En el país de la tutela nunca hay nada seguro. Todo depende de la voluntad caprichosa de los jueces. Hace unos días un juez de la república (en su inmensa sabiduría) anuló el proceso de selección de los aspirantes a una beca estatal para programas de doctorado. En opinión del juez, Colciencias, la entidad encargada de seleccionar a los becarios, violó el derecho a la igualdad de una de los aspirantes cuya aplicación fue rechazada (aparentemente por un error de su parte). Más de doscientos becarios vieron truncados sus planes de manera abrupta. Quedaron literalmente desprotegidos. Algunos de ellos ya anunciaron que interpondrán una tutela en contra de Colciencias que quedará, según parece, doblemente entutelada. Así son las cosas en este país.
Las tutelas no sólo son una fuente de incertidumbre. Son también un negocio. Un negociazo. “Hemos desarrollado una aplicación en línea que nos permite brindarle toda la asesoría y seguimiento de su caso desde la comodidad de su hogar” dice la página de internet de SuTutela.com. “Pensionados: ¿cómo lograr que le incrementen el valor de su mesada pensional?” anuncia la misma página de manera directa, casi desenfadada. Y la verdad sea dicha, los consejos de los profesionales de la tutela son valiosos. Por cuenta de miles de decisiones judiciales (de tutelazos) el pasivo pensional ha crecido de manera sustancial en este país durante los últimos años. Algunos fallos son claramente arbitrarios; otros, posiblemente corruptos. Sea lo que fuere los abogados siempre cobran comisión.
Por cuenta de las tutelas, el negocio de la salud se ha hecho más lucrativo. Los vendedores de equipos médicos, aparatos y artilugios han encontrado en Colombia un mercado en expansión, casi sin límites. “Aquí vendo diez máquinas al año, en Francia sólo dos” me dijo inadvertidamente uno de los mercaderes en cuestión en medio de una conversación de aeropuerto. “La tutela is good for business” anotó más adelante sin ningún asomo de ironía. Paradójicamente el Estado social de derecho (en su versión colombiana) creó las condiciones para el desarrollo del peor tipo de capitalismo oportunista. La venalidad de los jueces y la ambición de los capitalistas puede ser una combinación peligrosa.
El abuso de la tutela ha llevado también a una excesiva judicialización de la vida privada. En el ámbito de la educación, por ejemplo, ha distorsionado la toma de decisiones. En las universidades ya no se discute con franqueza el mérito de las distintas alternativas (en un caso disciplinario, por ejemplo). Simplemente se trata de minimizar el riesgo de una tutela. Cualquier cuestión, por pequeña que sea, requiere asesoría legal. El espectro de los jueces es omnipresente. En últimas el abuso de la tutela ha abolido el sentido común. Ha recreado uno de los peores vicios del sector público: la excesiva aversión al riesgo (incluso la inacción) que produce el temor a una justicia arbitraria, entrometida.
Muchos fallos de tutela invocan el derecho a la igualdad. Pero con frecuencia logran el efecto contrario: un aspirante insatisfecho, ya lo vimos, truncó las oportunidades de más de doscientos becarios de Colciencias. En el país de la tutela, como diría Orwell, todos los ciudadanos son iguales pero los favorecidos por los jueces son más iguales, mucho más iguales que todos los otros.