Una lectura detallada a la prensa colombiana, a las noticias de orden público difundidas durante los últimos días, permite, en mi opinión, entender los éxitos y los fracaso de la política de Seguridad Democrática. Un primer punto es evidente: la política de Seguridad Democrática ha logrado contener las acciones violentas de los grupos terroristas, especialmente de las Farc. La Fuerza Pública, dicen las noticias, logró evitar un secuestro masivo en Armenia, impidió un atentado en Bogotá y atacó un campamento de las Farc en el Meta. Algunos guerrilleros fueron dados de baja, otros escaparon pero las Farc ya no parecen inexpugnables. Ni siquiera en sus reductos históricos.
Los secuestrados —un reflejo de lo que fueron, no de lo que son— les han permitido a las Farc conservar su capacidad de chantaje y su visibilidad mediática. Pero este grupo se ha convertido en una federación de bandas independientes de narcotraficantes con un poder limitado, circunscrito casi completamente a las zonas cocaleras. La caída de las Farc ha coincidido con el auge de otras formas de violencia. “A bala atracaron a dos profesores de la Nacional”, tituló el diario El Tiempo la semana pasada. “Todos los días un ciudadano es víctima del ‘fleteo’, modalidad de atracos a la salida de los bancos”, tituló el mismo diario esta semana. Las bandas de atracadores han incrementado su fuerza y su sofisticación y muestran un desprecio por la vida humana semejante al de las guerrillas y los paramilitares. Pero operan en medio de la indiferencia general, de la fijación nacional con las Farc. Ningún ministro, cabe señalar, luce orgulloso una camiseta con el eslogan desafiante de “No al fleteo”.
En los últimos días, la prensa también reportó la compra y venta de bebés por unos cuantos pesos, la existencia de redes de prostitución que emplean niñas de diez años, la alianza criminal de policías y políticos en campaña, y las pugnas violentas en Buenaventura, asociadas al negocio de la droga que parece haberse movido del centro hacia la periferia del país. Las noticias sugieren los límites de la Seguridad Democrática. Y las cifras oficiales refuerzan esta conclusión. Como lo señaló esta semana Eduardo Posada Carbó, los homicidios no se han reducido en los últimos dos años. Aparentemente se han estabilizado en un nivel cercano a los 18.000 anuales, todavía intolerablemente alto. En suma, la Seguridad Democrática parece haber perdido eficacia, haber entrado en una etapa de rendimientos decrecientes, por cuenta de las bandas criminales (de narcotraficantes y asaltantes) y de la misma violencia espontánea que continúa creciendo empujada por su propia dinámica y por la existencia de unas condiciones sociales propicias.
Las cifras y las noticias coinciden con los testimonios más creíbles. Con los relatos de quienes recorren el país sin previo aviso. Recientemente pude conocer los testimonios de un grupo de encuestadoras, empleadas por Profamilia y la Universidad de los Andes para realizar un trabajo de campo en más de cien municipios colombianos, incluidas las principales áreas metropolitanas. Los testimonios revelan la alarmante magnitud de la violencia urbana, sobre todo en el norte del país, donde zonas enteras están literalmente despejadas, sometidas a la voluntad de bandas criminales, tal vez emergentes, quizás permanentes, pero ciertamente dominantes. Las encuestadoras (muchas de quienes realizaron un trabajo similar en el año 2005) señalaron que la situación ha empeorado en muchos lugares y que las zonas despejadas (dominadas por las bandas locales) parecen haberse multiplicado.
“Nada de titubeos, nada de coqueteos con los terroristas. Firmeza y determinación para derrotarlos, que es lo único que conduce al camino de la paz”, dijo esta semana el presidente Uribe. Pero los hechos (los estorbosos hechos) parecen mostrar que el camino hacia la paz, hacia la superación de la violencia, no termina con la derrota de las Farc. Todavía hay mucho trecho por recorrer.
Los secuestrados —un reflejo de lo que fueron, no de lo que son— les han permitido a las Farc conservar su capacidad de chantaje y su visibilidad mediática. Pero este grupo se ha convertido en una federación de bandas independientes de narcotraficantes con un poder limitado, circunscrito casi completamente a las zonas cocaleras. La caída de las Farc ha coincidido con el auge de otras formas de violencia. “A bala atracaron a dos profesores de la Nacional”, tituló el diario El Tiempo la semana pasada. “Todos los días un ciudadano es víctima del ‘fleteo’, modalidad de atracos a la salida de los bancos”, tituló el mismo diario esta semana. Las bandas de atracadores han incrementado su fuerza y su sofisticación y muestran un desprecio por la vida humana semejante al de las guerrillas y los paramilitares. Pero operan en medio de la indiferencia general, de la fijación nacional con las Farc. Ningún ministro, cabe señalar, luce orgulloso una camiseta con el eslogan desafiante de “No al fleteo”.
En los últimos días, la prensa también reportó la compra y venta de bebés por unos cuantos pesos, la existencia de redes de prostitución que emplean niñas de diez años, la alianza criminal de policías y políticos en campaña, y las pugnas violentas en Buenaventura, asociadas al negocio de la droga que parece haberse movido del centro hacia la periferia del país. Las noticias sugieren los límites de la Seguridad Democrática. Y las cifras oficiales refuerzan esta conclusión. Como lo señaló esta semana Eduardo Posada Carbó, los homicidios no se han reducido en los últimos dos años. Aparentemente se han estabilizado en un nivel cercano a los 18.000 anuales, todavía intolerablemente alto. En suma, la Seguridad Democrática parece haber perdido eficacia, haber entrado en una etapa de rendimientos decrecientes, por cuenta de las bandas criminales (de narcotraficantes y asaltantes) y de la misma violencia espontánea que continúa creciendo empujada por su propia dinámica y por la existencia de unas condiciones sociales propicias.
Las cifras y las noticias coinciden con los testimonios más creíbles. Con los relatos de quienes recorren el país sin previo aviso. Recientemente pude conocer los testimonios de un grupo de encuestadoras, empleadas por Profamilia y la Universidad de los Andes para realizar un trabajo de campo en más de cien municipios colombianos, incluidas las principales áreas metropolitanas. Los testimonios revelan la alarmante magnitud de la violencia urbana, sobre todo en el norte del país, donde zonas enteras están literalmente despejadas, sometidas a la voluntad de bandas criminales, tal vez emergentes, quizás permanentes, pero ciertamente dominantes. Las encuestadoras (muchas de quienes realizaron un trabajo similar en el año 2005) señalaron que la situación ha empeorado en muchos lugares y que las zonas despejadas (dominadas por las bandas locales) parecen haberse multiplicado.
“Nada de titubeos, nada de coqueteos con los terroristas. Firmeza y determinación para derrotarlos, que es lo único que conduce al camino de la paz”, dijo esta semana el presidente Uribe. Pero los hechos (los estorbosos hechos) parecen mostrar que el camino hacia la paz, hacia la superación de la violencia, no termina con la derrota de las Farc. Todavía hay mucho trecho por recorrer.
