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Recientemente la Procuraduría General de la Nación solicitó, como parte de una acción popular en contra del Invima, que se retire del mercado la llamada píldora del día después. El argumento de la Procuraduría puede resumirse en el siguiente silogismo: la vida humana empieza cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, la píldora del día después impide la implantación en el útero del óvulo fecundado y ésta debe por lo tanto considerarse abortiva y violatoria del derecho a la vida”. Según la Procuraduría, este medicamento “representa un riesgo grave, absoluto, inminente para el pleno goce del derecho a la vida”.

El argumento de la Procuraduría no es original. Es una reiteración de lo dicho en varias ocasiones por las altas autoridades da la Iglesia Católica. Hace exactamente un año, en la Instrucción Dignitas Personae, el Vaticano afirmó de manera rotunda que el uso de la píldora del día después “forma parte del pecado de aborto y es gravemente inmoral. Además, en caso de que se alcance la certeza de haber realizado un aborto, se dan las graves consecuencias penales previstas en el derecho canónico”. El Vaticano llamó también la atención sobre “la intencionalidad abortiva…presente en la persona que quiere impedir la implantación de un embrión…y que, por lo tanto, pide o prescribe fármacos interceptivos”.

Tanto el Vaticano como el Procurador están distorsionando la verdad, desconociendo los indicios científicos, creando dudas para esparcir sus preconcepciones (en un doble sentido). En un artículo publicado en la revista de la Asociación Médica de los Estados Unidos, los científicos Frank Davidoff y James Trusell afirman tajantemente que no existe ninguna evidencia compatible con la hipótesis vaticana. En su opinión, todos los estudios disponibles indican que la píldora del día después opera a través de mecanismos contraceptivos, no interceptivos. En suma, el Vaticano ha adoptado una posición fundamentalista, contraria a la ciencia. Y en Colombia, el Procurador resultó literalmente más papista que el Papa.

Este debate debería servir para revisar una decisión del Invima que impide el acceso real de muchas jóvenes a los anticonceptivos de emergencia. El Invima decidió, hace ya varios años, que la píldora del día después sólo puede ser vendida con fórmula médica por tratarse “de un producto hormonal de manejo cuidadoso con indicaciones específicas, contraindicaciones y precauciones definidas”. Pero estas precauciones, ya desmontadas en casi todos los países desarrollados, pueden ser perjudiciales. En la práctica equivalen a una prohibición. Por pudor o falta de contactos, muchas adolescentes no pueden conseguir la fórmula requerida y por lo tanto no consiguen acceder, con la premura necesaria, a la píldora del día después.

Recientemente un juez estadounidense derogó una resolución instaurada durante el Gobierno de Bush que prohibía la venta sin fórmula médica de anticonceptivos de emergencia a menores de edad. Las organizaciones médicas respaldaron, de manera casi unánime, esta decisión judicial. Los reguladores colombianos deberían estudiar con detenimiento las razones jurídicas y científicas de esta decisión con el propósito de permitir, tarde o temprano, la venta libre de la píldora del día después. El Procurador vino por lana y (por obra y gracia de la justicia divina) podría salir trasquilado.

Sin embargo el sistema a veces exige lo imposible. Para satisfacer a sus patrocinadores, el protagonista debe mostrarse invencible, inmaculado, casi perfecto. El portento debe estar acompañado de la domesticidad. El tigre tiene que ser salvaje adentro de la cancha y manso afuera de ella: un macho alfa que renuncia estoicamente al premio mayor. Pero las contradicciones del sistema son en ocasiones insuperables. Ya sabemos que el tigre no se retiraba tranquilo a su jaula después de la función. Por el contrario, buscaba ansioso una recompensa, un desfogue natural para sus urgencias. El tigre no era tan inmaculado como lo pintaban.

El capitalismo cuenta con un medio sencillo para superar sus contradicciones: el dinero. La esposa del protagonista, la principal víctima de todo este enredo, la única capaz de salvar la situación, parece dispuesta a negociar. Según versiones preliminares recibiría cinco millones de dólares de inmediato y varios millones más si acepta permanecer casada y comportarse como mandan los rigores de la publicidad. Debe mostrarse como una esposa dedicada, acompañar a su marido a uno que otro evento social y guardar un silencio absoluto sobre lo ocurrido. Debe, en pocas palabras, arrendarse por unos cuantos millones de dólares al año. Así los patrocinadores quedarán tranquilos. El protagonista renovará su imagen. Y Tiger Inc. seguirá siendo tan rentable como siempre.

Algunos señalarán que esta negociación es amoral o carente de ética. Y razón tendrán. El capitalismo nunca ha sido una fuerza moralizante. Pero puede ser una fuerza civilizadora. De los «aruñetasos», de la gritería, de las persecuciones rabiosas, palo de golf en mano, pasamos a las discusiones contractuales, al intercambio de ofertas y contraofertas monetarias, a la negociación civilizada entre abogados. O para decirlo en términos más abstractos, de las pasiones pasamos a los intereses. La parte ofendida simplemente va a reclamar lo que le corresponde por salvar a Tiger Inc. Todo quedó reducido a una simple renegociación contractual.

El economista gringo Ian Ayres señaló recientemente la utilidad de “monetizar las frustraciones”. Cada vez que nos sentimos frustrados por un incidente doméstico, dice con ironía, resulta útil preguntarnos cuánta plata estaríamos dispuestos a pagar para evitar la molestia. Una vez hecha la conversión, señala, los problemas lucen más llevaderos. La señora de Tiger tiene bien aprendida la lección. Rápidamente encontró la forma de ponerle un buen precio a sus frustraciones. En pocas semanas todo quedará arreglado de manera civilizada. El espectáculo volverá a las canchas. Y Tiger Inc. seguirá produciendo plata para dar y convidar.

Quizá como consecuencia de la incertidumbre sobre su continuidad, de las dudas sobre la viabilidad constitucional de una segunda reelección, el Gobierno ha multiplicado su actividad, está dando muestras de una gran creatividad de última hora. Pretende modificar la regulación del mercado eléctrico para que las Empresas Públicas de Medellín puedan comprar una buena parte de Isagén. Quiere aumentar los impuestos departamentales mediante una declaratoria de emergencia social injustificada e injustificable. Y aspira, sin estudios, sin análisis, casi sin discusión, a que el Congreso apruebe una inversión de varios miles de millones de dólares en carreteras.

La creatividad del Ministro de Transporte cogió por sorpresa a otros sectores del Gobierno. Los abogados del Ministerio de Hacienda tuvieron que redactar, a las volandas, un proyecto alternativo que corrige, al menos, la pretensión del proyecto original de distribuir de manera definitiva la totalidad de los recursos. Los técnicos del Departamento Nacional de Planeación han dicho repetidamente que las obras en consideración deberían estudiarse cuidadosamente antes de anunciar una suma exorbitante que despertaría (ya lo hizo) los apetitos clientelistas del país entero. El Presidente, por su parte, ha guardado un elocuente silencio sobre las desavenencias ministeriales. Pero el Ministro de Transporte parece decidido. Ya cuenta con el apoyo previsible de los posibles beneficiarios, entre ellos varios gobernadores y muchos congresistas. Desafiante, ha dicho que presentará el proyecto con o sin el aval del Ministro de Hacienda. La creatividad de última hora tiene visos de tragicomedia.

En el congreso anual de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, donde el Ministro de Transporte anunció la presentación del proyecto de ley con su usual desenfado, los congresistas estaban expectantes. Uno de ellos mencionó cándidamente que el proyecto era inconveniente, pero que estaría dispuesto a apoyarlo si le metían un aeropuerto. Otro, usualmente responsable, moderado, señaló que una vez iniciada la repartija, después de rota la piñata, no había alternativa distinta a lanzarse de cabeza. “Es cuestión de supervivencia política”, dijo. La discusión legislativa no ha comenzado, pero no es difícil anticipar qué ocurrirá si el Ministro de Transporte consigue salirse con la suya.

Uno de los asistentes al congreso de infraestructura, en un momento de lucidez e ironía, dijo, en tono resignado, que tenía un buen nombre para la iniciativa del Ministro de Transporte: “Infraestructura Ingreso Seguro”. En esas estamos.

Esta semana el Gobierno, en cabeza del Ministro de Transporte, propuso vender 15% de Ecopetrol con el objetivo de financiar un ambicioso plan de autopistas. Aparentemente la propuesta del Ministro cuenta con la anuencia del presidente Uribe. “Yo tomo el tema muy positivamente. Yo creo que ahí tiene el país un camino para este desatraso de infraestructura”, dijo este último a mitad de semana en la Asamblea de Gobernadores. Aunque más cauteloso, el Ministro de Hacienda también avaló la iniciativa: “lo que quiere decir es que se cambia un activo por otro y eso, en criterio nuestro, tiene mucho sentido para poder desarrollar grandes obras de infraestructura sin deteriorar la sostenibilidad fiscal del mediano plazo”.

La propuesta es buena en teoría. El atraso en materia de infraestructura es notorio. Las nuevas vías podrían aumentar la rentabilidad de la inversión privada y contribuir al crecimiento económico. En la coyuntura actual, con la economía estancada y el desempleo disparado, las inversiones contempladas contribuirían además a la reactivación económica. En suma, la idea de vender un activo valioso para invertir lo recaudado en otro aún más rentable (socialmente hablando) tiene sentido, puede justificarse teóricamente.

Pero en los asuntos de gobierno las buenas teorías pueden fracasar por cuenta de las malas prácticas, por la ausencia de planeación y la incapacidad de gestión. En este caso, los problemas prácticos son evidentes. Para comenzar, la propuesta es apresurada e inoportuna. Ocurre ya al final del período de gobierno. No hace parte del plan de desarrollo. No ha sido incorporada en la planeación fiscal. Parece más la iniciativa de un candidato que la de un presidente. La improvisación carismática, como dijo recientemente el ex ministro Rodrigo Botero, prevalece sobre el análisis técnico, sobre el estudio detallado de las políticas públicas.

En el Ministerio de Transporte, en particular, la planeación es casi inexistente. Los análisis rigurosos, los cálculos de los beneficios y los costos de los proyectos brillan por su ausencia. En cambio, las peticiones regionales, los prospectos de elefantes blancos y las presiones de los cazadores de rentas resplandecen con luz propia. Uno de los tres proyectos promovidos por el Ministro de Transporte, las “Autopistas de la Montaña” en el departamento Antioquia, es más una pretensión regional que una prioridad nacional. Ningún estudio ha mostrado que este proyecto es más rentable o conveniente que otros proyectos en regiones o sectores diferentes. Hay muchas cosas que la plata de Ecopetrol no puede comprar. Una de ellas es la planeación adecuada. Otra, la gestión transparente y eficaz.

En 1954, el gran economista Albert O. Hirschman escribió, después de observar por varios años el funcionamiento del Estado colombiano, que “los países en desarrollo se caracterizan no tanto por los bajos niveles de inversión, como por la baja eficiencia de las inversiones ejecutadas”. Más de medio siglo después, nada parece haber cambiado. Sin proyectos bien definidos, sin una gestión eficaz, sin transparencia en la contratación, la venta de Ecopetrol podría terminar financiando muchos proyectos ineficientes. Podría incluso convertirse en una gran piñata politiquera, en una reiteración a gran escala del cuestionado Plan 2.500.

El Presidente venezolano Hugo Chávez se presenta frecuentemente como la encarnación del libertador Simón Bolívar, como el continuador de su obra, de sus sueños de libertad y grandeza. A menor escala, sin alcanzar los extremos delirantes del mandatario venezolano, el Presidente argentino Néstor Kirchner ha querido presentarse como el sucesor de Perón, como el heredero de una figura única, una luz duradera en medio de una historia de sombras. Como lo ha dicho, por ejemplo, Antonio Caballero, el Presidente colombiano Álvaro Uribe quiere mostrarse como una versión moderna de Rafael Núñez, el regenerador. “Una democracia moderna –dijo el Presidente Uribe en 2005– necesita seguridad con alcance democrático, por la que luchó Núñez… necesita cohesión social, la que él avizoraba a través de sus tesis económicas”.

En particular, el Presidente Uribe parece identificarse con la figura de Rafael Nuñez creada por el historiador, canciller y político liberal Indalecio Liévano Aguirre. En una biografía publicada en 1944, Liévano describe a Núñez como un héroe incomprendido, víctima de un grupo de ideólogos superficiales, de una camarilla de opositores intransigentes: “el fruto de la insensatez de unos colocado al servicio de la perversidad de otros”. Para Liévano, Núñez fue la autoridad en medio del caos. El pragmatismo conciliador en medio de la cerrazón ideológica. Una fuerza centrípeta, centralizadora en medio del desgarramiento del federalismo. Un visionario capaz de entender, en una coyuntura histórica definitiva, la importancia de “gobiernos vigorosos, identificados con las mayorías populares”.

Las coincidencias entre la biografía de Liévano y el discurso oficial no dejan dudas sobre la influencia del héroe trágico creado por el ex canciller liberal en el Gobierno del Presidente Uribe. En la primera parte, refiriéndose a las primeras ocupaciones burocráticas de Núñez, Liévano afirma, como dice ahora un asesor presidencial, que “los graves problemas del país requerían la atención de una inteligencia superior”. Más adelante, Liévano describe las tribulaciones de “un hombre genial salido de las filas del liberalismo” que se vio obligado “a abandonar las sendas de la política normal” para hacer “lo que la opinión pedía a gritos y la salvación del país demandaba imperativamente”. En la fábula de Liévano, el héroe incomprendido venció todos obstáculos y triunfó ante el pueblo y ante la historia.

El Presidente Uribe ha manifestado públicamente su admiración por la biografía de Rafael Nuñez de Indalecio Liévano. La ha leído y recomendado. Hay allí una justificación casi perfecta a su empecinamiento, a su tendencia a justificar medios dudosos en la búsqueda de fines superiores. En la segunda parte, Liévano cita una interesante reflexión postrera de Rafael Nuñez: “Una vez consumada la obra, la generalidad del país, que no pertenece con frecuencia a los partidos, la aplaude y la apoya decididamente, absuelve las ilegalidades cometidas para realizarla, glorifica al autor…y se recela de los oponentes por más que los oiga invocar los más elevados principios como causa de su resistencia”.

Pocas veces un libro, una biografía en este caso, ha tenido tanta influencia en las palabras y en las obras de un gobierno. Aparentemente el Presidente Uribe encontró en el Núñez de Liévano no sólo un modelo, sino también una justificación para sus ambiciones de poder y sus constantes desafueros.

La cruda verdad, señores y señoras, es que en la Cuba de hoy no hay un solo desempleado, ni un niño sin escuela…ni represión policial, ni discriminación de ninguna índole por ningún motivo, ni hay nadie que no tenga la posibilidad de entrar donde entran todos…

En los campamentos de vacaciones de Varadero, los niños de Cuba disponen de equipos de diversión como no los conocen muchos hijos de millonarios gringos…Los mejores restaurantes de Cuba, que son tan buenos como los mejores de cualquier país europeo, son las escuela de gastronomía…La proliferación de escuelas es tan desaforada que uno se pregunta en serio si siempre habrá en Cuba tantos niños para tantas escuelas…También el socialismo tiene derecho al lujo, y están dispuestos a conquistarlo. En 1980, dentro de cinco años, Cuba será el primer país desarrollado de América Latina.

Todos los grandes hechos de la revolución…todos están consignados para siempre, con una técnica de reportero sabio en los discursos de Fidel Castro. Gracias a esos inmensos reportajes hablados, el pueblo cubano es uno de los mejores informados el mundo sobre la realidad propia, y mediante un canal más directo, profundo y honrado que el de los periódicos tramposos del capitalismo.

Periodismo militante está lleno de afirmaciones similares, narradas “con tanta solemnidad como solo somos capaces los colombianos”. Los escritos políticos de García Márquez son más una curiosidad biográfica que literaria. Muestran más las lealtades del hombre que las ideas del escritor. El afán propagandístico prima sobre todo lo demás. Todos los artículos están escritos con la solemnidad del creyente, con la pasión casi ingenua del evangelista.

Pero hay algunas excepciones notables. En contadas ocasiones el periodista militante parece dejar de lado su obsesión publicitaria, su deseo manifiesto de que sus camaradas lo quieran más, y se atreve a escribir o a decir lo que piensa. En una entrevista publicada por la Revista Nacional de Cultura de Venezuela García Márquez dijo lo siguiente sobre Cien años de soledad:

Yo creo que el sentido más profundo de «Cien años de soledad» no es la desconfianza en el cambio, sino el planteamiento realista de que ese cambio no será tan inmediato, ni tan fácil, ni tan lírico como los predican [los revolucionarios] sin creerlo, y a veces creyéndolo algunos místicos de la revolución que no saben donde están parados.

En otra parte de la misma entrevista García Márquez dijo lo siguiente sobre la izquierda exquisita europea:

Por lo pronto ayúdennos a que la revolución latinoamericana acabe de pasar de moda en Europa. Yo recuerdo sin ningún sentido del humor a las modelos italianas vestidas con el uniforme verde olivo en los bares de la Vía Veneto… Los análisis apologéticos, desarraigados y petulantes de algunos ensayistas europeos han sembrado más confusión que las tentativas del imperialismo…a ellos les debemos además algunos muertos inútiles.

En fin, el periodista militante cuestiona, en un raro instante de escepticismo, las ansias revolucionarias de propios y extraños. Al final de su artículo, de su vehemente denuncia, Krauze cita una frase de Orwell: “cualquier escritor que adopta un punto de vista totalitario, que consiente la falsificación de la realidad…se destruye a sí mismo”. García Márquez no se destruyó como novelista. Tampoco como reportero. Pero el periodista militante sí anuló al ensayista. Del pensamiento de García Márquez sólo quedan destellos, fragmentos dispersos en medio de la propaganda, de una militancia deliberada que anuló para siempre al intelectual público, al comentarista lúcido de la realidad nacional y mundial.

Ya es un lugar común decir que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Consuetudinariamente nuestros editorialistas traen a cuento los índices de desigualdad que muestran la brecha, el abismo dirán algunos, que separa a los ricos de los pobres. En la década anterior, la desigualdad aumentó en toda la región. En los países latinoamericanos, casi sin excepción, los de arriba vieron crecer sus ingresos mientras los de abajo percibieron un estancamiento (o una caída) en los suyos. En esta década, la desigualdad ha disminuido en muchos países, en Brasil, en Chile, en México, entre otros, pero ha seguido creciendo en Colombia. Antes al menos podíamos decir que el mal era generalizado; ahora, tristemente, parece ser exclusivo.

¿Qué explica el crecimiento de la desigualdad? Varios analistas nacionales, imbuidos en la jerga económica del momento, han tratado de liquidar la cuestión con una frase sonora. “El crecimiento de la economía colombiana –dicen– es pro-rico, no pro-pobre”. Pero esta frase, esta explicación encapsulada, explica muy poco, simplemente cambia un interrogante por otro. ¿Por qué –tendríamos que preguntar ahora– el crecimiento en Colombia beneficia más a los ricos que a los pobres?

Esta semana, un investigador de la Universidad Nacional propuso una hipótesis sugestiva. La filosofía del Gobierno –sugirió– parece estar resumida en una palabra: “enriqueceos”. “Hoy tenemos –dijo– un país totalmente codicioso que lleva al índice de concentración del ingreso a niveles de 0,59, los más altos de América Latina”. La denuncia de la codicia está de moda. Ya Benedicto XVI había señalado, con afán reduccionista, con vehemencia papal, que “la codicia es la raíz de todos los vicios y de todos los males del ser humano y de la sociedad, y la responsable de la crisis económica mundial que estamos viviendo”. El moralismo, la indignación magnánima, el señalamiento de los codiciosos sirve, tal vez, para componer buenos sermones. Pero no sirve, ciertamente, para explicar los hechos de la economía.

El crecimiento de la desigualdad tiene muy poco que ver con la codicia de unos pocos o con el enriquecimiento de unos cuantos empresarios o finqueros. La explicación está en otra parte, en el comportamiento del mercado de trabajo, en el fracaso sistemático de las políticas de empleo. En Colombia, los trabajadores sin educación superior, pensemos en un bachiller recién graduado, están casi condenados a la informalidad laboral, al rebusque diario que incluye, en algunos casos, un subsidio estatal. Por el contrario, los trabajadores con educación superior, pensemos en un profesional típico, han visto crecer sus oportunidades laborales, han podido, en muchos casos, acceder a un empleo formal. En suma, el crecimiento de la desigualad es el resultado de la exclusión, cada vez mayor, de los trabajadores no educados del mundo del empleo formal, de los sectores modernos de la economía.

Así las cosas, la disminución de la desigualdad requiere una reorientación radical de la política económica: menos impuestos al trabajo, menos estímulos a la inversión, menos subsidios asistencialistas y probablemente más cupos universitarios. En últimas, la creciente desigualdad es el reflejo de la falta de oportunidades laborales y educativas, no de la codicia de unos cuantos pecadores patrocinados por un Gobierno devoto.

En 1859, hace 150 años, se publicó por primera vez una de las obras fundamentales del pensamiento liberal, Sobre la libertad, del filósofo inglés John Stuart Mill. El mismo año, en la misma ciudad de Londres, se publicó uno de los libros más importantes de todos los tiempos, El origen de las especies de Charles Darwin. El primer aniversario ha pasado casi desapercibido, ha sido eclipsado por el segundo, por el creciente interés en la figura y en la obra de Charles Darwin. Pero el sesquicentenario de la publicación del manifiesto liberal de Mill amerita un comentario, una reflexión somera sobre la relevancia (y la urgencia) de su mensaje principal.

En esencia, Sobre la libertad es un largo argumento en favor de la tolerancia, de la diversidad de opiniones, creencias y puntos de vista. Al comienzo del segundo capítulo, Mill define el tono general de su argumento: “si toda la especie humana no tuviera más que una opinión y solamente una persona tuviera la opinión contraria, no sería más justo silenciar a esta persona de lo que sería, hipotéticamente, silenciar al resto de la humanidad en nombre de la persona disidente”. Mill pensaba que los obstáculos a la libertad de expresión afectaban a toda la humanidad. No sólo al individuo silenciado, sino a la especie en general. Su defensa de la libertad de expresión se basó no tanto en los derechos del individuo como en el bienestar de la sociedad.

Mill creía en la conveniencia de las ideas falsas, de las mentiras deliberadas, de los argumentos obcecados o malintencionados. En su opinión, todo el mundo se beneficia de la confrontación permanente entre la verdad y el error: incluso la razón puede nutrirse positivamente de la sinrazón. Sin los creacionistas, la elocuencia de los evolucionistas, de los herederos de Darwin, sería menor. Sin los “negacionistas” del cambio climático, los verdaderos científicos serían menos recursivos y aplicados. Sin los románticos de la izquierda y la derecha, la ironía liberal sería menos sofisticada. En últimas, Mill consideraba que no había que temerles a las opiniones falsas y malintencionadas. Todo lo contrario, había que promoverlas o al menos tolerarlas sin ambages.

En últimas, Mill basaba su defensa de la tolerancia en sus temores, en su enorme desconfianza sobre los dictados de la opinión pública. Mill pensaba que el error cundía por todas partes, que la falsedad no era la excepción sino la regla y que las opiniones mayoritarias estaban, en ocasiones, hechas de prejuicios. Creía, en últimas, que la libertad de expresión era necesaria para evitar la primacía de la ignorancia sobre la razón. “Nunca será excesivo —escribió en el capítulo segundo— recordarle a la especie humana que existió un hombre llamado Sócrates, y que se produjo una colisión memorable entre este hombre y la opinión pública… Al hombre que, de cuantos hasta entonces habían nacido, probablemente merecía más respeto de sus semejantes, un tribunal popular lo condenó injustamente como a un criminal”.

Pero Mill trazó una diferencia entre la tolerancia y el respeto. Como bien dice Isaiah Berlin, “Mill creyó que mantener firmemente una opinión
significaba poner en ella todos nuestros sentimientos. En una ocasión
declaró que cuando algo nos concierne realmente, todo el que mantiene
puntos de vista diferentes nos debe desagradar profundamente. Prefería
esta actitud a los temperamentos y opiniones frías. No pedía
necesariamente el respeto a las opiniones de los demás; lejos de ello,
solamente pedía que se intentara comprenderlas y tolerarlas, pero nada
más que tolerarlas. Desaprobar tales opiniones, pensar que están
equivocadas, burlarse de ellas o incluso despreciarlas, pero tolerarlas.
Ya que sin convicciones, sin algún sentimiento de antipatía, no puede
existir ninguna convicción profunda; y sin ninguna convicción profunda
no puede haber fines en la vida… Ahora bien, sin tolerancia desaparecen
las bases de una crítica racional, de una condena racional. Mill
predicaba, por consiguiente, la comprensión y la tolerancia a cualquier
precio. Comprender no significa necesariamente perdonar. Podemos
discutir, atacar, rechazar, condenar con pasión y odio; pero no podemos
exterminar o sofocar…».

Cincuenta cincuenta años después las opiniones de Mill, casi sobra decirlo, siguen más vigentes que nunca. 

Quince años después, los resultados del programa Procampo saltan a la vista. Para los pequeños agricultores el programa ha sido simplemente una transferencia asistencial, una dádiva más. Para los grandes productores ha sido por el contrario una verdadera lotería, un regalo desmedido. En la lista de beneficiarios aparecen terratenientes, congresistas, gobernadores, funcionarios, dos hermanos del ex presidente Vicente Fox y varios familiares del Chapo Guzmán, el capo del llamado Cartel de Sinaloa. No faltó sino la reina de belleza. Según el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el 20 por ciento de los beneficiarios recibió más del 80 por ciento de los recursos.

Los columnistas mexicanos han puesto el grito en el cielo. En agosto de este año, Denisse Dresser escribió lo siguiente en la revista Proceso: “He allí los resultados de quince años de Procampo. Narcotraficantes subsidiados. Recursos desviados. Beneficiarios simulados. Productores que cobran sin haber acreditado su trabajo o sin haber sembrado. Transferencias multimillonarias a quienes menos las necesitan… Procampo funciona muy mal para los campesinos, pero funciona muy bien para la clase política. Es un instrumento que permite perseguir objetivos electorales a base de padrones amañados y cheques distribuidos… Procampo no ha cumplido con los objetivos para los cuales fue creado formalmente. No ha aumentado la productividad, ni impulsado la competitividad, ni mejorado las condiciones de los más pobres en el campo. Más bien ha sido una chequera con la cual comprar paz social”. Las coincidencias son evidentes. Casi aterradoras. Lo mismo, sin cambiar una coma, podría escribirse a propósito del programa Agro Ingreso Seguro.

La coincidencia invita a la reflexión sobre las causas comunes de un problema compartido. Usualmente los subsidios terminan reproduciendo la estructura de propiedad de la tierra y la distribución del poder político. Si la tierra está concentrada, los terratenientes serán los grandes beneficiarios de los incentivos a la producción. Si el poder regional está capturado, los subsidios correrán una suerte similar. La lógica es casi siempre la misma. Este tipo de programas terminan agravando el problema que intentan resolver.

Pero en los países en desarrollo, decíamos al comienzo, no hay aprendizaje. Todo lo contrario: las trampas de las malas ideas son ubicuas. Los problemas creados por los subsidios quieren ser resueltos con mayores subsidios que terminan, a su vez, empeorando la situación y aumentando paradójicamente la demanda social por subsidios. “Agro Ingreso Seguro es uno de los mejores logros de este Gobierno”, dijo el presidente Uribe esta semana. Lo mismo han repetido los políticos mexicanos durante años. Las coincidencias, ya lo dijimos, son aterradoras.