En Estados Unidos y en muchos otros países del mundo, los crímenes y contravenciones, los líos con la justicia de miles y miles de ciudadanos (un incidente de violencia doméstica, un robo en un supermercado, una pelea callejera, etc.) son registrados de manera minuciosa, casi obsesiva, en grandes bases de datos que pueden ser consultadas en cualquier momento por cualquier persona: un empleador potencial, un periodista inquisitivo, un burócrata desconfiado o un vecino curioso.Peor aun, los registros son permanentes. No tienen fecha de vencimiento. Están disponibles a perpetuidad. Muchos individuos, por lo tanto, nunca terminan de pagar sus condenas, quedan marcados para siempre, sometidos al escarnio público en el escenario moderno de las interacciones sociales: el internet.
Los registros electrónicos, señalan algunos comentaristas libertarios en referencia a la célebre novela de Nathaniel Hawthorne, constituyen una suerte de letra escarlata digital, una marca indeleble, definitiva. En este caso, la marca no es sólo un motivo de vergüenza, sino también una condena al ostracismo laboral y económico, un exilio forzado al mundo de la informalidad o la ilegalidad. Los reseñados no portan una ‘A’ de color rojo en el pecho, pero arrastran consigo un estigma incapacitante. En Estados Unidos existen firmas especializadas en rastrear las bases de datos digitales con el fin de comercializar los resultados de sus pesquisas. “Los empleadores tienen derecho a conocer esta información”, dicen sus voceros (la demagogia de la transparencia justifica sus argumentos). Muy pocos, mientras tanto, abogan por los derechos de los reseñados.
Un estudio reciente de la economista Dara N. Lee puso de presente las consecuencias de la publicación en internet de las bases de datos en cuestión. En el caso de Estados Unidos, el libre acceso a los registros criminales tuvo un efecto disuasivo sobre los jóvenes que no habían sido reseñados y disminuyó levemente los delitos contra la propiedad. Pero la reducción del crimen ocurrió a un costo muy alto, a saber: la creación de una casta de excluidos, de individuos que vieron menguadas sus oportunidades laborales y terminaron por lo tanto reincidiendo en el crimen. La publicación de los registros criminales aumentó la reincidencia criminal en más de 10% y afectó mucho más a los negros que a los blancos. En últimas, las bases de datos digitales terminaron reforzando la exclusión.
El problema descrito trasciende la realidad política y económica de Estados Unidos. En Colombia, por ejemplo, el certificado judicial se ha convertido en un instrumento de exclusión. Las bases de datos financieras, a pesar de los controles introducidos por el Congreso, siguen siendo un estigma insuperable para mucha gente. La publicidad oficial aspira a cerrarles todas las puertas, a excluir de manera definitiva a quienes han sido acusados de violencia doméstica. Muchos desmovilizados son tratados como si fueran leprosos.
“La declaración de los derechos humanos —me dijo un profesor ya viejo hace algunos años— debería incluir un nuevo artículo: todo el mundo tiene derecho a cagarla”. Por desgracia en el mundo de hoy, en esta época digital, a muchos hombres y mujeres les ha sido negada para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.