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Academia Reflexiones

Un país en paz

Posted on 22 abril, 2012

“Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en Colombia”. Así se titula el nuevo libro del historiador y colombianista James D. Henderson que será presentado esta semana en la Feria del Libro de Bogotá. El libro comienza con una tesis novedosa: entre 1965 y 1975, en la década siguiente al fin definitivo de la Violencia, “Colombia fue un lugar extraordinario”, un país en paz con una economía floreciente. En 1950, en los años de Laureano Gómez, 50 mil colombianos fueron asesinados. En 1966, cuando Carlos Lleras Restrepo asumió la presidencia, tan solo 496 personas murieron por causas violentas. “En 1965, era difícil encontrar 500 violentos en todo el territorio nacional”, escribió otro historiador estadounidense, Rusell W. Ramsey. La cifra parece inverosímil. Los colombianos estamos convencidos de que la continuidad de la violencia caracteriza (o define incluso) nuestro país.

La década de la paz, escribe Henderson, comenzó (simbólicamente por supuesto) en junio de 1965 con la muerte del bandolero conservador Efraín González en el sur de Bogotá durante un operativo militar. Con el mismo hecho empieza “35 muertos” de Sergio Alvarez, una novela que, casualmente, cuenta la misma historia: la recaída de Colombia en el abismo de la violencia por cuenta del narcotráfico. Otro evento simbólico, sugiere Henderson, marcó el fin de la paz y el comienzo de más de tres décadas de violencia y desorden. En noviembre de 1975, en la ciudad de Medellín, tuvo lugar la primera masacre perpetrada por un grupo de narcotraficantes: 40 personas fueron asesinadas después del decomiso de 600 kilos de cocaína por parte de la Policía Nacional. Colombia comenzaba apenas a consolidarse como el principal exportador de cocaína a Estados Unidos y la década de la paz (es fácil apreciarlo en retrospectiva) había terminado abruptamente.

Pero muy pocos percibieron lo que se venía encima: la destrucción de la paz de Colombia. En 1975, la Casa Blanca presentó un documento que minimizaba la importancia de la cocaína. “Tal como se usa actualmente, la cocaína no tiene graves consecuencias sociales”, señaló el documento de marras. Inicialmente las autoridades de Estados Unidos toleraron el comercio de una droga considerada inofensiva. Las autoridades colombianas, con el presidente Alfonso López Michelsen a la cabeza, “adoptaron una política de laissez-faire con respecto al tráfico de drogas ilícitas”. En 1975, Alvaro Gómez Hurtado, quien sí intuyó el desastre en ciernes, planteó una pregunta que resultaría ominosa: ¿cuánto nos cuesta la indiferencia?

Mucho nos costó. Desde la masacre de Medellín hasta el presente, cientos de miles de colombianos han sido asesinados. Los capos del narcotráfico y otros grupos violentos “corrompieron, debilitaron y casi destruyeron los sistemas judiciales y legales del Estado”. La historia es bien conocida. Pero Henderson es optimista. No cree en la supuesta continuidad de la violencia. “Estoy convencido –escribió– de que Colombia será de nuevo un país en paz. Viví allí en 1966 y recuerdo el alivio y el optimismo de un pueblo que había dejado atrás la Violencia. Algo de ese mismo espíritu está presente hoy”. 

Tal vez este optimismo sea exagerado. Pero tiene un mérito: nos recuerda que este país tuvo, durante una década ya olvidada, un momento de paz y tranquilidad, y nos sugiere, en últimas, que a pesar de todo no estamos eternamente condenados a la violencia.

Academia Personal

Una propuesta modesta

Posted on 15 abril, 2012

Por razones fortuitas, –probablemente un funcionario de una organización multilateral lo dejó olvidado en la sala de espera de un aeropuerto colombiano –, tuve acceso a un memorando confidencial que plantea algunas propuestas sobre cómo resolver la crisis fiscal del primer mundo. Transcribo el documento de manera casi literal. Sólo me he tomado algunas libertades con la traducción.

1. El riesgo de envejecimiento es la principal amenaza para la sostenibilidad fiscal del mundo.  En Inglaterra, por ejemplo, los estimativos oficiales proyectaban que, en promedio, una persona de 65 años de edad debería vivir otros 17 años. Pero los estimativos se quedaron cortos. La gente está viviendo tres años más que lo esperado, con consecuencias fiscales desastrosas. Tres años más de vida con respecto a las edades proyectadas implican un costo fiscal de largo de plazo del orden de 50% del PIB. Reconocer y mitigar este riesgo es un proceso que debe ponerse en marcha ahora mismo. Las reformas tradicionales tardarán muchos años en producir resultados. Nuevas reformas son necesarias.

2. El riesgo de envejecimiento no sólo constituye una amenaza para la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. También afecta la sostenibilidad de los sistemas de salud. En 2015, según las proyecciones disponibles, el costo de atención a los enfermos de Alzheimer le costará a Estados Unidos 189 mil millones de dólares. En 2050, el costo ya superaría los 950 mil millones de dólares. Muchos de los problemas presupuestales del primer mundo tienen que ver con la intención de extender marginalmente la duración de la vida de personas enfermas y mayores de edad.

3. La generación que causó la crisis tendrá  que asumir el costo de su resolución. Los países desarrollados deberían, mediante un proceso participativo liderado por organizaciones científicas, determinar (y probablemente incorporar en sus constituciones) el valor de un año de vida adicional de, digamos, una persona de 70 años. Con base en este valor, los beneficios y los costos de los medicamentos y procedimientos médicos pueden ser estimados. Si los beneficios son inferiores a los costos, el uso de recursos públicos debería prohibirse explícitamente. Por ejemplo, medicamentos oncológicos muy costosos que, en promedio, apenas prolongan la vida de los enfermos de cáncer por unos pocos años deberían excluirse de manera definitiva.

4. Al mismo tiempo, los países del primer mundo deberían imponer un límite etario para el pago de pensiones. Las personas de, digamos, ochenta o más años deberían vivir por su cuenta y riesgo. Resulta muy oneroso para el resto de la sociedad asumir el costo de las distorsiones demográficas individuales. Varios intelectuales públicos han señalado que las vidas cortas constituyen un imperativo ético habida cuenta de los problemas económicos actuales. Los gobiernos deberían promover un diálogo sobre los costos sociales y las externalidades negativas de las vidas prolongadas. Muchos actores sociales subestiman o desconocen estos costos.

5. Resumiendo: los países desarrollados han sobrepasado el nivel óptimo de envejecimiento (desde un punto de vista social). Por razones de justicia intergeneracional, los más jóvenes no deberían pagar por el exceso de años de vida de una generación privilegiada. Las reformas sugeridas para evitar un crecimiento insostenible de los costos de salud y pensiones son inaplazables.

Academia Reflexiones

El sueño bogotano

Posted on 7 abril, 2012

¿Ha aumentado recientemente la importancia demográfica, económica y política de la ciudad de Bogotá y sus alrededores? ¿Es la bogotanización de Colombia inevitable o irreversible? En una columna de opinión publicada la semana anterior en este diario, el economista e historiador costeño Adolfo Meisel respondió afirmativamente a las preguntas anteriores, sugirió que la preeminencia de Bogotá es cada vez mayor: su población ha crecido más rápido que en otros centros urbanos, su participación en la producción nacional ha aumentado sistemáticamente y su importancia política, medida, por ejemplo, por la composición regional del gabinete ministerial, es desproporcionada por decir lo menos. En opinión de Meisel, hoy en día somos gobernados desde Bogotá, por los bogotanos y para los bogotanos.

Bogotá es un lugar extraño (geográficamente hablando): una ciudad mediterránea de ocho millones de habitantes, muy lejos de los puertos del Caribe y del Pacífico, sin un río navegable que la conecte con las principales rutas del comercio internacional. Al menos Ciudad de México fue levantada sobre las ruinas de un imperio precolombino. Pero Bogotá no tiene un pasado imperial. Su preeminencia obedece a unas circunstancias históricas distintas, más caprichosas si se quiere: al centralismo de los colonizadores españoles y sus herederos republicanos y a la cerrazón económica que ha caracterizado buena parte de nuestra historia. Hace unos años oí decirle a un académico norteamericano que Bogotá le recordaba a Salt Lake City, la ciudad donde los mormones fueron a esconderse del mundo. Los colonizadores ibéricos llegaron a Bogotá a esconderse de los mosquitos, pero terminaron alejados del mundo, en el Tíbet suramericano.

Más allá de las circunstancias históricas, la ciudad de Bogotá deriva actualmente su importancia de un mercado interno de ocho millones de personas y de una gran concentración del capital humano. Los trabajadores educados siguen encontrando muchas más oportunidades laborales en Bogotá que en cualquier otra ciudad de Colombia. Lo mismo ocurre con los trabajadores sin educación. “Me vine con toda la familia de Armenia hace dos meses. Ganábamos 120 mil pesos mensuales en una finca cafetera. Solo ayer me hice cien mil pesos”, me dijo un taxista hace unos días con evidente satisfacción. Como él, muchos han llegado (y probablemente seguirán llegando) en busca del sueño bogotano.

Las fuerzas del mercado interno y la aglomeración son muy poderosas. Casi imbatibles, como bien ha enfatizado el economista Paul Krugman. En los últimos 20 años, la apertura económica y la descentralización no pudieron reversar la preeminencia bogotana. Pero si Colombia quiere evitar la macrocefalia, si aspira a un crecimiento urbano más equilibrado, no tiene alternativa distinta a profundizar la apertura de la economía y la descentralización de la política. El dinamismo reciente de algunas ciudades de la Costa Caribe ha sido impulsado por una mayor apertura y un mejor aprovechamiento de la descentralización. Algo similar podría ocurrir en la Costa Pacífica. O incluso en Antioquia, si Medellín logra consolidarse como un exportador de servicios especializados.

En fin, mientras alcaldes y empresarios sigan viniendo a Bogotá a suplicar subsidios y pedir protección, el poder hegemónico de la capital seguirá creciendo y el sueño bogotano seguirá siendo una de nuestras grandes paradojas.

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Una candidatura histórica

Posted on 1 abril, 2012
En
julio de 1944, en Bretton Woods, New Hampshire, un lugar hasta entonces conocido
 por sus hoteles de lujo y sus pistas de esquí,
los representantes de un grupo de más de 40 países definieron la creación del Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional. En ese momento, en las postrimerías de la Segunda Guerra
Mundial, Europa estaba destruida y Estados Unidos dominaba completamente la
economía mundial. Como resultado de su preeminencia económica, Estados Unidos
logró imponer su visión y asegurar un control duradero sobre las nuevas
instituciones. Por más de sesenta años, el Fondo Monetario y el Banco Mundial
han sido instituciones paradójicas por decirlo de algún modo: multilaterales en teoría, pero dependientes
en la práctica del gobierno de Estados Unidos.

Durante
la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos controló el Fondo Monetario y el
Banco Mundial. Nadie se atrevía a objetar
su control. No había muchas razones para ello. La economía global seguía
dependiendo en buena medida de la economía de Estados Unidos. “Si a Estados Unidos le da gripa –decían– a
medio mundo le da neumonía”. Las grandes crisis económicas y financieras
ocurrían en la periferia, muy lejos de Washington o de Bretton Woods. Por
décadas, Estados Unidos actuó como una especie de padre adusto que pedía
prudencia y daba consejos no solicitados. El Banco Mundial y el Fondo Monetario
transformaban estos consejos en créditos y condicionalidades. En economía, la
postguerra duró más de cincuenta años.

Pero
la realidad económica cambió con la llegada del siglo XXI. En la última década,
las llamadas economías emergentes han crecido, en promedio, a una tasa anual cinco
puntos porcentuales superior a la correspondiente a las economías avanzadas. La
última crisis económica ocurrió en el centro, no en la periferia.  Estados Unidos se enfermó de neumonía y muchas
economías en desarrollo sufrieron si acaso un leve resfriado. El crecimiento
global depende ahora de un puñado de economías emergentes. China es el
principal productor de manufacturas del mundo. Con razón, los líderes de las
economías emergentes han pedido una mayor representación en las entidades
multilaterales.

Estos
mismos líderes ya se atreven a alzar la voz. El primer ministro de la India
señaló recientemente que el exceso de liquidez generado por las políticas de
estabilización puestas en práctica en Estados Unidos y Europa constituye una verdadera
amenaza para la economía mundial. Los
otrora aconsejados han pasado a dar consejos. Esta semana, los jefes de
Estado
de los llamados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sur África)
reclamaron que
el nuevo presidente del Banco Mundial debería ser elegido mediante un
proceso
transparente, basado en los méritos de los candidatos, no en su
nacionalidad.
Ya no hay razones, sugirieron, para que la dirección del Banco Mundial
deba estar necesariamente en cabeza de un estadounidense.

Pero
el gobierno colombiano está en otro cuento. Al no apoyar la candidatura de JoséAntonio Ocampo a la presidencia del Banco Mundial, ha desconocido los justos
reclamos de los países en desarrollo por una participación más justa en las decisiones
económicas globales. De manera despectiva,
el gobierno declaró esta semana que la candidatura de Ocampo era “simbólica”. ¡Claro
que lo es! Tristemente el gobierno no ha entendido el simbolismo y ha despreciado la importancia
histórica de las candidaturas alternativas. Sigué anclado en el Siglo XX, en el mundo ya antiguo de Bretton Woods.   
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Sobre las cifras de empleo

Posted on 31 marzo, 2012
1. El gráfico 1 muestras los promedios móviles de 12 meses de la tasa de desempleo nacional. La mejoría es evidente. La tasa ha disminuido más de un punto porcentual con respecto al pico reciente de agosto de 2010. El deterioro causado por la desaceleración de los años 2008 y 2009 (producto, a su vez, de la crisis internacional) ha sido más que borrado por cuenta de la rápida recuperación de la economía de los últimos 18 meses. 


2. El gráfico 2 muestra la disminución de la tasa de desempleo para cada uno de los últimos doce meses (medida como la diferencia entre la tasa del mes en cuestión y la tasa correspondiente para el mismo del año anterior). La mejoría en los meses de octubre y noviembre fue de 1,5 puntos porcentuales. La mejoría en los meses de enero y febrero ha sido de un punto porcentual. La mejoría se ha estancado, ha perdido fuerza incluso. Aparentemente el desempleo no seguirá disminuyendo y podría estabilizarse en una tasa cercana a 11%.

3. El gobierno ha dicho que un millón de empleos fueron creados en el último año. El dato es cierto. Pero debe matizarse: 200 mil han sido empleos sin remuneración y 400 mil, empleos de trabajadores por cuenta propia (informales con bajos ingresos en su mayoría). Del millón anunciado, solo 400 mil pueden considerarse empleos de una calidad aceptable. 

4. En fin, las noticias son buenas, pero en ningún momento extraordinarias. La complacencia del gobierno es preocupante. El problema del empleo está lejos de ser resuelto.
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Un Estado asediado

Posted on 25 marzo, 2012
En uno de sus primeros pronunciamientos públicos, Fernando Carrillo, el nuevo director de la Agencia Jurídica de la Nación, señaló la dimensión (casi inconmensurable) de su tarea. “Las demandas contra el Estado –dijo– ascienden a 1.200 billones de pesos…25 millones por cada colombiano, un monto preocupante”. Carrillo puso de presente la incapacidad del Estado colombiano para defenderse de un enemigo mejor apertrechado, de un verdadero ejército de litigantes. Con el optimismo de los recién llegados, prometió una revolución, un cambio radical en la defensa jurídica del Estado: “estamos en la idea de traer las mejores experiencias, como las que ofrece España que tiene unas tasas de éxito procesal impresionantes”.
Carrillo pretende convertirse en una especie de superhéroe de historieta, en el jefe de un pequeño escuadrón de funcionarios decididos a enfrentar y vencer un enemigo formidable. Ojalá tenga suerte. Otros han intentado sin éxito hazañas similares. Pero sus proezas seguramente serán insuficientes. Mientras tanto debería usar su poder simbólico (quizás el único que tiene) para hacer un poco de pedagogía, para señalar algunas de las causas estructurales del exceso de demandas en contra del Estado colombiano. Una de estas causas tiene que ver, en mi opinión, con una idea generalizada, con la concepción errónea del Estado como una especie de señor todopoderoso, con capacidades y recursos ilimitados y por lo tanto con la obligación de responder por todos sus errores y omisiones con dinero contante y sonante. El Estado, cabe advertir, no es un señor indiferente sentado en una pila de monedas de oro: es a duras penas un proveedor de servicios financiados mayoritariamente con nuestros impuestos. En últimas, buena parte de los 1.200 billones de pesos constituye un intento de despojo de unos pocos al resto de la sociedad.
Carrillo podría también llamar la atención sobre un problema más álgido, a saber: en Colombia las actividades y ocupaciones más rentables están asociadas con la captura de rentas, con la redistribución de la riqueza, no con su creación. Un ingeniero o científico creativo gana menos que un abogado avezado. Muchas demandas en contra del Estado son simples experimentos redistributivos dirigidos por abogados que conocen los vericuetos legales y cobran millonadas por sus servicios. ¿No debería alguien proponer un tope a los honorarios legales, a las millonadas que se pagan por demandar al Estado? ¿No son estos pagos tan irritantes como los bonos pagados a los banqueros que tanta indignación han causado en el mundo desarrollado? ¿No valdría la pena llamar la atención sobre la extrañeza (por decir lo menos) de honorarios de miles de millones de pesos por actividades que no generan un ápice de riqueza, que poco o nada le aportan a la sociedad?
Mientras sigamos concibiendo al Estado como el administrador desalmado de una riqueza ajena (no de nuestros impuestos), mientras la cacería de rentas y la redistribución oportunista continúen siendo actividades provechosas y respetadas y mientras los demandantes sigan ganando honorarios magníficos, de muchos ceros, la defensa jurídica de la Nación será poco menos que imposible y el ejército de tinterillos seguirá haciendo de las suyas a pesar de las buenas intenciones de Fernando Carrillo o de quien sea.
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Aritmética

Posted on 18 marzo, 2012
En los próximos meses el debate sobre el futuro de la educación universitaria en Colombia tendrá un nuevo capítulo. La semana anterior los líderes del movimiento estudiantil se reunieron en Manizales para elegir sus voceros. Los estudiantes reiteraron su objetivo prioritario: “educación superior gratuita y de calidad para todos”. La educación superior, dicen, debe ser un derecho fundamental, una obligación inalienable del Estado.
Esta columna es una invitación a ir más allá de los pronunciamientos retóricos, a pasar de las palabras a los números. La columna presenta una aritmética antipática, pero necesaria creo yo. Empecemos por el principio, por el número de nuevos cupos requeridos para cumplir con la utopía de la universalización planteada por los estudiantes. En Colombia, existen (mal contados) 1,5 millones de estudiantes matriculados en universidades e institutos tecnológicos y técnicos. La cobertura de la educación superior es inferior a 40%. La universalización requeriría, entonces, la creación de más de 2,0 millones de nuevos cupos. Si nos atenemos a los pronunciamientos de los voceros estudiantiles, al menos un millón deberían ser cupos universitarios. Una meta formidable sin duda.
¿Cuánto cuesta crear un millón de nuevos cupos universitarios? El costo semestral por estudiante en una universidad de calidad aceptable, con 50% de profesores de planta, la mitad de ellos con maestría, asciende aproximadamente a cinco millones de pesos. Un millón de cupos nuevos costaría, por lo tanto, cinco billones de pesos semestrales o diez billones anuales: más de cuatro veces el costo de la primera línea del metro de Bogotá, un monto por ahora incompatible con las sostenibilidad fiscal. Pero la plata no es el principal escollo para el cumplimiento de la utopía estudiantil. La construcción de capacidades supone un reto aún más complejo. Dada una relación (no muy exigente) de 30 estudiantes por profesor, la creación de un millón de nuevos cupos universitarios requeriría más de 30 mil nuevos profesores. ¿Quién va a encargarse de su formación? ¿Dónde se capacitarán los nuevos docentes? La respuesta es complicada. El número de profesores requerido es inmenso, casi abrumador. 
Pero allí no terminan los problemas. La mayoría de nuestros bachilleres no tienen las habilidades requeridas para entrar a la universidad. Más de la mitad son incapaces de realizar una operación aritmética básica: “Usted compró una camisa que costaba 20 mil pesos y recibió un descuento de 15%, ¿cuánto pagó finalmente?”. En Colombia, hemos invertido la secuencia lógica del progreso educativo. Aspiramos a tener educación universitaria de calidad, pero no reparamos en la pésima calidad de la educación secundaria. Los líderes estudiantiles poco han dicho al respecto. Están en otro cuento.
Más que una nueva ley o un cambio constitucional, Colombia necesita un plan de educación superior que señale claramente de qué manera se van a construir las capacidades requeridas, que muestre de dónde saldrán los recursos y cómo se formaran los profesores y capacitarán los bachilleres. El movimiento estudiantil debería pasar de las palabras a los números, de la retórica vacía de los derechos a una reflexión más profunda sobre las capacidades y los recursos. Ya pasó el tiempo de la carreta.
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Ciudades

Posted on 11 marzo, 2012
Esta semana el gobierno dio a conocer los primeros datos sobre la nueva distribución regional de las regalías. Aparentemente la mermelada no quedó tan bien repartida como decía el Ministro de Hacienda. Las grandes ciudades parecen haberse quedado por fuera de la repartición. Los municipios adyacentes a las principales capitales recibirán también sumas irrisorias a pesar de sus ingentes problemas sociales. Buena parte de las regalías permanecerá en los municipios productores de petróleo o irá a municipios pequeños que tienen mayores tasas de pobreza estructural.
La distribución anunciada discrimina en contra de los pobres de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, etc. Los criterios usados pasan por alto un hecho obvio, casi trivial: la tasa de pobreza es menor en las grandes ciudades que en el resto del país, pero el número absoluto de pobres, por razones meramente demográficas, es mucho mayor en las principales áreas metropolitanas que en los municipios más pequeños. En términos más generales, la distribución de las regalías revela un sesgo conocido, una idea influyente y generalizada; a saber: la supuesta obligación del gobierno nacional de transferirles a los municipios pequeños y a las zonas rurales una mayor cantidad de recursos por habitante con el fin de disminuir las brechas socioeconómicas y evitar la migración hacia las grandes ciudades. Muchos analistas siguen sosteniendo que el futuro de Colombia pasa por el campo. El diagnóstico no ha cambiado en 200 años. Inercia intelectual, digamos.
Pero el diagnóstico es cuestionable. El progreso social depende usualmente del crecimiento de las ciudades. Para reducir la pobreza primero hay que urbanizarla. Así lo muestra, por ejemplo, la experiencia reciente de China y la India, donde la rápida disminución de la pobreza ha estado acompañada del crecimiento acelerado de unas cuantas ciudades conectadas con el mundo. En todas partes, las ciudades ofrecen al menos la esperanza de una vida mejor. En Colombia, la mayoría de los desplazados no quiere regresar a sus lugares de origen. Sea lo que sea, prefieren el dinamismo urbano al sosiego rural. Los paraísos rurales sólo existen en la imaginación de algunos comentaristas románticos (que viven en las ciudades por supuesto).
Tradicionalmente las ciudades han sido no sólo los escenarios del cambio social, sino también los espacios de la innovación. “¿Qué tanto habría perdido el mundo si Thomas Edison o Henry Ford hubieron sido forzados a pasar sus días en el campo?”, preguntó recientemente el economista estadounidense Edward Glaeser. Las ciudades parecen incluso estimular el desarrollo cognitivo. Los resultados de la Encuesta Longitudinal de la Universidad de los Andes (ELCA) muestran que los niños pobres de las zonas urbanas tienen, desde los cinco años, un desarrollo verbal mucho mayor que casi todos niños, pobres y no pobres, de las zonas rurales. Aparentemente el bullicio urbano es más estimulante que la tranquilidad rural. 
Pero el gobierno parece subestimar la importancia de las ciudades. No solo en el tema de las regalías. La ley de restitución de tierras, su proyecto bandera, es una forma de saldar cuentas con el pasado. Pero nuestro futuro depende de otra cosa, de la capacidad de nuestras principales ciudades de lidiar con los crecientes problemas de movilidad, seguridad e informalidad. Las ciudades pueden ser nuestra salvación. O nuestra condena.
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Justicia espectáculo

Posted on 4 marzo, 2012
De lunes a viernes, de manera ininterrumpida, las páginas de internet de los principales periódicos de Colombia transmiten alguna audiencia judicial, uno de los tantos procesos penales o disciplinarios de interés general. Los reporteros judiciales ya no deambulan de juzgado en juzgado en busca de historias de amores y de odios. Ahora disertan frente a las cámaras acerca de los procesos en curso con la misma grandilocuencia vana que hiciera famosos a varios comentaristas deportivos: especulan, hacen apuestas y entrevistan a los protagonistas del espectáculo.
Algunos abogados penalistas, Jaime Lombana, Jaime Granados y Abelardo de la Espriella, se han convertido en personajes de farándula. Son entrevistados diariamente por los medios nacionales. Pontifican por la mañana en la radio, por la tarde en los juzgados (con señal en vivo) y por la noche en los noticieros de televisión. Son protagonistas de primera plana de un reality que parece no tener fin. En un momento de entusiasmo, un reportero judicial anunció el viernes anterior “la inminente interinidad en el segundo cargo más importante del país”. Solo en un país donde la justicia se ha convertido en un espectáculo consuetudinario puede alguien pensar que un fiscal tiene semejante importancia. El reality de la justicia ha distorsionado la realidad.
Pero este reality tiene una audiencia creciente, un público cada vez más ansioso. La justicia televisada puede ser cautivante. Satisface algunos de nuestros impulsos más básicos: el placer de la revancha, la satisfacción que produce el escarnio público de aquellos que encarnan todos los males de la sociedad. Recientemente un grupo de científicos ingleses mostró, mediante una serie de experimentos con juegos de cooperación, que muchas personas experimentan placer por el simple hecho de observar que los violadores de las normas cooperativas son castigados públicamente: la contemplación del castigo activa los mismos nervios que titilan con el sexo y los estimulantes. “Los seres humanos –concluyeron– derivan satisfacción de observar que la justicia está siendo administrada, incluso si el instrumento de castigo está por fuera de su control”. En fin, la justicia es un espectáculo seductor. Su disfrute es casi instintivo.
Por lo mismo, el espectáculo puede ser peligroso. Muchos jueces intuyen o conocen los gustos de la audiencia, el deseo mayoritario por el castigo inmediato y terminan fallando para complacer a la galería. Tarde o temprano, la justicia espectáculo acaba por erosionar algo que no hace parte de nuestra naturaleza, que la humanidad tardó mucho tiempo en construir, ese gran legado de la ilustración: las libertades individuales, la presunción de inocencia, la defensa del individuo ante la coerción de las mayorías, ante nuestro deseo instintivo de castigo. En la justicia espectáculo, los derechos humanos terminan subordinados a los deseos revanchistas de la audiencia o de los mismos jueces. 
Esta semana, el exdirector del Incoder Rodolfo Campo Soto fue declarado un peligro para la sociedad y enviado a la cárcel sin haber sido vencido en juicio. El hecho fue reportado por los medios de comunicación como si fuera un partido sin importancia, de segunda categoría. En la justicia espectáculo, paradójicamente, las violaciones de los derechos humanos no son noticia.
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Movilidad social, circa 1920

Posted on 2 marzo, 2012
En los años veinte del siglo anterior, Eduardo Santos, tío abuelo del actual presidente, en un polémica con el intelectual venezolano Laureano Vallenilla Lanz, hizo una vehemente defensa de la movilidad social en Colombia:


En todos los campos se hallarán hombres que han triunfado por su solo esfuerzo, por sus méritos propios, que no son ‘señoritos de buenas familias’, sino hijos de sus obras y sus merecimientos. No sería delicado citar nombres, que acuden a los labios de todos, pero el hecho evidente es que si existe algún país donde estén todos los caminos abiertos al mérito y a la capacidad, es Colombia. Los pomposos nombres de viejos linajes suelen ir cayendo en el olvido, y vemos subir a las alturas, a todas las alturas, en la política, en el gobierno, en la sociedad, en las letras y las artes, en las finanzas y en la milicia, a hombres que son primeros de su dinastía, y que casi siempre son los últimos, porque desgraciadamente no son hereditarios ni el talento ni la virtud.

Nadie puede ser acusado de falta de clarividencia. Pero la historia de su familia, la preeminencia duradera de la dinastía Santos, contradice casi trágicamente el optimismo de Eduardo Santos sobre la movilidad social en Colombia.



Fuente: Santos, E. (1920). “Sobre las teorías del señor Vallenilla Lanz”. El Tiempo. Bogotá, 28 de diciembre.