Esta semana, los medios de comunicación informaron sobre varios nuevos escándalos de corrupción, revelaron nuevas listas de políticos bajo sospecha, de posibles defraudadores del Estado. La Fiscalía llamó a interrogatorio a 17 concejales bogotanos con el fin de investigar su supuesta participación en el llamado carrusel de la contratación. Al mismo tiempo la Procuraduría y la misma Fiscalía abrieron indagación preliminar en contra de 267 gobernadores, alcaldes y funcionarios de provincia por un supuesto mal manejo de los recursos destinados a la reparación de los daños y la indemnización de las víctimas del invierno. En Colombia, la celebración indebida de contratos ya no parece la excepción, sino la regla. Un contrato libre de sospecha es casi un milagro.
Los directores de los organismos de control han convertido la lucha anticorrupción en una cruzada. El Procurador investiga a los políticos que hacen política (las leyes se lo permiten). La Contralora prohibió las vigencias futuras, un recurso presupuestal indispensable para la ejecución de obras que tardan más de un año. La Fiscal parece más preocupada por los titulares que por la justicia. Incluso el mismo gobierno ha convertido las denuncias en un espectáculo. Muchos ministros no hacen, denuncian. Parecen interventores, no ejecutivos. El mundo al revés.
Las consecuencias han sido infortunadas. El Estado colombiano se ha tornado más ineficiente. La ejecución está rezagada, paralizada en algunos casos. En el sector agropecuario, por ejemplo, está 30 puntos por debajo de los máximos históricos (un desastre); en el Ministerio del Interior, el porcentaje es parecido. El llamado Fondo de Adaptación no ha ejecutado un solo peso. El invierno arrecia nuevamente y las obras brillan por su ausencia: hay denuncias, investigaciones, escándalos y poco más. El mismo gobierno que no ha sido capaz de contratar algunas obras menores, pretende, durante los próximos años, crear la institucionalidad necesaria para restituir millones de hectáreas y reconstruir medio país. El divorcio entre las ambiciones y los resultados es evidente. En general, cada vez pedimos más Estado y cada vez confiamos menos en sus representantes.
En medio de este panorama, el tratamiento oportunista de la corrupción es preocupante. Los medios de comunicación deberían hacerle un seguimiento detallado a algunos de los escándalos previos: a veces conviene actualizar la indignación. Por ejemplo, el escándalo de los recobros al sistema de salud resultó siendo un falso positivo. Aparentemente una exfuncionaria del Ministerio de la Protección Social recibió 300 millones de pesos de manera ilegal. Probablemente algunos recobros se pagaron sin cumplir con todos los requisitos legales. Pero, al fin de cuentas, los hallazgos probados no superan los cinco mil millones de pesos. El Presidente había advertido sobre un posible desfalco de varios billones de pesos. El amarillismo presidencial, ya lo dijimos, puede tener consecuencias infortunadas.
El principal problema del Estado colombiano no es la corrupción, es la ineficacia, la incapacidad de ejecución. El problema no es nuevo, pero parece haberse agravado durante el gobierno actual. Paradójicamente el santismo terminó convertido en una versión oportunista del mockusianismo: los recursos públicos son tan sagrados que simplemente no se gastan.