¿Por qué se mantiene la diferenciación entre Régimen Subsidiado y Contributivo?
El plan de beneficios propuesto (Mi Plan) será el mismo para todos, los colombianos tendremos derecho al mismo cubrimiento. Además, los Gestores de Servicios de Salud, que representarán a los ciudadanos y velarán por el cumplimiento de los buenos resultados en salud, podrán operar en ambos regímenes, esto es, podrán tener afiliados del Subsidiado y Contributivo.
Hemos planteado que debe mantenerse transitoriamente la diferenciación por varias razones: (i) las prestaciones económicas, los pagos por incapacidades y licencias de maternidad, no pueden todavía extenderse al Régimen Subsidiado (hacerlo llevaría a la quiebra del sistema), (ii) la viabilidad de algunos hospitales públicos podría verse amenazada si no se garantiza, por un tiempo, que los recursos del Régimen Subsidiado financien su operación, y (iii) la financiación del sistema todavía depende de las contribuciones (suman ocho billones de pesos). Un desmonte definitivo de la separación entre los regímenes Subsidiado y Contributivo tendría que modificar nuevamente el financiamiento del sistema, más allá de lo que hizo la reforma tributaria del año anterior.
¿Solamente se les está cambiando el nombre a las EPS?
La reforma plantea una transformación de fondo en el funcionamiento y los incentivos. Los Gestores de Servicios de Salud (GSS) ya no manejarán la plata, sino la salud. Su pago dependerá en buena medida de los resultados promovidos y las acciones realizadas. Los GSS tendrán un énfasis territorial, ya no podrán ir de región en región sumando afiliados, recaudando una prima sin garantizar el acceso efectivo de la población a medicamentos y servicios médicos. No podrán ser dueños de clínicas y hospitales. Tampoco de distribuidores de medicamentos. Tendrán que concentrarse en la gestión de la salud.
La reforma busca conciliar la necesidad (imperiosa) de cambio y la obligación de conservar las capacidades construidas en los últimos veinte años (que no son despreciables). Cualquier reforma debería, en nuestra opinión, permitir que quienes han hecho las cosas bien puedan transformarse y participar en el nuevo modelo. Los otros tendrán que irse. Las propuestas en cuestión olvidan que, en cualquier modelo, tiene que existir un agente, un comprador inteligente de servicios que, entre otras cosas, coordine la prestación y realice las auditorias del caso. He leído críticos a la reforma que, en un mismo párrafo, afirman que los recursos no pueden ser manejados por privados y que, además, les preocupa mucho la corrupción de las entidades territoriales y del gobierno nacional. Mejor dicho, no hay quién pueda administrar los recursos de la salud.
Incluso Salud-Mía puede concebirse como un primer paso para el fin de la intermediación. Pero habría que construir algunos capacidades estatales que hoy no existen. Un salto vacío sería desastroso por decir lo menos
¿La reforma privatiza los recursos?
La reforma no privatiza los recursos. Los recursos son públicos y lo seguirán siendo. Además, la reforma evita la desviación de recursos, pues los Gestores de Servicios de Salud (GSS) no manejarán la liquidez del sistema. La reforma acaba de una vez por todas con la inversión de los recursos de salud en bienes inmobiliarios o canchas de golf.
La reforma plantea que, al finalizar una vigencia, si existe algún excedente debe, primero, usarse para constituir una reserva y, después, transferirse al GSS como utilidad. En este momento los recursos dejarían de ser públicos. Si no se permite la transferencia en cuestión, se estaría impidiendo de un tajo la participación de agentes privados y por lo tanto estatizando plenamente la administración de los recursos. Quienes afirman que se está cambiando la naturaleza de los recursos podrían decir, entonces, que los recursos públicos se convierten en privados porque el Estado reconoce AIU en un contrato de obra pública. Es un argumento sin sentido que soslaya una innovación importante de la reforma: las EPS ya no manejarán la plata.
¿Quién conformará las redes de prestación?
Las redes serán conformadas por los GSS bajo la supervisión estricta del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). El MSPS tendrá injerencia directa en el asunto. Al respecto hay que buscar un equilibrio entre una situación (inconveniente) en la cual los GSS controlan totalmente la red y otra (también inconveniente) en la cual hay libre elección plena.
Quienes proponen lo segundo olvidan (o no conocen) algunas experiencias desastrosas. El Instituto de los Seguros Sociales (ISS) puso en práctica la “libre adscripción” a mediados de los años noventa: en seis meses se generó una gran corrupción y un déficit de 500 mil millones de la época. Algo similar ocurrió con la atención a los desplazados al inicio de la década anterior y sigue ocurriendo actualmente con el SOAT. En los casos anteriores, el fraude ha sido generalizado e incontrolable.
¿Están salvando las EPS?
El proyecto consolida las normas de las leyes 1438 de 2011 y 1608 de 2013 sobre salvamento de hospitales. En algunos casos, las EPS liquidadas o públicas tienen deudas con los hospitales que superan con creces su patrimonio. Si el gobierno no asume una parte de estas deudas, muchos hospitales podrían quebrar: el Hospital Universitario del Valle (HUV) es un caso típico, casi paradigmático.
El gobierno bien podría cruzarse de brazos, desentenderse del asunto y darles gusto a unos cuantos demagogos. Pero creemos que sería irresponsable. Cabe recordar que los voceros de los prestadores criticaban (con preocupación) la ausencia de un fondo salvamento en las versiones iniciales del proyecto de reforma.
En suma, el fondo de salvamento tiene un fin único: salvar los hospitales. Los que dicen lo contrario están mintiendo. Por ignorancia. O mala intención.
