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Hace ya algunas semanas, en una de sus primeras entrevistas, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, declaró cándidamente que «en la práctica, un gobierno tiene tres tiros. Una administración puede pasar tres grandes reformas al inicio de su periodo, no muchas más». No tiene sentido disparar para todos los lados, sugirió. En su opinión, los reformistas son francotiradores que cuidan su munición, que escogen bien sus blancos y apuntan con esmero. La metáfora tiene sentido. Pero infortunadamente el gobierno del presidente Santos no parece guiado por sus imperativos. Todo lo contrario. Está disparando para todos los lados. Con escopeta de regadera. Parece no tanto un cerebral francotirador como un soldado descarriado que dispara frenéticamente.

El nuevo gobierno pretende cambiar radicalmente la política, la justicia, el ordenamiento territorial, la salud, la descentralización, los ministerios, las normas anticorrupción y muchas cosas más. Parece empeñado en refundar la patria. En el último mes más de doscientos proyectos de ley se han radicado en el Congreso. A este paso, las instituciones colombianas van a terminar como las calles de Bogotá: con muchos frentes de obra, con cientos de proyectos y proyecticos que carecen de cualquier racionalidad. En suma, pasamos de los tres tiros a la balacera, de la cautela a la exuberancia reformista.

Vale la pena distinguir entre el reformismo y la reformitis. En el primero la velocidad no es importante pues la dirección está claramente definida. Los reformistas avanzan a paso lento pero seguro. En la segunda la velocidad sustituye la falta de dirección. Los gobiernos enfermos de reformitis aceleran pues no saben para dónde van. El estatuto anticorrupción, radicado esta semana, es sintomático. Revela los problemas de la estrategia legislativa del Gobierno. El proyecto dispara para todos los lados. Abarca mucho pero terminará apretando muy poco.

El estatuto aumenta las penas para los corruptos y las inhabilidades para los ex funcionarios públicos (a quienes condena al desempleo o, peor, a la docencia). Incrementa las obligaciones de las empresas vigiladas por la Superintendencia de Salud. Crea un fondo (un cajoncito más de los muchos que ya existen en el Estado) para la lucha contra la corrupción en el sector de la salud. Obliga a todas las entidades estatales a elaborar un plan anticorrupción y un mapa de riesgos (más papeleo). Y crea la Comisión Nacional para la Moralización y la Misión Nacional Ciudadana (más burocracia). El proyecto no tiene una dirección clara. Contempla más penas, más inhabilidades, más burocracia, más papeleo pero carece de un hilo conductor. Es una colección de articulitos. Pura reformitis.

Esta semana, en la asamblea anual de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), una ex funcionaria del gobierno chileno, la ex subsecretaria de hacienda María Olivia Recart, explicó en detalle las reformas que le han permitido a su país reducir la pobreza, la desigualdad y la corrupción. Cuando quiso, al final de su intervención, resumir la clave del éxito chileno, dijo escuetamente “nos hemos concentrado en hacer unos pocas cosas pero en hacerlas bien”. Para entonces ya se habían retirado todos los funcionarios del gobierno Santos. Lástima.

Desde hace ya varios años comencé a seguirle la pista al ensayista inglés Christopher Hitchens. Me aficioné a sus rabietas, algunas veces sobreactuadas, pero siempre interesantes. Hitchens dispara para todos los lados y con frecuencia da en el blanco. Su lista de víctimas es larga. La Madre Teresa de Calcuta, dice Hitchens, era una desalmada, quería tanto a los pobres que se dedicó, literalmente, a reproducirlos; el Papa Ratzinger es un burócrata del encubrimiento, casi la personificación de todos los males de la Iglesia católica; Henry Kissinger es un criminal de guerra; el filósofo Isaiah Berlin era un cobarde intelectual, un simple diplomático de las ideas: “Quiso ser valiente, pero cuando había que tomar una decisión que supusiera riesgos recordaba que tenía que tomar el té en alguna otra parte”.

En la última década, Hitchens se convirtió en un proselitista, casi en un profeta del ateísmo. “Gracias al telescopio y al microscopio, la religión ya no ofrece ninguna explicación para nada importante”, dice en su libro más conocido, Dios no es bueno. Pero la religión no sólo es irrelevante, sugiere en el mismo libro, es también peligrosa: enferma, mata, lo envenena todo. Llegó la hora de decirle adiós. “Será sin duda una larga despedida, pero ya comenzó y, como pasa con todas las despedidas, no conviene aplazarla”.

Hace unas semanas me enteré de que Hitchens, de 61 años, estaba muriendo de cáncer. Guiado por el ocio, saltando de una página a otra en internet, me topé con su artículo más reciente, un relato sobre su experiencia con las desdichas de la enfermedad y los rigores del tratamiento. “Uno no lucha contra el cáncer”, escribió. La metáfora no funciona. No hay ninguna actividad, ninguna resistencia. Todo lo contrario. Sólo pasividad, inapetencia y una confusión casi paralizante. Nada que sugiera la imagen de un revolucionario en el campo de batalla. El enfermo de cáncer es un negociador triste: entrega parte de sus facultades por unos años más en este mundo.

En una entrevista reciente, Hitchens agradeció las oraciones de mucha gente. No sin cierta preocupación, sin embargo. Los indicios científicos muestran que no existe ninguna correlación entre las oraciones de los fieles y la recuperación de los pacientes. Peor aún, quienes saben que otros mortales están orando por ellos tienden a tener más complicaciones posoperatorias. Misterios de la medicina. También rechazó las propuestas de muchos creyentes por una conversión religiosa de última hora. No por fidelidad a sus principios o por honradez intelectual. Si los ateos pudieran arrepentirse, lo harían. Pero la religión no puede consolar a quienes renunciaron para siempre al autoengaño. Hitchens sabe que la muerte es el fin. Y punto.

Pero no quiere irse todavía. Tiene varias cosas por hacer. “Leer —o ciertamente escribir— los obituarios de algunos villanos ya viejos como Kissinger y Ratzinger”. Cientos de sus lectores le han dejado mensajes de solidaridad en internet. Unos cuantos fanáticos parecen felices con su enfermedad. Otros más aprovechan los foros electrónicos para anunciar una inminente llegada del mesías. Desde su lecho de enfermo, leyendo los mensajes que anuncian la buena nueva, Christopher Hitchens muy probablemente entonará, con impaciencia, un estribillo conocido: “El Mesías no va a venir. Y ni siquiera va a llamar”. Así es la vida.

El debate sobre los problemas del campo ha vuelto a un primer plano. El nuevo gobierno ha abierto un espacio para la discusión y el análisis. Tal como sucedió hace 50 años, la necesidad de una reforma agraria, de una redistribución de la tierra, acapara buena parte de la atención de los analistas y la opinión pública. Hoy, como entonces, como en el histórico debate entre Carlos Lleras Restrepo y Lauchlin Currie, los méritos de una reforma agraria siguen siendo debatidos. Y debatibles.

En octubre de 1960, en Montería, en medio de los aplausos de miles de campesinos, Carlos Lleras Restrepo defendió con vehemencia los méritos de una ley agraria. “Creo ya estar un poco viejo, un poco maltrecho por los años y las dificultades, pero no resisto la tentación de volver en unos años a estas tierras de Córdoba, cuando se haya aplicado la ley agraria a ver si esta comarca se ha transformado y si puedo saludar al campesino a la puerta de un hogar propio, trabajando en una parcela propia, con dignidad y sin los problemas que le han sido comunes”. La reforma agraria, pensaba Lleras, solucionaría el estancamiento de la agricultura y el empobrecimiento rural, mediante la creación de una economía campesina dinámica, una locomotora hecha de miles de pequeñas unidades capaces de producir eficientemente y de unir fuerzas en cooperativas o asociaciones de productores.

En 1961, el economista norteamericano Lauchlin Currie presentó una visión alternativa, opuesta a la visión romántica, casi bucólica, de Lleras Restrepo y sus discípulos. Currie abogó por el aprovechamiento de las economías de escala en las zonas planas y la migración de campesinos a las ciudades en busca de empleos mejor remunerados en la industria y la construcción. Cincuenta años después, los empleos urbanos ya no están en la industria, sino en actividades menos productivas en los sectores de servicios y comercio. Currie no previó el agotamiento industrial. Pero su defensa del capitalismo agrícola, de una locomotora basada en explotaciones de una mayor escala y unos mayores niveles de mecanización sigue teniendo vigencia.

Probablemente una reforma agraria sea la única forma de acabar con algunos reductos semifeudales que aún existen en Colombia. Pero no va a resolver los problemas del campo y la agricultura. Existen otras prioridades: la restitución de tierras a los desplazados, la reorientación de las ayudas estatales hacia la provisión de bienes públicos (vías de comunicación, infraestructura de riego, capacitación técnica, etc.) y la promoción de actividades rurales no agrícolas. Cincuenta años después, no parece conveniente agotar todos los ímpetus reformistas en un nuevo intento de reforma agraria.

Los medios nacionales presentaron esta semana un video, elaborado por la Asociación Colombiana de Grasas y Aceites Comestibles, que denuncia la operación de un peligroso cartel dedicado a la comercialización ilegal de aceites. Con una truculencia que envidiaría el mismo Pirry, a través de una serie de imágenes temblorosas filmadas con una cámara oculta, el video delata todos los eslabones del negocio: la compra al por mayor, la venta a granel, la frescura del tendero, el oportunismo de la compradora, en fin, la impunidad de todo el proceso. El cartel del aceite pirata, dice el narrador con una seriedad casi infantil, está poniendo en riesgo la salud de los colombianos.

Casualmente esta misma semana, la Corte Constitucional avaló una ley, aprobada por el Congreso en julio del año anterior, que prohíbe la venta de cigarrillos al menudeo. La intención del legislador, avalada por la Corte, era disminuir el consumo de tabaco de los menores de edad y por lo tanto proteger su salud. La intervención en los mercados, dijo la Corte, está justificada cuando no limita otros derechos. La Corte, sobra decirlo, sólo opina sobre asuntos constitucionales. El sentido común no hace parte de sus preocupaciones.

Hay en todo lo anterior y en otros intentos similares (el Gobierno trató hace un tiempo de prohibir la llamada venta de minutos) una especie de ilusión regulatoria. ¿De qué manera van a impedir las autoridades la venta de cigarrillos sueltos? ¿Van a poner a los policías bachilleres a esculcarles los cajones a millones de vendedores ambulantes? ¿Qué va a pasar cuando los primeros encuentren una cajetilla destapada? ¿Decomisarán el cajón con todo el surtido? ¿Arrestarán al ventero? ¿O improvisarán un espectáculo público donde los culpables tendrán que pedir excusas por envenenar a nuestros niños y arriesgar nuestro futuro precisamente ahora que nos llegó la hora? Finalmente, ¿qué pasará, dios no lo quiera, si un tendero es descubierto vendiendo cigarrillos al menudeo y aceite a granel? ¿Cadena perpetua?

Estos intentos regulatorios revelan también una gran dosis de hipocresía. Cada semana políticos y empresarios cantan alabanzas al capitalismo popular. Pero cuando éste se les aparece en persona, salen despavoridos y proponen, entonces, regularlo en nombre del interés común o en favor de la sufrida industria nacional. En la mañana del viernes estuve unos minutos preguntándoles a varios vendedores ambulantes si dejarían de vender cigarrillos sueltos en caso de que una ley lo prohibiera. Todos dijeron lo mismo: “hay que darle al cliente lo que pide y si no lo hacemos nosotros lo van a hacer otros”. Hay leyes tan absurdas que cabe celebrar su incumplimiento.

Esta discusión cobra una relevancia adicional, habida cuenta de la campaña de formalización empresarial anunciada esta semana. La informalidad no es una aberración cultural o un capricho nacido de la ignorancia o la ambición como parece suponer el Gobierno. Todo lo contrario. La informalidad es la razón de ser, la esencia de muchos negocios. Si usted formaliza los tenderos que venden aceite o cigarrillos en cantidades menores, no los vuelve más productivos: los liquida, con consecuencias adversas para mucha gente. Ciertas formas de piratería, cabe reconocerlo, contribuyen positivamente el bienestar general.

Llegó la hora de los balances, de los análisis retrospectivos, del corte de cuentas. Esta columna hace un examen preliminar del progreso socioeconómico del país durante la era Uribe. El énfasis del examen es comparativo. Las comparaciones, lejos de ser odiosas, son indispensables. En economía, el bien de muchos puede ser el orgullo de los tontos. En últimas, los logros de un gobierno o de un mandatario sólo son discernibles desde una perspectiva comparada.

Entre 2002 y 2009, Colombia fue el campeón latinoamericano de la inversión. Medida como porcentaje de la producción total, la inversión en Colombia creció 50%. En la región como un todo, creció a una tasa mucho menor, cercana a 20%. Pero la inversión no es un fin en sí mismo. La confianza de los inversionistas sólo importa si contribuye al bienestar de la gente, al crecimiento económico y al aumento del empleo. Durante la era Uribe, el crecimiento promedio anual de la economía apenas superará el 4%, una tasa similar a la observada en los países grandes de América Latina, pero dos puntos por debajo a la observada en Perú, el país de mejor desempeño durante la última década. En los últimos años, el crecimiento económico fue aceptable, no deficiente pero tampoco excepcional. Colombia, eso sí, recuperó su medianía histórica, su mediocridad tradicional.

Colombia es actualmente el campeón del desempleo en la región, un honor nada honorífico. De los países grandes de América Latina, Colombia es el único que aún presenta una tasa de desempleo de más de dos dígitos. En 2002, la tasa de desempleo estaba 2,5 puntos porcentuales por encima de la tasa promedio de las siete mayores economías de la región. En 2009, estaba ya 3,0 puntos por encima. En términos relativos, la situación del empleo empeoró durante la era Uribe. La pobreza disminuyó menos rápidamente que en la región, un resultado previsible dados el similar crecimiento y el mayor desempleo observados en el país. En la totalidad de los países latinoamericanos, 32 millones de personas (6% de la población total) salieron de la pobreza entre 2002 y 2009. En Colombia lo hicieron 1,7 millones de personas, aproximadamente 4% del total de la población. En términos relativos, también nos rajamos en reducción de la pobreza. Avanzamos, sí, pero a un ritmo menor, mucho menor podríamos decir.

Pero el peor resultado social de los últimos años, el más preocupante y nocivo, ha sido la creciente división de la sociedad colombiana en dos partes, una que disfruta de los beneficios de la inversión y la modernización de la economía, y otra que debe resignarse a la informalidad y contentarse con los subsidios estatales, el único instrumento de cohesión social. La informalidad laboral, esto es, la exclusión de más de la mitad de la población de la economía moderna, ha contribuido a la perpetuación de unos niveles muy altos, inaceptables en cierto sentido, de desigualdad del ingreso. En suma, durante los últimos ocho años tuvimos, en términos relativos, mayor inversión, igual crecimiento, más desempleo y más pobreza. Finalmente, los subsidios no impidieron, no pueden hacerlo, la exclusión económica asociada con la informalidad laboral, con la desaparición del empleo para amplios sectores de la población.

“Nosostros no podemos, en nombre de una diplomacia meliflua y babosa, dejar desamparados a nuestros compatriotas” dijo esta semana el presidente Uribe. La frase es representativa de un estilo. Resume de manera involuntaria uno de los principales problemas de la política exterior colombiana. La diplomacia debería ser meliflua, esto es, “dulce, suave y delicada en el trato y en la manera de hablar”. La diplomacia debería ser incluso babosa, es decir, aduladora y complaciente. La diplomacia riñe con la altanería, con el desconocimiento deliberado de las formas delicadas que han caracterizado por siempre las relaciones entre los Estados. Lo melifluo, sobra decirlo, no quita lo valiente.

La diplomacia meliflua hizo mucha falta durante los últimos ochos años. En varias ocasiones, con una torpeza casi inaudita, el gobierno practicó una forma extraña de antidiplomacia, hecha de desplantes y politiquería. A Brasil, un país estratégico, envió como embajadora a Claudia Rodríguez de Castellanos, una predicadora, quien aprovechó la ocasión para sumarle fieles a su iglesia carismática. Años más tarde, como para multiplicar el error, decidió nombrar a Tony Jozame, un empresario cuestionado, quien seguramente procedió a sumarles clientes a sus negocios. El Gobierno de Brasil habría preferido un comportamiento distinto, más melifluo.

En algunos casos, la antidiplomacia pasó de la descortesía al insulto. A Chile, el Gobierno envió como funcionario consular al ex gobernador de Sucre Salvador Arana, no precisamente un personaje melifluo. Años más tarde, en plena campaña electoral de los Estados Unidos, el Gobierno decidió, en un acto de torpeza inexplicable, cancelarle un contrato de asesoría a Mark Penn, uno de los principales consejeros políticos de la entonces precandidata y hoy Secretaria de Estado, Hillary Clinton. Posiblemente una diplomacia menos altanera habría conseguido la anhelada aprobación del Tratado de Libre Comercio.

También hizo falta un mínimo de respeto por las formas diplomáticas cuando el presidente Uribe decidió ocultarle al presidente de Ecuador, Rafael Correa, la verdad sobre el bombardeo al campamento de Raúl Reyes. Con un poco de cordialidad, sin historias inventadas sobre una persecución en caliente, probablemente la reacción del presidente Correa habría sido distinta y las relaciones diplomáticas con Ecuador se habrían restablecido hace ya mucho tiempo. Paradójicamente, cuando el Gobierno usó la diplomacia meliflua lo hizo de forma absurda. En 2007, decidió liberar al guerrillero de las Farc Rodrigo Granda con el único objetivo de complacer al presidente de Francia, Nicolás Sarkozy. La liberación de Granda fue literalmente una babosada.

Ahora, ya al final de su mandato, el presidente Uribe decidió reincidir en la antidiplomacia. De manera inesperada sacó a relucir unas pruebas ya sin lustre sobre la presencia de guerrilleros de las Farc en Venezuela. En este caso su rabieta iba dirigida no solamente contra el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sino también contra el presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos. Afortunadamente el nuevo gobierno parecería dispuesto a cambiar de estilo, a apostarle, como toca, a la diplomacia meliflua.