Reflexiones

“Nuestro razonamiento moral se parece más al de un político en campaña que al de un científico en busca de la verdad”, escribió recientemente el sicólogo estadounidense Jonathan Haidt.  Moralmente hablando, sugiere Haidt, somos similares a los políticos. O mejor, los políticos son semejantes a nosotros. Sus falencias morales son más visibles. Por obvias razones. Pero no son distintas a las del hombre de la calle. O a las del ciudadano indignado. O a las de un profesor universitario.

Como los políticos, que exigen cientos de pruebas cuando un copartidario es acusado de corrupción pero están siempre dispuestos a condenar a un contradictor con un único indicio, somos oportunistas en nuestras pesquisas, escépticos o creyentes según convenga. Los sicólogos han documentado innumerables veces esta forma de oportunismo mental. Si un examen (de inteligencia, por ejemplo) nos favorece, aceptamos los resultados inmediatamente. Si no, cuestionamos su pertinencia, su veracidad o las intenciones de sus creadores. En términos generales no usamos la información objetivamente. Por el contrario, la manipulamos para acomodarla a nuestras necesidades, para llegar a las conclusiones deseadas.

Como los políticos, que viven rodeados de especialistas en fabricar excusas, tendemos a usar nuestra capacidad de raciocinio no para obrar según algún precepto moral, sino para justificar nuestras actuaciones. Cualesquiera que sean. “El razonamiento consciente –dice Haidt– funciona como un secretario de prensa que justifica automáticamente cualquier posición tomada por el presidente”. Con frecuencia ponemos la razón al servicio de la sinrazón. Y no sólo en la política. También en la vida diaria. Las personas más inteligentes no tienden a actuar más correctamente. Simplemente son más hábiles para justificar sus deslices. La inteligencia no reduce nuestras fallas morales, solo ayuda a esconderlas.

Como los políticos que incurren en actos deshonestos cuando perciben que pueden salirse con la suya, muchos ciudadanos tienden a hacer trampa cuando consideran que sus actos quedarán impunes. En un experimento ya famoso, los participantes podían ganar una suma considerable de dinero si reportaban falsamente que habían resuelto una serie de problemas matemáticos. La mayoría hizo trampa. Reclamó dinero indebidamente. No mucho, solo la cantidad que les permitía seguir justificando ante sí mismos que habían actuado honestamente. Como en la política, en la vida privada (o en algunos experimentos controlados al menos), la corrupción también suele llevarse a sus justas proporciones.

Como los políticos, que usualmente viven obsesionados con las encuestas, todos tenemos una preocupación igualmente obsesiva con las opiniones de los demás. Y como los políticos, tendemos a negarla. En política, dicen algunos, lo que parece, es. En la vida de los hombres ocurre lo mismo. “Uno no es lo que es, sino lo que los otros le permiten creer que es”, escribió alguna vez Fernando Vallejo.

En fin, los políticos reflejan nuestras falencias morales con una fidelidad inquietante, incomoda por decir lo menos. Por ello probablemente los odiamos tanto. Porque son iguales a nosotros. Porque nos recuerdan nuestros defectos más protuberantes. Porque nos representan como somos, no como queremos ser.

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Hace ya casi una década, deslumbrado por los éxitos transitorios de las fumigaciones, el ex ministro Fernando Londoño anunció el final de los cultivos ilícitos. “El narcotráfico se acaba este año…Vaya usted a Putumayo y búsqueme un arbusto de coca. Lo podemos negociar. No hay uno”, dijo en enero de 2003. Más recientemente varios funcionarios, instigados por la caída del área sembrada en el año 2010, hicieron pronunciamientos similares, anunciaron una victoria definitiva en la lucha contra los cultivadores de coca y sus patrocinadores. Como en la guerra contra las Farc, la extrapolación optimista de los éxitos parciales llevó a un error de pronóstico, al anuncio apresurado del fin del fin. La mata que mata sigue viva. Paradójicamente.

Esta semana se conocieron casi furtivamente (ya explicaremos) las nuevas cifras sobre la extensión y la distribución regional de los cultivos de coca. En 2011, la tendencia descendente cambió de signo y el área cultivada aumentó 3%. El área total subió a 64 mil hectáreas. Desde el año 2004, el área ha fluctuado entre 80 mil y 60 mil hectáreas. Los cambios en el agregado nacional han sido relativamente menores. Pero la estabilidad nacional esconde grandes diferencias regionales. La geografía de la coca, sobra decirlo, tiene mucho que decir sobre la geografía del conflicto colombiano.

El sur de Colombia se ha consolidado como el epicentro de los cultivos ilícitos. Los cultivos de coca han aumentado en las zonas tradicionalmente dominadas por las Farc. En Putumayo, por ejemplo, las Farc han retomado el control de las arterias fluviales lo que ha facilitado la operación del negocio en general y el movimiento de los insumos y precursores químicos en particular. Las Farc están financiando activamente la resiembra de coca y usando los territorios colectivos para ampliar el área cultivada. Actualmente una de cuatro hectáreas sembradas con coca está ubicada en un resguardo indígena o en territorio de negritudes. En suma, en el sur de Colombia, el fortalecimiento de las Farc ha llevado a un crecimiento de los cultivos ilícitos. Y viceversa.

Por el contrario, en Antioquia, Córdoba y Bolívar el área sembrada con coca ha caído significativamente. Los capitales ilegales y la mano de obra se han movido del negocio de la cocaína hacia una actividad más lucrativa y de más difícil control: la minería ilegal. En el bajo Cauca y en el Sur de Bolívar, por ejemplo, las Bandas Criminales han obligado a muchos pobladores a dejar los cultivos de coca y a moverse a la minería de oro. Paradójicamente lo que no pudo la mano dura del Estado, lo está pudiendo la mano invisible del mercado. Sea lo que sea, la geografía de la ilegalidad está redefiniéndose: cocaína en el sur y en la frontera con Venezuela, minería ilegal en Antioquia, Bolívar y Córdoba, ambas actividades en Chocó y extorsión en todas partes.

Pero más allá del análisis sustantivo, existe un hecho preocupante. Esta semana el gobierno impidió la presentación oficial de los últimos datos del sistema satelital de monitoreo y medición de cultivos ilícitos (SIMCI) que coordina la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Crimen y el Delito. Ojalá los problemas políticos no lleven a la manipulación sistemática de la información socioeconómica y las estadísticas oficiales. Las angustias electorales no deberían empañar la urna de cristal.

Hace varias décadas el sociólogo estadounidense Robert Merton formuló su ya célebre ley de las consecuencias imprevistas, una advertencia necesaria, pero sistemática o convenientemente ignorada por políticos de todos los colores. Merton llamó la atención sobre la complejidad de las relaciones sociales y la probabilidad de que, a su turno, las acciones públicas tengan efectos inesperados e indeseados. Merton puso su dedo escéptico en la llaga (siempre abierta) de las ínfulas y los afanes de los reformadores sociales. Hizo un llamado a la modestia. Y a la paciencia. Recordó que, después de todo, el cambio social no sólo es cuestión de buenas intenciones o voluntades férreas.

La ley de las consecuencias imprevistas ha sido corroborada una y otra vez. A comienzos de los años cincuenta, en Saint Louis, Estados Unidos, se llevó a cabo una ambiciosa intervención social, un macroproyecto de vivienda popular que, en teoría, iba a revolucionar el urbanismo y la sociedad. El proyecto Pruitt-Igoe (así se llamaba) fue presentado como la ciudad del futuro y la redención de los más pobres. Decenas de miles de personas ocuparon las nuevas viviendas llenas de optimismo y buenos augurios. Pero el temperamento colectivo cambió rápidamente. Los residentes comenzaron a sentirse alienados por un proyecto que entorpecía las interacciones sociales más benéficas. Con el tiempo los residentes descuidaron las zonas comunes y sus propios apartamentos. Algunos abandonaron sus viviendas decepcionados. Otros se resignaron a un deterioro gradual pero ineluctable. El 15 de julio de 1972, el proyecto fue dinamitado. Acabó con un gran estruendo, como los malos sueños.

En Francia, proyectos parecidos han tenido resultados semejantes. En Guatemala, la mitad de las viviendas otorgadas ha terminado en el mercado negro. En Brasil, muchos hogares no han podido pagar los servicios públicos y el mantenimiento de las nuevas viviendas. Para no ir tan lejos, en el noroccidente de Medellín, en el sector de Pajarito, un macroproyecto de vivienda popular, habitado, entre otros, por los antiguos residentes del basurero de Moravia, podría convertirse en el Pruitt-Igoe colombiano.

En Pajarito, como en otros lugares, los residentes vieron menguadas las oportunidades económicas y exacerbadas los problemas sociales, la violencia por ejemplo. Las externalidades negativas de la concentración de la pobreza en espacios aislados económicamente, densamente poblados y desprovistos de la funcionalidad que sólo viene con el crecimiento gradual y espontaneo, pueden ser fatales. Literal y metafóricamente. “Fue un gran error”, me dijo recientemente un ex funcionario en un momento de sinceridad.  La ley de las consecuencias imprevistas suele ser obvia en retrospectiva, cuando ya es demasiado tarde.

Lo que está ocurriendo en Pajarito, podría ocurrir en otros lugares de Colombia si la premura política lleva a la construcción de macroproyectos improvisados. Los expertos ya hablan de la necesidad de intervenciones específicas, de una suerte de acupuntura urbana que mejore las viviendas y preserve tanto el capital social como las oportunidades económicas. Pero, como dicen, las cosas buenas toman tiempo. Por ahora sólo cabe esperar que Merton no tenga nuevamente la razón y que, en dos o tres décadas, no estemos destruyendo lo que ahora queremos construir con tanto furor.

En Estados Unidos y en muchos otros países del mundo, los crímenes y contravenciones, los líos con la justicia de miles y miles de ciudadanos (un incidente de violencia doméstica, un robo en un supermercado, una pelea callejera, etc.) son registrados de manera minuciosa, casi obsesiva, en grandes bases de datos que pueden ser consultadas en cualquier momento por cualquier persona: un empleador potencial, un periodista inquisitivo, un burócrata desconfiado o un vecino curioso.Peor aun, los registros son permanentes. No tienen fecha de vencimiento. Están disponibles a perpetuidad. Muchos individuos, por lo tanto, nunca terminan de pagar sus condenas, quedan marcados para siempre, sometidos al escarnio público en el escenario moderno de las interacciones sociales: el internet.

Los registros electrónicos, señalan algunos comentaristas libertarios en referencia a la célebre novela de Nathaniel Hawthorne, constituyen una suerte de letra escarlata digital, una marca indeleble, definitiva. En este caso, la marca no es sólo un motivo de vergüenza, sino también una condena al ostracismo laboral y económico, un exilio forzado al mundo de la informalidad o la ilegalidad. Los reseñados no portan una ‘A’ de color rojo en el pecho, pero arrastran consigo un estigma incapacitante. En Estados Unidos existen firmas especializadas en rastrear las bases de datos digitales con el fin de comercializar los resultados de sus pesquisas. “Los empleadores tienen derecho a conocer esta información”, dicen sus voceros (la demagogia de la transparencia justifica sus argumentos). Muy pocos, mientras tanto, abogan por los derechos de los reseñados.

Un estudio reciente de la economista Dara N. Lee puso de presente las consecuencias de la publicación en internet de las bases de datos en cuestión. En el caso de Estados Unidos, el libre acceso a los registros criminales tuvo un efecto disuasivo sobre los jóvenes que no habían sido reseñados y disminuyó levemente los delitos contra la propiedad. Pero la reducción del crimen ocurrió a un costo muy alto, a saber: la creación de una casta de excluidos, de individuos que vieron menguadas sus oportunidades laborales y terminaron por lo tanto reincidiendo en el crimen. La publicación de los registros criminales aumentó la reincidencia criminal en más de 10% y afectó mucho más a los negros que a los blancos. En últimas, las bases de datos digitales terminaron reforzando la exclusión.

El problema descrito trasciende la realidad política y económica de Estados Unidos. En Colombia, por ejemplo, el certificado judicial se ha convertido en un instrumento de exclusión. Las bases de datos financieras, a pesar de los controles introducidos por el Congreso, siguen siendo un estigma insuperable para mucha gente. La publicidad oficial aspira a cerrarles todas las puertas, a excluir de manera definitiva a quienes han sido acusados de violencia doméstica. Muchos desmovilizados son tratados como si fueran leprosos.

“La declaración de los derechos humanos —me dijo un profesor ya viejo hace algunos años— debería incluir un nuevo artículo: todo el mundo tiene derecho a cagarla”. Por desgracia en el mundo de hoy, en esta época digital, a muchos hombres y mujeres les ha sido negada para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.