En julio de 2007, en un discurso pronunciado en la Universidad de los Andes, el presidente Uribe dijo lo siguiente: “en nuestro país no deberíamos hablar de conflicto con los grupos armados, sino de desafío del terrorismo…Pero estos son elementos conceptuales, donde uno puede estar equivocado o acertado. Le he dicho al Comisionado: si hay que aceptarle al Eln que hay conflicto para hacer la paz, olvídese de mi tesis y aceptamos que hay conflicto”. Esta semana el presidente Juan Manuel Santos hizo un pronunciamiento similar: aceptó la existencia del conflicto y lo hizo por razones pragmáticas, con el propósito aparente de minimizar los efectos fiscales de la llamada ley de víctimas. El pragmatismo de Santos es similar al de Uribe. No representa un rompimiento con el pasado. Pero tiene un significado importante. Avala la premisa fundamental de la ley de víctimas, a saber: la clasificación de las víctimas en dos categorías excluyentes, las del conflicto armado (que deben ser reparadas) y las de la delincuencia común (que no tienen derecho a la reparación).
Esta clasificación es cuestionable. Conceptualmente problemática. El economista Mauricio Rubio planteó el problema de manera precisa hace ya más de veinte años: “más allá de las muertes ordenadas o ejecutadas directamente por miembros de las organizados armadas, es necesario tener en cuenta aquellas que, de una u otra manera, ocurren o se ven facilitadas por la presencia de tales organizaciones”. Los grupos armados disminuyen la eficacia de la justicia, aumentan la disponibilidad de armas de fuego, reducen la cohesión social y contribuyen por lo tanto al incremento de los homicidios comunes. No casualmente, los municipios donde históricamente han operado estos grupos han tenido también mayores niveles de criminalidad y violencia. El conflicto mata de muchas formas diferentes: unas directas y otras indirectas.
En Colombia, el narcotráfico, el conflicto y la delincuencia se han reforzado mutuamente. El narcotráfico financió la expansión de los grupos armados. El conflicto contribuyó al crecimiento del narcotráfico, de los cultivos de coca específicamente. Y el crimen organizado pescó en el río revuelto por los mafiosos, los guerrilleros y las paramilitares. Estas interacciones hacen muy difícil la clasificación de las víctimas. ¿Son los jóvenes asesinados todos los días en la Comuna 13 de Medellín víctimas del conflicto, el narcotráfico o la delincuencia común? ¿Hay alguna diferencia sustancial entre un policía ultimado por los sicarios de Pablo Escobar y un soldado asesinado por las Farc o los paramilitares? ¿Tiene algún sentido distinguir entre el asesinato de tres indigenistas norteamericanos por parte de las Farc en 1999 y el de dos biólogos colombianos por parte de una banda criminal a comienzos de este año? Estas preguntas y otras similares han sido convenientemente ignoradas por los ponentes de la ley de víctimas. Todos han pasado de agache.
En suma, el pragmatismo de los ponentes (y del mismo gobierno) no sólo es conceptualmente equivocado sino también moralmente cuestionable. El proyecto actual, que está a punto de ser aprobado, beneficia a unas víctimas y se olvida de todas las demás. Como si el sufrimiento de las familias, de tantos y tantos deudos, dependiera por alguna razón misteriosa de quién apretó el gatillo.
Alejandro Gaviria
8 mayo, 2011 at 2:55 amEn la columna, por falta de espacio, no sacó conclusiones. Pero estas son más o menos obvias. La ley de víctimas está montada sobre una premisa falsa. Será una bonanza para los tramitadores, para los abogados que harán las veces de intermediarios. Sería mucho más sensato, por ejemplo, invertir los 80 o 100 billones de pesos que se van a gastar en esta iniciativa cuestionable en fondear un sistema asistencial de pensiones. Cabe recordar que sólo una cuarta parte de los trabajadores colombianos cotizan actualmente, y de estos sólo 40% cumplirá las condiciones de jubilación.
Alejandro Gaviria
8 mayo, 2011 at 2:56 amUribe pide excluir el término conflicto armado de la ley de víctimas.
Alejandro Gaviria
8 mayo, 2011 at 3:00 amSobre el pragmatismo, vale la pena traer a cuento las palabras del historiador estadounidense Louis Menand. “Una idea –dijo Menand en referencia al pragmatismo excesivo– no posee mayor altura metafísica que, digamos, un tenedor. Cuando éste se demuestra inadecuado para tomar sopa, tiene poco sentido discutir acerca de si existe algo inherente a la naturaleza de los tenedores o algo inherente a la naturaleza de la sopa que explica el fallo. Uno simplemente coge una cuchara”.
Anónimo
8 mayo, 2011 at 4:10 amAlejandro,excelente columna,pero igual me queda una inquietud que me gustaría que comentara. Las victimas, en mi opinión, merecen ser reparadas.Y aunque es evidente que generar un parámetro justo para ver si califican como "reparables" o no es prácticamente imposible; no sería una mejor propuesta enfocarse en un grupo como los desplazados donde se les de una reparación tangible (como una casa, un subsidio a la educación) que busque de alguna manera romper el circulo de pobreza en el que cayeron asumiendo que la violencia y el desplazamiento haya tenido relación directa con esto (Como suelen mostrar los estudios estilo Ana María Ibañez).Buscar como incentivar a la gente a volver al campo, a generar programas de asistencia técnica para los pequeños campesinos, asociarlos, garantizar comercialización etc.
No he leído el proyecto de ley, pero me imagino que eso es repartiendo plata sin criterio de gasto.¿Como modificarlo, o para ud por ningún lado el proyecto ayuda?
Porque si simplemente obviamos la reparación y esa plata la mandamos para "fondear un sistema asistencial de pensiones" es ignorar un derecho que tiene esa gente a ser reparada por el estado.
Saludos.
Andres Felipe
charlie
8 mayo, 2011 at 4:35 amPor ejemplo, los desplazados que se paran en los semáforos, pueden haber sido desplazados por la violencia o por la agroindustria.
Alejandro Gaviria
8 mayo, 2011 at 4:45 amAndrés Felipe: completamente de acuerdo con su comentario sobre los desplazados. Pero, en buena medida como respuesta a la sentencia de la Corte, hoy existe una política de atención a los desplazados que incluye no sólo la ayuda humanitaria de emergencia y la priorización de acceso a los principales servicios sociales, sino también la llamada estabilización socioeconómica. Además la ley de tierras contempla la restitución y la asistencia a quienes decidan regresar.
En suma, la ley de víctimas no es necesaria para la atención a los desplazados. Podría incluso restarle recursos.
aguafiestas
8 mayo, 2011 at 4:47 amMientras la sociedad colombiana vive en un medio donde los deberes esenciales del Estado son sólo un enunciado en la Constitución Política, se pretende, y de hecho lo logran, convertir un derecho elemental (proteger vida, honra, bienes y creencias) en una discusión semántica o gramatical.
En los trasfondos del asunto subyace la inveterada corrupción administrativa, y social, aupada por 8 años de manipulaciones de todo tipo.
Definitavamente la gran víctima, en la torva y taimada sociedad colombiana, es el ciudadano de a pie. http://urrao.blogspot.com
Anónimo
8 mayo, 2011 at 4:49 amLa ley de víctimas sólo tiene un objetivo: la gobernabilidad. Es el precio que pagó Santos por el apoyo del Partido Liberal.
Anónimo
8 mayo, 2011 at 5:14 amEn ultimas, la ley de victimas sera la versión de "familias en acción" de Santos, donde reparte plata, y compra el 80% de popularidad.
No se si le leo entre lineas a Alejandro que la ley de victimas no es más que una una iniciativa populista "costosisima". Porque no veo de plano, cuales son los argumentos de peso para promoverla? (Si ya esta la ley de tierras, y la sentencia de la corte…)
eureka
8 mayo, 2011 at 5:19 amsi hizo falta el espacio para concluir dentro de la columna.
Pero los desplazados también generan costos muy grandes. Ayer escuché en tv alguien que decía que llevaba 8 años desplazada y me pregunté: cuando deja de ser desplazada? después de 8 años podría recibir subsidio todavía?
lo mejor obviamente sería ue se pudieran reinstalar en las regiones o pueblos de donde fueron desplazados, pero si eso tarda 10 años? el apoo también?
Dreamer PhD
8 mayo, 2011 at 6:56 amÚltimamente me he puesto a pensar en la utilidad de los análisis que hacemos de la realidad colombiana y veo que son infructuosos. Desde un punto de vista racional, si A le roba a B nosotros no podemos concentrarnos en describir todos los artilugios empleados por A ni la inocencia de B al momento de ser engañado. Debemos concentrarnos en enseñarle a A que no se debe robar y a B que le exija a B que no le robe. Simplemente, me gustaría aportar aquí que los colombianos deberíamos enfocarnos más en educar nuestra población en vez de buscar la trampa que ha hecho algún despiadado, llámese Guido Nule o Mauricio Santamaría. Pero parece haber una fascinación morbosa por descubrir corrupción, sin tener en cuenta que esto no lleva nada. Este discurso lejos de ser Mockusiano, pretende plantear una inquietud en el momento más corrupto en la historia del país: ¿Que debemos hacer para que no haya corrupción en Colombia? ¿Describir los mecanismos de corrupción evitan que exista más corrupción?¿La malicia indigena tiene que ver con esto?
De algún modo, esta reflexión esta relacionada con la gran columna de Alejandro.
Javier Moreno
8 mayo, 2011 at 11:31 amLo de los desplazados tiene el mismo problema. Definir quién es desplazado y quién no es un lío (que JOG en su momento aprovechó para describirlos como "migrantes internos"). Compensar al desplazado de la violencia que vive en una casucha y no al vecino que se vino para la ciudad "en busca de oportunidades" (pero igual está en la olla y malviviendo) es injusto. Todas esas leyes que otorgan dinero a personas en un estatus especial pero difuso son compuertas de acceso a dinero público para abogados hábiles.
Javier Moreno
8 mayo, 2011 at 11:32 amPregunta adicional: ¿los desplazados serán víctimas dentro de la ley de víctimas?
Alejandro Gaviria
8 mayo, 2011 at 1:22 pmJavier: por lo menos para en el caso de los desplazados, existe una extensa jurisprudencia (los argumentos de la sentencia de la Corte son mucho mejores que los de la exposición de motivos de la ley de víctimas); además hay cierto consenso social y la Corte está estudiando el desmonte del “estado de cosas inconstitucional”. Pero usted tiene razón. Ya en muchas regiones del país venden el Registro Único de Desplazamiento por cientos de miles de pesos.
De otro lado, según entiendo, los desplazados sí hacen parte de la ley de víctimas. Y recibirán reparación independientemente de los subsidios y ayudas recibidos en el pasado.
Alejandro Gaviria
8 mayo, 2011 at 1:36 pmSi la clasificación entre víctimas del conflicto y víctimas de la delincuencia común es imposible (el proyecto parece montado en una idea falsa) y si no alcanza la plata para todas las víctimas (un hecho evidente), mi conclusión (no lógica, política digamos) es que este proyecto debería archivarse de una vez por todas. Algo que por supuesto no va a ocurrir.
La ley se llama ahora “Ley de Atención y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado Interno”. El solo nombre ya es sospechoso. Seguramente los mismos que hoy promueven la ley se rasgarán mañana las vestiduras en el futuro cuando se descubrala existencia de corrupción en la aplicación de la misma, en la escogencia de beneficiarios en particular.
Alejandro Gaviria
8 mayo, 2011 at 2:27 pmEureka: pude haber sido más explícito en las conclusiones. Pero si hubiera concluido como lo hice aquí, habría sido más fácil descartar el argumento. La columna habría sido interpretada como una reiteración del los cuestionamientos fiscales de la U, el ministro de hacienda y otros. En su versión publicada, la columna simplemente muestra que la ley de víctimas parte de una clasificación imposible, conceptualmente errada, carente de lógica. Cada quien sacará sus propias conclusiones.
Alejandro Gaviria
8 mayo, 2011 at 2:30 pmLa grieta ideológica. Artículo de Semana sobre el mismo tema.
Para Santos, este no es un asunto ideológico, sino político. El presidente es pragmático, y si el término le pone un marco claro al universo de las víctimas y facilita la aplicación de la ley, pues debe quedar incluido. En segundo lugar, sintoniza al gobierno con la comunidad internacional, que había quedado estupefacta cuando el gobierno negó esta realidad, pero al mismo tiempo buscaba apoyo tanto para librar la guerra en el terreno militar como para la consolidación y la crisis humanitaria. En tercer lugar, a Santos le permite volver a usar un lenguaje netamente político, despojado de macartismo, para nombrar una realidad como la guerra interna, que a pesar de haber desaparecido de los documentos oficiales durante ocho años, sigue vigente. Y cuyo final no necesariamente será por vía militar.
Anónimo
8 mayo, 2011 at 2:42 pmLos jueces también harán parte del despelote que viene. Ordenarán pagar reparaciones a víctimas de la delincuencia común o de la violencia doméstica. Basta con invocar el principio de igualad. ESte proyecto es una locura.
Anónimo
8 mayo, 2011 at 3:54 pmAguafiestas: Si una banda de apartamenteros se entra a mi casa, me golpea y me deja mal herido y se roba mis bienes, ¿puedo reclamarle reparación al Estado por los daños que me ha causado la delincuencia común y por no defender mi vida y mis bienes, como exige la Constitución?
Por otra parte, en Colombia las víctimas del conficto armado son tantas que nunca habrá plata suficiente para repararlas. El propio Alvaro Uribe lo es, pues las FARC asesinaron a su padre. Pero también habrá numerosas víctimas del Santiago Uribe y sus 12 apóstoles. Si se fuera a hacer un censo sobre el particular, sería más fácil censar a los que NO han sido víctimas directas del conflicto armado, con toda su mezcolanza de guerrilla, narcotráfico y paramilitarismo. He ahí el dilema, y el problema.
Anónimo
8 mayo, 2011 at 7:05 pmUsualmente se ha dicho que está ley es impagable. Gaviria está diciendo algo distinto, que es absurda y hasta inmoral. Me gustó el argumento.
Anónimo
8 mayo, 2011 at 8:16 pmCarolina Sanín vuelve al ataque:
"Hace dos semanas decía que deploraba la inadecuación de los medios de comunicación nacionales que apelan a un orgullo patriótico cuando hablan de celebridades porque, al querer suscitar el deseo de existencia de los colombianos en “el mundo”, arruinan la ilusión de inexistencia de quien contempla a las celebridades. Esta semana lo deploro porque arruina la ilusión de una existencia no política y trueca la fantasía del “más allá” por una arribista fantasía del “más” o una inconforme fantasía del “allá”".
Simplemente: genial.
Alejandro Gaviria
8 mayo, 2011 at 11:17 pmTodavía sigo pensando. Pero creo que ya me decidí. Me gusta más la fantasía arribista del “más” que la fantasía inconforme del “allá”.
Anónimo
8 mayo, 2011 at 11:37 pmSobre su columna de hoy, El Espectador, pag. 49, opino que el conflicto es el género, pero narcotráfico y delincuencia (que se mencionan bajo la misma naturaleza ) son peligrosas secuelas de aquel. No lo digo yo, lo dijo Canetti hace tiempo. Saludos, Jaime Lopera (Armenia)
Esplandián
9 mayo, 2011 at 12:10 amAlejandro,
No sé a usted, pero toda la controversia entorno al concepto de "conflicto armado" me parece un simple juego de palabras. En estos casos es importante recordar a Wittgenstein:
"Most propositions and questions, that have been written about philosophical matters, are not false, but senseless. We cannot, therefore, answer questions of this kind at all, but only state their senselessness. Most questions and propositions of the philosophers result from the fact that we do not understand the logic of our language. (They are of the same kind as the question whether the Good is more or less identical than the Beautiful.) And so it is not to be wondered at that the deepest problems are really no problems” (Tratactus, 4.003.
Tarantini
9 mayo, 2011 at 1:14 amAlejandro,
Con base en sus argumentos, la ley de víctimas, podría no pasar el análisis de constitucionalidad, si deciden demandarla por inconstitucionalidad, ante la Corte Constitucional, por violar el principio de la igualdad.
Incluso, si pasará el examen de constitucionalidad, según la tesis de la obligatoriedad del precedente contitucional (3 fallos iguales sobre el mismo asunto), instituido por la Corte Constitucional hace unos años, podría extenderse la aplicación de la ley de víctimas a ambos casos: a las víctimas del conflicto armado y a las víctimas de la delicuencia común.
De pronto todo se decide en la rama judicial y no en la rama legislativa ni ejecutiva, ¿no le parece?
De todos modos, muy buen análisis el suyo sobre la ley de víctimas.
Alejandro Gaviria
9 mayo, 2011 at 1:25 amTarantini: de acuerdo: la distinción es completamente artificial y seguramente será tumbada por la Corte. Nadie entendería, para seguir con los ejemplos, por qué se resarce económicamente a las víctimas de las Farc pero no a las víctimas de las Bacrim (que son ahora socias de las Farc en el negocio del narcotráfico).
Sobre la conexión entre narcotráfico, conflicto y delincuencia, enlazo nuevamente este artículo (lo hemos discutido previamente en este foro).
Alejandro Gaviria
9 mayo, 2011 at 1:38 amEsplandián: muy buena la cita. A mí también me parece irrelevante esta discusión sobre el "conflicto". Pero más preocupante es montar un programa de decenas de millones sobre una distinción semántica cuestionable en el mejor de los casos.
Anónimo
9 mayo, 2011 at 1:57 amLa U anuncia reunión con Uribe para explicarle inclusión de 'conflicto armado' en ley de víctimas.
Daniel Pacheco
9 mayo, 2011 at 2:42 amAlejandro, esta semana su columna me pareció rara. Porque es una crítica simultánea la ley de víctimas por no ser pragmática ("Será una bonanza para los tramitadores, para los abogados…") y por ser pragmática ("En suma, el pragmatismo de los ponentes (y del mismo Gobierno) no sólo es conceptualmente equivocado, sino también moralmente cuestionable.").
Además de esa curiosidad– que lo pone a dudar si la crítica de fondo es técnica o es moral; o a mal pensar que es solo por criticar, lo que por supuesto está muy bien– me parece que en la conversación falta un elemento importante: el de cómo afecta la ley de víctimas las posibilidades de una negociación con la guerrilla en el futuro. Eso cambia el cálculo sobre su pragmatismo al menos.
Alejandro Gaviria
9 mayo, 2011 at 2:58 amDaniel: hay dos críticas distintas que no tienen porque ser excluyentes como usted sugiere en su comentario. Primero, la crítica al pragmatismo que se olvida de una dificultad conceptual insalvable en una conflicto como el colombiano: la dificultad de distinguir convincentemente entre las víctimas del conflicto y las víctimas de otras manifestaciones delincuenciales. Y segundo, la crítica a un programa de subsidios, a este o a cualquiera otro similar, donde los beneficiarios no están claramente definidos y uno puede entonces anticipar algunos problemas de corrupción y malos manejos.
Por otra parte, no veo de qué manera esta ley facilita una supuesta negociación. Uno puede decir, genéricamente, que hace parte del posconflicto. Pero no mucho más.
Saludos.
Esplandián
9 mayo, 2011 at 3:10 amDaniel,
Yo tampoco veo muy claro el efecto que la ley de víctimas puede tener en una futura negociación con la guerrilla.
De pronto sería un efecto indirecto (que bien podría ser alcanzado de de otras formas): al trasladar recursos de reparación a zonas rurales podría disminuirse el poder de los grupos armados sobre los habitantes de dichas zonas.
En fin, no veo de qué manera los guerrilleros van a decidir dejar el narcotráfico a causa de una ley de víctimas.
Saludos,
E
Daniel Payares Montoya
9 mayo, 2011 at 3:49 amAlejandro, de acuerdo con usted. Ese dinero podría utilizarse mejor en otras cosas.
Sin embargo, me parece curioso que cuando surgen temas espinosos como este, se vuelva una y otra vez sobre la mayor utilidad que genererarían otras reformas de largo plazo como la de pensiones: "Sería mucho más sensato, por ejemplo, invertir los 80 o 100 billones de pesos que se van a gastar en esta iniciativa cuestionable en fondear un sistema asistencial de pensiones."
Los presidentes, y quienes lo rodean, tienen vigencia política mientras su popularidad se mantenga alta. Y esto se logra haciendo cosas que permitan aliviar dramas presentes y no futuros. Al final, el chicharrón de las pensiones le pasará factura a quien sea el gobernante de turno y no a Santos o a Uribe, quienes serán recordados por la seguridad democrática y la ley de vícitmas.
Daniel Pacheco
9 mayo, 2011 at 5:49 amEsplandián, Alejandro,
Decidir si hay que declarar o negar el conflicto a mí siempre me hace pensar en negociaciones con la guerrilla, casi automáticamente, más que en víctimas. Y veo que no es tan obvio por qué.
En mi caso creo que es por que entiendo que un "conflicto" reconoce a la parte alzada en armas como una con la que se puede dialogar y negociar. Sin que ello implique decir que son beligerantes etc. Sin embargo la teoría me la tumba el caso de las AUC (que hasta donde sé nunca fueron sacadas de ninguna lista de organizaciones terroristas). Ahí hubo diálogo y negociación.
Me puse a buscar, y encontré un comentario que ata la idea de conflicto con dialogo de Hernando Gomez Buendía (http://www.elheraldo.co/columnistas/si-hay-conflicto-al-fin-y-al-cabo-20259).
Pero en fin. Parece apropiado recular un poco, y reformular la idea del conflicto interno y el díalogo en preguntas más bien. ¿Habría un problema conceptual con negociar con la guerrilla sin reconocer el conflicto armado? ¿Ayuda reconocer el conflicto a sembrar unas posibilidades futuras (muy futuras) de diálogo? ¿Más allá de como se categorizan las víctimas, qué otras consecuencias tiene el aceptar un conflicto?
Saludos,
Daniel
Javier Moreno
9 mayo, 2011 at 11:28 amTengo la sensación de que, en general, ese cuento del "conflicto armado" es más una categoría que usan ciertos círculos académicos que un asunto institucional cuyo reconocimiento estatal tenga consecuencias políticas claras. Al final cada quien lo usa para lo que le conviene (ahora mismo comentaristas de la derecha y de la izquierda le dan una interpretación bien distinta pero ambos lo defienden). No es como un estatus de beligerancia o algo así, que tiene un marco legal.
Yo no creo que incluir el término "conflicto armado" en la ley de víctimas facilite una negociación en el futuro. Mucho más cuando un alto porcentaje de las "víctimas" beneficiadas será probablemente víctimas de la guerrilla.
Anónimo
9 mayo, 2011 at 1:58 pmPerdón:
que diferencia hay entre "refugiados" y "desplazados"?
ah !..en un conflicto armado, por supuesto.
Alejandro Gaviria
9 mayo, 2011 at 2:28 pmErnesto Samper repitió todo el fin de semana que el reconocimiento del conflicto es el primer paso a una negociación. Yo no creo. El gran escollo para una negociación no es legal o jurídico. Es social o sociológico si el término cabe. Tiene que ver con el rechazo de la mayoría a una negociación y con la desconfianza (también generalizada) en los grupos guerrilleros en general y a las Farc en particular.
De otro lado, esto dijo Roy Barreras hace unos días: “El presidente Santos entiende que la mejor redacción es aquella que recoja exclusivamente a las víctimas del conflicto y no a las víctimas de delincuentes comunes que serían millones de colombianos; y entonces, no habría con que pagarles”.
Anónimo
9 mayo, 2011 at 2:29 pmLes agradecería muchísimo si me ayudan a encontrar en la web el libro de Economía de solidaridad y mercado democrático. Razeto L.
Anónimo
9 mayo, 2011 at 2:34 pmPacho Santos coincide con Alejandro. Anticipa lo que ya se dijo aquí. La Corte extenderá el beneficio a las víctimas de las Bacron y del crimen organizado.
La Corte, con una ley como la de víctimas, no puede negarse -como lo hizo anteriormente- a tratar en desigualdad de condiciones a las Farc y al Eln con las bacrim, o neoparamilitares como les dice el sesgado analista Valencia. ¿Por qué? Porque los une el inquebrantable lazo común del reconocimiento de las víctimas de ambos como parte de un conflicto armado. O es que con esta ley se va a legalizar lo que viene sucediendo en términos políticos y es que hay víctimas de primera, las de los paramilitares y la Fuerza Pública, y víctimas de segunda, las de las guerrillas.
Anónimo
9 mayo, 2011 at 3:02 pmPero la columna de Francisco Santos defiende la posición negacionista-uribista de la inexistencia de un conflicto interno, conflicto de más de 60 años. Santos recurre al insulto y a descalificar a quienes discrepan con el negacionismo uribista, ¿Tratar de "sesgado" a Leon Valencia?. En fin esta columna de Santos no aporta nada, simplemente es la repetición de la repetidera de los "uribistas pura sangre" y de un sector de las FF.MM. (ver entrevista a Harold Bedoya en EL TIEMPO). Otra cosita, si Uribe y sus aliados gritan a los cuatro vientos que no existe el conflicto interno ¿por que existia un comisionado de paz y un impuesto a la guerra?
Alejandro Gaviria
9 mayo, 2011 at 3:07 pmLo de Uribe y sus aliados es ganas de joder. La cita de Uribe en el primer párrafo de la columna revela que Uribe estaba dispuesto a dejar de lado sus escrúpulos semánticos.
El debate relevante (el que tiene consecuencias) es el debate sobre la ley de víctimas
Anónimo
9 mayo, 2011 at 3:56 pmRespecto a la cuestión semántica me parecio interesante el artículo de Hernando Gómez Buendía en Razón Pública http://www.razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2023:si-hay-conflicto-al-fin-y-al-cabo&catid=19:politica-y-gobierno-&Itemid=27
Y claro que lo relevante es el debate de la Ley de Victimas y a quienes se les pueden considerar "victimas". Estoy de acuerdo que no deben haber victimas de primera y victimas de tercera. El presidente Santos dijo una vez que: “Las bandas criminales son eso, bandas criminales, no son grupos armados ilegales, son parte de una banda de crimen organizado, que eso quede bien claro” http://www.lasillavacia.com/historia/y-ahora-quien-responde-por-las-victimas-de-las-bandas-criminales-21552
Anónimo
9 mayo, 2011 at 5:31 pmDefinamos entonces "bandas criminales". ¿Clasifican las bandas de atracadores? ¿Las de apartamenteros? ¿Las de extorsionistas? ¿Los Nule y sus secuaces?¿El cartel de la contratación? ¿El cartel de la salud?. Todas esas son bandas criminales. ¿O no?
Anónimo
9 mayo, 2011 at 5:42 pmBacrim: (1) controlan grupos de hombres armados con poder local de intimidación, (2) tienen nexos con traficantes de droga o participan en el negocio, (3) tienen algún control territorial y (4) poseen vínculos históricos con los otros grupos armados, guerrillas, paras y agentes corruptos del Estado.
Anónimo
9 mayo, 2011 at 5:54 pmUna banda de atracadores del barrio Santa Fe puede cumplir las cuatro condiciones.
Anónimo
9 mayo, 2011 at 6:37 pmCreo que soy descendiente de algun patriota que murio en el "conflicto armado" contra los españoles en la batalla del Pantano de Vargas. Deben repararme con esta ley. Si hay posconflicto es porque hay preconflicto.
Alejandro Gaviria
9 mayo, 2011 at 10:20 pm"conflicto armado" en la prensa colombiana. Aquí están los datos.
Anónimo
9 mayo, 2011 at 11:06 pmLas razones de Uribe para argumentar que en Colombia no hay conflicto armado, en la columna de Ernesto Yamhure.
Anónimo
10 mayo, 2011 at 2:02 amm,
"CONFLICTO ARMADO"
Uribe está asesorado por aquellos tinterillos mafiosos que hicieron la ley de justicia y paz.
Anónimo
10 mayo, 2011 at 2:40 amhttp://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/ciencia/nueva-vacuna-contra-la-malaria_9314660-4
Daniel Payares Montoya
10 mayo, 2011 at 3:18 amDel libro "Y refundaron la patria…" editado por Claudia López: "De ahí surgió una cuarta generación mafiosa, conformada por aquellos que nunca se desmovilizaron, y producto de las redes que dejó la precaria desmovilización narcoparamilitar se crearon una serie de estructuras mafiosas que mantenían otro tipo de características. Además apoyada por elites que no lograron participar en la distribución del poder en 2002 y que quedaron marginadas se fortalecieron rápidamente, más especializada en el negocio de ílicitos y conformada como mafia. Esta vez, líderes paramilitares se rearmaron, conformando ejercitos privados y acaparando buena parte de la siembra y transporte de droga….El Gobierno Nacional ha encasillado todos estos grupos bajo el nombre de BACRIM, y las define como estructuras directamente ligadas al narcotráfico. Sin embargo, según investigaciones de la Corporación Nuevo Arcoiris, no todas estas estructuras dependen de la cadena del narcotráfico no todas actúan con mecanismos paramilitares."
Alberto
10 mayo, 2011 at 3:22 amAlejandro;
Acepto que el origen de la discusión es, por lo menos, extraña. No obstante me es imposible compartir casi todos los otros argumentos por las siguientes razones;
1. La discusión, aunque de génesis pragmática, no es simplemente semántica. Existen implicaciones claras, por ejemplo, en el ámbito internacional, asociadas al reconocimiento del conflicto.
2. Las personas víctimas de delitos comunes no están excluidas de los mecanismos jurídicos para buscar el resarcimiento de los daños o la restitución de sus derechos; simplemente, las vías para ello son las ya contempladas en el sistema jurídico-penal colombiano. Si se ha pensado en crear una ley para reparar a las víctimas de violaciones de los DDHH e infracciones al DIH es, precisamente, porque estos delitos son de una naturaleza diferente –en su dimensión, en su impacto, en sus implicaciones políticas, en los derechos que vulneran, etcétera-. Pero, también, porque históricamente estas víctimas (por razones que ustedes conocen de sobra) en la mayoría de las ocasiones no encontraron respuesta a sus reclamos en el mecanismo jurídico existente o, peor aún, se enfrentaron a una burocracia jurídica que estaba al servicio de los victimarios.
3. Hablando en serio, creo que cualquier persona puede comprender la diferencia entre ser víctima de una masacre y ser víctima del robo de una billetera.
Nota; aclaro que he leído la ley y he seguido la discusión en el Senado y en el ámbito académico. Y no me gusta, y espero que la Corte Constitucional considere una buena parte de su articulado inexequible. Pero no me gusta, no porque la considere innecesaria o discriminatoria con las víctimas de los apartamenteros, sino porque es una ley con profundos vacíos conceptuales y sin reales perspectivas de reparación, de justicia o de verdad.
Alejandro Gaviria
10 mayo, 2011 at 4:00 amAlberto: los ejemplos del raponazo o del apartamentero no me parecen interesantes. Hay otros ejemplos más complejos que ameritan una discusión de verdad. ¿Cómo clasificar, por ejemplo, muchos de los asesinatos llevados a cabo por los combos y el crimen organizado en Medellín? Probablemente hay diferencias jurídicas entre estas víctimas y las víctimas de las Farc o las paras. Pero, con perdón, esas son leguleyadas. Yo no veo ninguna diferencia entre este niño asesinado hace unos días en Medellín y este otro asesinado hace unos meses por las Farc.
Daniel Pacheco
10 mayo, 2011 at 4:59 amAlejandro,
Estoy de acuerdo que la pérdida de una vida humana no se puede tasar de manera distinta, dándole un valor a la vida de las víctimas, "Como si el sufrimiento de las familias, de tantos y tantos deudos, dependiera por alguna razón misteriosa de quién apretó el gatillo."
Sin embargo, la responsabilidad del Estado por ante ese sufrimiento sí puede ser distinta, dependiendo de las circunstancias– una víctima del crimen organizado o una victima del conflicto conflicto armado, por ejemplo. En ese sentido no veo problemas conceptuales con también tasar, en lo que concierne a la respuesta del Estado, la perdida de la vida de forma dietinta. Y en este punto parece que estamos en desacuerdo, porque no logre ver el problema conceptual.
Ahora, otra cosa es no estar de acuerdo en cómo se definió la línea entre conflicto y crimen. Pero lo que hay ahí, es un reto conceptual; delimitar un concepto haciéndolo utiizable en una política de reparación.
Lo que usted muestra muy bien en su columna es la forma tan olímpica en que se traza y borra esa línea de las víticmas, como si fuera un asunto meramente pragmático. Comparto ahí una crítica a la falta de debate sobre cómo se define el sufrimiento de los ciudadanos que tiene derecho a ser reparado.
En alguna medida esta conversación es una contribución a ese debate. Quien quita, Santos ya dijo que leía a Uprinmy, de pronto tambiénle hacen resumen de su blog.
Saludos,
Daniel
Alejandro Gaviria
10 mayo, 2011 at 3:26 pmDaniel: creo la dificultad en trazar la línea entre víctimas del conflicto y otras víctimas no es sólo pragmática: es también conceptual o lógica. El conflicto colombiano es complejo, es producto de un entramado de interrelaciones entre los grupos armados, los narcotraficantes y otros grupos de crimen organizado. En el bajo Cauca, para seguir con los ejemplos, confluyen todos los grupos, son inseparables. Y me imagino a un pobre burócrata, en El Bagre o en Taraza, tratando de clasificar las víctimas entre “del conflicto” y “de la delincuencia”. Es imposible. Conceptual y prácticamente.
Anónimo
10 mayo, 2011 at 3:35 pm¿Pero entonces que propone usted Alejandro? ¿O todos en la cama o todos en el suelo?
Si el Estado decide reparar a todas las víctimas se quiebra…
Le repito, ¿Qué propone?
Alejandro Gaviria
10 mayo, 2011 at 3:54 pmO reparación menor (con un gran énfasis en la reparación simbólica) para todos las víctimas de delitos atroces o simplemente “todos en el suelo”. Yo preferiría usar estos recursos para resolver el gran problema social de la próxima generación: sólo 10% de los colombianos van a acceder a una pensión. Crear un primer pilar pensional (como un derecho) me parece más importante que la reparación de una fracción (arbitrariamente definida) de las víctimas.
Esta ley, tal como está concebida, no va a aclimatar el posconflicto. Es simplemente un programa de subsidios. Otro más.
Maldoror
10 mayo, 2011 at 5:03 pmAlejandro:
Por lo demás yo concuerdo con su columna. Pero pienso que si debe haber reparaciones, no por parte del Estado (es decir, los contribuyentes) sino de los directos responsables de la violencia: Guerrilleros, narcotráficantes, paramilitares, empresarios que financiaban paramilitares, terratenientes que financiaron paramilitares, políticos y militares. Es de sus bolsillos y de sus propiedades de los cuales debería salir el dinero para reparar a las víctimas, no del colombiano del común. El estado si acaso debería asistir financieramente a llevar los procesos judiciales que sean relevantes.
Por otra parte ¿Cómo es eso de la reparación simbólica (y como podría llevarse a cabo si según ud en todo caso no se pueden distinguir las victimas del conflicto de las de la delincuencia común)?
Andrés Barreneche
10 mayo, 2011 at 8:02 pmChomsky habla acerca de la muerte de bin Laden y Hitchens responde.
Anónimo
11 mayo, 2011 at 3:00 amOtras víctimas http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-268780-victimas-de-piramides-exigen-195-billones-de-pesos
Anónimo
11 mayo, 2011 at 4:10 pmA la luz de las leyes internacionales el Estado debe reparar por reconocimiento de su responsabilidad y no como un “acto de solidaridad”, como se infiere de la ley.
Anónimo
11 mayo, 2011 at 4:18 pmEn el proyecto de ley se estipula la presunción de “utilidad pública e interés social” para limitar la restitución de tierras a las víctimas, presunción que legitima el despojo e infiere una acepatación tácita del acto criminal como hecho concertado entre criminales, sus simpatizantes y un estado ajeno a su responsabilidad como garante de los derechos Humanos.
Anónimo
11 mayo, 2011 at 4:22 pmMaldoror. El estado es el garante de sus derechos, le debe proteger a usted y si el estado se hace el pendejo y no le cumple a usted , entonces el estado es el responsable y debe reparle a usted, porque no cumplió con su deber de protegerlo.
Anónimo
11 mayo, 2011 at 4:26 pmY lo de la reparación simbólica es para que toda la sociedad ENTIENDA que esos crímenes jamás se vuelvan a repetir. Es lo que se llama memoria histórica.
Alberto
11 mayo, 2011 at 4:26 pmAlejandro;
Anoto ejemplos superficiales porque los argumentos de la columna, el título mismo, se me antojan de ese talante. No obstante, reconozco más claridad y elementos para el análisis en tus opiniones expresadas en este foro (hubiese sido deseable que esos elementos hicieran parte de la columna publicada y no quedaran restringidos a este espacio).
Ahora bien, en primer lugar, esta ley no dejó por fuera a un cierto grupo de víctimas, en el sentido en que nunca ese cierto grupo de víctimas hizo parte de la iniciativa de la ley. Quiero decir; las víctimas de la llamada delincuencia común no están quedando por fuera de la ley porque ahora se hable de conflicto armado, sino porque desde el principio esta ley fue pensada para las víctimas de infracciones al DIH y la delincuencia común no infringe el DIH. De hecho, en la exposición de motivos de la ley original, presentada el año anterior, el Ministerio del Interior reconoce la existencia en Colombia de un conflicto armado.
Por otra parte, yo comprendo que desde un punto de vista ético, o moral, o humano, o compasivo, no existen, no deberían existir, diferencias entre esos dos niños.; empero, desde el punto de vista jurídico si existen esas diferencias ¿Por qué? Porque eso que llaman la comunidad internacional decidió, primero, que para el conjunto de la humanidad existen unos delitos que merecen un juzgamiento especial, y, segundo, que los delitos cometidos en determinados contextos –guerras o conflictos- requieren de una retórica jurídica particular.
Para terminar, estoy de acuerdo con la premonición sobre el futuro práctico de esta ley; se convertirá en otro programa de subsidios; estoy de acuerdo en que esta ley no aclimatará el post-conflicto –máxime cuando, ni siquiera semánticamente estamos de acuerdo en si existe o existió tal conflicto-; y estoy de acuerdo en que una ley de esta naturaleza debería subrayar la necesidad de verdad y de justicia, y no enfatizar en medidas de reparación económica.
Anónimo
11 mayo, 2011 at 4:34 pmRespetando las garantías de retorno, un verdadero proceso de restitución y el deber del Estado de investigar, perseguir y sancionar a los violadores de Derechos Humanos, en el proyecto de ley no se debe consagrar el principio de oportunidad para otorgar beneficios penales a los usurpadores.
Anónimo
11 mayo, 2011 at 4:40 pmPrimera vez que estoy de acuerdo con Maldoror.
Lucy
11 mayo, 2011 at 4:56 pmSin duda el dolor y las consecuencias de la violencia en cualquiera de sus formas, perpetrada por manos y cerebros de unos y otros grupos, en el campo o en las ciudades, dejan las mismas huellas de dolor, odio, rabia, resentimiento y pobreza. Así, en este ámbito, su afirmación sobre lo difícil de clasificar a las victimas tiene sentido. Sin embargo,
si a un grupo se le resarce en algo o mejor que a otro, es mejor esto que nada. El Estado colombiano hasta ahora poco tiene que mostrar en términos de la efectividad de su rama judicial. Tres millones de desplazados en los últimos años, produce impactos de difícil remoción en una población totalmente vulnerable. En este contexto, considero que el punto es el alcance de esta nueva ley y la operatividad de la misma.
LOTI
Alejandro Gaviria
11 mayo, 2011 at 5:57 pmMaldoror: de acuerdo. La Ley dice muy poco (o nada) sobre las obligaciones de los victimarios en la reparación.
Sobre la reparación simbólica, diría lo siguiente. En la últimas tres décadas Colombia se convirtió en el país más violento del mundo. En 1992, si mal no recuerdo, la tasa de homicidios alcanzó en Medellín la cifra astronómica de 400 por cien mil habitantes. Hay mucho dolor humano desparramado por este país. Muchas vidas truncadas. Muchas historias que contar. El Estado debería ser generoso en aceptar sus culpas. Y debería salvaguardar la memoria, visibilizar tantas tragedias. ¿Cómo hacerlo? No sé muy bien. Pero otras partes del mundo han mostrado que la reparación simbólica puede hacerse con grandeza y buen gusto.
Alejandro Gaviria
11 mayo, 2011 at 5:59 pmAlberto: sinceramente algunos de los ejemplos de la columna no me parecen triviales. El de la Comuna 13 revela claramente, en mi opinión, las dificultades de la clasificación de las víctimas que propone la Ley. Doy otro ejemplo. Las víctimas del avión de Avianca explotado en pleno vuelo por el Cartel de Medellín no recibirían reparación. Las de la bomba de El Nogal sí. Yo encuentro, diga lo que diga la comunidad internacional, arbitraria (casi absurda) esta diferenciación.
Lucy: no me convence su argumento. Lo he oído muchas veces para justificar el clientelismo. “Al menos algunos reciben alguna cosa del Estado”, responden muchos políticos cuando alguien pone en duda su favorecimiento a un determinado grupo o comunuidad.
Anónimo
11 mayo, 2011 at 10:31 pmAlejandro, porque el gobierno repara o le da mejores tratos a los victimarios que a las propias víctimas? Y para reparar las víctimas se debería –como lo sugiere también Maldoror- destinar los dineros decomisados del Narcotráfico y expropiaciones, entre otros. Creo que aumentaría considerablemente esa torta.
Probablemente sea un tema de publicidad política, aumenta –en mayor proporción- la imagen del gobierno cuando hay un proceso de desmovilización, respecto cuando hay un proceso de reparación de victimas.
Saludos, JPR
Apelaez: Gracias por el link, encontré algunas cifras que necesitaba. Interesante herramienta georeferenciada.
Alejandro, puede colgar su presentación del lanzamiento del libro “Políticas antidroga en Colombia”. Gracias
Tarantini
12 mayo, 2011 at 12:15 amHoy leí la columna del profesor Óscar Guardiola-Rivera, en El Espectador, y creo que apunta a muchas conclusiones que aquí se han dicho, en especial a algunas de Alejandro.
Guardiola-Rivera dice que en Inglaterra el electorado está buscando un liderazgo político con justicia social y viabilidad económica.
Me pareció interesante este punto de vista.
Daniel Payares Montoya
12 mayo, 2011 at 1:29 amIntervención de Robledo sobre el tema de las EPS.
¿Qué les parece?
Anónimo
12 mayo, 2011 at 1:08 pmAlejandro,
Como integrante del partido verde, ¿Qué opina del rollo Uribe-Peñalosa-Mockus?
Tanto que Mockus predica el "No todo vale", y a espaldas de Peñalosa clavándole el cuchillo ofreciéndole la candidatura a Parody. Definitivamente, otro Politiquero más.
Anónimo
12 mayo, 2011 at 2:53 pmEl proyecto de ley no contempla un reconocimiento explícito de que el fundamento de las medidas de reparación es la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de su deber internacional de garantía y protección de los derechos humanos.
Anónimo
12 mayo, 2011 at 2:56 pmLa iniciativa y posterior trámite del proyecto de ley no contó con la suficiente participación de las víctimas. Esto contraviene un requerimiento establecido por la Comisión IDH, según el cual, un programa de reparación “deberá necesariamente reflejar el resultado de un proceso abierto y transparente de diálogo y consulta previa con la sociedad civil y las instituciones del Estado involucradas, que legitime y garantice la continuidad, irreversibilidad e institucionalidad de dicha política.”
Alberto
12 mayo, 2011 at 3:54 pmAlejandro;
Yo no dije que tus ejemplos fuesen superficiales; por el contrario, lo que escribí es que mis ejemplos lo eran, pero lo eran deliberadamente en respuesta al tono que sentí al leer la columna.
La diferenciación hecha por la legislación internacional puede ser absurda y no sólo la diferenciación, también la ausencia de parcialidad, etcétera.
Pero Colombia, desafortunada o afortunadamente, no está entre los países que puedan obviar estos marcos jurídicos. Incluso, el desconocimiento de esos marcos no sólo tendrían efectos políticos sino también económicos. Una propuesta, pragmática, podría ser, entonces, intentar establecer cuánto le costaría al Estado Colombiano no reparar a las víctimas del "conflicto".
Loti
12 mayo, 2011 at 7:22 pmSin duda el dolor y las consecuencias de la violencia en cualquiera de sus formas, perpetrada por manos y cerebros de unos y otros grupos, en el campo o en las ciudades, dejan las mismas huellas de dolor, odio, rabia, resentimiento y pobreza. Así, en este ámbito, su afirmación sobre lo difícil de clasificar a las victimas tiene sentido. Sin embargo,
si a un grupo se le resarce en algo o mejor que a otro, es mejor esto que nada. El Estado colombiano hasta ahora poco tiene que mostrar en términos de la efectividad de su rama judicial. Tres millones de desplazados en los últimos años, produce impactos de difícil remoción en una población totalmente vulnerable. En este contexto, considero que el punto es el alcance de esta nueva ley y la operatividad de la misma.
La columna de Jorge Orlando Melo de hoy 12 de mayo da claridad de hechos.
Anónimo
12 mayo, 2011 at 7:36 pmEl proyecto de ley contempla figuras como el llamado “contrato de transacción” que obstaculizan el acceso a la justicia y violan el derecho a una justa indemnización.
Por otro lado se ha desdibujado el carácter transicional de la restitución de tierras.
Alejandro Gaviria
13 mayo, 2011 at 5:54 pmBlogger borró más de 20 comentarios. Desaparecieron de un momento a otro después de un supuesto problema técnico. Lamento lo ocurrido. El debate quedó truncado infortunadamente.
Anónimo
13 mayo, 2011 at 8:00 pmEs preocupante que a las víctimas de desplazamiento, se les discrimine otorgándole indemnización administrativa por núcleo familiar, y que montos que obedecen a ayuda humanitaria, los den bajo el concepto de indemnización.
Anónimo
13 mayo, 2011 at 8:05 pmEl proyecto de ley contempla figuras como el llamado “contrato de transacción” que obstaculizan el acceso a la justicia y violan el derecho a una justa indemnización.
Alejandro Gaviria
13 mayo, 2011 at 9:07 pm¿Víctimas del conflicto o de la delincuencia común?
Mi PLACEBO
15 mayo, 2011 at 2:53 amTotalmente de acuerdo.
El mico de Patarroyo
17 mayo, 2011 at 4:55 pmPatarroyo descubrió la vacuna contra el cancer producido por picadura de zancudo.