La teoría, la justificación doctrinaria de las zonas francas, las exenciones y los subsidios está basada en una serie de identidades falsas, de tautologías erróneas.La teoría asocia equivocadamente la defensa del mercado con la protección de las empresas, la suerte del capitalismo con la fortuna de los capitalistas, el crecimiento de la productividad con el mantenimiento de la rentabilidad, el bienestar general con el enriquecimiento particular; en últimas, la teoría supone que la generación de empleo y la mejoría social dependen de los favores, de los regalitos estatales.Pero el Gobierno sigue insistiendo en un modelo incierto. El programo Agro Ingreso Seguro es sólo un elemento de un conjunto más grande de ayudas. Los subsidios a la tasa de cambio, entregados consuetudinariamente a bananeros, confeccionistas y floricultores, son aún más aberrantes, más regresivos que los subsidios agropecuarios. Las zonas francas también son una forma indirecta de subsidiar a los más ricos con la intención, supuesta, no probada, de obtener algunos resultados sociales. En menor escala el Fondo Emprender del Sena, el llamado Fomipyme y el Fondo de Promoción Turística hacen lo mismo, transfieren recursos públicos al sector privado. Un periodista acucioso seguramente sería capaz de encontrar muchas caras familiares en estos programas.
El problema de estos programas no es la falta de claridad y transparencia como afirmó un editorial del diario El Tiempo esta semana: los beneficiarios de Agro Ingreso Seguro están listados en internet, los protocolos de adjudicación son conocidos y la asignación es responsabilidad de una agencia internacional. Tampoco es la corrupción como escribió Daniel Coronell la semana pasada: la mayoría de los beneficiarios obtuvieron los subsidios legalmente. Los colados son una minoría. Visible y antipática pero minoría al fin y al cabo. En últimas, el problema es la proliferación de esquemas de subsidios empresariales en la forma de exenciones, créditos subsidiados o transferencias en efectivo. Los mayores controles, la intervención de la Contraloría, las investigaciones de la Fiscalía, todas estas cosas son irrelevantes, no corrigen la esencia del problema: la existencia de un modelo económico ineficaz e injusto.
El economista Lauchlin Currie solía señalar que la opinión pública era usualmente inflamada por los escándalos pero no por las inversiones malogradas o por el desperdicio de recursos públicos. Lo mismo sucede en este caso. El problema no es la corrupción o el favoritismo, sino la implantación de un modelo fiscalmente irresponsable, económicamente ineficaz y socialmente injusto.