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Academia Reflexiones

Productores de odio

«La adhesión a las causas políticas sólo puede ser una adhesión moderada, nunca una pasión desbordante», escribió Alexis de Tocqueville a mediados de siglo XIX.

Su admonición no ha perdido vigencia. Todo lo contrario. Las pasiones políticas siguen siendo un obstáculo para el cambio social y para la comprensión cabal de nuestros problemas. Los apasionados de la política distorsionan la realidad, magnifican las dificultades y desean, secreta o públicamente, que las cosas vayan mal, que las condiciones sociales o políticas empeoren. Añoran una catástrofe que los enaltezca. Todos los fanáticos, sobra decirlo, son catastrofistas.

Algunos, los ubicados en el extremo derecho del espectro ideológico, señalan el deterioro constante de las condiciones de seguridad. Magnifican los problemas y minimizan los avances. Si las cifras revelan un hecho positivo, una disminución en los homicidios, por ejemplo, son consideradas incompletas o sospechosas. Cuando ocurre un hecho grave, como el atentado ocurrido esta semana en Bogotá, levantan el dedo acusador en forma casi celebratoria. Tristemente, para algunos fanáticos de la derecha los atentados terroristas son buenas noticias. La perversidad es quizás inconsciente, pero es notoria de todos modos.

Otros fanáticos, los ubicados más a la izquierda del espectro ideológico, proclaman el deterioro permanente de las condiciones sociales. Niegan rotundamente el progreso social. No lo consideran posible. Cualquier mejoría les resulta insignificante o mentirosa. Si las cifras muestran, por ejemplo, una reducción de la pobreza, las desechan con argumentos pueriles o paranoicos. Los fanáticos suelen matar (figurativamente) al mensajero que trae buenas noticias. Para ellos, ya lo dijimos, las buenas noticias son problemáticas, incómodas, estorbosas. La izquierda miserabilista, en particular, necesita la pobreza para justificar el resentimiento y confirmar una supuesta superioridad moral.

El fanatismo de izquierda y derecha puede combatirse por medio de armas conocidas: la ironía, el escepticismo y los datos. Pero estas armas no siempre son eficaces y los rivales son muy numerosos. Los foros de la prensa y los debates políticos están dominados, casi acaparados, por los productores de odio. Muchas veces no vale la pena entrar a la refriega. Otras, conviene entrar furtivamente, señalar los prejuicios más notorios y abandonar el escenario de inmediato. El diálogo es imposible. Los fanáticos siempre suponen la mala intención de sus contradictores. Miran incluso con mayor recelo a los moderados que a los fanáticos de la otra orilla. El odio, al fin y al cabo, no es otra cosa que la idealización del enemigo.

“El moderado no aspira a ganar, a pelear para vencer. Está más allá de la competencia, de la rivalidad y por lo tanto también de la victoria. En la lucha por la vida es el eterno derrotado”, escribió el filósofo italiano Norberto Bobbio en uno de sus últimos ensayos. Las adhesiones moderadas significan con frecuencia una claudicación, una renuncia voluntaria a la lucha política. Pero tienen también un lado combativo. “Detesto con toda mi alma a los fanáticos”, confesó el mismo Bobbio al final de su vida. El odio contra los productores de odio es el fanatismo (liberador, digamos) de los moderados. En Colombia ha sido, además, casi una necesidad democrática.

Reflexiones

Estigmatizados

En Estados Unidos y en muchos otros países del mundo, los crímenes y contravenciones, los líos con la justicia de miles y miles de ciudadanos (un incidente de violencia doméstica, un robo en un supermercado, una pelea callejera, etc.) son registrados de manera minuciosa, casi obsesiva, en grandes bases de datos que pueden ser consultadas en cualquier momento por cualquier persona: un empleador potencial, un periodista inquisitivo, un burócrata desconfiado o un vecino curioso.Peor aun, los registros son permanentes. No tienen fecha de vencimiento. Están disponibles a perpetuidad. Muchos individuos, por lo tanto, nunca terminan de pagar sus condenas, quedan marcados para siempre, sometidos al escarnio público en el escenario moderno de las interacciones sociales: el internet.

Los registros electrónicos, señalan algunos comentaristas libertarios en referencia a la célebre novela de Nathaniel Hawthorne, constituyen una suerte de letra escarlata digital, una marca indeleble, definitiva. En este caso, la marca no es sólo un motivo de vergüenza, sino también una condena al ostracismo laboral y económico, un exilio forzado al mundo de la informalidad o la ilegalidad. Los reseñados no portan una ‘A’ de color rojo en el pecho, pero arrastran consigo un estigma incapacitante. En Estados Unidos existen firmas especializadas en rastrear las bases de datos digitales con el fin de comercializar los resultados de sus pesquisas. “Los empleadores tienen derecho a conocer esta información”, dicen sus voceros (la demagogia de la transparencia justifica sus argumentos). Muy pocos, mientras tanto, abogan por los derechos de los reseñados.

Un estudio reciente de la economista Dara N. Lee puso de presente las consecuencias de la publicación en internet de las bases de datos en cuestión. En el caso de Estados Unidos, el libre acceso a los registros criminales tuvo un efecto disuasivo sobre los jóvenes que no habían sido reseñados y disminuyó levemente los delitos contra la propiedad. Pero la reducción del crimen ocurrió a un costo muy alto, a saber: la creación de una casta de excluidos, de individuos que vieron menguadas sus oportunidades laborales y terminaron por lo tanto reincidiendo en el crimen. La publicación de los registros criminales aumentó la reincidencia criminal en más de 10% y afectó mucho más a los negros que a los blancos. En últimas, las bases de datos digitales terminaron reforzando la exclusión.

El problema descrito trasciende la realidad política y económica de Estados Unidos. En Colombia, por ejemplo, el certificado judicial se ha convertido en un instrumento de exclusión. Las bases de datos financieras, a pesar de los controles introducidos por el Congreso, siguen siendo un estigma insuperable para mucha gente. La publicidad oficial aspira a cerrarles todas las puertas, a excluir de manera definitiva a quienes han sido acusados de violencia doméstica. Muchos desmovilizados son tratados como si fueran leprosos.

“La declaración de los derechos humanos —me dijo un profesor ya viejo hace algunos años— debería incluir un nuevo artículo: todo el mundo tiene derecho a cagarla”. Por desgracia en el mundo de hoy, en esta época digital, a muchos hombres y mujeres les ha sido negada para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.

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Populismo

Una de las peculiaridades de nuestra historia reciente ha sido la ausencia de populismo.

En Colombia no hemos tenido un Perón, un Chávez o un Alan García (en su primera reencarnación). En términos económicos, no hemos sufrido hiperinflaciones, ni grandes crisis fiscales, ni corralitos, esto es, no hemos padecido las grandes distorsiones macroeconómicas que han caracterizado (o definido) los gobiernos populistas de América Latina. Desde una perspectiva económica, Colombia ha sido un país estable. Mediocremente estable quizá. Pero ese ya es otro cuento.

Como lo ha señalado el economista e historiador inglés James Robinson, la ausencia de populismo (y por lo tanto de grandes distorsiones macroeconómicas) es sólo una parte de la historia. La otra parte, mucho más problemática, es la omnipresencia del clientelismo (y por lo tanto de enormes ineficiencias en la provisión de bienes públicos y en el funcionamiento del Estado). Desde los años sesenta al menos, un arreglo pragmático, un pacto implícito, ha caracterizado el ejercicio del poder en Colombia: los partidos políticos tradicionales han permitido o tolerado un manejo tecnocrático y centralizado de la macroeconomía a cambio de una fracción del presupuesto y la burocracia estatal, a cambio de auxilios parlamentarios, partidas regionales y puestos. Para bien y para mal, el clientelismo ha sido el costo pagado por la ausencia de populismo.

Veamos un ejemplo representativo. En 2001, el Congreso aprobó una polémica reforma constitucional que redujo de manera significativa la tasa de crecimiento de las transferencias a municipios y departamentos. La reforma a las transferencias, promovida y defendida por el entonces ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, contribuyó decididamente a la sostenibilidad fiscal, pero su aprobación, cabe recordarlo, requirió una buena dosis de clientelismo en la forma de partidas regionales o auxilios parlamentarios. Históricamente, ya lo dijimos, el clientelismo permitió la estabilidad, pero lo hizo a un costo muy alto: la ineficiencia de buena parte del Estado y el menor progreso social. El clientelismo, sugiere el mismo Robinson, puede ser tan nocivo como el populismo.

Sea lo que sea, el clientelismo ha sido un equilibrio duradero. Los líderes que lo combatieron, quienes denunciaron los vicios inveterados de la corrupción y la politiquería, López Michelsen, Galán, el mismo Uribe, terminaron en lo mismo. O fueron asesinados. Pero los equilibrios políticos no son para siempre. Las cosas cambian. Muchas redes clientelistas han perdido influencia como consecuencia del debilitamiento de los partidos tradicionales. La competencia política es ahora mucho más abierta que en el pasado: actualmente una figura carismática puede ganar la presidencia sin muchos apoyos políticos o conexiones clientelistas. Además, la bonanza minero-energética (el espejismo petrolero, digamos) ha aumentado las demandas de la gente y las ofertas de los políticos.

En fin, el equilibrio clientelista parece mucho menos estable. Paralelamente el riesgo de populismo ha aumentado. Una cosa viene con la otra. En las próximas elecciones, ya lo veremos, todos los candidatos prometerán lo divino y lo humano. Los anuncios de las últimas semanas, las cien mil viviendas y demás, son apenas un anticipo ominoso de un fenómeno inédito, inconcebible hasta hace apenas algunos años: el populismo colombiano.

Reflexiones

Pasiones políticas

La había leído en uno de los ensayos del historiador Jorge Orlando Melo. Volví a leerla recientemente en El cuervo blanco, el último libro de Fernando Vallejo.

Es una carta escrita en 1885 por el ingeniero Luis María Lleras Triana a su amigo y compadre Rufino José Cuervo. Lleras había abandonado a su familia en Bogotá y se había unido a las milicias liberales que luchaban en contra del gobierno conservador. La carta es conmovedora y trágica al mismo tiempo. Es un testimonio (elocuente digamos) sobre la futilidad de las pasiones políticas, sobre el heroísmo dudoso de quienes dan la vida por un ideal.

“Compadre —escribió Lleras—, la guerra es un vértigo, es una locura, es una insensatez; y los hombres más benévolos se vuelven bestias feroces; el valor del guerrero es una barbaridad. Pero cuando uno toma las armas no puede, no debe dejarlas en el momento de peligro, no puede volver la espalda a amigos, enemigos y hermanos, sin cometer la más baja de las acciones, sin ser un cobarde y un miserable”. Pocos días antes había escrito: “Dios sabe si nos tocará dejar la barriga al sol mientras llegan los gallinazos”. En suma, la lucha es de vida o muerte, su abandono, el peor pecado, y la lealtad con los compañeros de causa, la más alta virtud.

A Luis Lleras lo mataron a los pocos días de un bayonetazo en la batalla de la Humareda, “esa oscura refriega de una oscura revolución de una oscura patria”. El sacrificio fue en vano. Algunas semanas después, Rafael Núñez anunciaría la muerte de la república federal. Cuenta Vallejo que cuando escribió la carta de marras, el 11 de junio de 1885, Lleras llevaba seis meses sin saber de sus ocho hijos, a quienes había abandonado con el propósito de luchar por el bien de la patria o el bienestar general o una sociedad más justa o las sacrosantas ideas liberales o cualquier cosa por el estilo. Escribe Vallejo: “Esto es lo que en español castizo, que tan caro leerá a don Rufino, se llama un solemne hijueputa. Para Colombia era un buen colombiano”.

Como Luis Lleras, muchos colombianos han sucumbido ante las pasiones políticas, han dedicado su vida a refriegas oscuras, a luchas ideológicas sin sentido. Otros han abandonado sus familias en busca de un ideal imposible. Pero a todos, en mayor o menor grado, nos pasa lo mismo. Odiamos a quienes no conocemos por cuenta de sus ideas u opiniones políticas. Peleamos encarnizadamente por defender ideologías dudosas. Vivimos obsesionados con los demagogos que nos gobiernan. Protestamos por sus pronunciamientos más insulsos. Nos tomamos demasiado en serio el espectáculo consuetudinario de la política.

Cinco años antes de su muerte, Luis Lleras trabajó con el ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros en La Industria, una publicación quincenal que pretendía “llenar un vacío que se nota en esta sociedad, ocupándonos única y exclusivamente en asuntos que tiendan al desarrollo material: lo cual clara y distintamente quiere decir que este periódico no tendrá color político”. Pero el asunto no prosperó. El ingeniero Lleras prefirió las luchas políticas al desarrollo material y murió como un dudoso héroe militar. Después de su muerte en la Humareda fue ascendido de coronel a general, un homenaje insulso que enfatiza la inutilidad de su sacrificio y la futilidad de nuestras pasiones políticas.

Academia Reflexiones

Un país en paz

“Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en Colombia”. Así se titula el nuevo libro del historiador y colombianista James D. Henderson que será presentado esta semana en la Feria del Libro de Bogotá. El libro comienza con una tesis novedosa: entre 1965 y 1975, en la década siguiente al fin definitivo de la Violencia, “Colombia fue un lugar extraordinario”, un país en paz con una economía floreciente. En 1950, en los años de Laureano Gómez, 50 mil colombianos fueron asesinados. En 1966, cuando Carlos Lleras Restrepo asumió la presidencia, tan solo 496 personas murieron por causas violentas. “En 1965, era difícil encontrar 500 violentos en todo el territorio nacional”, escribió otro historiador estadounidense, Rusell W. Ramsey. La cifra parece inverosímil. Los colombianos estamos convencidos de que la continuidad de la violencia caracteriza (o define incluso) nuestro país.

La década de la paz, escribe Henderson, comenzó (simbólicamente por supuesto) en junio de 1965 con la muerte del bandolero conservador Efraín González en el sur de Bogotá durante un operativo militar. Con el mismo hecho empieza “35 muertos” de Sergio Alvarez, una novela que, casualmente, cuenta la misma historia: la recaída de Colombia en el abismo de la violencia por cuenta del narcotráfico. Otro evento simbólico, sugiere Henderson, marcó el fin de la paz y el comienzo de más de tres décadas de violencia y desorden. En noviembre de 1975, en la ciudad de Medellín, tuvo lugar la primera masacre perpetrada por un grupo de narcotraficantes: 40 personas fueron asesinadas después del decomiso de 600 kilos de cocaína por parte de la Policía Nacional. Colombia comenzaba apenas a consolidarse como el principal exportador de cocaína a Estados Unidos y la década de la paz (es fácil apreciarlo en retrospectiva) había terminado abruptamente.

Pero muy pocos percibieron lo que se venía encima: la destrucción de la paz de Colombia. En 1975, la Casa Blanca presentó un documento que minimizaba la importancia de la cocaína. “Tal como se usa actualmente, la cocaína no tiene graves consecuencias sociales”, señaló el documento de marras. Inicialmente las autoridades de Estados Unidos toleraron el comercio de una droga considerada inofensiva. Las autoridades colombianas, con el presidente Alfonso López Michelsen a la cabeza, “adoptaron una política de laissez-faire con respecto al tráfico de drogas ilícitas”. En 1975, Alvaro Gómez Hurtado, quien sí intuyó el desastre en ciernes, planteó una pregunta que resultaría ominosa: ¿cuánto nos cuesta la indiferencia?

Mucho nos costó. Desde la masacre de Medellín hasta el presente, cientos de miles de colombianos han sido asesinados. Los capos del narcotráfico y otros grupos violentos “corrompieron, debilitaron y casi destruyeron los sistemas judiciales y legales del Estado”. La historia es bien conocida. Pero Henderson es optimista. No cree en la supuesta continuidad de la violencia. “Estoy convencido –escribió– de que Colombia será de nuevo un país en paz. Viví allí en 1966 y recuerdo el alivio y el optimismo de un pueblo que había dejado atrás la Violencia. Algo de ese mismo espíritu está presente hoy”. 

Tal vez este optimismo sea exagerado. Pero tiene un mérito: nos recuerda que este país tuvo, durante una década ya olvidada, un momento de paz y tranquilidad, y nos sugiere, en últimas, que a pesar de todo no estamos eternamente condenados a la violencia.

Academia Personal

Una propuesta modesta

Por razones fortuitas, –probablemente un funcionario de una organización multilateral lo dejó olvidado en la sala de espera de un aeropuerto colombiano –, tuve acceso a un memorando confidencial que plantea algunas propuestas sobre cómo resolver la crisis fiscal del primer mundo. Transcribo el documento de manera casi literal. Sólo me he tomado algunas libertades con la traducción.

1. El riesgo de envejecimiento es la principal amenaza para la sostenibilidad fiscal del mundo.  En Inglaterra, por ejemplo, los estimativos oficiales proyectaban que, en promedio, una persona de 65 años de edad debería vivir otros 17 años. Pero los estimativos se quedaron cortos. La gente está viviendo tres años más que lo esperado, con consecuencias fiscales desastrosas. Tres años más de vida con respecto a las edades proyectadas implican un costo fiscal de largo de plazo del orden de 50% del PIB. Reconocer y mitigar este riesgo es un proceso que debe ponerse en marcha ahora mismo. Las reformas tradicionales tardarán muchos años en producir resultados. Nuevas reformas son necesarias.

2. El riesgo de envejecimiento no sólo constituye una amenaza para la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. También afecta la sostenibilidad de los sistemas de salud. En 2015, según las proyecciones disponibles, el costo de atención a los enfermos de Alzheimer le costará a Estados Unidos 189 mil millones de dólares. En 2050, el costo ya superaría los 950 mil millones de dólares. Muchos de los problemas presupuestales del primer mundo tienen que ver con la intención de extender marginalmente la duración de la vida de personas enfermas y mayores de edad.

3. La generación que causó la crisis tendrá  que asumir el costo de su resolución. Los países desarrollados deberían, mediante un proceso participativo liderado por organizaciones científicas, determinar (y probablemente incorporar en sus constituciones) el valor de un año de vida adicional de, digamos, una persona de 70 años. Con base en este valor, los beneficios y los costos de los medicamentos y procedimientos médicos pueden ser estimados. Si los beneficios son inferiores a los costos, el uso de recursos públicos debería prohibirse explícitamente. Por ejemplo, medicamentos oncológicos muy costosos que, en promedio, apenas prolongan la vida de los enfermos de cáncer por unos pocos años deberían excluirse de manera definitiva.

4. Al mismo tiempo, los países del primer mundo deberían imponer un límite etario para el pago de pensiones. Las personas de, digamos, ochenta o más años deberían vivir por su cuenta y riesgo. Resulta muy oneroso para el resto de la sociedad asumir el costo de las distorsiones demográficas individuales. Varios intelectuales públicos han señalado que las vidas cortas constituyen un imperativo ético habida cuenta de los problemas económicos actuales. Los gobiernos deberían promover un diálogo sobre los costos sociales y las externalidades negativas de las vidas prolongadas. Muchos actores sociales subestiman o desconocen estos costos.

5. Resumiendo: los países desarrollados han sobrepasado el nivel óptimo de envejecimiento (desde un punto de vista social). Por razones de justicia intergeneracional, los más jóvenes no deberían pagar por el exceso de años de vida de una generación privilegiada. Las reformas sugeridas para evitar un crecimiento insostenible de los costos de salud y pensiones son inaplazables.

Academia Reflexiones

El sueño bogotano

¿Ha aumentado recientemente la importancia demográfica, económica y política de la ciudad de Bogotá y sus alrededores? ¿Es la bogotanización de Colombia inevitable o irreversible? En una columna de opinión publicada la semana anterior en este diario, el economista e historiador costeño Adolfo Meisel respondió afirmativamente a las preguntas anteriores, sugirió que la preeminencia de Bogotá es cada vez mayor: su población ha crecido más rápido que en otros centros urbanos, su participación en la producción nacional ha aumentado sistemáticamente y su importancia política, medida, por ejemplo, por la composición regional del gabinete ministerial, es desproporcionada por decir lo menos. En opinión de Meisel, hoy en día somos gobernados desde Bogotá, por los bogotanos y para los bogotanos.

Bogotá es un lugar extraño (geográficamente hablando): una ciudad mediterránea de ocho millones de habitantes, muy lejos de los puertos del Caribe y del Pacífico, sin un río navegable que la conecte con las principales rutas del comercio internacional. Al menos Ciudad de México fue levantada sobre las ruinas de un imperio precolombino. Pero Bogotá no tiene un pasado imperial. Su preeminencia obedece a unas circunstancias históricas distintas, más caprichosas si se quiere: al centralismo de los colonizadores españoles y sus herederos republicanos y a la cerrazón económica que ha caracterizado buena parte de nuestra historia. Hace unos años oí decirle a un académico norteamericano que Bogotá le recordaba a Salt Lake City, la ciudad donde los mormones fueron a esconderse del mundo. Los colonizadores ibéricos llegaron a Bogotá a esconderse de los mosquitos, pero terminaron alejados del mundo, en el Tíbet suramericano.

Más allá de las circunstancias históricas, la ciudad de Bogotá deriva actualmente su importancia de un mercado interno de ocho millones de personas y de una gran concentración del capital humano. Los trabajadores educados siguen encontrando muchas más oportunidades laborales en Bogotá que en cualquier otra ciudad de Colombia. Lo mismo ocurre con los trabajadores sin educación. “Me vine con toda la familia de Armenia hace dos meses. Ganábamos 120 mil pesos mensuales en una finca cafetera. Solo ayer me hice cien mil pesos”, me dijo un taxista hace unos días con evidente satisfacción. Como él, muchos han llegado (y probablemente seguirán llegando) en busca del sueño bogotano.

Las fuerzas del mercado interno y la aglomeración son muy poderosas. Casi imbatibles, como bien ha enfatizado el economista Paul Krugman. En los últimos 20 años, la apertura económica y la descentralización no pudieron reversar la preeminencia bogotana. Pero si Colombia quiere evitar la macrocefalia, si aspira a un crecimiento urbano más equilibrado, no tiene alternativa distinta a profundizar la apertura de la economía y la descentralización de la política. El dinamismo reciente de algunas ciudades de la Costa Caribe ha sido impulsado por una mayor apertura y un mejor aprovechamiento de la descentralización. Algo similar podría ocurrir en la Costa Pacífica. O incluso en Antioquia, si Medellín logra consolidarse como un exportador de servicios especializados.

En fin, mientras alcaldes y empresarios sigan viniendo a Bogotá a suplicar subsidios y pedir protección, el poder hegemónico de la capital seguirá creciendo y el sueño bogotano seguirá siendo una de nuestras grandes paradojas.

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Una candidatura histórica

En
julio de 1944, en Bretton Woods, New Hampshire, un lugar hasta entonces conocido
 por sus hoteles de lujo y sus pistas de esquí,
los representantes de un grupo de más de 40 países definieron la creación del Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional. En ese momento, en las postrimerías de la Segunda Guerra
Mundial, Europa estaba destruida y Estados Unidos dominaba completamente la
economía mundial. Como resultado de su preeminencia económica, Estados Unidos
logró imponer su visión y asegurar un control duradero sobre las nuevas
instituciones. Por más de sesenta años, el Fondo Monetario y el Banco Mundial
han sido instituciones paradójicas por decirlo de algún modo: multilaterales en teoría, pero dependientes
en la práctica del gobierno de Estados Unidos.

Durante
la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos controló el Fondo Monetario y el
Banco Mundial. Nadie se atrevía a objetar
su control. No había muchas razones para ello. La economía global seguía
dependiendo en buena medida de la economía de Estados Unidos. “Si a Estados Unidos le da gripa –decían– a
medio mundo le da neumonía”. Las grandes crisis económicas y financieras
ocurrían en la periferia, muy lejos de Washington o de Bretton Woods. Por
décadas, Estados Unidos actuó como una especie de padre adusto que pedía
prudencia y daba consejos no solicitados. El Banco Mundial y el Fondo Monetario
transformaban estos consejos en créditos y condicionalidades. En economía, la
postguerra duró más de cincuenta años.

Pero
la realidad económica cambió con la llegada del siglo XXI. En la última década,
las llamadas economías emergentes han crecido, en promedio, a una tasa anual cinco
puntos porcentuales superior a la correspondiente a las economías avanzadas. La
última crisis económica ocurrió en el centro, no en la periferia.  Estados Unidos se enfermó de neumonía y muchas
economías en desarrollo sufrieron si acaso un leve resfriado. El crecimiento
global depende ahora de un puñado de economías emergentes. China es el
principal productor de manufacturas del mundo. Con razón, los líderes de las
economías emergentes han pedido una mayor representación en las entidades
multilaterales.

Estos
mismos líderes ya se atreven a alzar la voz. El primer ministro de la India
señaló recientemente que el exceso de liquidez generado por las políticas de
estabilización puestas en práctica en Estados Unidos y Europa constituye una verdadera
amenaza para la economía mundial. Los
otrora aconsejados han pasado a dar consejos. Esta semana, los jefes de
Estado
de los llamados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sur África)
reclamaron que
el nuevo presidente del Banco Mundial debería ser elegido mediante un
proceso
transparente, basado en los méritos de los candidatos, no en su
nacionalidad.
Ya no hay razones, sugirieron, para que la dirección del Banco Mundial
deba estar necesariamente en cabeza de un estadounidense.

Pero
el gobierno colombiano está en otro cuento. Al no apoyar la candidatura de JoséAntonio Ocampo a la presidencia del Banco Mundial, ha desconocido los justos
reclamos de los países en desarrollo por una participación más justa en las decisiones
económicas globales. De manera despectiva,
el gobierno declaró esta semana que la candidatura de Ocampo era “simbólica”. ¡Claro
que lo es! Tristemente el gobierno no ha entendido el simbolismo y ha despreciado la importancia
histórica de las candidaturas alternativas. Sigué anclado en el Siglo XX, en el mundo ya antiguo de Bretton Woods.   
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Sobre las cifras de empleo

1. El gráfico 1 muestras los promedios móviles de 12 meses de la tasa de desempleo nacional. La mejoría es evidente. La tasa ha disminuido más de un punto porcentual con respecto al pico reciente de agosto de 2010. El deterioro causado por la desaceleración de los años 2008 y 2009 (producto, a su vez, de la crisis internacional) ha sido más que borrado por cuenta de la rápida recuperación de la economía de los últimos 18 meses. 


2. El gráfico 2 muestra la disminución de la tasa de desempleo para cada uno de los últimos doce meses (medida como la diferencia entre la tasa del mes en cuestión y la tasa correspondiente para el mismo del año anterior). La mejoría en los meses de octubre y noviembre fue de 1,5 puntos porcentuales. La mejoría en los meses de enero y febrero ha sido de un punto porcentual. La mejoría se ha estancado, ha perdido fuerza incluso. Aparentemente el desempleo no seguirá disminuyendo y podría estabilizarse en una tasa cercana a 11%.

3. El gobierno ha dicho que un millón de empleos fueron creados en el último año. El dato es cierto. Pero debe matizarse: 200 mil han sido empleos sin remuneración y 400 mil, empleos de trabajadores por cuenta propia (informales con bajos ingresos en su mayoría). Del millón anunciado, solo 400 mil pueden considerarse empleos de una calidad aceptable. 

4. En fin, las noticias son buenas, pero en ningún momento extraordinarias. La complacencia del gobierno es preocupante. El problema del empleo está lejos de ser resuelto.
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Un Estado asediado

En uno de sus primeros pronunciamientos públicos, Fernando Carrillo, el nuevo director de la Agencia Jurídica de la Nación, señaló la dimensión (casi inconmensurable) de su tarea. “Las demandas contra el Estado –dijo– ascienden a 1.200 billones de pesos…25 millones por cada colombiano, un monto preocupante”. Carrillo puso de presente la incapacidad del Estado colombiano para defenderse de un enemigo mejor apertrechado, de un verdadero ejército de litigantes. Con el optimismo de los recién llegados, prometió una revolución, un cambio radical en la defensa jurídica del Estado: “estamos en la idea de traer las mejores experiencias, como las que ofrece España que tiene unas tasas de éxito procesal impresionantes”.
Carrillo pretende convertirse en una especie de superhéroe de historieta, en el jefe de un pequeño escuadrón de funcionarios decididos a enfrentar y vencer un enemigo formidable. Ojalá tenga suerte. Otros han intentado sin éxito hazañas similares. Pero sus proezas seguramente serán insuficientes. Mientras tanto debería usar su poder simbólico (quizás el único que tiene) para hacer un poco de pedagogía, para señalar algunas de las causas estructurales del exceso de demandas en contra del Estado colombiano. Una de estas causas tiene que ver, en mi opinión, con una idea generalizada, con la concepción errónea del Estado como una especie de señor todopoderoso, con capacidades y recursos ilimitados y por lo tanto con la obligación de responder por todos sus errores y omisiones con dinero contante y sonante. El Estado, cabe advertir, no es un señor indiferente sentado en una pila de monedas de oro: es a duras penas un proveedor de servicios financiados mayoritariamente con nuestros impuestos. En últimas, buena parte de los 1.200 billones de pesos constituye un intento de despojo de unos pocos al resto de la sociedad.
Carrillo podría también llamar la atención sobre un problema más álgido, a saber: en Colombia las actividades y ocupaciones más rentables están asociadas con la captura de rentas, con la redistribución de la riqueza, no con su creación. Un ingeniero o científico creativo gana menos que un abogado avezado. Muchas demandas en contra del Estado son simples experimentos redistributivos dirigidos por abogados que conocen los vericuetos legales y cobran millonadas por sus servicios. ¿No debería alguien proponer un tope a los honorarios legales, a las millonadas que se pagan por demandar al Estado? ¿No son estos pagos tan irritantes como los bonos pagados a los banqueros que tanta indignación han causado en el mundo desarrollado? ¿No valdría la pena llamar la atención sobre la extrañeza (por decir lo menos) de honorarios de miles de millones de pesos por actividades que no generan un ápice de riqueza, que poco o nada le aportan a la sociedad?
Mientras sigamos concibiendo al Estado como el administrador desalmado de una riqueza ajena (no de nuestros impuestos), mientras la cacería de rentas y la redistribución oportunista continúen siendo actividades provechosas y respetadas y mientras los demandantes sigan ganando honorarios magníficos, de muchos ceros, la defensa jurídica de la Nación será poco menos que imposible y el ejército de tinterillos seguirá haciendo de las suyas a pesar de las buenas intenciones de Fernando Carrillo o de quien sea.