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Reflexiones

Café y petróleo

Esta semana, durante la transmisión del partido de fútbol entre las selecciones olímpicas de Colombia y Corea del Norte, un narrador argentino incurrió en un atavismo interesante. “El conjunto cafetero” decía cada vez que una jugadora colombiana recuperaba el balón. La frase sonaba poética. O nostálgica al menos. El café hizo parte de nuestro pasado. Pero no hará ya parte de nuestro futuro. En los últimos meses, cabe recordarlo, hemos tenido que importar café para abastecer el mercado interno.

Las exportaciones de café apenas representaron 3% de nuestras ventas externas entre enero y mayo de 2012. En 2011 representaron menos de 5%. El cultivo de café se ha movido hacia al sur del país, como si estuviera preparando su salida definitiva. En la llamada zona cafetera, otro atavismo, el principal producto de exportación ha sido, desde hace mucho más de una década, la gente, el capital humano para decirlo de otro modo. Los países son lo que exportan. Y  Colombia fue, por muchos años, un país cafetero en un sentido que iba mucho más allá de la realidad económica, que abarcaba también las realidades sociales y políticas. Pero ya no lo es.

Mientras tanto Colombia se ha venido transformando en un país petrolero.  En  los cinco primeros meses de este año, por primera vez en nuestra historia económica, las exportaciones de petróleo superaron la mitad del total de las exportaciones. Uno puede hacer todo tipo de salvedades: las reservas colombianas siguen siendo (comparativamente) irrisorias, la producción todavía no alcanza un millón de barriles diarios, los grandes descubrimientos parecen cosa del pasado, etc. Pero el hecho cierto es que nuestra inserción en la economía global, nuestra participación en los flujos internacionales de bienes y capitales, depende hoy más que nunca del petróleo.   Paradójicamente las jugadoras del equipo cafetero viven en un país petrolero.

Y los países petroleros suelen ser distintos. Buena parte de la plata del café le llegaba a la gente, a campesinos empeñados en la búsqueda de “prosperidad y mejoras” como decían hace un siglo. La plata del petróleo, por el contrario, no le llega a la gente, sino al Estado. Originalmente la palabra “regalías” designaba los recursos entregados al monarca para su beneficio personal, un significado que no ha perdido validez. Con el petróleo crece el tamaño del Estado y el protagonismo de los políticos y  aumenta por lo tanto la importancia de las contiendas electorales, que deciden quién manejará el botín. Ni más ni menos. Con el petróleo, además, el Estado deja de ser visto como el proveedor de unos servicios pagados con nuestros impuestos y pasa a ser percibido como el administrador de un tesoro escondido.

Finalmente la dependencia externa es mayor con el petróleo que con el café. En la elaboración del  presupuesto del año entrante, el gobierno supuso un precio del barril del petróleo de 100 dólares, una apuesta arriesgada de la que depende el equilibrio fiscal o la suerte de muchos programas y proyectos. Si el precio del petróleo resulta menor al presupuestado, el Ministro de Hacienda ya anunció la venta de un paquete de acciones de Ecopetrol: el momento no sería el más propicio pero no habría alternativa. Así es la vida en las repúblicas petroleras. Colombia trató por muchos años de liberase de la dependencia del café. Recientemente parece haberlo logrado. Depende ahora del petróleo. Un progreso dudoso por decir lo menos.

Reflexiones

Pugilato

Siempre se juntan en el mismo rincón. Ninguno espera convencer al otro. Todo lo contrario: ambos aspiran a reforzar sus convicciones, a entrenarse para el diálogo más complicado (y honesto) que suelen tener consigo mismos.“Usted parece no entender la lógica del asunto: si el Estado ha estado ausente por décadas y décadas, la mayoría percibirá al ejército como una fuerza invasora, como un ejército de ocupación. Un Estado manco jamás tendrá legitimidad. La mano derecha necesita de la mano izquierda. Así de simple”.

“Pero la ausencia del Estado muchas veces tiene como origen el rechazo mismo al Estado. No por casualidad las montañas del Cauca son el último reducto indígena en Colombia. Allí a duras penas llegaron los españoles. Allí nunca se asomó la Colonización Antioqueña. Allí la hostilidad ha sido una constante histórica. El Estado no va a estar donde no lo quieren”.

“Pero el rechazo es una reacción obvia y entendible ante una fuerza extraña e ilegítima. En la conquista, en la colonia o en la república”.

“Pero, entonces,  estamos ante un círculo vicioso: se rechaza al Estado porque no existe y el Estado no existe porque se rechaza. Sea lo que sea, la ausencia del Estado (esa explicación enlatada) no ha sido tan grande como se dice. ¿Sabía usted que el porcentaje de personas con necesidades básicas insatisfechas es mucho mayor en Lorica (Córdoba), San Onofre (Sucre), Plato (Magdalena), Cáceres (Antioquia) y Ataco (Tolima) que en Toribio (Cauca)? Podría citarle otros cien municipios. Más que mayor Estado, muchas regiones de Colombia necesitan más mercado”.

“¿No están muchas comunidades ancestrales siendo insertadas a la fuerza en los mercados internacionales, esto es, siendo amenazadas por compañías mineras y demás? ¿No es precisamente el narcotráfico una forma violenta y destructiva de conectarse con los mercados?”

“El principal problema del Cauca y otras regiones de Colombia no es la falta de Estado, sino la falta de oportunidades económicas para los jóvenes, oportunidades que deben venir del sector privado. Los cultivos ilícitos son el resultado del aislamiento económico. A los jóvenes los reclutan los grupos armados con la promesa de un almuerzo.  El problema en discusión se arregla con carreteras, con empresarios, con iniciativa privada, no con utopías burocráticas”.

“Empresarios que, como ha ocurrido en otras partes, lleguen a comprar tierras y a desplazar las poblaciones,  a convertir a los indígenas en peones de su codicia o proletarios de su ambición.  Si eso es a lo que usted llama desarrollo, ya entiendo por qué las comunidades lo rechazan con tanta vehemencia”.

“Esos son prejuicios suyos. Recuerdo haber leído, hace ya algunos unos años, la historia de un líder indígena chileno quien, ante la promesa del gobierno de promover la educación bilingüe en su comunidad, replicó: ‘sí estamos interesados en el bilingüismo, queremos que nos enseñen inglés’.”.

“En su concepción del desarrollo no hay espacio para la diversidad.  ¿Por qué no propone de una vez por todas que los indígenas emigren y se conviertan en obreros de la construcción?”

“¿Y usted que propone? Cien años más de soledad”.

Los dialogantes se despidieron calmadamente. La experiencia les ha enseñado que la economía no es otra cosa que un diálogo sin principio y sin fin sobre las posibilidades y las dificultades del cambio social.

Reflexiones

Homo politicus

“Nuestro razonamiento moral se parece más al de un político en campaña que al de un científico en busca de la verdad”, escribió recientemente el sicólogo estadounidense Jonathan Haidt.  Moralmente hablando, sugiere Haidt, somos similares a los políticos. O mejor, los políticos son semejantes a nosotros. Sus falencias morales son más visibles. Por obvias razones. Pero no son distintas a las del hombre de la calle. O a las del ciudadano indignado. O a las de un profesor universitario.

Como los políticos, que exigen cientos de pruebas cuando un copartidario es acusado de corrupción pero están siempre dispuestos a condenar a un contradictor con un único indicio, somos oportunistas en nuestras pesquisas, escépticos o creyentes según convenga. Los sicólogos han documentado innumerables veces esta forma de oportunismo mental. Si un examen (de inteligencia, por ejemplo) nos favorece, aceptamos los resultados inmediatamente. Si no, cuestionamos su pertinencia, su veracidad o las intenciones de sus creadores. En términos generales no usamos la información objetivamente. Por el contrario, la manipulamos para acomodarla a nuestras necesidades, para llegar a las conclusiones deseadas.

Como los políticos, que viven rodeados de especialistas en fabricar excusas, tendemos a usar nuestra capacidad de raciocinio no para obrar según algún precepto moral, sino para justificar nuestras actuaciones. Cualesquiera que sean. “El razonamiento consciente –dice Haidt– funciona como un secretario de prensa que justifica automáticamente cualquier posición tomada por el presidente”. Con frecuencia ponemos la razón al servicio de la sinrazón. Y no sólo en la política. También en la vida diaria. Las personas más inteligentes no tienden a actuar más correctamente. Simplemente son más hábiles para justificar sus deslices. La inteligencia no reduce nuestras fallas morales, solo ayuda a esconderlas.

Como los políticos que incurren en actos deshonestos cuando perciben que pueden salirse con la suya, muchos ciudadanos tienden a hacer trampa cuando consideran que sus actos quedarán impunes. En un experimento ya famoso, los participantes podían ganar una suma considerable de dinero si reportaban falsamente que habían resuelto una serie de problemas matemáticos. La mayoría hizo trampa. Reclamó dinero indebidamente. No mucho, solo la cantidad que les permitía seguir justificando ante sí mismos que habían actuado honestamente. Como en la política, en la vida privada (o en algunos experimentos controlados al menos), la corrupción también suele llevarse a sus justas proporciones.

Como los políticos, que usualmente viven obsesionados con las encuestas, todos tenemos una preocupación igualmente obsesiva con las opiniones de los demás. Y como los políticos, tendemos a negarla. En política, dicen algunos, lo que parece, es. En la vida de los hombres ocurre lo mismo. “Uno no es lo que es, sino lo que los otros le permiten creer que es”, escribió alguna vez Fernando Vallejo.

En fin, los políticos reflejan nuestras falencias morales con una fidelidad inquietante, incomoda por decir lo menos. Por ello probablemente los odiamos tanto. Porque son iguales a nosotros. Porque nos recuerdan nuestros defectos más protuberantes. Porque nos representan como somos, no como queremos ser.

Reflexiones

México vs. Brasil

A comienzos de 2011, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó un estudio sobre las perspectivas económicas de los países latinoamericanos. El estudio identificó dos grupos de países. El primero, representado por Brasil, incluía a los países exportadores de materias primas, a los beneficiados por el despegue económico de China y el aumento en los precios del petróleo, el carbón, el cobre, la soya, etc. El segundo grupo, representado por México, incluía a los países maquiladores y exportadores de manufacturas, a los perjudicados, entre otras cosas, por la crisis económica de Estados Unidos y el mundo desarrollado. El grupo brasileño, sugería el estudio, exporta lo que China compra (materias primas); el grupo mexicano, lo que China vende (manufacturas).

La economía de Brasil lucía, entonces, imparable, vivía un momento mágico, caracterizado por unos crecientes flujos de inversión extranjera, una expansión acelerada del crédito y un crecimiento sin precedentes de la clase media. La economía de México, por el contrario, lucía derrotada, vivía un momento miserable. Sufría de una doble maldición: había sido, primero, desplazada por China del mercado de Estados Unidos y, más tarde, golpeada duramente por la crisis global. En fin, Brasil resumía todo lo bueno y México todo lo malo de la realidad económica latinoamericana.

Brasil tenía, además, buena prensa. Los subsidios a las familias de bajos ingresos, que habían sido primero puestos en práctica en México, eran considerados un ingenioso mecanismo redistributivo en Brasil y un ardid populista en los otros países de la región. La expansión del crédito de consumo se presentaba, en el caso de Brasil, como una consecuencia positiva del crecimiento de la clase media y, en los otros casos, como un resultado negativo de políticas irresponsables o imprudentes. “Brasil tiene una ventaja, es el segundo equipo de casi todo el mundo”, escribió alguna vez un economista dado a las analogías  futboleras.

Pero en poco más de un año la situación ha cambiado drásticamente. La economía de Brasil ha dejado de crecer. Los analistas internacionales están anunciado un fin inminente del momento mágico de Brasil. La caída en el precio de las materias primas, dicen, ha empezado a mostrar las debilidades del capitalismo brasileño. Mientras tanto la economía mexicana, a pesar de la violencia y los monopolios, se ha recuperado de manera sorprendente. La revista inglesa The Economist señaló recientemente que las perspectivas económicas de México son mejores que las de Brasil. Un ejemplo lo dice todo: mientras Brasil decidió bajar la tasa de interés con el propósito de incentivar la compra de vehículos por parte de los consumidores nacionales (ya sobre-endeudados) y así favorecer su industria automotriz, México no necesita este tipo de maniobras cuestionables, ya está exportando carros a medio mundo, incluida China.

En Colombia, deberíamos mirar más hacia México que hacia Brasil. México ha sido un innovador en políticas sociales, ha evitado la reprimarización de su economía, ha consolidado varios sectores industriales de clase mundial, ha logrado sostener una tasa de desempleo inferior a 6% y posee una economía abierta, mejor manejada que la de Brasil. Todo esto, para mayor mérito, a pesar de la violencia del narcotráfico. Brasil probablemente tiene más glamour. Pero yo me quedo con México. Viene de atrás y seguirá de largo.

Reflexiones

Sembrar dudas

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Hace ya casi una década, deslumbrado por los éxitos transitorios de las fumigaciones, el ex ministro Fernando Londoño anunció el final de los cultivos ilícitos. “El narcotráfico se acaba este año…Vaya usted a Putumayo y búsqueme un arbusto de coca. Lo podemos negociar. No hay uno”, dijo en enero de 2003. Más recientemente varios funcionarios, instigados por la caída del área sembrada en el año 2010, hicieron pronunciamientos similares, anunciaron una victoria definitiva en la lucha contra los cultivadores de coca y sus patrocinadores. Como en la guerra contra las Farc, la extrapolación optimista de los éxitos parciales llevó a un error de pronóstico, al anuncio apresurado del fin del fin. La mata que mata sigue viva. Paradójicamente.

Esta semana se conocieron casi furtivamente (ya explicaremos) las nuevas cifras sobre la extensión y la distribución regional de los cultivos de coca. En 2011, la tendencia descendente cambió de signo y el área cultivada aumentó 3%. El área total subió a 64 mil hectáreas. Desde el año 2004, el área ha fluctuado entre 80 mil y 60 mil hectáreas. Los cambios en el agregado nacional han sido relativamente menores. Pero la estabilidad nacional esconde grandes diferencias regionales. La geografía de la coca, sobra decirlo, tiene mucho que decir sobre la geografía del conflicto colombiano.

El sur de Colombia se ha consolidado como el epicentro de los cultivos ilícitos. Los cultivos de coca han aumentado en las zonas tradicionalmente dominadas por las Farc. En Putumayo, por ejemplo, las Farc han retomado el control de las arterias fluviales lo que ha facilitado la operación del negocio en general y el movimiento de los insumos y precursores químicos en particular. Las Farc están financiando activamente la resiembra de coca y usando los territorios colectivos para ampliar el área cultivada. Actualmente una de cuatro hectáreas sembradas con coca está ubicada en un resguardo indígena o en territorio de negritudes. En suma, en el sur de Colombia, el fortalecimiento de las Farc ha llevado a un crecimiento de los cultivos ilícitos. Y viceversa.

Por el contrario, en Antioquia, Córdoba y Bolívar el área sembrada con coca ha caído significativamente. Los capitales ilegales y la mano de obra se han movido del negocio de la cocaína hacia una actividad más lucrativa y de más difícil control: la minería ilegal. En el bajo Cauca y en el Sur de Bolívar, por ejemplo, las Bandas Criminales han obligado a muchos pobladores a dejar los cultivos de coca y a moverse a la minería de oro. Paradójicamente lo que no pudo la mano dura del Estado, lo está pudiendo la mano invisible del mercado. Sea lo que sea, la geografía de la ilegalidad está redefiniéndose: cocaína en el sur y en la frontera con Venezuela, minería ilegal en Antioquia, Bolívar y Córdoba, ambas actividades en Chocó y extorsión en todas partes.

Pero más allá del análisis sustantivo, existe un hecho preocupante. Esta semana el gobierno impidió la presentación oficial de los últimos datos del sistema satelital de monitoreo y medición de cultivos ilícitos (SIMCI) que coordina la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Crimen y el Delito. Ojalá los problemas políticos no lleven a la manipulación sistemática de la información socioeconómica y las estadísticas oficiales. Las angustias electorales no deberían empañar la urna de cristal.

Reflexiones

Extravíos del poder

En sus memorias, uno de los testimonios políticos más interesantes de la historia contemporánea de Estados Unidos, Robert S. McNamara, ex secretario de defensa y ex presidente del Banco Mundial, relata una conversación que mantuvo con el presidente John F. Kennedy en 1961: “En los inicios del gobierno –recuerda McNamara– tuve la oportunidad de discutir los retos de la presidencia con Mr. Kennedy. En la discusión dibujé una gráfica. El “poder” era medido en el eje vertical; el “tiempo”, en el eje horizontal. ´Señor Presidente –le dije– usted llega a la Oficina Oval con una gran cantidad de poder. Espero que se vaya con ninguno, habiéndoselo gastado en lo que considere más pertinente para la Nación´.  Kennedy –cuenta McNamara– estuvo completamente de acuerdo. “Pensaba de esa manera y creo que habría actuado de esa manera…Era un hombre que veía el mundo como la historia, con una gran visión de largo plazo”.

Muchos gobernantes llegan al poder con propósitos similares, con una visión instrumental del poder, con la intención de usar su capital político en proyectos o iniciativas de largo plazo. Pero casi todos terminan haciendo lo contrario, acumulando poder como un fin en sí mismo. En su predicción, McNamara olvida que el poder cambia profundamente a quienes lo detentan, que, con el paso del tiempo, los presidentes suelen invertir sus prioridades.

Hace ya varias décadas, el psicólogo estadounidense David Kipnis describió de manera minuciosa los efectos del poder sobre gerentes y mandos medios en las empresas privadas de su país. Sin quererlo, Kipnis escribió un pequeño tratado de filosofía política o al menos una advertencia necesaria sobre los extravíos del poder (The Powerholders es el título del libro). El que tiene poder, encontró Kipnis, se forma una visión idealizada de sí mismo: la retroalimentación negativa de los subordinados desaparece y los halagos se vuelven permanentes. Con el tiempo dedica mucho tiempo y esfuerzo en lograr más poder y tiende a usar el que tiene a su disposición en su propio beneficio. Además, la preocupación preponderante con ganar mayor influencia y control suele confundir sus juicios y apreciaciones. En fin, el poder corrompe.

No sé cuál habrá sido la intención inicial de la reforma a la justicia, probablemente tuvo, en su origen, objetivos loables, pero, como bien lo predice Kipnis, terminó convertida en una estrategia de acumulación de poder, en una transacción política en la que el ejecutivo ofrecía cierta impunidad y varias prebendas a los otros poderes públicos a cambio de mayor autonomía y menor oposición. Probablemente los congresistas se tomaron más de lo ofrecido y los magistrados no quedaron satisfechos con lo ofertado. Pero la reforma parecía una iniciativa no para gastar buenamente el poder presidencial, sino para acrecentarlo.

La Constitución de 1991 está inspirada, parcialmente al menos, en un conveniente escepticismo sobre el poder, en la idea del poder fragmentado. Pero los poderes independientes siempre son vulnerables al poder presidencial. No sólo a la intimidación, sino también a la cooptación. Como bien predijo Kipnis y como nunca sospechó McNamara, casi todos los presidentes comienzan acumulando poder para gobernar y terminan gobernando para acumular poder.

Reflexiones

Consecuencias imprevistas

Hace varias décadas el sociólogo estadounidense Robert Merton formuló su ya célebre ley de las consecuencias imprevistas, una advertencia necesaria, pero sistemática o convenientemente ignorada por políticos de todos los colores. Merton llamó la atención sobre la complejidad de las relaciones sociales y la probabilidad de que, a su turno, las acciones públicas tengan efectos inesperados e indeseados. Merton puso su dedo escéptico en la llaga (siempre abierta) de las ínfulas y los afanes de los reformadores sociales. Hizo un llamado a la modestia. Y a la paciencia. Recordó que, después de todo, el cambio social no sólo es cuestión de buenas intenciones o voluntades férreas.

La ley de las consecuencias imprevistas ha sido corroborada una y otra vez. A comienzos de los años cincuenta, en Saint Louis, Estados Unidos, se llevó a cabo una ambiciosa intervención social, un macroproyecto de vivienda popular que, en teoría, iba a revolucionar el urbanismo y la sociedad. El proyecto Pruitt-Igoe (así se llamaba) fue presentado como la ciudad del futuro y la redención de los más pobres. Decenas de miles de personas ocuparon las nuevas viviendas llenas de optimismo y buenos augurios. Pero el temperamento colectivo cambió rápidamente. Los residentes comenzaron a sentirse alienados por un proyecto que entorpecía las interacciones sociales más benéficas. Con el tiempo los residentes descuidaron las zonas comunes y sus propios apartamentos. Algunos abandonaron sus viviendas decepcionados. Otros se resignaron a un deterioro gradual pero ineluctable. El 15 de julio de 1972, el proyecto fue dinamitado. Acabó con un gran estruendo, como los malos sueños.

En Francia, proyectos parecidos han tenido resultados semejantes. En Guatemala, la mitad de las viviendas otorgadas ha terminado en el mercado negro. En Brasil, muchos hogares no han podido pagar los servicios públicos y el mantenimiento de las nuevas viviendas. Para no ir tan lejos, en el noroccidente de Medellín, en el sector de Pajarito, un macroproyecto de vivienda popular, habitado, entre otros, por los antiguos residentes del basurero de Moravia, podría convertirse en el Pruitt-Igoe colombiano.

En Pajarito, como en otros lugares, los residentes vieron menguadas las oportunidades económicas y exacerbadas los problemas sociales, la violencia por ejemplo. Las externalidades negativas de la concentración de la pobreza en espacios aislados económicamente, densamente poblados y desprovistos de la funcionalidad que sólo viene con el crecimiento gradual y espontaneo, pueden ser fatales. Literal y metafóricamente. “Fue un gran error”, me dijo recientemente un ex funcionario en un momento de sinceridad.  La ley de las consecuencias imprevistas suele ser obvia en retrospectiva, cuando ya es demasiado tarde.

Lo que está ocurriendo en Pajarito, podría ocurrir en otros lugares de Colombia si la premura política lleva a la construcción de macroproyectos improvisados. Los expertos ya hablan de la necesidad de intervenciones específicas, de una suerte de acupuntura urbana que mejore las viviendas y preserve tanto el capital social como las oportunidades económicas. Pero, como dicen, las cosas buenas toman tiempo. Por ahora sólo cabe esperar que Merton no tenga nuevamente la razón y que, en dos o tres décadas, no estemos destruyendo lo que ahora queremos construir con tanto furor.

 

 

Literatura

Meritocracia


Las palabras tienen vida propia. Cambian de significado caprichosamente. Pueden traicionar incluso a quienes las acuñan. En 1958, el escritor y político británico Michael Young publicó una novela futurista, en la tradición de Aldous Huxley y George Orwell, titulada El ascenso de la meritocracia, 1870-2033. Young quiso darle a la palabra “meritocracia” un sentido negativo, sarcástico. La novela describe el surgimiento de una sociedad estratificada, desigual, donde el éxito depende del acceso a ciertas instituciones educativas y de la posesión de ciertas habilidades mentales (estrechamente definidas). En la sociedad imaginada por Young, el sistema educativo selecciona a los ganadores, no los forma. Dicho de otra manera, descarta a los perdedores, no los redime.
Por cuenta de la evolución impredecible del lenguaje, la palabra “meritocracia” asumió con el tiempo una connotación distinta, opuesta a la originaria; se convirtió en un sinónimo de movilidad social e igualdad de oportunidades. Un “sistema meritocrático” denota ya no un sistema excluyente, sino todo lo contrario, un sistema abierto, sin roscas, ni privilegios heredados, ni favoritismos odiosos. Actualmente los políticos que desean posar de justos e independientes, proclaman su compromiso inquebrantable con la meritocracia, esto es, con el merito individual como criterio exclusivo para la selección y escogencia de sus colaboradores.
En 2001, un año antes de su muerte, Michael Young escribió un largo artículo de prensa en el que lamentaba, en tono vehemente, el nuevo significado de la palabra meritocracia. Young invitó a Tony Blair, entonces primer ministro de Inglaterra, a que eliminara de sus discursos la palabra en cuestión o a que, al menos, admitiera el lado oscuro de la meritocracia. Una cosa es la asignaciónde puestos con base en el mérito individual, escribió Young, otra muy distinta la consolidación de una nueva clase social, de una elite inexpugnable y arrogante que considera que merece todos los privilegios. “Al contrario de quienes se lucraban del nepotismo, las nuevas elites creen firmemente que la moralidad está de su lado”.
Los escrúpulos semánticos de Young son exagerados, pero no irrelevantes. Llaman la atención sobre los peligros que acechan a una sociedad donde el mérito es entendido de manera estrecha y asociado a trayectorias académicas y laborales muy específicas. Young criticó duramente al gabinete de Blair, conformado por una elite meritocrática, poseedora de unas credenciales impecables, pero, en últimas, un buen ejemplo de las nuevas formas de exclusión. Lo mismo podría decirse sobre el gabinete de Santos o sobre los cuadros directivos de muchas empresas colombianas. Lo escribo sin resentimiento, todo lo contrario, con algo de pudor. Al fin y al cabo los egresados de la Universidad de los Andes, donde trabajo, figuran de manera prominente en el gabinete del gobierno nacional y en muchos cargos de responsabilidad y privilegio.
En fin, si el mérito se asocia exclusivamente con unas pocas instituciones educativas o con un conjunto estrecho de competencias, la meritocracia es casi indistinguible del nepotismo o del amiguismo. La meritocracia, sugirió Young hace ya más de medio siglo, puede ser un eufemismo conveniente para designar una nueva forma de exclusión. Esta sugerencia, sobra decirlo, no ha perdido vigencia.
Reflexiones

El odio a los políticos

Los empresarios de la indignación no necesitan innovar. Venden un producto que nunca pasa de moda, comercializan una mercancía que encuentra cada vez más y más consumidores, todos ansiosos e insaciables, a saber: el odio indignado a los políticos. Los nombres cambian, pero la lógica del negocio es la misma, semana tras semana, día tras día. Siempre habrá un senador comprado o un concejal borracho (la fuente es inagotable) que pueda presentarse (o venderse) como la encarnación de los males de la sociedad. La clase política, se nos dice a diario, es la culpable de todos nuestros problemas. Los viejos y los nuevos. Todos.

Diariamente los políticos son descritos en términos caricaturescos. Los calificativos son siempre los mismos: corruptos, codiciosos, arrogantes, carentes de conocimiento y humanidad, etc. Los matices no existen. Las excepciones confirman la regla, reafirman un diagnóstico repetido una y mil veces. En Colombia, escribió alguna vez el novelista R. H. Moreno Durán, la clase política corrompió a los narcotraficantes. Desde entonces columnistas y periodistas repiten la misma frase sin pausa, como si se tratase de una gran revelación. El público, ya lo dijimos, quiere más. Y de lo mismo. La demanda es infinita. “Tenemos los políticos que nos merecemos”, dicen algunos de vez en cuando. Pero la sinceridad, sobra decirlo, es mucho menos poderosa que la indignación.
Por desgracia, la indignación moral ordinaria, convertida en entretenimiento masivo, en mercancía popular, no contribuye a una mejor comprensión de nuestros problemas más urgentes. Oscurece mucho más de lo que clarifica. “La única utilidad que tiene es aumentar la circulación y los índices de audiencia”, escribió el ensayista alemán Hans Magnus Enzensberger hace unos años. “Quizá haya llegado la hora de decir definitivamente adiós a la costumbre de insultar a los políticos”, señaló el mismo Enzenberger. Razón no le falta.
No sólo deberíamos, como sugiere Enzensberger, compadecer a los políticos, sino también reconocer algunas de sus funciones más importantes. Las democracias occidentales (Colombia es un caso paradigmático) prometen mucho más de lo que pueden cumplir. En general la demagogia ha sido institucionalizada. Las expectativas de las mayorías superan con creces las posibilidades del Estado. O del mercado. La frustración es por lo tanto una característica definitoria, esencial de la vida política de muchos países. En este estado de cosas, de promesas imposibles y expectativas frustradas, los políticos juegan un papel fundamental. Son chivos expiatorios, figuras propicias que permiten, al menos, un desfogue permanente para las frustraciones de las mayorías perplejas que no entienden (no pueden entender) la distancia entre lo mucho que se dice y lo poco que se hace. Consciente o inconscientemente, los empresarios de la indignación proyectan en algunos políticos (o en todos) las contradicciones insalvables de una democracia como la nuestra.

Paradójicamente, la demagogia de la indignación es comparable a la demagogia de la política electoral. Los empresarios de la indignación y los de la política son mejores para cautivar al público que para cualquier otra cosa. Unos y otros son dos caras de la misma moneda. O mejor, dos partes inseparables del mismo problema.

Academia Reflexiones

La Corte en su laberinto

Esta semana la Corte Constitucional decidió pasar de agache en un asunto trascendental para la sostenibilidad de las finanzas públicas y la legitimidad de las instituciones.

El artículo 48 de la Constitución, reformado sustancialmente por el acto legislativo Nº 1 de 2005, establece, primero, que “la seguridad social será equitativa y financieramente sostenible” y, segundo, que “solamente la Fuerza Pública y el presidente de la República tendrán un régimen especial” de pensiones. El mismo señala, de manera enfática, que “a partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a 25 salarios mínimos”.

Pero en Colombia, los mandatos constitucionales son burlados fácilmente. Excongresistas, exmagistrados y exfuncionarios han seguido recibiendo pensiones que superan el límite señalado por la Constitución. ¿Cómo? Muy fácil. A la colombiana. Mediante leguleyadas. O más precisamente, mediante interpretaciones dudosas de una disposición ya vieja, del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 que concedió una serie de privilegios pensionales a congresistas y otros altos funcionarios. Más de 50 demandas son interpuestas cada día con el aval, implícito al menos, del procurador y el Consejo de Estado. Un excongresista recibió recientemente un cheque de varios miles de millones de pesos por concepto de una reliquidación (retroactiva) de su pensión. La situación es potencialmente explosiva.

Hace un año, el sustento legal de los excesos, el artículo 17 de Ley 4ª de 1992, fue demandado ante la Corte Constitucional. El demandante argumentó que la norma en cuestión amenazaba la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social, concedía unos privilegios aberrantes y reñía por lo tanto con el derecho a la igualdad y la prohibición de los regímenes especiales. No es difícil argumentar que el otorgamiento de pensiones multimillonarias contradice la letra y el espíritu de nuestra Constitución Política.

¿Qué ha hecho la Corte Constitucional al respecto? Mamar gallo. El procurador emitió su concepto desde julio del año pasado. Aparentemente, la Corte iba a pronunciarse antes de diciembre. Pero nunca lo hizo. Primero vino el lío de los impedimentos. Cuatro magistrados se declararon impedidos, pues ellos mismos o sus familiares estaban en trance de pensión. La Corte se demoró varios meses en resolver el problema. Una demora sospechosa, ya que, como lo señaló la revista Semana hace unos meses, apenas necesitó 15 días para resolver los impedimentos en el caso de la reelección.

Esta semana la Corte se declaró inhibida, “por ineptitud sustantiva de la demanda”. Los argumentos de la Corte son perezosos. Dice, por ejemplo, que la norma demandada no viola el derecho a la igualdad, pues en Colombia siempre han existido los regímenes especiales. O que el artículo en discusión no tiene nada que ver con la sostenibilidad financiera, pues era anterior al acto legislativo Nº 1 de 2005. Colombia tiene uno de los sistemas pensionales más inequitativos del mundo: unos pocos reciben mucho, la gran mayoría no recibe nada. La Constitución fue reformada para corregir estas inequidades. Pero de nada ha valido. Tristemente, nuestros magistrados son muy ágiles para otorgar privilegios, pero muy timoratos (por decir lo menos) para negarlos.