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El Plan Nacional de Desarrollo, o mejor, la institucionalidad de la planeación económica en Colombia, ha sido cuestionada recientemente. Algunos creemos que no tiene sentido, que se ha convertido en un ejercicio peligroso, en una feria de articulitos. Otros creen que tiene validez, que es, al menos, un contrapeso a las tendencias tecnocráticas o centralizadoras.

No voy a volver sobre este debate. Al respecto ya casi todo se ha dicho. Quiero simplemente traer a cuento algunos de los nuevos articulitos incorporados a la ponencia para primer debate del proyecto de ley de plan de desarrollo. Los articulitos hablan por sí solos.

El coordinador de ponentes de la ley del plan en la Cámara de Representantes es Angel Custodio Cabrera, un parlamentario conocido por ser el agente o intermediario de las Madres Comunitarias. Mejor dicho, las Madres Comunitarias son su clientela. Este hecho explica los siguientes articulitos y otros más por el estilo:

TARIFAS PARA HOGARES COMUNITARIOS. Para efecto del cálculo de las tarifas de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas domiciliario, los inmuebles de uso residencial donde funcionan los hogares comunitarios de bienestar y sustitutos serán considerados estrato uno (1). El Gobierno Nacional reglamentará la aplicación de este artículo.”

BONIFICACIÓN PARA LAS MADRES COMUNITARIAS. Durante las vigencias 2012, 2013 y 2014 la bonificación que se les reconoce a las madres comunitarias tendrá un incremento corresponderte al doble del IPC publicado por el DANE.

A la usanza de Agro ingreso Seguro, la ponencia contiene otro articulito que busca pasarle al Estado la mitad de la cuenta de energía de la operación de los distritos de riego que requieren bombas eléctricas. ¡Qué todo sea por la locomotora agrícola!

SUBSIDIO DE ENERGÍA PARA DISTRITOS DE RIEGO: La Nación asignará un monto de recursos destinados a cubrir el valor correspondiente a un porcentaje del cincuenta por ciento (50%) del costo de la energía eléctrica y gas natural que consuman los distritos de riego que utilicen equipos electromecánicos para su operación debidamente comprobado por las empresas prestadoras del servicio respectivo , de los usuarios de los distritos de riego y de los distritos de riego administrados por el Estado o por las Asociaciones de Usuarios debidamente reconocidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

La locomotora de la infraestructura también necesita su articulito. O mejor, su fondo (fondo en Colombia significa, por supuesto, sin fondo). Los camioneros, ni más faltaba, también tienen quien los represente.

FONDO CUENTA DE RENOVACIÓN.El Gobierno Nacional creará un Fondo de Renovación de Vehículos de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga con recursos de la Nación destinados a fomentar la formalización empresarial y la modernización de la flota de vehículos que contribuyan al desarrollo de un sector de clase mundial, el cual será administrado por el Ministerio de Transporte. El Gobierno Nacional reglamentará su funcionamiento y organización y las fuentes de recursos que podrán ser parte de este fondo.

Y como el Estado puede con todo, es un barril sin fondo, ¿por qué no subsidiar completamente los intereses de los créditos educativos? 0 ¿condonar también parte de las deudas viejas. Este articulito, sin querer queriendo, acabaría con el ICETEX.

SUBSIDIOS EDUCACIÓN SUPERIOR. A los beneficiarios de créditos de educación superior de bajas condiciones socioeconómicas pertenecientes a los niveles SISBEN que se establezcan para el efecto, otorgados a través del ICETEX para estudios de pregrado, se les concederá un subsidio equivalente al 100% de los intereses que se generen por dicho crédito. El beneficiario asumirá el pago del capital, más la inflación causada durante la vigencia del crédito, de acuerdo a los datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

Y todo no puede ser para los civiles. Los hombres y mujeres de uniforme también merecen su tajada de la torta presupuestal. Veamos:

PERSONAL DEL NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL. El Gobierno Nacional apropiará las partidas presupuestales necesarias para superar el represamiento de los ascensos del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional.

UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA. En el marco del fortalecimiento de las Fuerzas Militares y la consolidación de una cultura de Seguridad y Defensa Nacional, transfórmese la Esuela superior de Guerra de las Fuerzas Militares de Colombia en Universidad de Defensa, cuyos objetivos son la formación avanzada, la realización de investigaciones, el desarrollo científico tecnológico, la prestación de servicios y la cooperación nacional e internacional en el área de la seguridad y la defensa.
En fin, el Plan Nacional de Desarrollo es un ejemplo perfecto, casi de libro de texto, de la búsqueda de rentas, de los muchos intereses que se tiran de cabezas a la piñata presupuestal.

“En Colombia el socialismo está funcionando más o menos bien pero el capitalismo está en crisis”, me dijo un colega extranjero hace ya varios meses. Inicialmente no entendí la frase. Me pareció un típico comentario desatinado, producto de la desinformación y los prejuicios. “¿Cómo así?”, pregunté sin mucho interés, más por cortesía que por curiosidad. “Pues así tal cual”, respondió mi interlocutor sin inmutarse, como si estuviera repitiendo una obviedad. “En Colombia, el acceso a los servicios sociales básicos ha aumentado de manera significativa. Los pobres cuentan con más y mejor Estado. Pero sus oportunidades económicas son exiguas. Un empleo formal de un salario mínimo es un privilegio”.
El economista sentencioso, cabe reconocerlo, tenía toda la razón. Su diagnóstico resultó exacto. Clarividente incluso. Fue confirmado esta semana por varios estudios independientes. En primer lugar, los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, presentados el viernes por Profamilia, confirmaron el avance del socialismo, esto es, de los indicadores sociales que dependen directamente de la acción estatal. La asistencia escolar de los niños entre 6 y 15 años de edad aumentó de manera sustancial durante el último lustro y ya supera el 95%. La cobertura de aseguramiento en salud está cercana al 90%. La atención prenatal alcanzó el 92% de la población relevante. El porcentaje de niños de dos años con esquemas completos de vacunación pasó del 50% en 2005 al 80% en 2010. En fin, el progreso ha sido sustancial.
En la tierra de la fracasomanía, los resultados anteriores podrían parecer sorprendentes. Pero en realidad no deberían serlo. Reflejan el aumento significativo del gasto social, la protección constitucional a los presupuestos de educación y salud, y la continuidad de las políticas públicas; reflejan, en últimas, el éxito, matizado, parcial, incompleto, pero éxito al fin de cuentas, de algunas políticas de Estado.
Por otra parte, varios estudios internacionales, revelados también recientemente, han mostrado un hecho preocupante, negativo: Colombia es el nuevo nuevo campeón latinoamericano de la desigualdad. En la mayoría de los países de la región, la desigualad disminuyó en los últimos cinco años; en Colombia, por el contrario, aumentó durante el mismo lapso. El capitalismo colombiano ha creado una brecha, casi un abismo, entre los trabajadores con educación superior y el resto: los primeros tienen, en general, acceso a empleos formales con salarios decentes; los segundos están excluidos de la economía moderna, condenados a la informalidad, a ocupaciones mal remuneradas, con ingresos inferiores a un salario mínimo. En Colombia, a diferencia de otros países latinoamericanos, el progreso social viene más por cuenta del Estado que del mercado.
El gobierno del presidente Santos no parece interesado en revertir esta situación. Ha anunciado la ampliación y el mejoramiento de muchos programas sociales. Aspira a seguir entregando subsidios a desplazados, informales, reinsertados, víctimas, etc. Pero ha esquivado el debate necesario sobre el mal funcionamiento del mercado laboral. Y no parece muy consciente de los malos resultados distributivos. Siempre habrá mucho por mejorar en la política social. Pero, como diría mi colega, el sentencioso, el gran problema de la economía colombiana no es el socialismo, es el capitalismo.

Comienzo con una aclaración. No creo en los delitos de injuria y calumnia. Considero que todas las opiniones deberían ser toleradas. No respetadas pero sí sobrellevadas con resignación o enfado. En palabras de Isaiah Berlin, “podemos discutir, atacar, condenar, rechazar con pasión y odio, pero no podemos acallar o sofocar”. La lucha contra las opiniones calumniosas, contra las mentiras y las exageraciones, debe darse en el mercado de las ideas, no en los tribunales de la justicia. Los jueces, en últimas, no pueden ser los determinantes de la justeza de todas las opiniones de los hombres públicos.
Hecha esta aclaración puedo ya entrar en materia. Considero que las razones esgrimidas por la juez de conocimiento de Bogotá que absolvió a la columnista Claudia López de los delitos de injuria y calumnia son cuestionables, absurdas para decirlo sin rodeos. La juez no hizo alusión a los derechos de la demandada. Tampoco hizo una defensa explícita de la libertad de expresión. Argumentó por el contrario que los derechos del demandante no podían ser protegidos habida cuenta de su condición de ex funcionario público. «Los funcionarios públicos tienen un derecho menor del derecho a la honra», dijo claramente. Puede colegirse, entonces, que si el demandante hubiera sido, por ejemplo, un dirigente empresarial, no un expresidente, la columnista habría sido declarada culpable. Extraña la cosa, sin duda.
Me gustaría creer que los argumentos de la juez revelan apenas sus opiniones y prejuicios personales. Pero la realidad es mucho más preocupante. Sus razones reflejan una opinión generalizada, una idea mayoritaria; a saber: los funcionarios públicos no tienen derecho a nada. Ni a la privacidad. Ni a la presunción de inocencia. Ni al buen nombre. Son literalmente ciudadanos de segunda categoría, con menos derechos que los demás. Discriminados abiertamente por cuenta de su trabajo.
El llamado Estatuto Anticorrupción, que está punto de convertirse en ley de la república, parece inspirado por la misma idea, por el mismo afán revanchista. Prescribe hasta 18 años de cárcel para un funcionario que tramite un contrato sin cumplir algunos requisitos legales: un servidor público descuidado podría terminar más tiempo en prisión que un homicida. El Estatuto crea al mismo tiempo todo tipo de inhabilidades y obligaciones. Supone que los funcionarios son culpables mientras no se pruebe lo contrario. Desconoce por lo tanto que hay muchos funcionarios honestos. Por cada Turbay o Moralesrussi (ojalá no me demanden), hay decenas de servidores públicos cumplidores de su deber.
Paradójicamente muchos de quienes, en los medios de comunicación o en el debate político, despotrican de todos los funcionarios públicos, sin distinción, abogan también por una mayor presencia del Estado. Consideran que el Estado debe hacerlo todo y piensan que los funcionarios públicos son irremediablemente corruptos. Creen en la idea del Estado pero descreen de la realidad estatal. Las políticas que promueven terminan siendo muchas veces contraproducentes, perjudiciales: alejan a los buenos funcionarios y aumentan el tamaño del botín estatal.
Volviendo al comienzo. Yo celebro el triunfo de la libertad de expresión. Pero lamento la discriminación en contra de los funcionarios. Bien valdría la pena que los jueces revanchistas volvieran a leer la Constitución.

La noticia salió por todas partes. Varios comentaristas radiales dijeron que Patarroyo había vencido la maledicencia envidiosa de sus compatriotas y había mostrado claramente que sí, que es posible hacer ciencia en el Tercer Mundo: “Presentamos en el parque de Investigaciones Biomédicas de Barcelona los resultados que nos permiten un futuro bastante promisorio de la vacuna contra la malaria…la idea es que este sea un descubrimiento de Colombia para el mundo. Si se vende sería a un precio muy bajo, sin exceder los 15 centavos de dólar”, dijo Patarroyo.

Patarroyo lleva diciendo lo mismo durante casi 30 años pero esta vez, ¿quién iba a pensarlo?, los medios también le creyeron. Muchas décadas de promesas vanas no parecen haber minado su credibilidad. Las cosas no han cambiado mucho, sin embargo. Chemical Reviews no publicó el mencionado artículo. Ni en enero. Ni en febrero. Seguimos, pues, esperando la vacuna. O al menos alguna noticia sobre la misma. Esta es una historia eterna, de nunca acabar. Al túnel de La Línea, al canal interoceánico, a la navegación por el río Magdalena, a la descontaminación del río Bogotá, tendremos que sumarle ahora la vacuna de Patarroyo.

Esta semana, en una ceremonia solemne, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la llamada ley del primer empleo. La ley busca estimular la generación de empleo formal por medio de incentivos tributarios. Las empresas podrán ahora descontar del impuesto de renta la totalidad de los aportes parafiscales y una fracción de las contribuciones a salud y pensiones de los trabajadores nuevos que cumplan con ciertas características: menores de 28 años, desplazados, reinsertados, discapacitados, sisbenizados, madres cabeza de familia, etc. “Felicitémonos porque hemos logrado este primer gran paso…Esta ley puede considerarse como uno de los mejores frutos de la Unidad Nacional” dijo el presidente en tono satisfecho, autocelebratorio.

“Aquí aportaron todos…: el Partido Liberal del que tomamos la propuesta, el Partido de la U que procuró el beneficio de los grupos vulnerables, el Partido Conservador que impulsó la inclusión de las mujeres y Cambio Radical que propuso un tratamiento preferencial para los departamentos de la Amazonía”, señaló el presidente al final de su discurso. Resumiendo: cada partido aportó su grupo favorito, su partecita dentro del todo. Aparentemente todos quedaron contentos. Pero la ley de primer empleo terminó siendo una colección desordenada de iniciativas. Una ley distinta que beneficiara a los cotizantes primerizos, sin importar su edad, género o condición, habría sido más clara, más fácil de administrar y probablemente más eficaz. Pero reñía con los imperativos de la coalición de gobierno. En la Unidad Nacional, ya lo veremos, el todo es menor que la suma de lo que proponen las partes (o los partidos).

La ley de primer empleo revela los problemas de la coalición de gobierno, las dificultades que surgen cuando se quiere complacer a mucha gente muy distinta. El gobierno de la Unidad Nacional ha sido muy exitoso a la hora de sumar promesas. Supo incorporar en su agenda las propuestas de liberales y conservadores, de uribistas, pastranistas, samperistas y gaviristas. Pero ha sido menos eficaz a la hora de tomar decisiones. El presidente Santos parece propenso a la inacción, a los reversazos. Anunció primero la liquidación de las Corporaciones Autónomas Regionales y se arrepintió días más tarde. Propuso inicialmente el aumento de las edades de jubilación y retiró la propuesta una semana después. Dijo hace un tiempo que la puerta de la paz estaba abierta y afirmó esta semana que ya no, que estaba cerrada. Pero aclaró también que la llave no reposaba en el fondo del mar. Ya dirá que la puerta se abrió nuevamente.

Después de todo no es fácil ser uribista y no uribista simultáneamente. Tampoco lo es cosechar aplausos entre los conservadores convencidos y los liberales acérrimos. Toca prometer mucho y hacer poco. Practicar una especie de frentenacionalismo paralizante. Como en la ley de primer empleo, el éxito de la Unidad Nacional implica paradójicamente el fracaso del gobierno. O viceversa, el éxito del gobierno necesita dejar de lado una coalición imposible (su unión es todo, su intersección es nada), y plantear de una vez por todas con quién se quiere gobernar y con quién no. La política es elección de valores, ideas, aliados y rivales. Gobernar con todos equivale a no decidir nada, al titubeo más o menos insulso de los últimos días.

Esta semana el presidente del Partido Conservador, el senador caucano José Darío Salazar, señaló, con inusual vehemencia, que la violencia estaba desbordada, “salida de todo cauce”. “Si esto no toma otro rumbo el gobierno va a tener que revisar su política de seguridad” dijo de manera rotunda. Varios voceros del Partido de la U han expresado recientemente preocupaciones similares. La semana anterior, el diario El Colombiano de Medellín llamó la atención sobre un supuesto deterioro del orden público: “la situación de orden público…nos hace temer que, si no se insiste en preservar la política de Seguridad Democrática, a lo que se comprometió el Presidente,…en lugar de avanzar hacia la prosperidad, podamos retroceder a tiempos aciagos ya superados”.

¿Ha aumentado sustancialmente la violencia en Colombia? ¿Estamos en realidad retrocediendo a pasos agigantados? Con el doble propósito de responder las preguntas planteadas e introducir un poco de claridad en una controversia acalorada, dominada no por los hechos sino por las pasiones políticas, decidí esta semana consultar las cifras recientemente publicadas por el Instituto de Medicina Legal, una entidad independiente. Las cifras son todavía provisionales. Pero permiten, desde ya, un análisis objetivo del cambio en las condiciones de seguridad y una evaluación seria de la hipótesis del Senador Salazar y otros políticos nostálgicos, a saber: la violencia, como los ríos de Colombia, está salida de todo cauce.

Las cifras de Medicina Legal revelan varios hechos sorprendentes, contrarios a las opiniones más alarmistas mencionadas con anterioridad. Las cifras muestran, en particular, una disminución reciente (y sustancial) de los homicidios. En el año 2010, el número de homicidios disminuyó más de 10% con respecto al año 2009. En algunas capitales de departamento la disminución fue excepcional. En Sincelejo, Pereira y Pasto, los homicidios cayeron más de 20%. En Montería y Santa Marta también cayeron más que proporcionalmente. Nada parece sugerir, en últimas, que la violencia está desbordada, salida de sus cauces históricos.

No todos los resultados son positivos. En Riohacha, Valledupar e Ibagué, por ejemplo, la violencia homicida creció de manera preocupante. En Bogotá parece también haber aumentado. En Cali y Medellín disminuyó levemente pero se mantiene en niveles muy altos, intolerables. En muchas zonas rurales, el crimen organizado sigue haciendo de las suyas, matando con la más absoluta impunidad. Pero las cifras agregadas sugieren que la violencia no ha aumentado. Todo lo contrario. Tristemente el debate reciente sobre las condiciones de seguridad ha ocurrido en un vacío empírico. Nadie repara en los hechos. Y muchos distorsionan deliberadamente la realidad.

Los problemas de seguridad siguen siendo inmensos. Pero diciendo mentiras, exagerando la gravedad de la situación, no se van a resolver. En las últimas semanas algunos de los voceros más connotados del uribismo han vuelto a plantear, de manera velada pero insistente, una identidad según ellos incuestionable: sin Uribe no hay seguridad. Pero los hechos, los fríos hechos, muestran que esta identidad es cuestionable. Falsa para decirlo con toda claridad. Ido Uribe, la seguridad no empeoró. Parece incluso haber mejorado. Sin Uribe, sobra decirlo, también puede haber seguridad en este país.

Al final de la semana, ante un auditorio exaltado, el novelista colombiano Fernando Vallejo leyó un emotivo discurso en honor a Rufino José Cuervo. Vallejo aprovechó la ocasión para lo de siempre, para maldecir a Colombia, para repetir su consabida retahíla, ya debilitada por la repetición. El pasado y el presente de Colombia, dijo, no son más que una “rapiña de tinterillos en busca de empleo público: de un ‘destino’, como se decía hasta hace poco aquí. ¿El destino, que es tan grande, significando tan poca cosa?”.

Los juicios políticos de Vallejo son hipérboles de un alma desencantada. Vallejo dispara para todos los lados. Sin dirección aparente. Pero esta vez, creo yo, dio en el blanco. Cada vez más, Colombia se asemeja a una república de tinterillos en busca de un sueldo o de una pensión, de una renta permanente y cuantiosa. Después de décadas de práctica, los tinterillos han logrado infiltrar el Estado desde adentro. Manipulan y explotan a su favor la asignación de recursos públicos. Son buscadores de rentas que se valen de toda suerte de artimañas: carruseles, tutelas, leyes y micos de muchos pelambres.

Por esas coincidencias de la vida, mientras Vallejo leía su discurso rabioso, los medios de comunicación informaban sobre la última maniobra de un grupo de tinterillos. El año pasado, veinte o más profesionales del derecho hicieron su torcido. Fueron nombrados magistrados del Consejo de la Judicatura por dos o tres meses, el tiempo suficiente para recoger unos milloncitos y aumentar la base de su pensión. Unos llegaban y otros salían coordinadamente. El “carrusel” tenía un único objetivo: la captura de rentas. Varios de los favorecidos, ex magistrados en teoría, aprovechados en la práctica, se jubilaron después de la consabida vuelta en el consabido carrusel a disfrutar de su “destino” como dice Vallejo que decían nuestros antepasados.

Hace dos semanas la prensa nacional llamó la atención sobre una maniobra similar, una iniciativa legal promovida por el senador del Polo Democrático Luis Carlos Avellaneda y aprobada por el Congreso de la República en diciembre pasado. La iniciativa pretende otorgarles una pensión de gracia, en este caso, una renta adicional, a más de siete mil maestros. Avellaneda había litigado a favor de muchos de los posibles beneficiarios, uno de sus antiguos socios es actualmente el apoderado de miles de ellos pero el senador parece no inmutarse: los buscadores rentas suelen ser un poco desvergonzados. Avellaneda incluso se reunió con el vicepresidente Angelino Garzón, un posible aliado en su empresa. Si el presidente Santos no objeta la ley en los próximos días, las rentas capturadas ascenderían, según los cálculos del gobierno, a varios billones de pesos.

Hace algunos meses, el procurador Alejandro Ordoñez, otro tinterillo, señaló que las pensiones de los magistrados y otros funcionarios de la rama judicial deberían liquidarse con base en un régimen especial expedido hace 40 años. De manera desvergonzada, el procurador amenazó con sanciones disciplinarias a los funcionarios que incumplieran sus nefastas instrucciones. De nuevo, hay varios billones de pesos en juego. A este paso terminaremos arruinados. Los tinterillos, lo dijo el mismo Vallejo, podrían parrandearse nuestro destino. Ya como mínimo han asegurado el suyo.

El presidente Juan Manuel Santos apenas pudo disfrutar su estadía en Davos, Suiza, la sede permanente del Foro Económico Mundial. Temeroso, supongo, de ser percibido como un mandatario distante, dedicado a la especulación geopolítica (uno de los pasatiempos favoritos de los mandamases de esta parte el mundo), decidió anticipar su regreso a Colombia y viajar directamente a Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander donde, a mitad de semana, más de 20 personas murieron trágicamente en una explosión (otra más) de una mina de carbón. “He decidido anticipar mi regreso. Voy a terminar unas citas de trabajo hoy en Davos y mañana voy a regresar al país para acompañar a las familias de las víctimas”, explicó el presidente Santos el día miércoles.

El gesto político del presidente es interesante. Y previsible. Más vale una foto con las familias de los mineros muertos que otra distinta, más glamurosa con los dueños del mundo, con los habituales de Davos: Clinton, Bono, Gates y demás. Pero más allá de los motivos presidenciales, el hecho cierto, la triste verdad de esta y otras tragedias similares es que la “locomotora” minera (las otras no arrancan todavía) parece estar fuera de control, ha venido operando, por muchos años ya, en un vacío institucional. En seis meses, el gobierno no ha hecho nada para remediar este problema. Las presentaciones del plan de desarrollo, repetidas muchas veces, simplemente señalan la necesidad de “fortalecer el marco institucional del sector minero” y “desarrollar estrategias para formalizar la minería”. Por ahora solo hay enunciados generales. Y gestos de buena voluntad.

El regreso prematuro de Santos, la contratación del juez español Baltasar Garzón, el reajuste del salario mínimo, para mencionar sólo algunos ejemplos recientes, no pretenden resolver los problemas del sector minero, la justicia o el mercado de trabajo; son gestos convenientes, trucos publicitarios si se quiere. Todos los políticos recurren a esta suerte de demagogia. Pero la alta popularidad de algunos mandatarios y ex mandatarios latinoamericanos parece estar agravando el problema, exacerbando la superficialidad democrática. Hemos caído, por llamarlo de alguna forma, en el síndrome del 70%. Cualquier porcentaje de aceptación inferior es considerado preocupante, prende las alarmas de los asesores. La medianía estadística se ha convertido en una preocupación preponderante. El narcisismo presidencial está desbordado. En su primer encuentro con el entonces presidente Lula, Santos mencionó (no pudo evitarlo) que mientras su porcentaje de aceptación había llegado al 90%, el de Lula apenas superaba el 85%.

Un porcentaje de aceptación o aprobación de 70% o más puede ser un síntoma preocupante, una manifestación inmediata de cierta complacencia, encantamiento o suspensión de la incredulidad. Puede incluso llamar la atención sobre una enfermedad mayor: la coexistencia de un público complaciente y un gobierno superficial, adepto a los gestos dramáticos. Por el contrario, un porcentaje de aceptación cercano a 50% revela un escepticismo saludable, un grado conveniente de polarización. Yo prefiero incluso la paradoja de Perú, donde el progreso socioeconómico coincide con la impopularidad presidencial, a una paradoja opuesta, casi trágica, en la cual, para usar un giro conocido, “el presidente va bien pero el país va mal”.

Llevado por una irresistible curiosidad por las tragedias ajenas, leí esta semana la noticia sobre Juliana Sosa, la modelo colombiana capturada en compañía de un mafioso mexicano. Leí también los insultos de cientos de foristas indignados ante «una mujer sin principios», «dispuesta a venderse al mejor postor», sea el que sea. Mientras repasaba la indignación soez de los lectores, recordé una historia inquietante relatada por el filósofo francés Bernard-Henry Lévy en uno de sus últimos libros. Voy a contarla nuevamente en clave colombiana. Pero, aclaro, no se trata de una historia doméstica sino de una fábula universal, antropológica podríamos decir.

Manuel vivió los primeros años de su vida en un pueblo como tantos otros, común y corriente, venido a menos, arruinado por los giros impredecibles de la economía. Abandonó el pueblo antes de cumplir veinte años. Hizo una gran fortuna y regresó muchos años más tarde, convertido ya en un potentado. Inicialmente nadie lo reconoció. Ninguno de los habitantes del pueblo concebía, podía imaginar siquiera, que aquel joven humilde, un simple ayudante de tienda, fuera ahora el dueño de una fortuna magnífica, casi inverosímil.

Pero pasadas algunas semanas, Manuel reveló su identidad: “recuerdan un joven modesto que abandonó este pueblo hace ya muchos años, humillado, expulsado como un perro pues supuestamente le había robado unos cuantos pesos al señor Alfredo, al dueño de la tienda; pues bien, ese soy yo, Manuel”. “Este pueblo está desahuciado, no tiene futuro. Les ofrezco varios miles de millones de pesos para repartir entre todos sus habitantes. Sólo pido una cosa a cambio: la cabeza de Alfredo, el culpable de mi destierro, el causante de la más grande humillación de mi vida”.

Los habitantes del pueblo reaccionaron indignados ante la propuesta de Manuel. “Se trata de una chantaje inaceptable”, dijeron en coro. “Nosotros somos gente decente”, repitieron con firmeza. Pero, días más tarde, el pueblo comenzó a cambiar. Los muchachos estrenaron tenis nuevos, de varios pisos. Las mujeres cambiaron sus vestidos tradicionales por otros más ostentosos, de telas delgadas. El jefe de la policía, a quien Alfredo visitó alarmado ante las miradas recelosas de sus paisanos, exhibía ahora un nuevo diente de oro. El párroco pudo al fin arreglar la fachada de la sacristía. Hubo televisores y equipos de sonido para todo el mundo. En fin, el pueblo, en conjunto, entero, comenzó a venderse. Poco a poco.

“Manuel tiene razón. Alfredo se portó como un patán. Además, es un tipo egoísta, amarrete. Nadie entiende por qué no se va de una vez por todas y permite que llegue la prosperidad al pueblo que dice querer tanto”, dijo uno de los jóvenes de tenis nuevos en un arranque de sinceridad. Pocos días después, Alfredo apareció asesinado en un rincón de su tienda de abarrotes. Desde entonces el pueblo ha vuelto a ser un lugar prospero. Manuel, el artífice de los cambios, es querido y admirado al mismo tiempo, una cosa se ha vuelto indistinguible de la otra.

Volviendo al comienzo, a la realidad de este mundo, no quisiera defender a Juliana Sosa. Pero su historia me parece tan ordinaria. Representa no tanto una perversidad individual o cultural como una inclinación antropológica. La humanidad, ya lo sabemos, no es una especie moralmente muy admirable. Parece siempre dispuesta a venderse. Y a matar. Por cualquier cosa.