En lo corrido del año, la inflación de alimentos se ubica por encima de 12%. El precio del arroz, por ejemplo, se ha duplicado. Consecuentemente la pobreza ha aumentado en varios puntos porcentuales. El fenómeno es generalizado, afecta a millones de personas. Pero carece de la espectacularidad de las pirámides. O de la notoriedad de la crisis financiera internacional. Con el derrumbe de las pirámides, pocos (relativamente hablando) lo perdieron todo. Con la inflación de alimentos, todos han perdido un poco: han tenido que cambiar sus hábitos de consumo o dejar de comer o posponer indefinidamente decisiones largamente meditadas.
El aumento del precio doméstico de los alimentos obedece, en buena medida, al crecimiento de los precios internacionales y a los estragos ocasionados por el invierno. Pero algunas decisiones recientes del Ministerio de Agricultura han exacerbado el problema. En el resto del mundo el precio del arroz ha comenzado a caer; en Colombia, por el contrario, sigue subiendo por causa del aplazamiento indefinido de un contingente de importación. El Ministerio de Agricultura dice no tener afán, argumenta que está estudiando de manera cuidadosa los posibles proveedores. Mientras el Ministro degusta pacientemente las distintas variedades de arroz, los precios aumentan y la pobreza se multiplica.
Adicionalmente, el Gobierno decidió imponer un arancel de 25% a la importación de maíz. El arancel había sido desmontado como consecuencia del aumento de los precios internacionales: el Sistema Andino de Franjas contempla un arancel variable que baja cuando los precios suben y sube cuando los precios bajan. Pero el Gobierno decidió deponer el Sistema de Franjas y beneficiar doblemente a los productores. Las razones aducidas son inauditas. Según el razonamiento oficial, el aumento de los precios internacionales abre grandes oportunidades que supuestamente deben afianzarse por medio de aranceles mayores. Es la ley del embudo en versión proteccionista: si los precios externos caen, aumenta la protección, y si suben, pues pasa lo mismo: también aumenta la protección.
El Ministro de Agricultura puede tomar decisiones contrarias al bienestar general amparado en la desidia de los medios y en la desatención del resto de la sociedad. Los intereses politiqueros o gremiales priman impunemente sobre los de la mayoría. Cabe, entonces, llamar la atención, señalar con vehemencia que el Ministro de Agricultura parece empeñado en multiplicar los pobres de este país. Precisamente cuando debería estar haciendo todo lo contrario.