enero 2010

Los decretos de emergencia social son un Frankstein normativo, un monstruo ensamblado a la carrera, una gran colcha de retazos. Entre otras cosas, los decretos centralizan la contratación del régimen subsidiado, ordenan la liquidación de varias entidades oficiales, crean fondos y comités burocráticos, aumentan varios impuestos y (en un arrebato paternalista) prescriben cursos de capacitación para adolescentes beodos y sus sufridos padres. Los funcionarios legislaron inmoderadamente. Pasaron varios días y sus noches haciendo leyes, redactando articulitos.

Lamentablemente el entusiasmo legislativo del gobierno parece haber sido alimentado más por la improvisación que por la reflexión. Por limitaciones obvias, no puedo referirme a todas las normas y disposiciones publicadas. Pero quisiera hacer algunos comentarios generales sobre el decreto 128 de 2010 que regula la prestación excepcional de servicios de salud. Este decreto buscar reversar la avalancha de tutelas, restringir las decisiones caprichosas de los jueces, racionalizar el acceso a los servicios de salud, acabar con las alianzas oportunistas entre hospitales y Empresas Promotoras de Salid (EPS). Los objetivos del decreto son loables. Pero los medios estipulados son inocuos. O peor, perversos.

El decreto centraliza las decisiones sobre el pago de prestaciones excepcionales en unos cuantos comités técnicos. Los nuevos comités fueron concebidos como filtros burocráticos todopoderosos. En principio deben examinar la idoneidad de todas las decisiones médicas y la capacidad de pago de todos los pacientes. Para lo primero, deben consultar las guías, recomendaciones y definiciones emitidas por un organismo técnico superior; para lo segundo, el nivel de ingreso y la capacidad patrimonial de los pacientes. Probablemente los comités tendrán que revisar cientos o incluso miles de casos diariamente.

No sé qué concepción del Estado, qué imagen idealizada de la burocracia tendrán quienes redactaron el decreto de marras pero los Comités Técnicos de Prestaciones Excepcionales en Salud podrían convertirse en una pesadilla kafkiana, en una organización burocrática desbordada por un caudal creciente de obligaciones, por la acumulación exponencial de casos no fallados. Con el agravante de que sus decisiones serían con frecuencia de vida o muerte. Dramatizando un poco el asunto, los nuevos comités podrían institucionalizar de manera involuntaria los llamados paseos de la muerte. No cuesta mucho trabajo imaginarse a uno de estos engendros burocráticos tratando de determinar la capacidad de pago de un paciente agonizante o la idoneidad de un tratamiento médico inaplazable.

La centralización de las funciones en los nuevos comités parece a todas luces inconveniente. Y podría incluso ser catastrófica. Pareciera más adecuado, por ejemplo, promover una ley estatutaria que oriente las decisiones de los comités científicos existentes y especifique de manera clara hasta dónde llega la responsabilidad del Estado. Pero esta y otras alternativas nunca fueron analizadas detalladamente. El Gobierno reformó de manera sustancial el sistema de salud, sin estudios técnicos, sin ninguna discusión con el congreso o las partes interesadas. Esta reforma, este tratamiento invasivo, inconsulto, improvisado en tres semanas de frenesí legislativo, podría terminar, casi sobra decirlo, siendo peor que la enfermedad.

Hace cuatro años, en los inicios de la contienda electoral, uno de los precandidatos liberales, el entonces senador Rodrigo Rivera, planteó la necesidad de unas reglas de juego estrictas que garantizaran una competencia más equilibrada entre el presidente y los demás candidatos. “Le insistiré al Presidente –dijo Rodrigo Rivera– en que con pudor establezca garantías de transparencia burocrática, contractual, presupuestal y publicitaria, así como de equidad en el uso de la televisión oficial y de financiación estatal de la campaña”. Rivera dijo también que iba a pedirle a los medios de comunicación “que empiecen a tratar al Presidente como candidato y nos concedan a los demás las garantías que hasta el momento nos ha negado el uribismo». «Sin garantías –aseguró– esto será una lucha de David contra Goliat».

Con su acostumbrada elocuencia, Rivera llamó la atención sobre las innegables ventajas de un presidente-candidato, de un aspirante que controla el presupuesto, concentra la atención nacional, puede desplazarse sin problemas por todo el país y tiene miles de funcionarios a su disposición. En opinión de Rivera, si no existen unas claras garantías electorales, si el presidente en ejercicio no se compromete a respetar unas mínimas restricciones, la competencia política y por ende la democracia se verían gravemente resentidas.

No sé qué dirá hoy en día el otrora precandidato y ahora promotor del referendo –los políticos suelen cambiar de opinión por razones misteriosas– pero la situación actual, el desequilibrio en favor del presidente-candidato es igual o mayor al denunciado por él mismo hace cuatro años. Por razón de la incertidumbre que rodea al referendo reeleccionista, el Presidente no está sujeto a la ley de garantías, puede decidir si cumple o no con los requerimientos legales. Cuando decide respetar una norma aprobada, como lo hizo esta semana, puede presentar el asunto como una concesión generosa, como un acto de buena voluntad con los otros candidatos y precandidatos presidenciales. En fin, la ambigüedad reeleccionista beneficia grandemente al presidente-candidato.

Muchos analistas locales han insistido en que la Corte Constitucional debe rechazar el referendo por razones estructurales, por la exagerada concentración de poder que ineluctablemente ocasionaría un tercer mandato presidencial. Pero las primeras razones de la Corte deberían ser otras. En mi opinión, la Corte debería impedir una nueva reelección del Presidente Uribe pues, en las circunstancias actuales, no existen garantías para la oposición, no es posible asegurar una contienda electoral medianamente equilibrada. La incertidumbre actual, el estatus ambiguo del Presidente, sesgó de tal manera la competencia política que la reelección se volvió incompatible con la democracia. Hoy estamos metidos en una campaña sin normas, sin regulación; en una contienda abierta entre David y Goliat.

La política da muchas vueltas. Rodrigo Rivera es actualmente el principal defensor intelectual de una nueva reelección del Presidente Uribe. Pero paradójicamente él mismo llamó la atención hace cuatro años sobre la necesidad imperiosa de unas garantías mínimas para la oposición, de unas normas claras que regulen lo que puede y no puede hacer un presidente-candidato. Bien haría la Corte en prestarle atención a las advertencias de Rodrigo Rivera, a su elocuente alegato en favor del equilibrio en la competencia política.

Hace algunos años, el biólogo y geógrafo Jared Diamond, reconocido en el mundo entero por sus obras de divulgación científica, escribió un libro sobre el fracaso duradero o definitivo de algunas sociedades. El libro adquirió esta semana una relevancia trágica e ineludible. Uno de sus capítulos examina, de manera concienzuda, las muchas teorías sobre el subdesarrollo de Haití, las diferentes explicaciones sobre la pobreza ya endémica de sus gentes. “Los visitantes a este país –escribió Diamond–se hacen siempre la misma pregunta: ¿hay alguna esperanza? Y casi siempre responden de la misma manera: no, ninguna”.

En Haití confluyen de manera trágica todos los obstáculos del desarrollo. Allí muchos economistas han encontrado una confirmación patente para sus teorías y prejuicios. Algunos, por ejemplo, han señalado la influencia nefasta del vudú, de un conjunto de creencias incompatible con el progreso material y moral, orientado a apaciguar unos espíritus caprichosos e indolentes. Otros han enfatizado las consecuencias adversas del pasado esclavista. La revolución haitiana, el levantamiento de cientos de miles de esclavos trajo consigo la independencia. Pero no la prosperidad. La revolución condenó a Haití a cien años de soledad. Por un rechazo natural al pasado esclavista, Haití le cerró las puertas al mundo, a cualquier presencia extranjera. Por un temor al contagio revolucionario, el mundo le dio la espalda a Haití, lo sometió al aislamiento y la intimidación.

Los economistas gastamos mucho tiempo tratando de jerarquizar las diferentes explicaciones del subdesarrollo, de distinguir las causas primeras de las últimas, de entender las conexiones invisibles entre la historia y la geografía. En Haití los problemas ambientales, institucionales y culturales se superponen y retrolimentan. Cualquier intento por separarlos es complicado, probablemente imposible. Lo cierto del caso es que el desafío de la reconstrucción será muy difícil. No basta con un Plan Marshall o con la condonación de la deuda o con los beneficios migratorios o con la ayuda externa.

La cooperación internacional permitió la recuperación definitiva de las regiones afectadas por el Tsunami de hace cinco años. Pero en Haití el problema es de otra naturaleza. No se trata simplemente de una catástrofe natural. El terremoto multiplicó el sufrimiento, hizo más visible la tragedia pero no la creo. Tristemente ningún economista, ningún político, ningún científico social –de allí probablemente la desesperanza de Diamond– sabe a ciencia cierta cómo revesar el trágico colapso de la sociedad haitiana.

En la última edición de la revista New Yorker, varios de sus escritores y articulistas fueron invitados a hacer algunas predicciones sueltas sobre el futuro del mundo en la década que comienza. El célebre reportero Jon Lee Anderson predijo el inicio de una guerra entre Colombia y Venezuela, y el desencadenamiento de un conflicto regional en América Latina. Su predicción es sólo eso, una extrapolación arriesgada, pero tiene, creo yo, un sustento real, una base fáctica innegable: la mentalidad paranoide del presidente Hugo Chávez.