La semana anterior el presidente Santos sorprendió de nuevo a la opinión pública nacional. Ante los principales representantes de la comunidad médica colombiana, anunció un revolcón en el sistema de salud. “Quiero anunciarles algo muy importante para el país”, dijo en la introducción de su discurso. “Vamos a tener un plan de beneficios universal, (…) único e integral que no va a excluir ninguna patología”, prometió seguidamente. “La salud no se puede enfocar como un negocio; la salud es un servicio social”, señaló de manera enfática, con la seguridad que brinda la conciencia plena de estar diciendo exactamente lo que la audiencia quiere oír.
La comunidad médica celebró el anuncio presidencial con entusiasmo, con satisfacción reprimida. La prensa elogió casi unánimemente las promesas del presidente, su voluntad de convertir el esquivo derecho a la salud en una realidad concreta. Pero las explicaciones posteriores generaron algunas dudas, infundieron un natural escepticismo. Y peor, pusieron de presente algunas contradicciones. Veamos.
Primero, el gran revolcón, la revolución que habrá de resolver todos los problemas del sistema de salud, se hará por decreto; consiste, según lo dicho por el ministro del ramo, en una reglamentación de la Ley 1438 de 2011. Paradójicamente las mismas asociaciones médicas y científicas que ayer denigraban de esta ley, hoy celebran con entusiasmo el anuncio de su reglamentación. Pero el entusiasmo inicial irá despareciendo, creo yo, a medida que se vaya conociendo (o difundiendo) la realidad de la reforma, el contraste entre la grandilocuencia del discurso y la modestia de la medidas propuestas.
Como ya se dijo, el presidente prometió un cubrimiento integral, sin excepciones, de todas y cada una de las enfermedades. Unos pocos días después, el ministro de protección social aclaró el asunto. Aparentemente habrá topes económicos para cada enfermedad; además, el gobierno definirá en los próximos meses un nuevo plan de beneficios con el fin de limitar y restringir el cubrimiento. En fin, todas las patologías serán cubiertas con la excepción de las excluidas por el nuevo plan de beneficios. Con todo, es difícil entender el verdadero significado de lo dicho por el presidente.
Pero hay más contradicciones. El presidente señaló, ya lo dijimos, que la salud es un servicio social y que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) deberán, por lo tanto, asumir plenamente su papel de administradoras del riesgo y ser evaluadas con base en el estado de salud de la población cubierta. Pero anunció, al mismo tiempo, que las EPS serán vigiladas por la Superintendencia Financiera, como si fueran un negocio más, un banco o una aseguradora. En esta nueva concepción, las EPS tienen una doble personalidad, son al mismo tiempo Dr. Jekyll y Mr. Hyde: administran un servicio social (vigiladas por la SuperSalud) y manejan un negocio financiero (vigiladas por la SuperFinanciera). El caso es extraño, sin duda.
Los gobiernos actúan en dos dimensiones distintas: la simbólica y la real. Con frecuencia los cambios reales requieren una retórica precisa que concite las voluntades y alinee los intereses. En fin, los discursos y las palabras son importantes, a veces imprescindibles. Pero tarde o temprano toca trascender las promesas y resolver las contradicciones. Parafraseando al poeta, “si todo es pura carreta, carreta todo será”.