Conviene a veces dejar de lado la “fracasomanía”, mostrar los aciertos de un Estado, como el colombiano, permanentemente agobiado por el peso de sus propias faltas. El buen desempeño de los deportistas colombianos en los juegos olímpicos de Londres obedece en buena medida a una política estatal exitosa, a una iniciativa tributaria que sentó las bases financieras para los actuales logros deportivos. En el segundo semestre de 2002, el congreso aprobó un aumento de cuatro puntos porcentuales al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del servicio de telefonía móvil con el propósito explícito de financiar “el fomento, la promoción y el desarrollo del deporte y la cultura”.
El artículo 35 de la Ley 788 de 2002 marcó un hito en la financiación del deporte en Colombia. Señaló un antes y un después. Este artículo fue modificado por otra reforma tributaria, por la Ley 1111 de 2006, y ha sido sometido a algunos ajustes reglamentarios desde entonces. Pero los cambios han sido marginales, casi irrelevantes. Por casi una década, Colombia ha contado con una fuente cierta (y creciente) de recursos fiscales para el deporte. La idea inicial del gobierno y el congreso era cobrarle una sobretasa del IVA a un servicio exclusivo, casi elitista: en 2002 el número de líneas celulares no llegaba a los siete millones. Con el tiempo, sin embargo, la telefonía móvil se universalizó, el número de líneas supera actualmente los 45 millones. El aumento de la cobertura le restó progresividad al impuesto (lo que iban a pagar los ricos terminaron pagándolo todos, ricos y pobres), pero multiplicó al mismo tiempo los recursos disponibles. Consecuencias inesperadas, digamos.
Los nuevos recursos no se destinaron exclusivamente a la construcción de instalaciones deportivas, como se propuso inicialmente en la discusión parlamentaria. La ley ordenó que una parte fuera usada en la preparación de los deportistas del ciclo olímpico. Adicionalmente el gobierno promovió un destino similar para los recursos transferidos a las regiones, 25% del total. El documento Conpes 3255 de noviembre de 2003 recomendó a los departamentos “poner especial énfasis en la preparación y participación de los deportistas de su región en los diferentes juegos nacionales e internacionales para lo cual deberán apoyar la realización de juegos departamentales, intercolegiados y universitarios”. Aparentemente algo de eso se hizo.
Guardadas todas las proporciones, Colombia siguió una política similar a la de Inglaterra, país que tiene uno de los programas olímpicos más exitosos del mundo. Consiguió una fuente permanente de recursos, los concentró en unas cuantas disciplinas y diseñó planes de entrenamiento de largo plazo.Como escribió hace poco el columnista inglés John Kay, esta estrategia es “una manera costo-efectiva de invertir en el prestigio global y orgullo nacional”. Pero no solo eso. Promueve además la práctica del deporte. Difunde una narrativa beneficiosa sobre la importancia del esfuerzo y la dedicación. Y desvía la atención nacional de los hechos y hazañas de los políticos.
Pero no por mucho tiempo. Ya algunos han propuesto la creación de un nuevo ministerio del deporte. Probablemente hay muchas cosas para mejorar. Seguramente se necesitan más recursos. Pero la burocracia y el oportunismo político nunca han producido muchas medallas de honor (condecoraciones tal vez). Ojalá la política del deporte no terminé siendo víctima de su propio éxito.