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Política en acción

Posted on 4 agosto, 2007
Esta columna quiere llamar la atención sobre las dificultades de la política social. Y, en particular, sobre los problemas de una de las principales iniciativas sociales del Gobierno: la expansión del programa Familias en Acción. Este programa otorga transferencias en efectivo a hogares en condiciones de pobreza. Un hogar beneficiario con tres niños menores de 18 años recibe aproximadamente 100 mil pesos mensuales. La transferencia está sujeta a que los niños en edad escolar vayan a la escuela y a que los niños menores asistan a controles médicos preventivos. El programa busca reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza, mediante los incentivos a la acumulación de capital humano y el incremento de los ingresos familiares.

Las primeras evaluaciones del programa mostraron efectos positivos sobre la asistencia escolar, el consumo de proteínas y la lactancia materna, entre otros. Estos resultados respaldarían la decisión del Gobierno de triplicar su cobertura. El Plan de Desarrollo definió una meta de 1,5 millones de hogares beneficiarios, que representan más o menos 20% de los hogares colombianos. “Un programa de millón y medio de Familias en Acción en todo el país —dijo esta semana el presidente Uribe—, es un programa que… le resuelve problemas sociales a la familia y a la sociedad, y le da capacidad de demanda a la economía, le da dinamismo a la economía. O sea que esto ayuda mucho desde todos los puntos de vista”. Incluido el político, por supuesto.

Los beneficios sociales de la expansión del programa son inciertos. Inicialmente el programa estuvo circunscrito a zonas rurales apartadas. Ahora se aplicará también en las grandes ciudades. La experiencia internacional sugiere que los efectos sobre la asistencia escolar, ya mencionados, son mucho menores (y pueden llegar a ser despreciables) en las zonas urbanas. Además, en las ciudades, el programa puede tener efectos adversos sobre la participación y la formalización laboral, especialmente si se acompaña de otros programas asistenciales: régimen subsidiado, subsidios de vivienda, auxilios alimenticios, etc. En presencia del programa, el rebusque puede convertirse en una alternativa racional. En una trampa eficiente. En una manera, ya no de romper el círculo de la pobreza, sino de cerrarlo definitivamente.

Pero si los beneficios sociales del programa son inciertos, los réditos políticos pueden ser inmensos. En México, donde un programa de este tipo fue diseñado e implantado por primera vez, existen disposiciones legales que prohíben explícitamente su uso en actividades proselitistas. Los administradores han intentado separar el programa de la imagen pública del Presidente. Incluso, las normas presupuestales no permiten la adición de nuevos beneficiarios en los seis meses previos a las elecciones nacionales y locales.

Pero, en Colombia las cosas son distintas. “Abiertas inscripciones a 100 mil Familias en Acción en Bogotá”, anuncia de manera destacada la página de internet de Presidencia. La disposición a asociar el programa con la imagen del Presidente es obvia. Y su utilización política, evidente. En el caso particular de Bogotá, el cronograma de expansión fue adelantado. Y la selección de beneficiarios no ha respetado las recomendaciones técnicas, que llamaban la atención, entre otras cosas, sobre la importancia de evitar la duplicación con algunos programas distritales. La premura política ha desplazado la prudencia técnica. Y los votos (la política en acción) han impuesto nuevamente las prioridades.
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El deterioro institucional

Posted on 28 julio, 2007
Desde hace algún tiempo, varios analistas políticos y económicos han criticado la forma como la administración Uribe conduce los asuntos del Estado. Los críticos cuestionan no sólo la centralización de la toma de decisiones, sino también la impaciencia con la separación de poderes y con los funcionarios independientes. En una palabra, cuestionan la “desinstitucionalización”. Esta columna vuelve sobre lo mismo. Repite una crítica ya reiterada pero no agotada como lo muestran varias actuaciones recientes del Gobierno. El Presidente y unos cuantos asesores han centralizado la toma de decisiones. La burocracia weberiana ha dado paso a la corte palaciega. Si un alto funcionario no cumple con las tareas encomendadas, no se reemplaza; se neutraliza mediante el nombramiento de un asesor presidencial, de un cortesano que hace las veces de ministro en la sombra. Actualmente un ex director de Crédito Público resuelve, desde Palacio, algunos de los temas cruciales de la cartera de Transporte. Y una ex ministra supervisa, también desde Palacio, el avance de los tratados comerciales, un tema prioritario de la cartera de Comercio e Industria. Es un círculo vicioso. La centralización de la toma de decisiones debilita los ministerios y los ministerios debilitados alientan la centralización. Pero la desinstitucionalización no termina con el debilitamiento ministerial. La aversión para relevar los ministros ineficaces contrasta con la presteza para retirar (o cuestionar) a los funcionarios independientes. Así lo muestra, por ejemplo, el reciente relevo del superintendente financiero. Un golpe de los cortesanos a la burocracia. Una muestra de la falta de escrúpulos institucionales. Aparentemente el Presidente perdió la paciencia con un funcionario no siempre dispuesto a participar en sus ejercicios nemotécnicos (“¿cuántos microcréditos se colocaron el mes anterior?”) y no siempre resuelto a sumarse al entusiasmo de las fusiones y adquisiciones. Pero el punto es de fondo. La supervisión financiera necesita independencia de las opiniones y los amigos del Presidente. Si no es así, pierde todo sentido. Se convierte en un instrumento adicional de los cortesanos. En una sucursal más del Palacio de Nariño. “Las instituciones tienen que cooperar armónicamente en busca de los fines superiores del Estado”, dijo el Presidente esta semana en referencia a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que niega la posibilidad de juzgar a los paramilitares como sediciosos. Pero lo mismo pudo haber dicho en referencia a la decisión (valerosa, por cierto) del Banco de la República de incrementar la tasa de interés. El Presidente parece estar confundiendo la independencia de poderes con la subordinación de los mismos. O la cooperación con la sumisión. Cuando el Presidente habla de “unidad de Estado” o cuando pide “que no se alegue la independencia de las instituciones para eludir responsabilidades frente a esta desmovilización”, está equiparando las políticas de Gobierno con los fines del Estado. Esto es, está contribuyendo a la desinstitucionalización. El Presidente ha señalado que la confianza de los inversionistas es una de las prioridades de su Gobierno. “La confianza inversionista —ha dicho de manera reiterada— es la que finalmente garantiza crecimiento sostenido en el largo plazo”. Pero la confianza no sólo depende del éxito de la política de seguridad democrática, sino también de la calidad de las instituciones. Cuando los burócratas son reemplazados por cortesanos y cuando (al mismo tiempo) se cuestiona la independencia de la supervisión financiera, del Banco de la República y de la Corte Suprema, la incertidumbre aumenta y la confianza disminuye. La conexión no es inmediata. Pero es inevitable. La desinstitucionalización es buena para la corte de palacio. Pero mala para el resto del Estado. Es buena para el Presidente. Pero mala para el país.
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Bienvenidos los extranjeros

Posted on 21 julio, 2007
Alfonso López llamó alguna vez a Colombia “el Tíbet de Suramérica”. Seguramente estaba haciendo referencia a nuestro aislamiento geográfico, al enclaustramiento de nuestros centros productivos y al mismo solipsismo de nuestras élites políticas e intelectuales. Y también (probablemente) a nuestras inclinaciones proteccionistas y a nuestra inveterada incapacidad para atraer y retener inmigrantes. Esto es, a nuestra ubicación periférica, no sólo en las rutas del comercio, sino también en los rumbos de la gente. En las mentes de los viajeros. De los polinizadores de la cultura y los mensajeros de la modernidad.

Como bien lo ha dicho el historiador Malcolm Deas, las oleadas migratorias del siglo XIX a duras penas tocaron a Colombia. La falta de desarrollo, los permanentes conflictos políticos y las plagas naturales (y hasta las humanas) ahuyentaron a la mayoría de los inmigrantes, con la excepción de unos cuantos aventureros: representantes de casas comerciales, mineros y mecánicos. El resto tomó otros rumbos. “El país estaba muy lejos de ofrecer atractivos comparables (…a los de) los Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil, Chile y aun Cuba”.

La ausencia de extranjeros propició la extrañeza y el recelo, los cuales probablemente contribuyeron a reforzar la tendencia original. Es el círculo vicioso del aislamiento. El historiador Rodrigo de J. García cuenta que “las personas del pueblo veían (a los extranjeros) como si vinieran de otro planeta, como personas extraordinarias y hasta de temer”. El geógrafo alemán Alfred Hettner, quien recorrió la región andina a finales del siglo XIX, notó “que, entre las clases superiores, había cierta aversión, que llegaba a la xenofobia”. El mismo sentimiento imperó por muchos años más. Pilar Vargas y Luz Marina Suaza recopilaron recientemente una serie de testimonios ilustrativos de la xenofobia imperante durante la primera mitad del siglo anterior. La opinión de Eduardo Caballero Calderón, en rechazo a la candidatura presidencial de Gabriel Turbay, muestra, por ejemplo, el lado racista de la xenofobia sabanera: “Nosotros… los que todo lo tenemos de colombianos, jamás podemos ser turbayistas… El pueblo, lo mismo yo que quien me trae la leña… tenemos lo que Turbay no tiene”. Sangre colombiana, por supuesto.

El racismo y el recelo hacia los extranjeros quedaron consignados en la legislación de la época. La Ley 114 de 1922 prohibía “la entrada al país de elementos que por sus condiciones étnicas, orgánicas o sociales sean inconvenientes para la nacionalidad y para el mejor desarrollo de la raza”. Las normas posteriores establecieron cuotas anuales de inmigrantes según su nacionalidad. Un decreto proferido en 1935 permitía la entrada al país de cinco armenios, cinco búlgaros, diez palestinos, diez sirios ycinco polacos. Con el tiempo, las normas cambiaron. Las leyes racistas se derogaron. Pero los extranjeros nunca llegaron.

La situación puede estar cambiando, sin embargo. Colombia se ha vuelto más atractiva, no sólo para el capital financiero, sino también para el capital humano. No sólo para el turista, sino también para el inmigrante. En particular, las medidas totalitarias del gobierno de Chávez, aunadas a su misma intolerancia religiosa (antisemita, en muchos casos) y a la reducción de las oportunidades económicas, ha llevado a muchos venezolanos (empresarios, intelectuales, artistas, médicos, etc.) a considerar seriamente la inmigración a Colombia. El Gobierno debería obrar con presteza y generosidad, y ofrecerles la ciudadanía colombiana. Así no sólo estaríamos beneficiándonos de la captura de cerebros y capitales, sino también rompiendo con una tradición inconveniente de aislamiento, xenofobia y cerrazón.
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1974-78

Posted on 14 julio, 2007
Yo no soy historiador. ni pretendo serlo. Ni quisiera hacer juicios históricos improvisados. Pero si tuviera que resaltar algunas de las realizaciones de la administración López Michelsen mencionaría, primero, su intento (inconcluso) de modernizar nuestra economía, de eliminar algunos privilegios enquistados y de acabar con el maridaje entre la burocracia aduanera y el sector privado, el cual había estimulado no sólo la corrupción de cuello blanco, sino también el contrabando y otras actividades ilegales. En segundo lugar, mencionaría su rompimiento con el conservatismo social. El divorcio civil, por ejemplo, fue una de las banderas de la campaña presidencial de López Michelsen. Ya durante su gobierno, el divorcio fue aprobado exclusivamente para los matrimonios civiles (y el concordato fue prorrogado) pero López Michelsen contribuyó a desbaratar el monopolio histórico de la Iglesia Católica sobre la legislación social.

También valdría la pena mencionar, dado el contraste con la actitud sometida de la administración Uribe, la independencia (la dignidad, podríamos decir) con la cual la administración López Michelsen manejó sus relaciones con los Estados Unidos. En octubre de 1975, López renunció a la ayuda externa americana. “Hemos concluido —le dijo a un reportero del New York Times— que la ayuda externa crea una dependencia económica que no es saludable y menoscaba algunas de nuestras iniciativas de desarrollo”. En febrero de 1976, cuando Henry Kissinger, entonces de visita a Colombia, trató de presionarlo para que condenara la intervención cubana en Angola, López se limitó a señalar que no era la primera vez que un país de este hemisferio intervenía en otro continente.

Pero, a la hora de los balances históricos, el cuatrienio 1974-78 no será recordado por las realizaciones del gobierno de López Michelsen. Durante estos cuatro años, Colombia se consolidó como el primer exportador mundial de cocaína y su historia contemporánea se dividió en dos: antes y después de la coca (AC y DC). Algunos han acusado a López de haber permitido, por omisión, la consolidación de una industria criminal de dimensiones insospechadas. Su reunión con Pablo Escobar, en mayo de 1984, en Panamá, contribuyó seguramente a alentar estas acusaciones. Pero López fue simplemente un testigo privilegiado de una dinámica imprevisible. A nadie, creo yo, se le puede acusar de falta de clarividencia. Al final de su mandato, López expidió un decreto que absolvía a los miembros de la Policía y del Ejército de cualquier cargo por abuso de fuerza en el curso de operaciones contra el narcotráfico. Pero este voluntarismo de última hora resultó tan inocuo como las otras medidas de fuerza intentadas por sus sucesores.

En marzo de 1978, en medio de la agitada contienda presidencial para elegir el sucesor de Alfonso López Michelsen, David Vidal, entonces corresponsal extranjero del New York Times, escribió un extenso reportaje sobre Colombia en el que señalaba, entre otras cosas, que “los narcotraficantes han surgido no sólo como una nueva clase económica, sino también como una poderosa fuerza política, con enlaces corruptos en todos los niveles de gobierno”. Decía también el reportaje que “los dineros ilícitos afectaron las elecciones de Congreso, en las cuales muchos votos fueron comprados a diez dólares por unidad, particularmente en la Costa Atlántica”. Y citaba, para terminar, la opinión de un oficial de la Policía: “Nosotros ni siquiera aspiramos a detener el tráfico pero podemos mantener la presión con la esperanza de que el precio permanezca alto y la gente no pueda conseguir la droga”.

Las coincidencias del reportaje citado con la situación actual, pasados ya treinta años, son casi inverosímiles. Y confirman, creo yo, la conclusión de esta columna: Alfonso López Michelsen fue el primer presidente de la nueva era, de la Colombia DC, el mismo país en el que seguimos viviendo. Y en el que aparentemente viviremos por muchos años más.
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Crecimiento y pobreza

Posted on 11 julio, 2007
La pregunta sobre la relación entre crecimiento económico y pobreza es una pregunta empírica. En particular, uno quisiera saber si el crecimiento económico ocasiona: (i) un aumento más que proporcional, (ii) un aumento menos que proporcional, o (iii) una disminución en el ingreso de los pobres.

El escenario (iii) es bastante improbable. Yo no conozco ningún ejemplo real. Existen, eso sí, algunos ejemplos imaginados: un titular reciente de la revista Semana, entre ellos. En últimas, los supuestos efectos adversos del crecimiento sobre la pobreza tienen que ver más con las opiniones de algunos ideólogos que con la realidad de alguna economía. Los dos primeros escenarios son probables. El compendio de la evidencia empírica muestra que, en promedio, los ingresos de los pobres crecen a una tasa similar a la de la economía. Pero la varianza de la elasticidad es bastante grande.

¿Qué ha ocurrido en Colombia durante los últimos años? Para responder esta pregunta conviene estudiar la evidencia analizada por Adriana Cardozo en sus tesis doctoral de la Universidad de Goettingen. Los datos fueron presentados recientemente en la segunda reunión del capítulo colombiano de la NIP (Network of Inequality and Poverty). Y pueden resumirse en la grafica que acompaña esta entrada. La misma muestra (para cada percentil) el crecimiento del ingreso de los hogares en los primeros años de la recuperación: 2002-2005. El ingreso de los más pobres creció a una tasa superior a la del resto de los hogares. Mientras la tasa media anual apenas superó el 5%, la correspondiente a los más pobres superó ampliamente el 10%.

Este resultado puede explicarse en buena parte por la caída sustancial del ingreso de los hogares más pobres durante la crisis de fin de siglo. Pero esta explicación simplemente refuerza la conclusión. En los últimos años (para bien y para mal), los pobres sufrieron más que proporcionalmente con la crisis. Y se han beneficiado más que proporcionalmente con la recuperación.

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El encubrimiento semántico

Posted on 7 julio, 2007

Esta semana el pueblo colombiano manifestó su rechazo unánime al secuestro y a la violencia. Millones de personas se unieron para protestar en contra de quienes han convertido el dolor humano en un instrumento de chantaje. Pero la lucha no ha terminado. Continúa. Y en muchos frentes. Quiero referirme en esta columna a uno de ellos, el del lenguaje. Desde hace siglos, el lenguaje ha sido manipulado por los violentos para hacer que los asesinatos parezcan respetables y las mentiras luzcan verdaderas. Los violentos no sólo secuestran a la gente, hacen lo propio con las palabras.

Los violentos aspiran a ennoblecer sus actos con argucias semánticas. O, al menos, quieren disfrazarlos con palabras benignas. A los “secuestrados” los llaman “retenidos” y a los “secuestros”, “retenciones”. Con el tiempo, el lenguaje usado para justificar la violencia se convierte en la norma seguida por los comunicadores y los intelectuales comprometidos. Muchos de ellos adoptan el lenguaje del eufemismo. Dicen, por ejemplo: “la sociedad civil reclama un cese de hostilidades” cuando deberían decir “la gente pide que dejen de matar y secuestrar”. Hablan de “actores armados del conflicto” cuando deberían hablar de guerrilleros y paramilitares. Sus palabras mansas sugieren que la violencia es simplemente una representación en la que cada cual desempeña un papel azaroso.

El comunicado publicado por las Farc sobre la masacre de los diputados lamenta la supuesta “tragedia”. Dice el comunicado en uno de sus apartes: “a los familiares de los diputados fallecidos les manifestamos nuestro profundo pesar por la tragedia”. Muchos medios nacionales repitieron el eufemismo. Hablaron de la “tragedia de los diputados” como si se tratara de un terremoto. Como si los masacrados hubiesen sido víctimas de unas circunstancias fortuitas. Como si no existieran culpables. Lamentablemente los medios no parecen darse cuenta de las consecuencias de las palabras mansas. De los efectos adversos del encubrimiento semántico.

Pero las palabras tienen consecuencias. El escritor inglés Steven Poole cuenta que, hace ya muchos años, en China, un famoso pensador dijo sabiamente que si fuese nombrado emperador su primera acción sería rectificar los nombres de las cosas. Cuando los nombres son incorrectos, los discursos pierden sensatez, las ideas no se ejecutan, las penas no guardan concordancia con los crímenes y la gente no sabe qué hacer. O como dice el mismo Poole: la realidad pierde sentido. Se impone la realidad virtual de los violentos.

En últimas, el rechazo a la violencia implica también un rechazo categórico al lenguaje de los violentos. No sólo a sus insultos. También a sus eufemismos. Los voceros de las Farc dijeron esta semana lo siguiente: “lo que el pueblo ha manifestado de múltiples maneras —y seguirá manifestando— es su ferviente deseo por la PAZ, por el respeto al derecho a la vida, porque este derecho sea el eje primordial de la acción del Estado y de todas las fuerzas de la sociedad en su conjunto”. No sólo la deformación del lenguaje es repugnante. También llama la atención la facilidad con la que muchos políticos y opinadores de oficio repiten las mismas palabras deformadas. Así, no sobra repetir que la rectificación de los nombres de las cosas es el primer paso en la derrota de los violentos.
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Contra la propaganda pacifista

Posted on 30 junio, 2007
Iba a escribir esta columna sobre la errática toma de decisiones del Gobierno en materia económica. Sobre las desautorizaciones públicas (y consuetudinarias) del presidente al ministro de Hacienda. Sobre las insinuaciones indebidas del Ejecutivo a la Junta Directiva del Banco de la República. Incluso iba a señalar que si el presidente de una empresa privada listada en bolsa anuncia, primero, que va a emitir acciones y, luego, que no va a hacerlo, se expone a una severa sanción por parte de la Superintendencia Financiera. Pero el manejo de la economía pasa a un segundo plano cuando los asesinos saltan a escena. El oficio de opinar cada semana impone algunas obligaciones. Y una de ellas, creo yo, es el repentismo: la obligación de pronunciarse de manera apresurada sobre asuntos inaplazables.

Quiero opinar, entonces, sobre los extravíos de algunos sectores políticos y de opinión. Y, en particular, sobre la propaganda pacifista que, ante la certeza de la barbarie, simplemente señala que un lado es tan malo como el otro. La “Carta de los intelectuales y artistas por la paz”, publicada por el diario El Tiempo la semana anterior, expresa de manera precisa (y hasta clarividente) la perversidad del pacifismo colombiano. “Los artistas, escritores e intelectuales —dicen los firmantes de la Carta— llamamos a conformar una resistencia por la cultura de la vida, la tolerancia y la justicia. Si los ejércitos en pugna quieren la paz, que detengan el fuego y acepten un diálogo honesto, de cara al país y a la comunidad internacional”. El pacifismo hirsuto no distingue. Generaliza. Arropa a todo el mundo bajo el mismo juicio pusilánime.

Los ejemplos siguen. Véan lo que escribió en su blog el columnista Felipe Zuleta en alusión al comunicado del Gobierno sobre la masacre: “Desafortunadamente el comunicado está firmado por Álvaro Uribe Vélez, un ciudadano tan cuestionado como el mismo Manuel Marulanda”. O lo que escribieron, en un pronunciamiento publicado el jueves en la tarde, los voceros del Polo Democrático Alternativo (PDA): “El total esclarecimiento de los hechos, interpretados de manera contradictoria por los actores del conflicto, es condición esencial para que el país pueda evaluar con fundamento la gravedad de lo ocurrido”. Este pronunciamiento es un ejemplo perfecto de propaganda pacifista. En ningún momento, condena de manera explícita a las Farc. Incapaces de llamar las cosas por su nombre, los voceros del PDA utilizan la ambigüedad para disfrazar la cobardía.

Sobre los voceros del PDA, cabe decir lo mismo que dijo Eduardo Escobar sobre ‘los intelectuales’: “olvidan que a veces justificaron el horror que los espanta”. Y sobre el pacifismo en general (y sobre los extravíos del PDA, en particular) conviene citar nuevamente a Orwell: “la mayoría de los pacifistas pertenecen a oscuras sectas religiosas o son simplemente filántropos que no aceptan la muerte violenta y prefieren no pensar más allá de este punto. Pero hay una minoría de intelectuales pacifistas cuyo motivo real aunque no reconocido parece ser el odio a la democracia occidental y la admiración hacia el totalitarismo”.

La propaganda pacifista está basada en una identidad cuestionable: paz = pacifismo. Una identidad que conduce a la supuesta equivalencia de los “actores del conflicto” o de los “ejércitos en pugna”. Y que puede tener consecuencias peligrosas. En el mejor de los casos, genera una gran confusión. Y en el peor, alienta el ímpetu de los asesinos.
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Fiebre moralista

Posted on 23 junio, 2007
Hace dos meses, mi vecino de abajo, el genial ensayista inglés Cristopher Hitchens usó, en una de sus columnas semanales, una cita literaria que decidí memorizar a sabiendas de que, tarde o temprano, iba a necesitarla. “No conocemos —escribió Hitchens— un espectáculo más ridículo que el del público británico en uno de sus frecuentes ataques de moralidad”. Basta cambiar “público británico” por “una parte de la prensa colombiana” para describir lo que está ocurriendo en este país. El escándalo de la parapolítica ha suscitado una oleada de exhibicionismo moral que bien podría llamarse ridícula. O lamentable. O delirante, para ser consecuente con el título de esta columna.

Voy a usar un solo caso para ilustrar mi argumento. Pero los ejemplos abundan. Pululan, para seguir con las metáforas febriles. María Jimena Duzán escribió una columna esta semana en la cual, primero, lamenta que una niña caleña haya expresado públicamente que quería ser sicaria. Y segundo, argumenta que la aspiración criminal de la niña es explicada en parte por “la forma como el Gobierno y la clase dirigente han querido mostrar a los paramilitares”. “Viéndolo bien —escribió María Jimena al final de su columna— no es extraño que en este país los niños quieran ser sicarios si éstos, además, se toman fotos con el Presidente”.

La conexión planteada es tan inverosímil, tan ridícula (para insistir en la cita de Hitchens) que no deja dudas de que la columnista padece de fiebre moralista. “Ciertos temas —escribe el filósofo Jamie Whyte— parecen subir la temperatura moral a tal punto que el cerebro se recalienta”. Y la parapolítica es uno de ellos. En el ejemplo en cuestión, cualquier pretensión de seriedad intelectual ha sido desechada de antemano. La columnista sólo parece interesada en exhibir su consternación moral. Y parece, al mismo tiempo, convencida de que su bondad (su preocupación por el deterioro moral) le otorga licencia para incurrir en argumentos deleznables. O irracionales.

Dije que iba a usar un solo ejemplo pero me queda espacio para otro más. Muchos columnistas criticaron duramente a El Espectador por la publicación de un aviso publicitario pagado por un ciudadano acusado de delitos atroces. “Es un asco”, dijo Salud Hernández. “Da ganas de vomitar”, escribió María Elvira Samper. Pero nadie dijo nada sobre la publicación, en la revista Semana, de una entrevista con un reconocido narcotraficante y prófugo de la justicia. ¿Cuál es la diferencia? En ambos casos, dos criminales confesos están haciendo uso de un medio escrito para exponer sus puntos de vista. Ambos medios obtienen un rédito económico: uno directamente, otro indirectamente. Y ambos corren el riesgo de servir de caja de resonancia de agendas ocultas y negocios criminales. Seguramente existen diferencias de grado, pero las similitudes son tantas, que sorprende que nadie las haya traído a colación, que nadie haya señalado que una entrevista no confrontada es similar a un reportaje pagado. Pero la fiebre moralista, ya lo dijimos, confunde el juicio y nubla la razón.

Termino con una confesión. En la coyuntura actual del país, algunos medios y varios columnistas quieren arrogarse para sí el monopolio de la moral. La prerrogativa de señalar lo correcto y lo incorrecto. Lo bueno y lo malo. Pero su indignación me parece vacía. Siempre he desconfiado de quienes se sienten moralmente superiores, de quienes pretenden (sin preguntarnos) imponernos sus virtudes, de quienes portan el virus innominado que produce la fiebre moralista.
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Qué pasaría si… Panamá todavía fuera de Colombia

Posted on 21 junio, 2007
Hace ya varios años, un famoso profesor gringo fue invitado a escribir un artículo sobre la utilidad de especular sobre lo que habría sido del mundo si esto o lo otro hubiera ocurrido. Su respuesta fue la siguiente: «Si pensamos que los procesos históricos evolucionan estocásticamente, los antecedentes contrafactuales no implican resultados determinados para los escenarios contrafactuales». En resumidas cuentas, el profesor sugirió (muy a su manera) que no perdiéramos el tiempo con especulaciones inoficiosas. Que los mundos probables son muchos. Que la vida siempre trae sorpresas. Pero sus advertencias, sobra decirlo, no han tenido mucha acogida. Los editores de SoHo, por ejemplo, decidieron desoírlas alegremente. Tal como lo han hecho los montones de historiadores que especulan sobre lo que habría sido de la historia del mundo si la nariz de Cleopatra hubiese sido un centímetro más larga. O sobre lo que sería de su geografía si los Estados Unidos no hubieran bombardeado atómicamente a los japoneses.

No está de más, entonces, especular sobre lo que habría sido de Colombia si Panamá no se hubiera independizado. El escenario no es descabellado. Si el Congreso hubiese aceptado las condiciones negociadas por John Hay y Tomás Herrán, el movimiento independentista panameño («la más apropiada y justa de la revoluciones», según Theodore Roosevelt) nunca habría prosperado: habría corrido la misma suerte de las cincuenta revoluciones previas. Pero «esas despreciables y pequeñas criaturas de Bogotá» decidieron no aceptar las condiciones de los gringos y los panameños optaron por cambiar de dueño. Desde entonces, el istmo de nuestro escudo dejó de ser un simple accidente geográfico para convertirse en una herida, en una cicatriz, en el recuerdo amargo de lo que pudo haber sido y no fue.

Colombia no sería muy distinta si Panamá fuese un departamento más de nuestra abigarrada geografía. Probablemente nuestro ingreso por habitante sería un poco mayor. Tendríamos mejores puertos. Y más comercio con el mundo. Y una distribución más racional de la producción: muchas empresas se habrían ubicado en Colón o en Ciudad de Panamá o en la misma Cartagena: más cerca del mundo y menos cerca de las estrellas. Pero eso es todo. Nuestro escudo sería consecuente con nuestra geografía. Pero no con nuestra economía: la riqueza representada por el cuerno rebosado de monedas de oro y plata seguiría siendo una ironía. Un sueño de abundancia en medio de la carencia.

Y si no me creen, piensen en la corrupción permanente, en los escasos ocho mil dólares que fueron suficientes para sobornar (y enviar de vuelta a casa) a las tropas colombianas estacionadas en Colón. O en las décadas de desidia que soportó la provincia de Panamá: those people in Bogotá simplemente iban a recoger la plata que pagaba la concesión del ferrocarril. O piensen, también, en la tenue conexión económica de Urabá con el resto del país. O en la misma precariedad de las carreteras que conectan a los centros productivos con el occidente colombiano. En suma, Panamá sería una región más dentro de la geografía del aislamiento nacional. Su contacto más cierto con el centro del país serían los políticos panameños: los herederos de Tomás Arias, José Agustín Arango, Manuel Amador Guerrero y los otros que se vendieron a los gringos. Y si nos atenemos a las circunstancias actuales, algunos de ellos estarían presos en Bogotá.

Pero me he alejado de las advertencias del mencionado profesor. La vida te da sorpresas” dijo un ex ministro panameño en sus años mozos. Así que cabe terminar con algunas predicciones menos aventuradas. Si Panamá fuera colombiana los Nule se habrían ganado el contrato para la ampliación del Canal con consecuencias desastrosas para medio mundo. Colombia habría recuperado los 2,5 millones de habitantes que perdió misteriosamente en el último censo. Y María del Pilar Hurtado no estaría asilada sino escondida en un lugar apartado de la (ahora) inmensa República de Colombia.

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El dopaje académico

Posted on 16 junio, 2007
Hace unos días, la prensa internacional divulgó una noticia que pasó desapercibida en la prensa nacional, cada vez más autista y monotemática. Decía la noticia que, en el distrito financiero de Shanghai, el corazón económico de la república China, muchos padres de familia recurren a todo tipo de artimañas con el propósito de conseguir una dosis de ritalina para sus hijos adolescentes en trance de presentar los exámenes de ingreso a la universidad. La ritalina es usada comúnmente para tratar la hiperactividad de los niños. Pero algunos despistados (entre quienes se cuentan los ansiosos padres de familia) creen que ésta incrementa la concentración en los adolescentes y puede por lo tanto mejorar su desempeño en las maratónicas (y decisivas) pruebas. Los padres chinos no son los únicos que apelan al dopaje académico. Los ingleses han recurrido a las mismas mañas químicas. Probablemente lo mismo ocurre en los Estados Unidos. Y en Colombia, donde el examen del ICFES tiene, para muchas familias de clase media, toda la fuerza de un destino.

El dopaje académico es una consecuencia previsible de la presión por resultados. Un ingrediente menor de la inveterada receta del éxito adolescente: la combinación del garrote de la presión paterna y la zanahoria del ego propio. El entrenamiento para la vida en la meritocracia comienza desde muy temprano, con los CDs de Mozart y la estimulación temprana. Y continúa con las guarderías especializadas, las absurdas pruebas de admisión a los cuatro años, las tutorías y las actividades extracurriculares. Son dieciocho años de preparación para una competencia de un fin de semana. Así, un empujoncito químico en las postrimerías de la larga carrera no está de más. Los beneficios son dudosos. Pero los costos del fracaso son incuestionables.

Muchos de quienes consiguen ingresar a una universidad de prestigio continúan la alocada carrera del mérito. En las universidades, los estudiantes desarrollan lo que el ensayista David Brooks ha llamado la mentalidad del promedio. En la meritocracia, un interés genuino por el tema de estudio es una distracción inconveniente. Un desperdicio de energía. Una forma de ineficiencia. Muchos estudiantes creen que cada examen, cada trabajo, cada materia, es una prueba definitiva; consideran (con razón o sin ella) que un simple titubeo estropeará el número que define sus vidas y definirá sus oportunidades.

De manera extraña, cuando llega el día del grado, el darwinismo se convierte en hippismo. Los padres que acuden felices a los grados, los mismos que posan satisfechos en la foto con el diploma (el destete definitivo de este mamífero diletante), deben soportar largos discursos sobre la igualad, la fraternidad, la solidaridad, etc. Los discursos nos invitan a comer más helados, a admirar los pliegues de las cosas, a acariciar el terciopelo del durazno antes de proseguir con el consabido mordisco. Todos sin excepción revelan una hipocresía tan empalagosa que envidiaría hasta el mismo Pablo Milanés.

Pero terminada la ceremonia, la meritocracia continúa. La vida vuelve a lo mismo. A lo que el poeta Elkin Restrepo llama la búsqueda de salidas al más breve extravío, la ardua tarea por alcanzar lo que nadie en verdad nos ha pedido. Pues, en últimas, uno puede refinar las formas de la protesta, sofisticar el discurso, ridiculizar el asunto, dar patadas de ahogado, pero todo será en vano. La pelea está pérdida. La meritocracia ya impuso sus reglas. Ya definió el camino. Y nadie infortunadamente ha descubierto aún una forma efectiva de dopaje.