El presidente Uribe llegó al poder con una serie de objetivos concretos, entre los que figuraban la necesidad de recuperar la seguridad, restablecer la confianza y reformar varias agencias y empresas estatales. En poco tiempo, el control del territorio nacional fue restablecido, el clima de inversión mejoró ostensiblemente y muchas empresas públicas fueron reformadas o vendidas. El Gobierno consiguió la aprobación de varias reformas económicas y sociales, algunas de ellas inaplazables. Pero, con el tiempo, la agenda se fue agotando. El impulso inicial perdió dinamismo como consecuencia, en parte, de las crecientes fricciones políticas. En los primeros años, se acumulaba poder para gobernar; en los últimos, se ha gobernado para acumular poder.
Actualmente la agenda reformista es casi inexistente. En materia económica, por ejemplo, no hay iniciativas nuevas. Las propuestas brillan por su ausencia. La respuesta del Gobierno a la desaceleración y al aumento del desempleo ha sido insistir en lo mismo, en la necesidad de promover la inversión como el fin último de la política económica. Los problemas han cambiado. El clima de inversión ha mejorado significativamente. Pero el Gobierno sigue reiterando el mismo diagnóstico, recetando los mismos remedios y repitiendo hasta el cansancio el mismo discurso de los tres pilares: la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social.
Incluso las reformas de la política y la justicia, las iniciativas promovidas actualmente con mayor ahínco, lucen irrelevantes. Algunos de los cambios propuestos tienen sentido individualmente. Pero, en conjunto, ambas reformas parecen remiendos institucionales sin un objetivo claro. El sector salud necesita un cambio de fondo pero el Gobierno parece desentendido del asunto. La única propuesta de reforma vino, paradójicamente, de la Corte Constitucional. Esta semana el Gobierno anunció una propuesta para hacer frente al problema del empleo. Pero la propuesta no proponía nada nuevo más allá de los mismos subsidios. En suma, la capacidad propositiva está agotada.
El anuncio del presidente Uribe es una buena noticia para la democracia colombiana. No sólo por las razones obvias, por la necesidad de la alternación, del cambio de mando, sino también por la urgencia de la renovación programática, de propuestas diferentes, de reformas atrevidas, de nuevas ideas que superen el letargo reformista en el que ha caído el Gobierno. Después de seis años, el Presidente y algunos de sus ministros parecen quemando tiempo. O por lo menos, dedicados a lo mismo, a gobernar con piloto automático.