En el debate sobre la penalización de la dosis personal, el Gobierno ha reiterado sus pretensiones paternalistas. “Si una persona atenta contra su salud, el Estado debe protegerla aun contra su voluntad”, dijo esta semana el ministro Fabio Valencia Cossio. “Yo veo el tema de la legalización más como padre de familia que como Presidente. Tengo alguna inclinación más de sentimiento de padre de familia que de raciocinio frío”, ha dicho el mismo presidente Uribe. Pero el paternalismo gubernamental no termina con el tema de las drogas. Poco a poco, la política social ha ido adquiriendo un énfasis paternalista. Cada semana, en los municipios de Colombia, se reparten cheques acompañados de homilías en diminutivo por parte de un Gobierno que aspira a convertirse en una figura paternal, necesaria para muchos ciudadanos. El asistencialismo, sobra decirlo, es una manifestación natural del paternalismo.
El paternalismo es un abuso de poder, una forma tolerada (incluso popular) de despotismo. Desde hace varios siglos, los filósofos liberales han denunciado los peligros de los gobiernos que tratan a los ciudadanos como niños. “Un gobierno erigido sobre el principio de la benevolencia hacia el pueblo como la de un padre hacia sus hijos, esto es, un gobierno paternal en que los súbditos se ven forzados a comportarse de modo puramente pasivo, como niños incapaces que no pueden distinguir lo que les es verdaderamente provechoso o nocivo… es el mayor despotismo pensable”, escribió Emmanuel Kant en 1793.
El paternalismo subordina la libertad del individuo a un supuesto “derecho social” definido de manera oportunista. “El libre desarrollo de la personalidad tiene un límite en los derechos de los demás”, afirmó esta semana el ex ministro Andrés Felipe Arias. En 1859, John Stuart Mill, otro filósofo liberal, denunció los peligros de esta tesis arbitraria. “El principio monstruoso —escribió—, según el cual toda persona que cometa la más pequeña falta viola mi derecho social, es infinitamente más peligroso que cualquier otra usurpación de la libertad; no existe violación de la libertad que no pueda justificar”.
En Colombia, el liberalismo está en retirada. El Congreso se dispone a aprobar la segunda reelección, un paso definitivo en el desmonte de la democracia liberal. Seguramente también aprobará la penalización de la dosis personal. Ya sin mayores límites a su poder, el presidente Uribe podrá, entonces, consolidar su proyecto paternal, su pretensión de convertirse en el árbitro del bienestar y las costumbres de los ciudadanos.