. El Gobierno, en últimas, debe ser respetuoso y debe aparentar serlo. El Congreso debe entender que su credibilidad depende de su capacidad de autopurgarse, de la oportunidad y la entereza de sus decisiones. Y la Corte debe saber que la objetividad es un imperativo, que los jueces imparciales, como escribió Fareed Zakarias, son la esencia de la democracia constitucional. La solución de la crisis depende no tanto de los cambios institucionales, de las grandes reformas, como de la respuesta de los delegatorios del poder y la justicia.

Constituyente, revocatoria, nuevas elecciones, “medidas extraordinarias para circunstancias extraordinarias”, todo eso suena muy bien. Responsable. Consecuente. Pero los grandes cambios, los revolcones institucionales pueden resultar contraproducentes. Pueden sumarle un nuevo elemento a las crisis recurrentes: la inestabilidad institucional. Pueden, en últimas, generar un círculo vicioso en el cual las crisis generan inestabilidad, y la instabilidad genera nuevas crisis. No sobra, entonces, insistir en la sensatez, en los peligros de pasar de la crisis eterna a la inestabilidad permanente. Y viceversa.