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Trabajo, trabajo y trabajo

Hace ya varios años, el Banco Mundial publicó un libro con una colección de testimonios de los pobres de Colombia. En el segundo capítulo, el libro recoge varias frases sueltas que resumen el tema de esta columna. “Con un empleo uno vive feliz”, dijo un joven de Medellín con una sencillez que no deja duda. “Estar bien es tener trabajo”, dijo una mujer de Barrancabermeja con la misma naturalidad. Para ambos, el bienestar depende del empleo. No de cualquier trabajo. Pero sí de un empleo que ofrezca un ingreso cierto y unas condiciones dignas. La felicidad, en últimas, está asociada al empleo formal. A lo mundano más que a lo sublime.

Una encuesta reciente, realizada por la Universidad de los Andes, en asocio con Invamer-Gallup, refuerza los testimonios recogidos por el Banco Mundial. 35% de los ocupados y 30% de los pobres reportan sentirse “muy satisfechos con su vida”, mientras apenas 20% de los desocupados manifiesta lo mismo. De la misma manera, el porcentaje de “insatisfechos” es dos veces mayor para los desocupados que para los ocupados. Los desocupados también tienden a ser más pesimistas, más renuentes a creer que es posible enfrentar unas circunstancias adversas o influir sobre la propia vida. “De qué sirve ser bachiller si al final uno queda igual: sin trabajo, en rebusque. Por eso yo me salí”, dijo un adolescente de Medellín. Y su testimonio resume la apatía causada por la desaparición del trabajo formal.

Varios investigadores sociales han demostrado, con base en estudios detallados, tanto etnográficos como estadísticos, que el trabajo formal no es simplemente una manera de asegurar un sustento. El trabajo define las dimensiones espaciales y temporales de la vida: dónde estamos y hasta cuándo. Sin ocupación regular, la vida (incluso la vida familiar) pierde coherencia. Los incentivos materiales y morales para hacer un buen uso del tiempo desaparecen. El tiempo transcurre sin estructura. Sin disciplina. Y muchas veces sin significado.

Pero el punto de esta columna no es académico: es político. Propone un predicamento sencillo. Intenta rescatar un lugar común que, por razones extrañas, es comúnmente ignorado. A saber: el empleo debe ser el propósito primordial de la acción colectiva. Debe convertirse en un fin en sí mismo. O, mejor, en el fin de todo lo demás. Si así lo aceptamos, deberíamos, entonces, rechazar las medidas antiempleo: el asistencialismo pagado con impuestos al trabajo, la idea de sumar subsidios en lugar de sumar empleos y la tendencia a maximizar la inversión en lugar de multiplicar el trabajo.

“Nosotros no queremos medir la economía en función del crecimiento. Para nosotros, más importante que ello es medir la economía en función de las tasas de inversión… Son las tasas de inversión las que permiten los recursos para hacer sostenible la política de Seguridad Democrática y para cumplir con las metas de inversión social”, dijo recientemente el presidente Uribe. Y sus palabras no dejan dudas: la inversión privada y los programas sociales, más que el empleo, son las prioridades del manejo de la economía. El empleo es un subproducto: el resultado secundario de la búsqueda de otras prioridades. Resulta paradójico, en últimas, que el continuo trabajar, trabajar y trabajar no tenga como referente principal el utilitarismo del empleo: la receta que llevaría a la maximización del bienestar colectivo, la fórmula simple de la felicidad: trabajo, trabajo y trabajo.
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Presentismo

La futurología siempre ha sido un ejercicio peligroso. Pero es también una manía inevitable. Como dice el psicólogo Daniel Gilbert, la futurología no es una ocupación de unos cuantos gurús: es una compulsión de la especie. Los lóbulos frontales del cerebro (la libra adicional de materia gris que nos diferencia de los otros primates) son una máquina del tiempo, una especie de bola de cristal anatómica, que nos permite experimentar anticipadamente el futuro. Los otros animales viven atrapados en el presente. Los seres humanos tenemos, al menos, una salida mental. Un escape propicio hacia el futuro.

Pero nuestras excursiones futuristas nunca llegan muy lejos. La sombra del presente cubre la imaginación del futuro. Es lo que algunos psicólogos llaman presentismo: la tendencia a imaginar el futuro como el presente con un pequeño giro. “La realidad del momento —dice el mismo Gilbert— es tan palpable y poderosa que mantiene amarrada la imaginación en una órbita estrecha de la que nunca escapa completamente”. Cuando vamos al supermercado después de haber comido más de la cuenta, compramos menos víveres que de costumbre. La barriga llena del presente nos impide anticipar el inevitable apetito del futuro. Hasta en los actos más rutinarios y mundanos, terminamos confundiendo el futuro con el presente.

El presentismo también afecta a los futurólogos profesionales. A quienes han hecho de sus lóbulos prefrontales una caja registradora. Hace una década, muchos analistas gringos, obnubilados por la supuesta nueva realidad de la nueva economía, predijeron que los precios de las acciones crecerían exponencialmente. Que las crisis económicas eran un asunto del pasado. Que estábamos viviendo en un mundo nuevo. Pero sus predicciones no fueron más que extrapolaciones exageradas. La barriga llena les impidió imaginar lo inevitable: los ciclos de la economía, la explosión de la burbuja y el fin de la fiesta.

Un fenómeno similar podría presentarse en Colombia. Algunos analistas (y el mismo Gobierno) han argumentado con vehemencia que hemos entrado en una nueva realidad. Que el desequilibrio fiscal quedó atrás. Que la inversión extranjera seguirá aumentando. Que las altas tasas de crecimiento continuarán indefinidamente. En fin, que el presente es el futuro. Pero la barriga llena puede distorsionar la imagen del futuro. O, dicho de otra manera, las extrapolaciones del presente pueden llevar a confundir la estructura con la coyuntura, el mejor mañana con el mismo ayer.

Al menos en materia económica, el presentismo es perjudicial. En los tiempos malos puede llevarnos al derrotismo, a exagerar los problemas; en los buenos, a la complacencia, a negar las dificultades. No sobra, entonces, insistir en lo mismo de siempre: en los desequilibrios fiscales, en el estancamiento del empleo formal, en la creciente corrupción y el permanente clientelismo. Esto es, en los problemas pendientes. Pues la barriga llena (o el ego henchido) no debería hacernos olvidar que el presente puede ser un espejismo. “Aquí no pasa nada, salvo el tiempo”, dijo el poeta. Y sus palabras constituyen una sana advertencia acerca de los excesos del presentismo.
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¿Era Chávez inevitable?

Esta semana, un economista gringo planteó, en un foro electrónico, la siguiente pregunta hipotética. Supongamos que George Bush y Hugo Chávez están atrapados en un edificio en llamas y que sólo uno de los dos puede ser salvado de la conflagración. Y supongamos que alguien (una deidad perversa) nos concede el privilegio de salvar a uno de los dos: el condenado pasaría de un infierno a otro sin redención posible. ¿Qué hacer entonces? Curiosamente quien planteó la pregunta decidió evadir la respuesta. O contestarla a medias. Dijo que salvaría a Bush pero que condenar a Chávez no tenía sentido pues el energúmeno coronel era una necesidad histórica. Una presencia inevitable. Una figura necesaria en el sentido hegeliano del término.

De Chávez se podría decir lo que se dice de Paris Hilton: «si no existiera, el mundo la habría inventado». Quizá no con los mismos atributos (biográficos y anatómicos) pero sí con la misma esencia. El coronel no es un dato curioso. No es una broma del destino. No es un producto del azar. Es todo lo contrario. Un resultado de la historia. Si Chávez no existiera en la figura del coronel, existiría en la figura de un personaje parecido. Venezuela ya lo habría inventado. A su imagen y semejanza. Con ademanes desafiantes y carreta bolivariana.

El determinismo histórico es arriesgado. Y puede ser peligroso. Pero el chavismo luce inevitable a la luz de la historia reciente. Entre 1975 y 1995, la pobreza en Venezuela se multiplicó por tres y los salarios reales se dividieron por el mismo factor. En 1975, el Índice de Desarrollo Humano de Venezuela era seis puntos superior al de Colombia. Dos décadas más tarde, en 1995, ambos países estaban igualados. Previsiblemente el retroceso alimentó la frustración. Y disminuyó la tolerancia por la desigualdad. La siguiente metáfora, propuesta por Albert Hirschman, puede ayudar a explicar la situación. Existe una gran autopista de varios carriles. Inicialmente los autos circulan fluidamente. Unos carriles avanzan más rápido que otros pero las diferencias son toleradas de buena manera. Con el tiempo, sin embargo, el movimiento pierde dinamismo, se hace cada vez más lento, hasta que el tráfico se detiene casi completamente. Los conductores comienzan, entonces, a perder la paciencia, a desesperarse. Si un carril se mueve, así sea lentamente, reaccionan con violencia. Su intención es colarse a la fuerza. O, al menos, impedir el movimiento de los otros. De la gratificación se pasa a la indignación. Y con la indignación aparece Chávez.

En últimas, la figura de Chávez puede verse (o racionalizarse, al menos) como una forma de expiación. Como la manera perversa utilizada por la sociedad venezolana para vengarse de sí misma. Como un remedio autorrecetado que agravó la enfermedad. En nombre de las injusticias y los errores del pasado, Hugo Chávez está empeñado en sacrificar el futuro de Venezuela. La economía no petrolera se está reduciendo rápidamente. La misma producción de petróleo está disminuyendo. La corrupción está creciendo. Los ingresos extraordinarios dan la ilusión de movimiento. Pero, tarde o temprano, la autopista volverá a atascarse. Y la inmovilidad será peor que en el pasado.

Como lo sugiere la historia venezolana, los redentores se transforman fácilmente en verdugos. Los llamados a corregir los errores del pasado, en una especie de ceremonia trágica, terminan sacrificando el futuro. La historia de las repúblicas de América Latina, dijo alguna vez Nicolás Gómez Dávila, sólo puede escribirse con ironía. Y Venezuela, no es, ni mucho menos, la excepción. Nota: el gráfico muestra la evolución de los salarios reales en Venezuela. Las cuentas nacionales, las encuestas de hogares y la encuesta manufacturera (las tres fuentes disponibles de información) muestran lo mismo: un descenso sistemático de los salarios desde 1975.

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Los redentores morales

Art. 15: Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar…

Art. 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia…

He copiado el Artículo 15 de nuestra Constitución Política y el Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con el propósito de recordar que existen normas o reglas morales que las naciones civilizadas han adoptado voluntariamente. Primero, cabe mencionar lo obvio: algunos miembros de las fuerzas armadas de Colombia violan sistemáticamente estas normas. No sólo ahora. Siempre. La semana anterior, en medio de una conversación informal, un ex ministro del Frente Nacional me confesó que en la residencia presidencial de entonces existía una recámara repleta de cintas magnéticas que contenían conversaciones íntimas de políticos y otros protagonistas de la vida nacional.

Segundo, cabe mencionar lo menos obvio. No sólo quienes graban las conversaciones violan los artículos mencionados: incurren en la misma falta quienes las transcriben y las hacen públicas. Especialmente cuando la publicación es innecesaria y malintencionada, como la contenida en la edición más reciente de la revista Semana. Cuando leí la trascripción de la conversación entre María Consuelo Araujo y su hermano, me sentí violando el “derecho a la intimidad personal y familiar” de un ser humano, de estar “injiriendo arbitrariamente en su vida privada y familiar”.

En mi opinión, los periodistas de Semana incurrieron en una acto inmoral e ilegal. Y lo hicieron, creo yo, no por un motivo comercial o pecuniario, sino por una razón aparentemente más loable: por la pretensión de imponer su idea de la virtud sobre el resto de la sociedad, por sus ínfulas de superioridad moral. Digo más loable pero debería decir más peligrosa. La crisis del paramilitarismo ha llevado a mucha gente (periodistas, en su mayoría) a atribuirse el papel de redentores morales, a endilgarse como propia la labor de limpiar la sociedad. “Síganme los buenos” es su consigna favorita.

La revista Semana dejó en claro que pretende liderar un «grupo de limpieza social». Para sus periodistas, la violación de los Derechos Humanos o de la Constitución es un asunto secundario ante la tarea mayúscula de la redención moral. De la salvación nacional.

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El lío de las universidades públicas

Miles de estudiantes, con libros en la mano y determinación de cruzados, colmaron esta semana las calles bogotanas en defensa de las universidades públicas. La Universidad Nacional y algunas universidades regionales decidieron cerrar sus puertas ante la vehemencia de las protestas. Incluso algunos estudiantes de secundaria sumaron sus mutantes voces (siempre prestas a repetir estribillos) a las ruidosas denuncias. No sé cuántos de los manifestantes habrán reparado en las razones de su indignación. Pero, mirado desde afuera, todo este asunto luce exagerado. O, al menos, sobrecargado de emociones. Las graderías están llenas de espectadores vociferantes pero el partido ya terminó. Sin grandes emociones. No obstante la gritería continúa. Como siempre, la inercia del corazón supera a la de la razón.

El origen de las protestas es un confuso artículo incluido en la Ley del Plan de Desarrollo, aprobada recientemente por el Congreso, que dice, palabras más, palabras menos, que el Gobierno y las universidades públicas del orden nacional concurrirán en el saneamiento de las deudas pensionales. El artículo no dice nada sobre cuánto aportará el primero y cuánto las segundas. Durante el trámite de la ley, el Gobierno dio versiones contradictorias sobre el objetivo del articulito. El Ministerio de Educación decía una cosa; el de Hacienda, otra; Planeación Nacional no decía nada. La ambigüedad oficial despertó dudas. Alimentó sospechas. Y contribuyó a crear la sensación de que el Gobierno tenía el propósito oculto de transferir una buena parte del pasivo pensional a las universidades, lo que pondría en riesgo su viabilidad financiera, comprometería sus objetivos misionales y obligaría a aumentar las matrículas.

Pero esta semana se han revelado las intenciones del Gobierno. O, al menos, se han moderado sus pretensiones. El Gobierno Nacional seguirá asumiendo entre 95 y 98% de los aportes destinados a atender el pasivo pensional. Aparentemente el articulito en cuestión estuvo motivado por un exceso de santanderismo, por un prurito de ortodoxia jurídica. El artículo 131 de la Ley 100 de 1993 autoriza al Gobierno a realizar aportes a las universidades públicas del orden territorial, pero no a las del orden nacional. Y el Gobierno quiso utilizar el Plan de Desarrollo para darle un soporte legal a lo que ya venía haciendo, para legalizar una situación de hecho. Probablemente el Gobierno quería también llamar la atención acerca de la magnitud del problema. Y exigir una mayor transparencia en las cuentas pensionales. Pero los objetivos eran más de forma que de fondo. En suma, una discusión formal se convirtió en un problema mayor por cuenta de la improvisación del Gobierno, de la susceptibilidad de las universidades y de la misma crispación ideológica del país.

Pero más allá de las intenciones del Gobierno y de la confusión reinante, la vehemencia de las protestas contrasta con la pasividad de los estudiantes ante los abusos pensionales y ante la misma corrupción de muchas universidades públicas. Algunas universidades se convirtieron en pensionaderos ante la mirada complaciente e indiferente de sus estudiantes. Las mesadas de varios millones nunca suscitaron protestas airadas. El desgreño administrativo nunca mereció denuncias: ni propias, ni ajenas. Pareciera que los rivales abstractos (el Estado, el neoliberalismo, etc.) fuesen muchos más enervantes que los enemigos concretos (los politiqueros, los corruptos, etc.).

Al mismo tiempo, algunos de los manifestantes sufren (y me perdonarán la cacofonía) de insolidaridad intergeneracional. El crecimiento del pasivo pensional no los inmuta. Sus efectos sobre el gasto social del futuro los tiene sin cuidado. Sólo el presente figura en sus cavilaciones. Pero, tristemente, serán las generaciones futuras (allí están, esas son) las que terminarán pagando la pensión.
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Ni plan, ni desarrollo

Ya muchos analistas lo han advertido. Pero no sobra repetirlo una vez más. La planeación económica está en crisis. No parece servir ningún propósito. El Plan de Desarrollo, en particular, pone en evidencia nuestras falencias institucionales y magnifica nuestros vicios políticos. Antes de la Constitución de 1991, el Plan de Desarrollo era un documento académico, una versión sofisticada de las promesas de campaña del candidato ganador. Ahora es, al mismo tiempo, un manifiesto programático, un documento participativo y una ley de la República. El Plan es un monstruo de tres cabezas: una tecnocrática (a cargo de Planeación Nacional), otra participativa (a cargo del Consejo Nacional de Planeación) y una más representativa (a cargo del Congreso). En su concepción actual, el Plan de Desarrollo es un revoltijo ideológico. Una institución ambigua e inoperante.

El trámite del Plan de Desarrollo magnifica uno de los aspectos más nocivos de la política colombiana: el clientelismo. El Plan hace las veces de un imán para las demandas clientelistas. Los mismos parlamentarios reconocen que el Plan se ha convertido en un listado de buenas (y malas) intenciones. Pero el reconocimiento no modera el apetito clientelista. La mayoría de los parlamentarios participa activamente en la piñata. En el Congreso, el Plan es percibido como un primer filtro. Como el comienzo de la larga carrera por convertir las demandas clientelistas, primero, en partidas presupuestales, y luego, en proyectos regionales.

Adicionalmente, el Plan de Desarrollo concita una enorme cantidad de intereses particulares. El Plan no es sólo una piñata de proyectos: es también una feria de cambios legales. Una especie de festín legislativo. Los llamados micos son una presencia ordinaria en las leyes colombianas. Los micos usualmente se esconden tras el articulado, tras las disposiciones legales. Pero en el Plan de Desarrollo los micos no tienen la necesidad de esconderse. Son tantos, que se encubren los unos a los otros. La inmunidad está garantizada por la cantidad. Sólo los ejemplares más grotescos son avistados. Pero la mayoría se siente segura en medio de la multiplicidad.

Pero los clientelistas y los lobbistas no son los únicos que se benefician de la confusión, de la jungla del Plan de Desarrollo. El Gobierno también trata de sacar partido. El Gobierno usa el Plan de Desarrollo para hacer parcheo legislativo, para modificar marginalmente algunas leyes y aprobar rápidamente algunas normas aisladas. O, en términos generales, para reformar lo particular sin tener que afrontar la discusión sobre lo general. En últimas, el mismo Gobierno contribuye a la avalancha legislativa. Usualmente cada ministro aporta varios micos a la profusa colección.

Esta semana, algunos parlamentarios de la oposición anunciaron que demandarán la ley del plan aprobada recientemente por el Congreso. Pero demandar la ley del plan no tiene mucho sentido. No resuelve el problema estructural. No elimina las falencias institucionales. En nombre de la planeación y la participación, la Constitución de 1991 creó un escenario propicio (casi perfecto) para la acumulación de rentas, para la subordinación del interés general a los intereses particulares de los políticos y sus patrocinadores. En lugar de combatir las consecuencias del problema, el Congreso debería promover un cambio constitucional que elimine completamente el trámite legislativo del Plan Nacional de Desarrollo, el cual, en honor a la verdad, no es plan, ni es nacional, ni es de desarrollo.
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Sobre la radicalización de la política

Quiero comenzar con una opinión sobre una opinión. Con lo escrito por un lector de la revista Semana a propósito de la última columna de Antonio Caballero: “¿Será que se nos está mareando nuestro gran columnista? Últimamente está como raro. Con una neutralidad muy sospechosa”. Cientos de opiniones similares pueden leerse diariamente en los foros electrónicos de la prensa colombiana. Muchos lectores aborrecen la neutralidad. Demandan posiciones rotundas y adjetivos rabiosos. Si uno de sus columnistas predilectos les rebaja la dosis, protestan indignados. Quieren más. Y de lo mismo. Lo necesitan para alimentar sus prejuicios. Para satisfacer sus excesos ideológicos. O afirmar sus convicciones implacables.

Los lectores radicales usualmente encuentran quien calme sus ansias. La oferta se acomoda a la demanda. Siempre habrá columnistas dispuestos a alimentar la crispación ideológica de algunos lectores. Los primeros entregan opiniones exaltadas a cambio de los aplausos incondicionales de los segundos. Y mientras más fuertes los aplausos, más alto el volumen de las opiniones. Y más notoria la figura de los opinadores. Como escribió recientemente el jurista español Antonio Garrigues, “la pasión por la verdad, por lo justo y por lo objetivo, lisa y llanamente, se ha esfumado. A nadie le interesa ya la información real, la información a secas, sino los análisis más envenenados, más ofensivos, más descalificadores, y con preferencia especial, los más groseros”.

Por supuesto, el asunto no es sólo de columnistas y lectores. La radicalización de los políticos alimenta la de los editorialistas, y viceversa. Unos y otros contribuyen a la degradación del debate democrático: al afianzamiento del equilibrio perverso de la polarización absoluta. Una vez alcanzado este equilibrio, y en Colombia no estamos lejos, la neutralidad es percibida como sospechosa. Como pereza ideológica. Como un atributo de otros tiempos. Anacrónico. En palabras del mismo Garrigues, “la opción es simple: o se está con ellos del todo dándoles la razón absoluta o se está contra ellos y se pagan las consecuencias”. O se escoge un polo o el otro. Un bando o el opuesto. Blanco o negro. Uribe o Petro. Al final, cuando la polarización es completa, la gente ya no tiene causas. Sólo tiene enemigos.

Así las cosas, incumbe defender la neutralidad. La moderación de los juicios. Las pretensiones de objetividad. No se trata de abogar por la equidistancia o por una asepsia ideológica imposible, pero sí por la ecuanimidad. Por la crítica sustentada en los hechos. Por la libertad de señalar, por ejemplo, el clientelismo y los extravíos populistas del Gobierno. Y de denunciar, al mismo tiempo, las falacias de la oposición: su incapacidad para reconocer el mejoramiento de las condiciones de seguridad y el avance social producido por la recuperación económica. En últimas, Fernando Londoño y Jorge Enrique Robledo, para citar sólo dos ejemplos, son dos falsos contrarios. Dos polos que se atraen. Que se necesitan mutuamente.

En fin, creo que es conveniente rechazar la radicalización de la confrontación política colombiana. Condenar la descalificación a priori de los contendores. Denunciar la sustitución del debate por el intercambio de epítetos: “asesino”, “mafioso”, “afeminado”, “lacayo”, “terrorista” o “melifluo”. El debate democrático sólo será productivo si las causas son más importantes que los enemigos. Si los argumentos priman sobre los epítetos. De lo contrario, la política podría correr la suerte de la lucha libre: podría convertirse en un espectáculo grotesco del que sólo se ocupan unos cuantos enardecidos dispuestos a celebrar los golpes bajos de los encapuchados. En palabras de Garrigues, “no es una amenaza. Es sólo una advertencia”.

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Sobre el optimismo de los derrotados

Según informó la prensa nacional esta semana, el presidente Uribe está preparando una gran “ofensiva” ante el Congreso de los Estados Unidos que busca asegurar la continuidad del Plan Colombia y la aprobación del Tratado de Libre Comercio. El Presidente intentará despejar las inquietudes de algunos congresistas americanos sobre los nexos entre los grupos paramilitares y algunos políticos cercanos a su gobierno. Muchos analistas nacionales han hablado de la internacionalización del escándalo de la parapolítica: del traslado a los escenarios globales del intercambio de agravios (los insultos de uno justifican los de otros, y viceversa) que caracteriza la confrontación política colombiana de la actualidad. Pero al mismo tiempo que se americaniza el escándalo colombiano, la visita del presidente Uribe a los Estados Unidos podría servir para “colombianizar” el debate americano sobre la ineficacia del Plan Colombia. El debate tiene dos protagonistas principales. El primero es el senador republicano y codirector de una de las comisiones del Senado sobre el control internacional del narcotráfico, Chuck Grassley; el segundo es el Zar Antidrogas de los Estados Unidos, John Walters. El primero ha acusado al segundo de manipular las cifras sobre los resultados del Plan Colombia. La oficina de Walters “utiliza las estadísticas que más se acomodan a su programa de relaciones públicas”, dijo recientemente el senador Grassley. Aparentemente en todas partes se cuecen habas y se cocinan datos. En noviembre de 2005, John Walters reveló un informe que mostraba un aumento sustancial de los precios al detal de la cocaína y una reducción concomitante de la calidad del alcaloide. Los gobiernos de los Estados Unidos y Colombia se apresuraron a cantar victoria. Las palabras de John Walters tenían el tono vindicativo de quien anota un gol en el último minuto: “aquellos que han venido predicando que esto no es posible, aquellos que creen que el control a la oferta está inevitablemente condenado al fracaso… están equivocados”. Previsiblemente el Gobierno colombiano le hizo eco al optimismo vengativo de Walters. “Por fin hay una noticia buena… la declaración que hizo ayer el Gobierno de los Estados Unidos… demuestra que los esfuerzos que se están haciendo para erradicar la coca, producen resultados”, dijo el presidente Uribe un día después del anuncio triunfalista del Zar Antidrogas. Pero los nuevos datos han desmentido las proclamas optimistas. El Zar Antidrogas reconoció, en una carta dirigida al senador Grassley, revelada esta semana por la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), que los precios al detal de la cocaína cayeron nuevamente. Aparentemente el celebrado aumento de los precios fue sólo una distorsión temporal: un espejismo en el desierto estéril de la lucha antidroga. El precio promedio de la cocaína disminuyó 35% entre julio de 2003 y agosto de 2005. Paradójicamente, en julio de 2003, justo antes del nuevo aumento de la oferta exportable de cocaína, el ex ministro Fernando Londoño había declarado que “la afirmación de que Colombia será un país sin droga no es una quimera ni es un anuncio vano”. Seguramente el presidente Uribe será cuestionado sobre la ineficacia del Plan Colombia. Y seguramente responderá con el mismo discurso. Con el exceso de confianza del que hablaba recientemente Andrés Oppenheimer. “El propósito nuestro no es reducir la droga sino eliminarla… mientras nosotros no veamos cerca la posibilidad de tener eliminada la droga en nuestro país, no vamos a estar contentos”. Sólo resta afirmar que, en el tema de la droga, el voluntarismo presidencial (su reciedumbre retórica) suena cada vez más vacío. Menos creíble. Más parecido al optimismo inercial de los derrotados.
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Lazos familiares

El debate político colombiano parece haber entrado en una nueva etapa de pugnacidad. El argumento ha sido reemplazado por el insulto. Por la descalificación personal. Y esta última ha asumido (con alarmante frecuencia) la forma odiosa del enjuiciamiento familiar: el primo de Pablo, el hermano de Santiago, el cuñado de Simón, el primo de Mario, etc. Hoy en día, en Colombia, si se quiere cuestionar a un hombre público, basta con encontrar un pariente sospechoso. El pasado familiar se convirtió en un arma política eficaz. O, al menos, en una forma rentable de descalificación. Tristemente la genealogía parece haber reemplazado a la ideología. Uno de los aspectos más odiosos de la sociedad colombiana son las roscas. Los consulados, las embajadas y muchos cargos públicos parecen haber sido escriturados a algunas dinastías políticas. La meritocracia sólo funciona en la prédica, porque en la práctica los apellidos valen más que la preparación o la capacidad. Además, la falta de meritocracia no está circunscrita al sector público. En el sector privado, las conexiones familiares también cuentan: muchas veces más que el esfuerzo individual o que el talento propio o que los títulos profesionales. Con la notable excepción de las admisiones a las universidades, los lazos familiares siguen siendo una forma eficaz de colarse en la fila del mérito. Curiosamente, muchos comentaristas sociales (y algunos políticos) denigran de la antimeritocracia colombiana mientras atacan a sus contradictores por sus vínculos familiares. En un caso, critican el uso de los lazos familiares como sustitutos del mérito; en el otro, aceptan su utilización como indicadores de la virtud. Primero se muestran indignados por las conexiones familiares, luego las explotan con fines políticos. Esta contradicción lógica es una forma de hipocresía que refleja, entre otras cosas, la facilidad con la que se asumen posturas progresistas al mismo tiempo que se adoptan conductas excluyentes. Quienes utilizan los lazos familiares para descalificar a sus contrincantes están, involuntaria o deliberadamente, defendiendo las oportunidades heredadas y los privilegios de clase. Cuando, para usar un ejemplo concreto, el columnista Felipe Zuleta critica al consejero presidencial José Obdulio Gaviria por tener un vínculo familiar con el extinto narcotraficante Pablo Escobar, está poniendo los apellidos por encima de los argumentos. Uno puede criticar a José Obdulio por muchas razones, yo mismo lo he hecho en varias oportunidades, pero enrostrarle repetidamente sus lazos familiares no sólo demuestra cierta desidia argumentativa, sino también una evidente inclinación clasista. Los apellidos no establecen una escala moral inmodificable. La virtud no puede inferirse de la genealogía. La decencia o la honestidad no son atributos heredados. De allí la injusticia de los enjuiciamientos familiares. En un debate reciente, el Presidente Uribe tuvo que responder no sólo por sus actos, sino también por los de sus parientes. Muchas conductas ajenas fueron denunciadas como si fueran propias. “Fue muy buen hijo, compañero inmejorable de mi madre. Buen hermano y buen esposo”, dijo el Presidente Uribe de su hermano Santiago. “Yo no creo que el senador, hijo de un tío abuelo mío, tenga esas inclinaciones”, dijo de su primo Mario. Nadie señaló la extrañeza de la situación: de las acusaciones y de las aclaraciones. La mayoría parece haber aceptado que los enjuiciamientos familiares hacen parte del juego democrático: que los hombres públicos deben responder por los actos de sus parientes. Así las cosas, no sobra reiterar que quienes aceptan este tipo de juicios indirectos están aceptando, así sea implícitamente, las prácticas antimeritocráticas y los argumentos de clase.
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El hijo de Eva

Esta no es una historia de ciencia ficción. Los protagonistas son inventados pero el contexto es verídico. Los hechos son ficticios pero posibles. La realidad inquietante pero presente. Comencemos, entonces, con la protagonista principal: Eva Natus. Una ejecutiva gringa, de 40 años, sin hijos, divorciada desde hace una década y directora de mercadeo de una importante firma editorial. Desde hace ya varios años, Eva había decidido no tener hijos. No tanto por convicción, como por conveniencia: la posibilidad aplazada una y otra vez se fue convirtiendo en una decisión tomada de una vez por todas. Pero, ya en la mediana edad, Eva cambió de opinión. Y decidió apostarle a la maternidad. O, al menos, a la versión moderna de la misma.

Eva siempre tuvo dudas acerca de su fecundidad. Además nunca ha estado plenamente satisfecha con su patrimonio genético. Sus facciones carecen de la simetría que demanda su refinamiento. Muchos de sus parientes han muerto tempranamente de enfermedades cardiacas. Y su capacidad cognitiva (según los exámenes de inteligencia que ha tomado desde niña) es apenas superior al promedio. Eva no tiene un compañero sexual permanente. Los hombres que la rodean son ejecutivos carismáticos. Pero envejecidos. Sus espermatozoides ya no son los de antes. En la cama, los hombres de Eva funcionan de manera aceptable. Pero como proveedores de material genético (como reproductores) son más pasado que presente.

Eva siempre ha sido pragmática. Sabe que su hijo tiene que estar preparado para las inclemencias de la vida en la meritocracia. Así como muchos padres escogen las mejores guarderías y escuelas para sus hijos, asimismo Eva decidió escoger los mejores genes para el suyo. Sin reatos morales, pagó 15.000 dólares por el óvulo de una mujer hermosa, de 25 años, con un doctorado en ciernes y varios títulos deportivos a su haber: una versión mejorada de sí misma. Y pagó 500 dólares por el esperma de un hombre atractivo, con dos posgrados concluidos y ex capitán del equipo de Rugby en la universidad: una suma irrisoria (eso paga Eva por una cena formal) a cambio de un “geno-tipo” perfecto.

La compra de las células de la vida fue intermediada por una firma de San Antonio, Texas (The Abraham Center of Life). Eva se reunió con una asesora comercial durante dos horas. Ambas examinaron varias fotografías, estudiaron las hojas de vida de los “donantes” (el eufemismo para los vendedores de genes) y tomaron una decisión rápida: como si se tratase de la compra a destajo de un computador. La misma firma se encargó de crear el embrión con base en el óvulo y el esperma escogidos. Una vez fecundado el óvulo y congelado el cigoto, la asesora le aconsejó a Eva utilizar una madre sustituta. “A su edad”, dijo, “no vale la pena correr riesgos innecesarios”. “Sólo son 10.000 dólares adicionales y tenemos mujeres jóvenes, sanas y responsables, listas para entregarle al bebé el ambiente intrauterino que se merece”.

Eva aceptó gustosa. El costo era inferior a una semana de su tiempo. Y la maternidad podría costarle muchos días de incapacidad. Un buen arreglo sin duda, tanto médico como económico. Como la madre sustituta está en su cuarto mes de embarazo, Eva (una mujer organizada) ya contrató a la enfermera que cuidará y alimentará a su bebé. Todo parece marchar bien. Sin contratiempos. Pero, en ocasiones, cuando su ritmo febril se lo permite, Eva (la pragmática) es asaltada por inquietudes filosóficas. Éstas, sin embargo, son desmentidas rápidamente. Eva entiende la importancia de la división del trabajo. Y sabe muy bien que todo lo hecho (lo divino y lo humano) ha sido por el bien de su hijo. Si así podemos llamarlo todavía.