La seguidilla de improvisaciones que llevaron al fracaso (todavía no resuelto) de la licitación para la construcción del túnel de la Línea comenzó oficialmente el 21 de septiembre del año anterior. Ese día el Ministro de Transporte anunció la apertura de la licitación en Ibagué. La página web de la Presidencia de la República registró el hecho con entusiasmo. “Se trata del proyecto más importante dentro de los que adelanta el Gobierno Nacional, para mejorar la conectividad del centro del país con Buenaventura, que es el principal puerto con que cuenta Colombia sobre el litoral Pacífico…de acuerdo con el cronograma del proyecto, el cierre de la licitación será en diciembre de este año [2007], la evaluación y adjudicación en enero de 2008 y el inicio de las obras en abril de 2008”.
La página de la Presidencia señala también que “el proyecto será contratado mediante la modalidad “llave en mano”, en la cual a precios globales y bajo su cuenta y riesgo, el contratista se responsabilizará de la gestión ambiental, predial y social, de la elaboración de estudios y diseños y de la construcción y operación durante dos años”. Pero las verdaderas condiciones de la licitación no se conocerían hasta el 10 de octubre, cuando el Ministerio publicó los pliegos en la página de Internet. El Ministro había abierto la licitación sin tener listos los pliegos. O mejor: había mentido al anunciar que se abría la licitación. Pero los problemas apenas comenzaban.
Lo primero que llamó la atención a los posibles contratistas fue la modalidad de contratación: “llave en mano”. Dada la incertidumbre geológica, no resuelta, en parte, porque el Ministerio puso en marcha el proceso antes de la culminación del túnel piloto, los contratistas manifestaron tempranamente muchas dudas sobre su disposición a asumir la totalidad de los riesgos de construcción. Pero cuando el Ministerio reveló el presupuesto oficial (600 mil millones), las dudas se transformaron en indignación. Como lo señaló oportunamente la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), el presupuesto del Ministerio era sustancialmente inferior a todas las estimaciones realizadas por la ingeniería nacional: el valor estimado por la CCI fue de 900 mil millones.
El Ministerio de Transporte había improvisado no sólo con la apertura de la licitación, sino también con el cálculo del presupuesto. Así, pasó lo que tenía que pasar: la licitación fue declarada desierta. Inicialmente el Ministro acusó a los contratistas de “cartelizarse” pero después comenzó a improvisar en sentido contrario: a ofrecer todo tipo de concesiones tributarias, a hablar de precio indefinido, a ofrecerles unas condiciones extraordinarias a los contratistas extranjeros, etc.
Durante un Consejo Comunitario realizado en Arauca el día 9 de febrero, el Presidente Uribe anunció la reapertura de la licitación. “Quiero anunciarles a mis compatriotas desde Arauca lo siguiente: se ha tomando una decisión con el señor Ministro de Transporte para que nos se atrase la ejecución de la nueva fase del Túnel de la Línea. Esta misma semana se reabre la licitación -que se debe cerrar inmediatamente pase la Semana Santa- hacer una evaluación con toda la celeridad y adjudicar rápidamente”. Por desgracia, el anunció del Presidente fue un eslabón más en la cadena de improvisaciones.
La licitación no se ha abierto todavía por dos razones. La primera, las partidas presupuestales no existen (el Ministerio de Transporte tendrían que tramitarlas ante el Confis del Ministerio de Hacienda y no lo ha hecho). Y la segunda, la nueva ley de contratación exige que los pliegos (los nuevos pliegos en este caso) deben estar publicados con anterioridad a la apertura del proceso. En fin, las declaraciones del Presidente o bien muestran un desconocimiento de los métodos de la administración pública o bien constituyen una forma deliberada de desviar la atención. Sea lo que fuere, el hecho cierto es el que el Ministerio de Transporte no tiene listos los documentos requeridos para reabrir el proceso.