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La noticia salió por todas partes. Varios comentaristas radiales dijeron que Patarroyo había vencido la maledicencia envidiosa de sus compatriotas y había mostrado claramente que sí, que es posible hacer ciencia en el Tercer Mundo: “Presentamos en el parque de Investigaciones Biomédicas de Barcelona los resultados que nos permiten un futuro bastante promisorio de la vacuna contra la malaria…la idea es que este sea un descubrimiento de Colombia para el mundo. Si se vende sería a un precio muy bajo, sin exceder los 15 centavos de dólar”, dijo Patarroyo.

Patarroyo lleva diciendo lo mismo durante casi 30 años pero esta vez, ¿quién iba a pensarlo?, los medios también le creyeron. Muchas décadas de promesas vanas no parecen haber minado su credibilidad. Las cosas no han cambiado mucho, sin embargo. Chemical Reviews no publicó el mencionado artículo. Ni en enero. Ni en febrero. Seguimos, pues, esperando la vacuna. O al menos alguna noticia sobre la misma. Esta es una historia eterna, de nunca acabar. Al túnel de La Línea, al canal interoceánico, a la navegación por el río Magdalena, a la descontaminación del río Bogotá, tendremos que sumarle ahora la vacuna de Patarroyo.

Esta semana, en una ceremonia solemne, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la llamada ley del primer empleo. La ley busca estimular la generación de empleo formal por medio de incentivos tributarios. Las empresas podrán ahora descontar del impuesto de renta la totalidad de los aportes parafiscales y una fracción de las contribuciones a salud y pensiones de los trabajadores nuevos que cumplan con ciertas características: menores de 28 años, desplazados, reinsertados, discapacitados, sisbenizados, madres cabeza de familia, etc. “Felicitémonos porque hemos logrado este primer gran paso…Esta ley puede considerarse como uno de los mejores frutos de la Unidad Nacional” dijo el presidente en tono satisfecho, autocelebratorio.

“Aquí aportaron todos…: el Partido Liberal del que tomamos la propuesta, el Partido de la U que procuró el beneficio de los grupos vulnerables, el Partido Conservador que impulsó la inclusión de las mujeres y Cambio Radical que propuso un tratamiento preferencial para los departamentos de la Amazonía”, señaló el presidente al final de su discurso. Resumiendo: cada partido aportó su grupo favorito, su partecita dentro del todo. Aparentemente todos quedaron contentos. Pero la ley de primer empleo terminó siendo una colección desordenada de iniciativas. Una ley distinta que beneficiara a los cotizantes primerizos, sin importar su edad, género o condición, habría sido más clara, más fácil de administrar y probablemente más eficaz. Pero reñía con los imperativos de la coalición de gobierno. En la Unidad Nacional, ya lo veremos, el todo es menor que la suma de lo que proponen las partes (o los partidos).

La ley de primer empleo revela los problemas de la coalición de gobierno, las dificultades que surgen cuando se quiere complacer a mucha gente muy distinta. El gobierno de la Unidad Nacional ha sido muy exitoso a la hora de sumar promesas. Supo incorporar en su agenda las propuestas de liberales y conservadores, de uribistas, pastranistas, samperistas y gaviristas. Pero ha sido menos eficaz a la hora de tomar decisiones. El presidente Santos parece propenso a la inacción, a los reversazos. Anunció primero la liquidación de las Corporaciones Autónomas Regionales y se arrepintió días más tarde. Propuso inicialmente el aumento de las edades de jubilación y retiró la propuesta una semana después. Dijo hace un tiempo que la puerta de la paz estaba abierta y afirmó esta semana que ya no, que estaba cerrada. Pero aclaró también que la llave no reposaba en el fondo del mar. Ya dirá que la puerta se abrió nuevamente.

Después de todo no es fácil ser uribista y no uribista simultáneamente. Tampoco lo es cosechar aplausos entre los conservadores convencidos y los liberales acérrimos. Toca prometer mucho y hacer poco. Practicar una especie de frentenacionalismo paralizante. Como en la ley de primer empleo, el éxito de la Unidad Nacional implica paradójicamente el fracaso del gobierno. O viceversa, el éxito del gobierno necesita dejar de lado una coalición imposible (su unión es todo, su intersección es nada), y plantear de una vez por todas con quién se quiere gobernar y con quién no. La política es elección de valores, ideas, aliados y rivales. Gobernar con todos equivale a no decidir nada, al titubeo más o menos insulso de los últimos días.

Esta semana el presidente del Partido Conservador, el senador caucano José Darío Salazar, señaló, con inusual vehemencia, que la violencia estaba desbordada, “salida de todo cauce”. “Si esto no toma otro rumbo el gobierno va a tener que revisar su política de seguridad” dijo de manera rotunda. Varios voceros del Partido de la U han expresado recientemente preocupaciones similares. La semana anterior, el diario El Colombiano de Medellín llamó la atención sobre un supuesto deterioro del orden público: “la situación de orden público…nos hace temer que, si no se insiste en preservar la política de Seguridad Democrática, a lo que se comprometió el Presidente,…en lugar de avanzar hacia la prosperidad, podamos retroceder a tiempos aciagos ya superados”.

¿Ha aumentado sustancialmente la violencia en Colombia? ¿Estamos en realidad retrocediendo a pasos agigantados? Con el doble propósito de responder las preguntas planteadas e introducir un poco de claridad en una controversia acalorada, dominada no por los hechos sino por las pasiones políticas, decidí esta semana consultar las cifras recientemente publicadas por el Instituto de Medicina Legal, una entidad independiente. Las cifras son todavía provisionales. Pero permiten, desde ya, un análisis objetivo del cambio en las condiciones de seguridad y una evaluación seria de la hipótesis del Senador Salazar y otros políticos nostálgicos, a saber: la violencia, como los ríos de Colombia, está salida de todo cauce.

Las cifras de Medicina Legal revelan varios hechos sorprendentes, contrarios a las opiniones más alarmistas mencionadas con anterioridad. Las cifras muestran, en particular, una disminución reciente (y sustancial) de los homicidios. En el año 2010, el número de homicidios disminuyó más de 10% con respecto al año 2009. En algunas capitales de departamento la disminución fue excepcional. En Sincelejo, Pereira y Pasto, los homicidios cayeron más de 20%. En Montería y Santa Marta también cayeron más que proporcionalmente. Nada parece sugerir, en últimas, que la violencia está desbordada, salida de sus cauces históricos.

No todos los resultados son positivos. En Riohacha, Valledupar e Ibagué, por ejemplo, la violencia homicida creció de manera preocupante. En Bogotá parece también haber aumentado. En Cali y Medellín disminuyó levemente pero se mantiene en niveles muy altos, intolerables. En muchas zonas rurales, el crimen organizado sigue haciendo de las suyas, matando con la más absoluta impunidad. Pero las cifras agregadas sugieren que la violencia no ha aumentado. Todo lo contrario. Tristemente el debate reciente sobre las condiciones de seguridad ha ocurrido en un vacío empírico. Nadie repara en los hechos. Y muchos distorsionan deliberadamente la realidad.

Los problemas de seguridad siguen siendo inmensos. Pero diciendo mentiras, exagerando la gravedad de la situación, no se van a resolver. En las últimas semanas algunos de los voceros más connotados del uribismo han vuelto a plantear, de manera velada pero insistente, una identidad según ellos incuestionable: sin Uribe no hay seguridad. Pero los hechos, los fríos hechos, muestran que esta identidad es cuestionable. Falsa para decirlo con toda claridad. Ido Uribe, la seguridad no empeoró. Parece incluso haber mejorado. Sin Uribe, sobra decirlo, también puede haber seguridad en este país.

Al final de la semana, ante un auditorio exaltado, el novelista colombiano Fernando Vallejo leyó un emotivo discurso en honor a Rufino José Cuervo. Vallejo aprovechó la ocasión para lo de siempre, para maldecir a Colombia, para repetir su consabida retahíla, ya debilitada por la repetición. El pasado y el presente de Colombia, dijo, no son más que una “rapiña de tinterillos en busca de empleo público: de un ‘destino’, como se decía hasta hace poco aquí. ¿El destino, que es tan grande, significando tan poca cosa?”.

Los juicios políticos de Vallejo son hipérboles de un alma desencantada. Vallejo dispara para todos los lados. Sin dirección aparente. Pero esta vez, creo yo, dio en el blanco. Cada vez más, Colombia se asemeja a una república de tinterillos en busca de un sueldo o de una pensión, de una renta permanente y cuantiosa. Después de décadas de práctica, los tinterillos han logrado infiltrar el Estado desde adentro. Manipulan y explotan a su favor la asignación de recursos públicos. Son buscadores de rentas que se valen de toda suerte de artimañas: carruseles, tutelas, leyes y micos de muchos pelambres.

Por esas coincidencias de la vida, mientras Vallejo leía su discurso rabioso, los medios de comunicación informaban sobre la última maniobra de un grupo de tinterillos. El año pasado, veinte o más profesionales del derecho hicieron su torcido. Fueron nombrados magistrados del Consejo de la Judicatura por dos o tres meses, el tiempo suficiente para recoger unos milloncitos y aumentar la base de su pensión. Unos llegaban y otros salían coordinadamente. El “carrusel” tenía un único objetivo: la captura de rentas. Varios de los favorecidos, ex magistrados en teoría, aprovechados en la práctica, se jubilaron después de la consabida vuelta en el consabido carrusel a disfrutar de su “destino” como dice Vallejo que decían nuestros antepasados.

Hace dos semanas la prensa nacional llamó la atención sobre una maniobra similar, una iniciativa legal promovida por el senador del Polo Democrático Luis Carlos Avellaneda y aprobada por el Congreso de la República en diciembre pasado. La iniciativa pretende otorgarles una pensión de gracia, en este caso, una renta adicional, a más de siete mil maestros. Avellaneda había litigado a favor de muchos de los posibles beneficiarios, uno de sus antiguos socios es actualmente el apoderado de miles de ellos pero el senador parece no inmutarse: los buscadores rentas suelen ser un poco desvergonzados. Avellaneda incluso se reunió con el vicepresidente Angelino Garzón, un posible aliado en su empresa. Si el presidente Santos no objeta la ley en los próximos días, las rentas capturadas ascenderían, según los cálculos del gobierno, a varios billones de pesos.

Hace algunos meses, el procurador Alejandro Ordoñez, otro tinterillo, señaló que las pensiones de los magistrados y otros funcionarios de la rama judicial deberían liquidarse con base en un régimen especial expedido hace 40 años. De manera desvergonzada, el procurador amenazó con sanciones disciplinarias a los funcionarios que incumplieran sus nefastas instrucciones. De nuevo, hay varios billones de pesos en juego. A este paso terminaremos arruinados. Los tinterillos, lo dijo el mismo Vallejo, podrían parrandearse nuestro destino. Ya como mínimo han asegurado el suyo.

El presidente Juan Manuel Santos apenas pudo disfrutar su estadía en Davos, Suiza, la sede permanente del Foro Económico Mundial. Temeroso, supongo, de ser percibido como un mandatario distante, dedicado a la especulación geopolítica (uno de los pasatiempos favoritos de los mandamases de esta parte el mundo), decidió anticipar su regreso a Colombia y viajar directamente a Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander donde, a mitad de semana, más de 20 personas murieron trágicamente en una explosión (otra más) de una mina de carbón. “He decidido anticipar mi regreso. Voy a terminar unas citas de trabajo hoy en Davos y mañana voy a regresar al país para acompañar a las familias de las víctimas”, explicó el presidente Santos el día miércoles.

El gesto político del presidente es interesante. Y previsible. Más vale una foto con las familias de los mineros muertos que otra distinta, más glamurosa con los dueños del mundo, con los habituales de Davos: Clinton, Bono, Gates y demás. Pero más allá de los motivos presidenciales, el hecho cierto, la triste verdad de esta y otras tragedias similares es que la “locomotora” minera (las otras no arrancan todavía) parece estar fuera de control, ha venido operando, por muchos años ya, en un vacío institucional. En seis meses, el gobierno no ha hecho nada para remediar este problema. Las presentaciones del plan de desarrollo, repetidas muchas veces, simplemente señalan la necesidad de “fortalecer el marco institucional del sector minero” y “desarrollar estrategias para formalizar la minería”. Por ahora solo hay enunciados generales. Y gestos de buena voluntad.

El regreso prematuro de Santos, la contratación del juez español Baltasar Garzón, el reajuste del salario mínimo, para mencionar sólo algunos ejemplos recientes, no pretenden resolver los problemas del sector minero, la justicia o el mercado de trabajo; son gestos convenientes, trucos publicitarios si se quiere. Todos los políticos recurren a esta suerte de demagogia. Pero la alta popularidad de algunos mandatarios y ex mandatarios latinoamericanos parece estar agravando el problema, exacerbando la superficialidad democrática. Hemos caído, por llamarlo de alguna forma, en el síndrome del 70%. Cualquier porcentaje de aceptación inferior es considerado preocupante, prende las alarmas de los asesores. La medianía estadística se ha convertido en una preocupación preponderante. El narcisismo presidencial está desbordado. En su primer encuentro con el entonces presidente Lula, Santos mencionó (no pudo evitarlo) que mientras su porcentaje de aceptación había llegado al 90%, el de Lula apenas superaba el 85%.

Un porcentaje de aceptación o aprobación de 70% o más puede ser un síntoma preocupante, una manifestación inmediata de cierta complacencia, encantamiento o suspensión de la incredulidad. Puede incluso llamar la atención sobre una enfermedad mayor: la coexistencia de un público complaciente y un gobierno superficial, adepto a los gestos dramáticos. Por el contrario, un porcentaje de aceptación cercano a 50% revela un escepticismo saludable, un grado conveniente de polarización. Yo prefiero incluso la paradoja de Perú, donde el progreso socioeconómico coincide con la impopularidad presidencial, a una paradoja opuesta, casi trágica, en la cual, para usar un giro conocido, “el presidente va bien pero el país va mal”.

Llevado por una irresistible curiosidad por las tragedias ajenas, leí esta semana la noticia sobre Juliana Sosa, la modelo colombiana capturada en compañía de un mafioso mexicano. Leí también los insultos de cientos de foristas indignados ante «una mujer sin principios», «dispuesta a venderse al mejor postor», sea el que sea. Mientras repasaba la indignación soez de los lectores, recordé una historia inquietante relatada por el filósofo francés Bernard-Henry Lévy en uno de sus últimos libros. Voy a contarla nuevamente en clave colombiana. Pero, aclaro, no se trata de una historia doméstica sino de una fábula universal, antropológica podríamos decir.

Manuel vivió los primeros años de su vida en un pueblo como tantos otros, común y corriente, venido a menos, arruinado por los giros impredecibles de la economía. Abandonó el pueblo antes de cumplir veinte años. Hizo una gran fortuna y regresó muchos años más tarde, convertido ya en un potentado. Inicialmente nadie lo reconoció. Ninguno de los habitantes del pueblo concebía, podía imaginar siquiera, que aquel joven humilde, un simple ayudante de tienda, fuera ahora el dueño de una fortuna magnífica, casi inverosímil.

Pero pasadas algunas semanas, Manuel reveló su identidad: “recuerdan un joven modesto que abandonó este pueblo hace ya muchos años, humillado, expulsado como un perro pues supuestamente le había robado unos cuantos pesos al señor Alfredo, al dueño de la tienda; pues bien, ese soy yo, Manuel”. “Este pueblo está desahuciado, no tiene futuro. Les ofrezco varios miles de millones de pesos para repartir entre todos sus habitantes. Sólo pido una cosa a cambio: la cabeza de Alfredo, el culpable de mi destierro, el causante de la más grande humillación de mi vida”.

Los habitantes del pueblo reaccionaron indignados ante la propuesta de Manuel. “Se trata de una chantaje inaceptable”, dijeron en coro. “Nosotros somos gente decente”, repitieron con firmeza. Pero, días más tarde, el pueblo comenzó a cambiar. Los muchachos estrenaron tenis nuevos, de varios pisos. Las mujeres cambiaron sus vestidos tradicionales por otros más ostentosos, de telas delgadas. El jefe de la policía, a quien Alfredo visitó alarmado ante las miradas recelosas de sus paisanos, exhibía ahora un nuevo diente de oro. El párroco pudo al fin arreglar la fachada de la sacristía. Hubo televisores y equipos de sonido para todo el mundo. En fin, el pueblo, en conjunto, entero, comenzó a venderse. Poco a poco.

“Manuel tiene razón. Alfredo se portó como un patán. Además, es un tipo egoísta, amarrete. Nadie entiende por qué no se va de una vez por todas y permite que llegue la prosperidad al pueblo que dice querer tanto”, dijo uno de los jóvenes de tenis nuevos en un arranque de sinceridad. Pocos días después, Alfredo apareció asesinado en un rincón de su tienda de abarrotes. Desde entonces el pueblo ha vuelto a ser un lugar prospero. Manuel, el artífice de los cambios, es querido y admirado al mismo tiempo, una cosa se ha vuelto indistinguible de la otra.

Volviendo al comienzo, a la realidad de este mundo, no quisiera defender a Juliana Sosa. Pero su historia me parece tan ordinaria. Representa no tanto una perversidad individual o cultural como una inclinación antropológica. La humanidad, ya lo sabemos, no es una especie moralmente muy admirable. Parece siempre dispuesta a venderse. Y a matar. Por cualquier cosa.

La inflación puso fin al letargo noticioso del inicio de año. El aumento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sorprendió al gobierno, a los gremios y a los analistas. Nadie tenía en sus cálculos una cifra de inflación superior a 3% para el año 2010. Pero, contra todos los pronósticos, la inflación terminó en 3,17%, empujada por un aumento abrupto en el precio de los alimentos. En solo el mes de diciembre el precio de la comida creció 1,65%. 2011 podría ser otro año (uno más) de comida cara.

El precio de los alimentos está aumentando en todo el mundo. El índice de precios de productos básicos agrícolas, calculado por la FAO, una agencia de las Naciones Unidas, alcanzó un pico histórico en diciembre de 2010. “La situación es alarmante. El mundo enfrenta un nuevo choque en el precio de los alimentos. Si se prolonga algunos meses, podría convertirse en una crisis” dijo esta semana un vocero de la misma organización. Las sequías en Brasil y Argentina, las inundaciones en Pakistán y Australia, y en general la severidad del fenómeno climático de La Niña han llevado a un rápido aumento en el precio de los alimentos en los mercados globales. “Los altos precios han resurgido como una amenaza al crecimiento y la estabilidad social” escribió el martes el Presidente del Banco Mundial. La cosa es en serio.

Algunos analistas temen una repetición de los disturbios de los años 2007 y 2008, protagonizados por masas hambrientas en más de treinta países. Otros plantean un escenario más preocupante: una repetición de la crisis alimentaria de mediados de los años setenta, con todo y sus desastrosas repercusiones sociales. En Colombia, como lo señalan las investigaciones pioneras de Adolfo Meisel, los nacidos en la primera mitad de los años setenta, en medio de la crisis alimentaria, miden en promedio casi un centímetro menos que los nacidos algunos años antes o después. La crisis en ciernes podría tener consecuencias desastrosas. Y permanentes.

La discusión doméstica se ha centrado en un asunto específico, casi secundario: el incremento en el salario mínimo en un contexto de inflación creciente. Como corresponde a nuestra tradición santanderista, la discusión se ha planteado en términos jurídicos, ha girado en torno a la constitucionalidad del incremento en el salario mínimo decretado por el gobierno a finales del año anterior. Pero el tema, sobra decirlo, va mucho más allá. El reajuste del salario mínimo, anunciado el viernes por el Presidente Santos, es poco más que un paliativo populista, nada contribuirá a mitigar la disminución de los ingresos reales de los trabajadores informales y por ende a aliviar el predecible aumento en la indigencia y la pobreza.

Si el gobierno fuera serio en sus intenciones, debería estar discutiendo, simultáneamente al reajuste del salario mínimo, un aumento de los subsidios monetarios de Familias en Acción, una disminución de los aranceles agrícolas y una expansión de los programas de nutrición. El aumento en el precio de los alimentos afecta a decenas de millones de personas y podría tener, ya lo vimos, efectos permanentes. Por desgracia la única respuesta del gobierno ha sido, al menos hasta ahora, una propuesta irrelevante, simbólica. En últimas, las medidas simbólicas son eso, gestos que buscan efectos políticos, no consecuencias reales.

En una entrevista publicada la semana anterior en El Espectador, el abogado y columnista Yesid Reyes hizo una interesante observación sobre la vida pública de su padre, el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, inmolado en la toma y retoma del Palacio de Justicia: “la exposición de mi padre a la prensa en el año 1985, cuando era el presidente de la corporación, fue mínima. No tengo idea de cuántas veces saldría en la prensa pero en todo caso no fueron más de tres o cuatro: dos de ellas antes de morir, durante la toma del Palacio”. Los tiempos han cambiado. Hoy en día los presidentes de las altas cortes salen en la prensa casi todos los días. Los magistrados parecen haber pasado del anonimato a la notoriedad en menos de dos décadas. Juan Manuel Caicedo, un ingeniero de sistemas residente en Popayán, lanzó recientemente un buscador de palabras en los artículos periodísticos publicados por la revista Semana desde 1982. El buscador permite estudiar, entre muchas otras cosas, la evolución de la presencia mediática de los presidentes de las altas cortes y los altos dignatarios judiciales. La palabra “magistrado” apenas figuraba en los artículos publicados entre 1982 y 1994. A partir de 1995 la figuración crece ligeramente. Y después de 2002 la frecuencia se dispara. Entre 2002 y 2010, se cuadruplicó. El transito del anonimato a la notoriedad no es una anécdota, es un hecho probado. Un repaso a las noticias sobre la vida y obra de nuestros magistrados sugiere que el protagonismo mediático no obedece a razones coyunturales, no es un simple reflejo del escándalo de las “chuzadas”, las investigaciones de la “parapolítica” o las consecuencias de dos o tres fallos trascendentales. Los magistrados no están viviendo sus cinco minutos de fama. Probablemente su figuración seguirá creciendo año tras año. “El Siglo XXI es el siglo de los jueces” dijo un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, en tono celebratorio, consciente y orgulloso de la creciente popularidad de jueces y magistrados. “No hay nada más peligroso que un juez popular” dicen los ingleses. Y razón tienen. Los jueces, más que nadie, deben evadir las trampas de la simpatía, el chantaje de la opinión pública. Deben evitar convertirse en justicieros, en simples instrumentos de los deseos de venganza y las demandas de compensación de las mayorías. La justicia es otra cosa. Un juez preeminente debe ser, en mi opinión, una persona meditabunda, casi retraída, agobiada por la gravedad de sus asuntos, por la insoportable pesadez de sus decisiones, por la dificultad, insalvable muchas veces, de distinguir entre lo que es justo y lo que no lo es. Un juez sonriente, satisfecho ante las cámaras, enamorado de los reflectores, con ínfulas de justiciero –el juez español Baltasar Garzón es un buen ejemplo – me parece sospechoso. Los jueces, cabe recordarlo, deberían ser inmunes al aplauso. Volviendo al comienzo, quisiera rescatar la modestia, la invisibilidad podríamos decir, de Alfonso Reyes Echandía. Vestido de traje, no de toga, alejado de los medios, consciente de su papel y de sus límites, representa una especie de ideal perdido en medio del nuevo protagonismo mediático de los magistrados. El siglo de los jueces, sobra decirlo, no será necesariamente el siglo de la justicia.