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Arias comenzó su carrera política desde el Ministerio de Agricultura. Como ministro, asistió a cientos de consejos comunitarios. Repartió miles de millones en subsidios y ayudas. Se autoproclamó el defensor de los campesinos colombianos frente a los ataques de las Farc o los embates del Banco de la República. Se opuso histriónicamente al despeje de dos municipios del Valle del Cauca. Más tarde, como precandidato, recibió el apoyo unánime de los gremios agropecuarios. Iba a nombrar al presidente de Fedegán como su compañero de fórmula presidencial. Denunció el sesgo urbano de sus críticos, de quienes, desde la comodidad de los salones bogotanos, opinaban sobre la compleja realidad del campo colombiano. En fin, Arias era el candidato perfecto, casi caricaturesco, del llamado uribismo rural.

Pero paradójicamente terminó seduciendo a cientos de miles de votantes urbanos, entre ellos a los asiduos de los salones bogotanos y de los clubes de El Poblado. Los atuendos costumbristas, la demagogia primitiva, las salidas de tono, todo este histrionismo calculado tuvo una mayor acogida en las grandes ciudades que en las zonas rurales. Probablemente la oposición teatral al despeje tuvo un mayor rédito electoral en Bogotá y en Medellín que en los municipios del Valle del Cauca. En últimas, el uribista rural, el candidato de Fedegán, el supuesto redentor de los campesinos colombianos, terminó siendo un involuntario candidato de opinión, uno de los favoritos de las clases medias y altas de las grandes ciudades.

El fracaso de Arias sugiere que el control del presupuesto, el clientelismo oficial, no tiene un efecto preponderante sobe el voto rural o regional. Arias perdió en Nariño, en Boyacá y en otros departamentos con miles de beneficiarios individuales de AIS. Por otra parte, el triunfo del ex ministro en Bogotá y Medellín, en los centros tradicionales del voto de opinión, sugiere que los escándalos de corrupción, las denuncias de la prensa, no siempre tienen un efecto definitivo sobre el voto de opinión. Si la política colombiana fuera como la pintan con frecuencia, Arias habría ganado en el campo por cuenta de los subsidios y perdido en las ciudades por cuenta de los escándalos de corrupción.

En fin, los resultados de la consulta conservadora muestran que la política colombiana es más compleja de lo que parece. Perdió el precandidato del Presidente, del presupuesto y de los gremios. Y aparentemente el uribismo rural, obcecado, indiferente ante la corrupción, tiene sus grandes bases en Bogotá y en Medellín, entre los tomadores de whisky que tanto odian en la Casa de Nariño.

Una interesante controversia tiene enfrentados desde hace varios meses al Presidente de la República y a muchos economistas colombianos. El motivo de la discordia es una exención tributaria promovida por el Gobierno que permite a las empresas deducir del ingreso gravable 30% de sus inversiones en activos fijos. Esta exención ha disminuido la carga tributaria de las empresas manufactureras, mineras y de transporte, y parece haber tenido un costo fiscal considerable.

Muchos economistas han argumentado que la controvertida exención constituye un regalo innecesario que no estimula la inversión e introduce grandes distorsiones sectoriales. Por su parte, el presidente Uribe ha señalado que una cosa es un regalo y otra muy distinta un estímulo a la inversión y a la generación de empleo productivo. “Hacen mal las cuentas —dijo el Presidente esta semana en una clara referencia a los economistas—, dicen que eso ha costado $10 billones. ¿Cuál costo? Si con esas inversiones no contábamos… y no han hecho la otra cuenta: lo que le ha ocurrido al país en mejoramiento de tasa de inversión en estos años, que ha sido bien importante”.

De un lado, el Presidente señala que el crecimiento observado en la inversión privada demuestra la bondad de la política en cuestión; del otro, los economistas afirman que las mayores inversiones fueron el resultado de un entorno internacional favorable y una mejoría significativa en las condiciones de seguridad, no de los descuentos tributarios. El Gobierno menciona los testimonios optimistas de muchos empresarios agradecidos. Los economistas presentan las evaluaciones pesimistas de políticas similares implantadas en otros países. Cada quien cita las anécdotas o las cifras que respaldan sus argumentos, pero ninguna de las partes enfrentadas se ha dado a la tarea de estimar el impacto de los descuentos tributarios, de preguntarse, como toca, si la inversión privada habría sido efectivamente mucho menos dinámica en ausencia de los controvertidos descuentos.

Afortunadamente dos economistas colombianos, Arturo Galindo y Marcela Meléndez, hicieron finalmente la tarea, esto es, recogieron los datos y estimaron el impacto de los descuentos tributarios sobre la inversión privada en el sector manufacturero. En un artículo dado a conocer esta semana, Galindo y Meléndez muestran que el impacto es incierto en el mejor de los casos e inexistente en el peor. Los autores encuentran que, en el período 2004-2007, durante los años de bonanza, los subsectores industriales que se beneficiaron en mayor grado de los descuentos tuvieron tasas de inversión similares a los subsectores que, por distintas razones, se beneficiaron en mucho menor grado. Por ejemplo, la industria editorial, que no se benefició pues está eximida de impuesto de renta, tuvo una tasa similar a la de otros subsectores, como los fabricantes de muebles, vidrios o productos lácteos, que sí disfrutaron de una reducción significativa en sus impuestos.

El artículo mencionado constituye un veredicto casi definitivo en contra de la llamada confianza inversionista. Aparentemente los descuentos analizados consiguen poco y cuestan mucho. En suma, no son estímulos, como dice el presidente Uribe, sino simples regalos tributarios, como han sugerido muchos economistas.

Más allá de la inevitable controversia política, la decisión de la Corte Constitucional constituye un hecho sin precedentes, un rompimiento abrupto con una larga tradición latinoamericana. Cuando Menem resolvió continuar en el poder, contó con la obediencia incondicional de los jueces. Cuando Fujimori decidió perpetuarse en la Presidencia, no encontró ningún obstáculo institucional. Chávez ha modificado a su antojo las leyes de la quinta república para acomodarlas al tamaño (siempre creciente) de su ambición. Evo Morales y Daniel Ortega lograron extender sus mandatos mediante sendas reformas constitucionales. El mismo presidente Uribe consiguió seguir de largo la primera vez. En suma, muchos presidentes latinoamericanos han logrado salirse (o quedarse) con la suya, han tenido pocos obstáculos ciertos a sus ambiciones.

Históricamente los gobernantes latinoamericanos han subordinado las normas constitucionales a sus intereses políticos. Sobre las constituciones formales en América Latina, el historiador Frank Safford escribió lo siguiente hace ya varios años: “ningún grupo político creía que sus adversarios las observarían. Aquellos que tenían el poder manipulaban los principios constitucionales para mantener el gobierno en sus manos… Quienes estaban fuera del poder creían, generalmente con razón, que nunca podrían tener acceso al Estado en los términos formales establecidos por la Constitución”. Safford estaba haciendo referencia al siglo XIX. Pero poco parece haber cambiado desde entonces.

La Corte Constitucional apartó a Colombia de esta peligrosa tradición. No sólo actuó como un contrapeso efectivo al poder presidencial. Determinó al mismo tiempo que el balance de poderes es una característica insustituible de nuestro ordenamiento jurídico y garantizó por lo tanto la existencia de contrapesos ciertos en los años por venir. Esta misma semana la Corte Suprema ordenó la detención de un familiar del Presidente de la República, acusado de tratos ilegales con grupos paramilitares. Simultáneamente muchos congresistas de la llamada coalición de gobierno anunciaron su oposición a los decretos de emergencia social. En Colombia, nadie podría negarlo, existen poderes independientes, capaces de contradecir la voluntad presidencial. El contraste con Venezuela, para poner un ejemplo obvio, es evidente. Aquí hay democracia. Allá no.

Por mucho tiempo, sectores de la izquierda y la derecha despreciaron las instituciones formales, las “repúblicas aéreas”, las llamadas constituciones de papel, etc. Los críticos percibían los límites al poder como un embeleco liberal, como un ideal insulso que no garantizaba ni el progreso ni la prosperidad. Este episodio de nuestra historia (la pretensión hegemónica del Gobierno frenada a tiempo por la Corte Constitucional) podría tener una consecuencia positiva, imprevista en primera instancia. Podría generar, al menos en muchos sectores políticos, un necesario consenso sobre la importancia del respeto irrestricto a algunos principios constitucionales. Las reglas no son garantía inmediata del progreso o de la paz pero son, en últimas, el sustento de todo lo demás.

En síntesis, el fallo de la Corte Constitucional alejó el espectro del poder ilimitado. Pasarán muchos años antes de que alguien vuelva a proponer el cambio oportunista de un articulito.

El día viernes la Superintendencia Nacional de Salud anunció en un vehemente comunicado que Saludcoop, la EPS más grande del país, deberá restituir más de 600 mil millones de pesos al sistema de salud. Según el comunicado, Saludcoop utilizó los recursos de la salud en la compra de activos fijos y en la construcción de infraestructura, esto es, en fines distintos a los estipulados por la ley y señalados por la Corte Constitucional. Saludcoop tiene ocho meses para liquidar sus inversiones, aumentar los activos líquidos y disminuir el endeudamiento. Pero la disputa jurídica probablemente tomará mucho más tiempo. Saludcoop ya anticipó que hará uso de todos los recursos legales a su disposición.

El comunicado en cuestión es apenas el más reciente episodio de una historia larga y repetida que muestra, entre otras cosas, el fracaso recurrente del Estado colombiano en su papel de supervisor y regulador del sistema de salud. En esta historia, la Supersalud, una entidad débil técnicamente, politizada y envuelta en varios escándalos de corrupción, no pudo meter en cintura a un gigante financiero, a una organización poderosa que hizo lo que quiso por mucho tiempo. El caso de Saludcoop recuerda otra historia reciente, la de algunos grandes bancos norteamericanos que lograron evadir la supervisión y la regulación y terminaron haciendo lo que les vino en gana, con consecuencias conocidas. Y desastrosas.

Uno de los primeros capítulos de esta historia repetida ocurrió en los primeros meses de 2004, hace ya seis años. La Supersalud acusó entonces a Saludcoop de utilizar los recursos del sistema de salud en actividades distintas a las permitidas por la ley y la conminó a reversar inversiones por casi 200 mil millones de pesos. Saludcoop reaccionó agresivamente. Contrató a algunos de los abogados más poderosos del país. Interpuso varias tutelas. Acusó a la Superintendencia (el lenguaje no ha cambiado desde entonces) de promover medidas absurdas y poner en riesgo el sistema de salud. Al final un juez de circuito falló una de las tutelas en favor de Saludcoop, pues supuestamente se habían vulnerado sus derechos a la defensa y el debido proceso.

La Supersalud pareció olvidarse del asunto por varios años. En 2007, el entonces superintendente, José Renán Trujillo, anunció una completa auditoría a todas las EPS, pero los resultados de las investigaciones nunca se conocieron. Un año más tarde Trujillo renunció en medio de rumores de corrupción, no sin antes señalar que la Supersalud estaba asediada por intereses muy poderosos. A mediados del año anterior, la Supersalud volvió a revivir el caso en contra de Saludcoop. En julio de 2009 presentó un informe preliminar que ponía el mismo dedo en la misma llaga. Saludcoop, decía el informe, había estado gastándose la plata de la salud en otras cosas y debía restituir más de 700 mil millones de pesos al sistema.

El informe permaneció engavetado hasta este viernes cuando, en medio de la crisis causada por los decretos de emergencia social, la Supersalud anunció que Saludcoop tenía ocho meses para devolver la plata. Nuevamente, como en tantos otros temas de la salud, las decisiones cruciales se pospusieron de manera irresponsable o sospechosa. Al final, como siempre, seremos los contribuyentes quienes terminaremos pagando por los excesos de unos y las omisiones de otros.

La noticia pasó inadvertida. Fue publicada en las páginas interiores de los periódicos en medio de las historias mínimas de todos los días. Los editorialistas de la prensa la hicieron a un lado. Los comentaristas radiales no mostraron mayor interés. Pero la noticia es preocupante. Literalmente de vida o muerte. Esta semana el director del Instituto Colombiano de Medicina Legal anunció un incremento de 16% de los homicidios durante el año anterior. El número de asesinatos pasó de 14.138 en 2008 a 16.363 en 2009. La tasa anual ya se acerca a 38 muertes por cada cien mil habitantes. El Plan de Desarrollo planteaba, cabe recordarlo, llevar la tasa de homicidios de 33 a 30 entre 2006 y 2010: una meta modesta que no va a cumplirse.

A finales del año anterior, en medio del optimismo navideño, el general Naranjo pronosticó una caída de 300 homicidios en 2009 con respecto a 2008. Entusiasmado, señaló entonces que la tasa anual sería la más baja de los últimos 23 años. Llama la atención, por una parte, la discrepancia entre los registros de la Policía Nacional y los de Medicina Legal. Pero, sobre todo, preocupa el optimismo del general Naranjo ante el resurgimiento de la violencia homicida en muchas regiones del país. Valdría la pena, al menos, que se pronunciara sobre las cifras de Medicina Legal.

El incremento de los homicidios no obedece simplemente al recrudecimiento de la violencia en dos o tres ciudades problemáticas. Los casos de homicidio se duplicaron en Medellín. Pero al mismo tiempo aumentaron 40% en Sincelejo, 25% en Cartagena y Arauca, 15% en Cali, Montería y Santa Marta, y 6% en Bogotá y Barranquilla. Sólo en la Zona Cafetera, en el Cesar y en algunas zonas apartadas hubo una disminución significativa del número de homicidios. En términos generales, el crecimiento de los homicidios parece ser un fenómeno real y extendido. No es un problema puntual. Ni mucho menos una distorsión estadística.

Las autoridades conocen bien las causas del problema: el crecimiento del crimen organizado, el reciclaje de las bandas de narcotraficantes, los coletazos de la desmovilización de los paramilitares, etc. Pero no parecen preparadas para enfrentarlo. Las propuestas recientes revelan una mezcla de desespero e impotencia. Primero fueron los estudiantes y los taxistas los llamados a resolver el problema. Después fueron los obispos los reclutados para facilitar una negociación azarosa con las bandas emergentes. A finales de la semana el Gobierno aclaró que los obispos sólo estaban autorizados para hacer labores pastorales. Ya los veremos, entonces, tratando de convencer a los criminales de las bondades del amor al prójimo.

“Ocho años es poco tiempo para recuperar la seguridad”, dijo el presidente Uribe el día viernes. Y hasta razón tendrá. Pero la recuperación de la seguridad requiere un cambio de rumbo. Mientras cientos de miles de soldados buscan en la selva a un puñado de guerrilleros invisibles, los policías enfrentan todos los días en las calles a organizaciones cada vez más poderosas. La geografía, la naturaleza y la intensidad de la violencia están cambiando rápidamente. Y el Gobierno no parece haberse dado cuenta. Debería comenzar al menos por actualizar sus cifras.

La primera falla ha sido llamada, con acierto, la retórica de la acción. En muchos casos el gobierno no piensa para actuar, actúa para pensar. Tiene más velocidad que dirección. Corre mucho pero no siempre sabe para dónde va. “Las buenas ideas no se discuten, se ejecutan” dice con frecuencia el Presidente Uribe, dando muestras de una impaciencia sobreactuada. Lamentablemente, el hacer para mostrar que se está haciendo –la retórica de la acción– crea un ambiente propicio para los errores, para la profusión de malas ideas que, en medio de la carrera, se ejecutan rápidamente sin discutirse. Los decretos de emergencia social son un ejemplo casi paradigmático de este problema.

La segunda falla es conocida, tiente que ver con el debilitamiento de los equipos técnicos de los ministerios y del gobierno en general. Muchos funcionarios competentes han renunciado a sus cargos. Otros continúan trabajando pero sus opiniones no son tenidas en cuenta. Algunos de los decretos de emergencia parecen redactados por contadores fiscales ignorantes de las complejidades de la política social. Peor aún, nadie en el gobierno tuvo la osadía o la oportunidad de levantar la mano para, al menos, llamar la atención sobre el exabrupto.

El tercer problema es más general, alude al creciente aislamiento del gobierno, a su incapacidad para establecer un diálogo constructivo con muchos sectores de la sociedad. En el caso de la emergencia social, los médicos fueron llamados a opinar cuando los decretos ya habían sido publicados en el Diario Oficial. Los intentos postreros de conversación han sido verticales, “pedagógicos”: el gobierno no dialoga, explica. Nunca, en la parte crucial del proceso, hubo una conversación horizontal, un esfuerzo por incorporar las inquietudes y observaciones de los médicos, los científicos y los investigadores.

El cuarto y último problema está asociado a la preponderancia casi absoluta de lo político. Desde hace varias semanas, con una disciplina envidiable, el Presidente Uribe dedica una hora de cada día a explicar los logros de su gobierno en distintas emisoras regionales. El Presidente parece más interesado en convencer a los radioescuchas que en resolver los problemas. Las inevitables complejidades de la administración pública están subordinadas a las urgencias del Estado de opinión. Lo que importa, aparentemente, no es tanto el fondo de los decretos como la opinión de los electores.

Los decretos de emergencia no revelan, como afirman muchos críticos, la perversidad del gobierno. Muestran un problema distinto, más mundano, más patente, más inmediato: su mediocridad.

Los decretos de emergencia social son un Frankstein normativo, un monstruo ensamblado a la carrera, una gran colcha de retazos. Entre otras cosas, los decretos centralizan la contratación del régimen subsidiado, ordenan la liquidación de varias entidades oficiales, crean fondos y comités burocráticos, aumentan varios impuestos y (en un arrebato paternalista) prescriben cursos de capacitación para adolescentes beodos y sus sufridos padres. Los funcionarios legislaron inmoderadamente. Pasaron varios días y sus noches haciendo leyes, redactando articulitos.

Lamentablemente el entusiasmo legislativo del gobierno parece haber sido alimentado más por la improvisación que por la reflexión. Por limitaciones obvias, no puedo referirme a todas las normas y disposiciones publicadas. Pero quisiera hacer algunos comentarios generales sobre el decreto 128 de 2010 que regula la prestación excepcional de servicios de salud. Este decreto buscar reversar la avalancha de tutelas, restringir las decisiones caprichosas de los jueces, racionalizar el acceso a los servicios de salud, acabar con las alianzas oportunistas entre hospitales y Empresas Promotoras de Salid (EPS). Los objetivos del decreto son loables. Pero los medios estipulados son inocuos. O peor, perversos.

El decreto centraliza las decisiones sobre el pago de prestaciones excepcionales en unos cuantos comités técnicos. Los nuevos comités fueron concebidos como filtros burocráticos todopoderosos. En principio deben examinar la idoneidad de todas las decisiones médicas y la capacidad de pago de todos los pacientes. Para lo primero, deben consultar las guías, recomendaciones y definiciones emitidas por un organismo técnico superior; para lo segundo, el nivel de ingreso y la capacidad patrimonial de los pacientes. Probablemente los comités tendrán que revisar cientos o incluso miles de casos diariamente.

No sé qué concepción del Estado, qué imagen idealizada de la burocracia tendrán quienes redactaron el decreto de marras pero los Comités Técnicos de Prestaciones Excepcionales en Salud podrían convertirse en una pesadilla kafkiana, en una organización burocrática desbordada por un caudal creciente de obligaciones, por la acumulación exponencial de casos no fallados. Con el agravante de que sus decisiones serían con frecuencia de vida o muerte. Dramatizando un poco el asunto, los nuevos comités podrían institucionalizar de manera involuntaria los llamados paseos de la muerte. No cuesta mucho trabajo imaginarse a uno de estos engendros burocráticos tratando de determinar la capacidad de pago de un paciente agonizante o la idoneidad de un tratamiento médico inaplazable.

La centralización de las funciones en los nuevos comités parece a todas luces inconveniente. Y podría incluso ser catastrófica. Pareciera más adecuado, por ejemplo, promover una ley estatutaria que oriente las decisiones de los comités científicos existentes y especifique de manera clara hasta dónde llega la responsabilidad del Estado. Pero esta y otras alternativas nunca fueron analizadas detalladamente. El Gobierno reformó de manera sustancial el sistema de salud, sin estudios técnicos, sin ninguna discusión con el congreso o las partes interesadas. Esta reforma, este tratamiento invasivo, inconsulto, improvisado en tres semanas de frenesí legislativo, podría terminar, casi sobra decirlo, siendo peor que la enfermedad.

Hace cuatro años, en los inicios de la contienda electoral, uno de los precandidatos liberales, el entonces senador Rodrigo Rivera, planteó la necesidad de unas reglas de juego estrictas que garantizaran una competencia más equilibrada entre el presidente y los demás candidatos. “Le insistiré al Presidente –dijo Rodrigo Rivera– en que con pudor establezca garantías de transparencia burocrática, contractual, presupuestal y publicitaria, así como de equidad en el uso de la televisión oficial y de financiación estatal de la campaña”. Rivera dijo también que iba a pedirle a los medios de comunicación “que empiecen a tratar al Presidente como candidato y nos concedan a los demás las garantías que hasta el momento nos ha negado el uribismo». «Sin garantías –aseguró– esto será una lucha de David contra Goliat».

Con su acostumbrada elocuencia, Rivera llamó la atención sobre las innegables ventajas de un presidente-candidato, de un aspirante que controla el presupuesto, concentra la atención nacional, puede desplazarse sin problemas por todo el país y tiene miles de funcionarios a su disposición. En opinión de Rivera, si no existen unas claras garantías electorales, si el presidente en ejercicio no se compromete a respetar unas mínimas restricciones, la competencia política y por ende la democracia se verían gravemente resentidas.

No sé qué dirá hoy en día el otrora precandidato y ahora promotor del referendo –los políticos suelen cambiar de opinión por razones misteriosas– pero la situación actual, el desequilibrio en favor del presidente-candidato es igual o mayor al denunciado por él mismo hace cuatro años. Por razón de la incertidumbre que rodea al referendo reeleccionista, el Presidente no está sujeto a la ley de garantías, puede decidir si cumple o no con los requerimientos legales. Cuando decide respetar una norma aprobada, como lo hizo esta semana, puede presentar el asunto como una concesión generosa, como un acto de buena voluntad con los otros candidatos y precandidatos presidenciales. En fin, la ambigüedad reeleccionista beneficia grandemente al presidente-candidato.

Muchos analistas locales han insistido en que la Corte Constitucional debe rechazar el referendo por razones estructurales, por la exagerada concentración de poder que ineluctablemente ocasionaría un tercer mandato presidencial. Pero las primeras razones de la Corte deberían ser otras. En mi opinión, la Corte debería impedir una nueva reelección del Presidente Uribe pues, en las circunstancias actuales, no existen garantías para la oposición, no es posible asegurar una contienda electoral medianamente equilibrada. La incertidumbre actual, el estatus ambiguo del Presidente, sesgó de tal manera la competencia política que la reelección se volvió incompatible con la democracia. Hoy estamos metidos en una campaña sin normas, sin regulación; en una contienda abierta entre David y Goliat.

La política da muchas vueltas. Rodrigo Rivera es actualmente el principal defensor intelectual de una nueva reelección del Presidente Uribe. Pero paradójicamente él mismo llamó la atención hace cuatro años sobre la necesidad imperiosa de unas garantías mínimas para la oposición, de unas normas claras que regulen lo que puede y no puede hacer un presidente-candidato. Bien haría la Corte en prestarle atención a las advertencias de Rodrigo Rivera, a su elocuente alegato en favor del equilibrio en la competencia política.

Hace algunos años, el biólogo y geógrafo Jared Diamond, reconocido en el mundo entero por sus obras de divulgación científica, escribió un libro sobre el fracaso duradero o definitivo de algunas sociedades. El libro adquirió esta semana una relevancia trágica e ineludible. Uno de sus capítulos examina, de manera concienzuda, las muchas teorías sobre el subdesarrollo de Haití, las diferentes explicaciones sobre la pobreza ya endémica de sus gentes. “Los visitantes a este país –escribió Diamond–se hacen siempre la misma pregunta: ¿hay alguna esperanza? Y casi siempre responden de la misma manera: no, ninguna”.

En Haití confluyen de manera trágica todos los obstáculos del desarrollo. Allí muchos economistas han encontrado una confirmación patente para sus teorías y prejuicios. Algunos, por ejemplo, han señalado la influencia nefasta del vudú, de un conjunto de creencias incompatible con el progreso material y moral, orientado a apaciguar unos espíritus caprichosos e indolentes. Otros han enfatizado las consecuencias adversas del pasado esclavista. La revolución haitiana, el levantamiento de cientos de miles de esclavos trajo consigo la independencia. Pero no la prosperidad. La revolución condenó a Haití a cien años de soledad. Por un rechazo natural al pasado esclavista, Haití le cerró las puertas al mundo, a cualquier presencia extranjera. Por un temor al contagio revolucionario, el mundo le dio la espalda a Haití, lo sometió al aislamiento y la intimidación.

Los economistas gastamos mucho tiempo tratando de jerarquizar las diferentes explicaciones del subdesarrollo, de distinguir las causas primeras de las últimas, de entender las conexiones invisibles entre la historia y la geografía. En Haití los problemas ambientales, institucionales y culturales se superponen y retrolimentan. Cualquier intento por separarlos es complicado, probablemente imposible. Lo cierto del caso es que el desafío de la reconstrucción será muy difícil. No basta con un Plan Marshall o con la condonación de la deuda o con los beneficios migratorios o con la ayuda externa.

La cooperación internacional permitió la recuperación definitiva de las regiones afectadas por el Tsunami de hace cinco años. Pero en Haití el problema es de otra naturaleza. No se trata simplemente de una catástrofe natural. El terremoto multiplicó el sufrimiento, hizo más visible la tragedia pero no la creo. Tristemente ningún economista, ningún político, ningún científico social –de allí probablemente la desesperanza de Diamond– sabe a ciencia cierta cómo revesar el trágico colapso de la sociedad haitiana.