Quisiera comenzar esta columna con un hecho peculiar al que llamaré la paradoja de los titulares: la relación inversa entre el tamaño del titular y la relevancia de la noticia. “‘Pobreza no ha bajado’: Universidad Nacional”, tituló esta semana, a varias columnas, la sección económica del diario El Tiempo. El titular hacía referencia a un estudio de la Universidad Nacional, contratado por la Contraloría General de la Nación, según el cual los cálculos oficiales presentan yerros metodológicos evidentes que llevan a una sobrestimación de la mejoría social. En apariencia, se trata de una discusión metodológica fundamental. Pero, en realidad, no es más que un debate ideológico disfrazado de polémica instrumental. Una discusión oblicua. Exasperante. Y, en últimas, irrelevante para el diseño y la operación de la política económica y social.
“‘Tolú y Coveñas malgastaron sus regalías’: Contraloría”, tituló el mismo día, el mismo diario, de manera tímida, inconspicua. La noticia aparece en una sección interior, perdida entre los obituarios, alejada de los temas económicos del día. De acuerdo con un informe de la Contraloría, los municipios de Tolú y Coveñas recibieron 59 mil millones de pesos entre 2001 y 2005 por concepto de regalías portuarias, pero “los índices de pobreza se han disparado, no hay matadero, las calles están en pésimo estado, el paseo peatonal se está cayendo y las playas están deterioradas”. La paradoja es evidente. El despilfarro de las regalías luce varios órdenes de magnitud más relevante que las polémicas instrumentales o que las rencillas ideológicas entre entidades públicas. Pero así no parecen reflejarlo los titulares.
El tema de las regalías, en particular, debería ser motivo de un intenso debate nacional, no sólo por los ejemplos cada vez más descarados de corrupción y desperdicio, sino también por la ventana de la oportunidad que abre la inevitable reforma al régimen de transferencias. La reforma de las transferencias, en mi opinión, tiene que ir más allá de la simple definición de la tasa de crecimiento de los recursos y debe abordar de manera simultánea la distribución regional de los mismos. Esta intención implica no sólo una modificación de la Ley 715 de 2001, que define los criterios y fórmulas de distribución, sino también un cambio en la ley de regalías, que estipula la participación regional en la riqueza nacional. Sin una modificación profunda en la distribución de las regalías, cualquier reforma a la descentralización quedaría incompleta.
Según lo enuncia el Artículo 356 de la Constitución y lo desarrolla la Ley 715 de 2001, la distribución regional de los recursos de educación y salud obedece primordialmente a criterios de eficiencia (la cantidad recibida depende de la población atendida), mientras la distribución de los recursos de saneamiento básico (y otras partidas menores) obedece principalmente a criterios de equidad (la cantidad recibida depende de las necesidades percibidas). En términos generales, la situación actual consigue un equilibrio adecuado entre eficiencia y equidad, y los intentos reformistas deberían orientarse a solucionar los problemas de implementación más que a cambiar los criterios de distribución.
Pero algo muy distinto ocurre con las regalías. La equidad y la eficiencia no aparecen por ninguna parte. El único criterio aparente, más implícito que explícito, parece ser que quien se gane la lotería (así el premio se pague con la plata de todos) tiene derecho a malgastarla a su antojo. Así las cosas, una distribución más eficiente y equitativa de una riqueza que no sólo le corresponde a unas pocas regiones, sino que le pertenece al país entero debería convertirse en una prioridad nacional. Tristemente, el país parece ocupado en otros menesteres: la Contraloría está dedicada a la aritmética; el Congreso, a los puestos; el Gobierno, a la politiquería, y los medios, a divagar sobre todo lo anterior. Una paradoja. O mejor dicho, una tragedia.