En materia económica, el “post uribismo” puede resultar muy parecido, casi idéntico, al “uribismo”. Y no porque los candidatos carezcan de ideas o de voluntad reformista, sino porque el Gobierno se ha encargado, poco a poco, casi inadvertidamente, de restarle margen de maniobra, de amarrarle las manos a al próximo presidente. Mientras los medios de comunicación especulan sobre la posibilidad de una segunda reelección, el Gobierno está, sin que nadie se ocupe del asunto, perpetuando sus políticas, esto es, quitándole relevancia a la elección del próximo presidente.
Tómese, por ejemplo, la llamada confianza inversionista, una de las principales políticas de la actual administración, basada en los descuentos tributarios y en la multiplicación de zonas francas. Si el próximo presidente quisiera cambiar esta política, porque, supongamos, desea convertir el empleo, no la inversión, en el objetivo prioritario de su programa económico, no podrá hacerlo. Al menos no fácilmente. El Gobierno ha promovido desde hace un tiempo la firma de “contratos de estabilidad” que les aseguran a los firmantes el disfrute de las gabelas tributarias por diez años. Muchas de las mayores empresas del país han firmado contratos de este tipo. El próximo presidente heredará, gústele o no, la confianza inversionista. Si planea eliminar las gabelas tributarias o subir los impuestos, tendrá necesariamente que excluir de sus planes a las grandes empresas.
Si el próximo presidente quisiera, para seguir con la lista, reorganizar el sistema de salud, tendría que desmontar parcialmente la reciente (y caótica) expansión del régimen subsidiado, una decisión casi imposible por razones políticas. Muy difícil también resultaría el desmonte de Familias en Acción y de otros programas asistencialistas. Además, el Gobierno ha comprometido recursos fiscales más allá del actual período presidencial para la ejecución de decenas de proyectos supuestamente estratégicos. Y está prometiendo obras futuras en muchas ciudades intermedias. Estas promesas recaerán, por supuesto, en el próximo presidente.
La crisis global, que llegó para quedarse, reducirá la capacidad de gasto del nuevo gobierno. Y para acabar de ajustar, los pagos de pensiones alcanzarán su pico histórico precisamente en el período 2010-14. Sin ánimo de aguar la fiesta o de restarle importancia a la contienda política, no sobra advertir que el nuevo presidente, sea el que fuere, podría convertirse, incluso contra su voluntad, en un simple ejecutor pasivo de políticas y presupuestos heredados. Así no se lance, Uribe ya está en buena medida reelegido.