marzo 2009

«Aspiro a ser presidente sin vanidad de peor… Miro a mis compatriotas hoy más con ojos de padre de familia que de político”, escribió hace ya siete años el entonces (y todavía) candidato Álvaro Uribe Vélez. El presidente Uribe dejó entrever desde su primera campaña sus inclinaciones paternalistas, su idea de despojarse de los disfraces vacuos del poder y consagrarse a la tarea noble de gobernar a Colombia con la dedicación obsesiva de un padre de familia. El paternalismo no es un subproducto de un estilo meticuloso de gobierno. Todo lo contrario: forma parte de la esencia de la doctrina uribista.

En el debate sobre la penalización de la dosis personal, el Gobierno ha reiterado sus pretensiones paternalistas. “Si una persona atenta contra su salud, el Estado debe protegerla aun contra su voluntad”, dijo esta semana el ministro Fabio Valencia Cossio. “Yo veo el tema de la legalización más como padre de familia que como Presidente. Tengo alguna inclinación más de sentimiento de padre de familia que de raciocinio frío”, ha dicho el mismo presidente Uribe. Pero el paternalismo gubernamental no termina con el tema de las drogas. Poco a poco, la política social ha ido adquiriendo un énfasis paternalista. Cada semana, en los municipios de Colombia, se reparten cheques acompañados de homilías en diminutivo por parte de un Gobierno que aspira a convertirse en una figura paternal, necesaria para muchos ciudadanos. El asistencialismo, sobra decirlo, es una manifestación natural del paternalismo.

El paternalismo es un abuso de poder, una forma tolerada (incluso popular) de despotismo. Desde hace varios siglos, los filósofos liberales han denunciado los peligros de los gobiernos que tratan a los ciudadanos como niños. “Un gobierno erigido sobre el principio de la benevolencia hacia el pueblo como la de un padre hacia sus hijos, esto es, un gobierno paternal en que los súbditos se ven forzados a comportarse de modo puramente pasivo, como niños incapaces que no pueden distinguir lo que les es verdaderamente provechoso o nocivo… es el mayor despotismo pensable”, escribió Emmanuel Kant en 1793.

El paternalismo subordina la libertad del individuo a un supuesto “derecho social” definido de manera oportunista. “El libre desarrollo de la personalidad tiene un límite en los derechos de los demás”, afirmó esta semana el ex ministro Andrés Felipe Arias. En 1859, John Stuart Mill, otro filósofo liberal, denunció los peligros de esta tesis arbitraria. “El principio monstruoso —escribió—, según el cual toda persona que cometa la más pequeña falta viola mi derecho social, es infinitamente más peligroso que cualquier otra usurpación de la libertad; no existe violación de la libertad que no pueda justificar”.

En Colombia, el liberalismo está en retirada. El Congreso se dispone a aprobar la segunda reelección, un paso definitivo en el desmonte de la democracia liberal. Seguramente también aprobará la penalización de la dosis personal. Ya sin mayores límites a su poder, el presidente Uribe podrá, entonces, consolidar su proyecto paternal, su pretensión de convertirse en el árbitro del bienestar y las costumbres de los ciudadanos.

Tocará esperar otra década. Y otros presidentes.

Hace ya más de un mes, en medio de discursos grandilocuentes, de alusiones a la igualdad de oportunidades, con la presencia del mismísimo Presidente de la República, la cantante Shakira inauguró en un barrio popular de Barranquilla un moderno colegio estatal. A través de la Fundación Pies Descalzos, Shakira financió la construcción y la dotación del colegio, un símbolo no sólo de la filantropía, sino también de la esperanza, de las mayores oportunidades para los hijos de los habitantes del barrio de marras: pescadores, vendedores ambulantes, mototaxistas y otros nómadas del rebusque. La Secretaría de Educación del distrito de Barranquilla asumió la administración del colegio. Shakira hizo la inversión y el Estado prometió ocuparse del funcionamiento.

La prensa colombiana reportó esta semana una noticia que dice más sobre el futuro de este país que los cientos de artículos políticos y judiciales que se publican todos los días. Apenas un mes después de la inauguración, el colegio de Shakira está en dificultades: faltan uniformes, faltan pupitres, faltan profesores y sobran políticos. Aparentemente los problemas de funcionamiento están relacionados con asuntos burocráticos. Según los reportes de prensa, la repartija de puestos, la guerra de recomendados, de aspirantes a las nuevas plazas ha entorpecido la puesta en marcha de las clases en el nuevo colegio, uno de los más modernos de América Latina.

Esta noticia indica, entre otras cosas, que la calidad de la educación, la igualdad de oportunidades, la construcción de equidad (todas esas cosas de las que habló Shakira en su discurso) no son meramente un asunto de plata, de recursos como dicen los burócratas. La calidad de la educación depende no tanto de las inversiones, de la infraestructura, como del funcionamiento, del compromiso y la preparación de los maestros. La calidad de los profesores depende, a su vez, del talento inicial y de los incentivos, de la capacidad del Estado de atraer personas capaces y de motivarlas adecuadamente. Estas condiciones riñen, casi sobra decirlo, con el clientelismo, con el mal manejo de puestos, sueldos y ascensos.

La calidad de la educación pública depende, en últimas, de romper un pacto de mediocridad, un esquema perverso en el que se paga mal y se exige muy poco. Los maestros (muchos de ellos recomendados políticos) ascienden de manera mecánica en el escalafón, nunca son premiados por el buen desempeño de sus pupilos. Los resultados de los estudiantes matriculados en instituciones oficiales (en las pruebas del Icfes, por ejemplo) no guardan ninguna relación con el escalafón y la educación de sus profesores. El escalafón promedio puede ser alto o bajo, da lo mismo. La remuneración, en otras palabras, es independiente del compromiso y la dedicación de los docentes.

Shakira hizo lo que pudo. El problema de la calidad de la educación escapa a sus buenas intenciones y a su probada generosidad. La solución de este problema pasa por el desmonte del pacto de mediocridad, lo que implica, entre otras cosas, pagarles mejor a los maestros y exigirles más. Paradójicamente, la gran contribución de Shakira pudo haber sido pedagógica: su generosidad ha revelado diáfanamente una de las principales falencias de nuestro sistema educativo.

La reiteración le resta eficacia a la crítica, la convierte en un ruido de fondo, en una letanía inofensiva.La crítica reiterada conduce a un equilibrio perverso, a un problema de comunicación: el criticado desdeña los argumentos repetidos y el crítico repite los mismos argumentos pues se sabe desdeñado. No se trata de un diálogo de sordos, sino de un monólogo sin audiencia o con un público circunscrito a quienes ya lo conocen de memoria. Los críticos permanentes terminan, en últimas, atrapados en una telaraña retórica construida por ellos mismos.

El párrafo anterior es una reflexión autocrítica, casi una disculpa por volver sobre lo mismo, por criticar nuevamente lo que el Gobierno hace o dice. No pretendo afirmar que me vi obligado a reincidir en la crítica. Pero es difícil hacer caso omiso de la política de apoyo industrial anunciada por el Presidente Uribe al final de la semana. El Presidente anunció la apertura de una línea de crédito subsidiado de 500 mil millones de pesos para la adquisición de vehículos particulares y otros bienes durables de fabricación nacional. En el mejor de los casos, esta medida tendrá un efecto marginal, desdeñable sobe el empleo formal o sobre la demanda agregada. La medida beneficia un sector específico, a un interés particular. Equivale a una transferencia de recursos públicos a unas cuantas empresas que tuvieron, en los años precedentes, las mayores utilidades de su historia.

Las relaciones del Gobierno con el sector privado tienen hoy en día dos instancias diferentes. La primera, la instancia seria, madura, es la Comisión Nacional de Competitividad (CNC). La CNC es la encargada de promover el diálogo y la coordinación entre el sector público y el sector privado. En el ámbito de la CNC no se discuten subsidios dirigidos, ni beneficios puntuales, ni favores específicos. Todo lo contrario. En la CNC se debaten los obstáculos del desarrollo, los proyectos estratégicos, los problemas del Estado, etc. En esta instancia, funcionarios y empresarios asumen el papel de estadistas, de árbitros del bienestar general.

La segunda instancia funciona en la Casa de Nariño, en la Alta Consejería Presidencial que dirigió inicialmente José Roberto Arango. En la Alta Consejería ya no se discuten los obstáculos del desarrollo o los desafíos de la competitividad. Allí los empresarios hacen demandas puntuales, reclaman políticas sobre medida. Allí se otorgan favores y subsidios, usualmente de manera impulsiva, sin un estudio adecuado de las implicaciones fiscales o sociales. Allí se pone a menudo el presupuesto público al servicio de intereses particulares, de los empresarios bien conectados o bien representados. Allí, para utilizar una frase histórica, desensillan los empresarios en Palacio.

El Gobierno ha propiciado un manejo corporativista y en últimas inadecuado de muchos asuntos del Estado. La oferta de favores ha creado su propia demanda. Los apoyos industriales anunciados esta semana, injustificables desde muchos puntos de vista, son un síntoma de un problema mayor, de la relación clientelista entre el Gobierno y una buena parte del sector privado.

Con o sin Uribe, la campaña presidencial arrancó prematuramente. El número de precandidatos crece todos los días. Los partidos políticos están a punto de romperse en pedazos por cuenta del forcejeo rabioso de los presidenciables.Al mismo tiempo, la mayoría de los precandidatos ha planteado, con calculada sutileza, que pretende no tanto sustituir las políticas del actual Gobierno como complementarlas; casi todos han puesto un énfasis extraño en los prefijos, han dicho que representan una alternativa “post Uribe”, no “anti Uribe”. La pregunta relevante es, entonces, ¿qué diablos es el “post uribismo”? ¿Qué tantos cambios querrá o podrá hacer el próximo presidente?

En materia económica, el “post uribismo” puede resultar muy parecido, casi idéntico, al “uribismo”. Y no porque los candidatos carezcan de ideas o de voluntad reformista, sino porque el Gobierno se ha encargado, poco a poco, casi inadvertidamente, de restarle margen de maniobra, de amarrarle las manos a al próximo presidente. Mientras los medios de comunicación especulan sobre la posibilidad de una segunda reelección, el Gobierno está, sin que nadie se ocupe del asunto, perpetuando sus políticas, esto es, quitándole relevancia a la elección del próximo presidente.

Tómese, por ejemplo, la llamada confianza inversionista, una de las principales políticas de la actual administración, basada en los descuentos tributarios y en la multiplicación de zonas francas. Si el próximo presidente quisiera cambiar esta política, porque, supongamos, desea convertir el empleo, no la inversión, en el objetivo prioritario de su programa económico, no podrá hacerlo. Al menos no fácilmente. El Gobierno ha promovido desde hace un tiempo la firma de “contratos de estabilidad” que les aseguran a los firmantes el disfrute de las gabelas tributarias por diez años. Muchas de las mayores empresas del país han firmado contratos de este tipo. El próximo presidente heredará, gústele o no, la confianza inversionista. Si planea eliminar las gabelas tributarias o subir los impuestos, tendrá necesariamente que excluir de sus planes a las grandes empresas.

Si el próximo presidente quisiera, para seguir con la lista, reorganizar el sistema de salud, tendría que desmontar parcialmente la reciente (y caótica) expansión del régimen subsidiado, una decisión casi imposible por razones políticas. Muy difícil también resultaría el desmonte de Familias en Acción y de otros programas asistencialistas. Además, el Gobierno ha comprometido recursos fiscales más allá del actual período presidencial para la ejecución de decenas de proyectos supuestamente estratégicos. Y está prometiendo obras futuras en muchas ciudades intermedias. Estas promesas recaerán, por supuesto, en el próximo presidente.

La crisis global, que llegó para quedarse, reducirá la capacidad de gasto del nuevo gobierno. Y para acabar de ajustar, los pagos de pensiones alcanzarán su pico histórico precisamente en el período 2010-14. Sin ánimo de aguar la fiesta o de restarle importancia a la contienda política, no sobra advertir que el nuevo presidente, sea el que fuere, podría convertirse, incluso contra su voluntad, en un simple ejecutor pasivo de políticas y presupuestos heredados. Así no se lance, Uribe ya está en buena medida reelegido.