El Estado colombiano no sabe contar. No ha sido capaz de seguirle el paso a la cambiante demografía de este país. El censo de población de 2005 dejó a millones de ciudadanos por fuera de las cifras oficiales. El censo electoral está lleno de muertos (que votan por supuesto). El Sisben está lleno de colados (que cobran por supuesto). Según las cifras de Planeación Nacional, en varios municipios de Colombia, hay más sisbenizados que habitantes, más subsidios que personas.
En el sistema de la salud, las cuentas son aún más problemáticas. El Estado no ha sido capaz de actualizar las bases de datos. Hay duplicaciones, omisiones y (como siempre) muertos en vida, ya no votando sino recobrando. Esta semana el gobierno reportó, alarmado, como si el problema no fuera suyo, que los recobros al sistema de salud incluían más de diez mil muertos. Las cuentas del sector educativo tampoco cuadran. Las de los desplazados, menos. En el sector justicia, la contabilidad no existe. Hace un tiempo, la Corte Constitucional reconoció, cándidamente, que no sabe cuántas tutelas se presentan cada año en Colombia.
Pero estos problemas no han disuadido a los burócratas. Esta semana, el gobierno propuso una proeza burocrática imposible, casi ridícula. Con el fin de disminuir el robo de teléfonos celulares, expidió un decreto que ordena a las compañías operadoras a crear (primero) y a actualizar (después) dos bases de datos: la primera, la base negativa, debe contener los identificadores internacionales (IMEI) de los teléfonos robados o perdidos; la segunda, la base positiva, los identificadores de los teléfonos habilitados legalmente y los número de identidad de sus respectivos usuarios. Si un aparato es robado, su registro pasaría de la base positiva a la negativa y sería consecuentemente desactivado. Sencillo en teoría, muy difícil en la práctica. Ya lo veremos.
La actualización de las bases de datos va a requerir una burocracia kafkiana. Todos los vendedores de celulares necesitarán ahora un permiso especial de funcionamiento. Si un usuario trae un teléfono del exterior, tendrá que mostrar, para activarlo, una factura de compra o una carta firmada por el antiguo propietario. El cambio de usuario necesitará también autorización escrita. Comprar un celular será casi tan engorroso como comprar un carro. Pero los nuevos trámites poco afectarán, en mi opinión, el comercio ilegal. Muchos teléfonos robados serán sacados del país. Otros venidos por partes. Otros más comercializados internamente después de cambiarles fraudulentamente el IMEI por el de aparatos viejos, ya sin valor comercial pero incluidos en la base positiva. Habrá celulares colados, como en el Sisben. O no contabilizados, como en Censo. Además el decreto en cuestión aumentará el poder de mercado de los operadores y podría por lo tanto incrementar los precios de los aparatos nuevos, incentivando así el comercio ilegal. Las consecuencias inesperadas de la tramitomanía no lo son tanto.
Tristemente muchos gobiernos parecen más interesaros en aparentar que están resolviendo los problemas que en resolverlos. Ojalá alguien se diera a la tarea de contar los decretos inútiles. Probablemente nos daríamos cuenta de que muchos actos administrativos son simples placebos. O peor, remedios improvisados.
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