Esta columna quiere llamar la atención sobre las dificultades de la política social. Y, en particular, sobre los problemas de una de las principales iniciativas sociales del Gobierno: la expansión del programa Familias en Acción. Este programa otorga transferencias en efectivo a hogares en condiciones de pobreza. Un hogar beneficiario con tres niños menores de 18 años recibe aproximadamente 100 mil pesos mensuales. La transferencia está sujeta a que los niños en edad escolar vayan a la escuela y a que los niños menores asistan a controles médicos preventivos. El programa busca reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza, mediante los incentivos a la acumulación de capital humano y el incremento de los ingresos familiares.
Las primeras evaluaciones del programa mostraron efectos positivos sobre la asistencia escolar, el consumo de proteínas y la lactancia materna, entre otros. Estos resultados respaldarían la decisión del Gobierno de triplicar su cobertura. El Plan de Desarrollo definió una meta de 1,5 millones de hogares beneficiarios, que representan más o menos 20% de los hogares colombianos. “Un programa de millón y medio de Familias en Acción en todo el país —dijo esta semana el presidente Uribe—, es un programa que… le resuelve problemas sociales a la familia y a la sociedad, y le da capacidad de demanda a la economía, le da dinamismo a la economía. O sea que esto ayuda mucho desde todos los puntos de vista”. Incluido el político, por supuesto.
Los beneficios sociales de la expansión del programa son inciertos. Inicialmente el programa estuvo circunscrito a zonas rurales apartadas. Ahora se aplicará también en las grandes ciudades. La experiencia internacional sugiere que los efectos sobre la asistencia escolar, ya mencionados, son mucho menores (y pueden llegar a ser despreciables) en las zonas urbanas. Además, en las ciudades, el programa puede tener efectos adversos sobre la participación y la formalización laboral, especialmente si se acompaña de otros programas asistenciales: régimen subsidiado, subsidios de vivienda, auxilios alimenticios, etc. En presencia del programa, el rebusque puede convertirse en una alternativa racional. En una trampa eficiente. En una manera, ya no de romper el círculo de la pobreza, sino de cerrarlo definitivamente.
Pero si los beneficios sociales del programa son inciertos, los réditos políticos pueden ser inmensos. En México, donde un programa de este tipo fue diseñado e implantado por primera vez, existen disposiciones legales que prohíben explícitamente su uso en actividades proselitistas. Los administradores han intentado separar el programa de la imagen pública del Presidente. Incluso, las normas presupuestales no permiten la adición de nuevos beneficiarios en los seis meses previos a las elecciones nacionales y locales.
Pero, en Colombia las cosas son distintas. “Abiertas inscripciones a 100 mil Familias en Acción en Bogotá”, anuncia de manera destacada la página de internet de Presidencia. La disposición a asociar el programa con la imagen del Presidente es obvia. Y su utilización política, evidente. En el caso particular de Bogotá, el cronograma de expansión fue adelantado. Y la selección de beneficiarios no ha respetado las recomendaciones técnicas, que llamaban la atención, entre otras cosas, sobre la importancia de evitar la duplicación con algunos programas distritales. La premura política ha desplazado la prudencia técnica. Y los votos (la política en acción) han impuesto nuevamente las prioridades.
Las primeras evaluaciones del programa mostraron efectos positivos sobre la asistencia escolar, el consumo de proteínas y la lactancia materna, entre otros. Estos resultados respaldarían la decisión del Gobierno de triplicar su cobertura. El Plan de Desarrollo definió una meta de 1,5 millones de hogares beneficiarios, que representan más o menos 20% de los hogares colombianos. “Un programa de millón y medio de Familias en Acción en todo el país —dijo esta semana el presidente Uribe—, es un programa que… le resuelve problemas sociales a la familia y a la sociedad, y le da capacidad de demanda a la economía, le da dinamismo a la economía. O sea que esto ayuda mucho desde todos los puntos de vista”. Incluido el político, por supuesto.
Los beneficios sociales de la expansión del programa son inciertos. Inicialmente el programa estuvo circunscrito a zonas rurales apartadas. Ahora se aplicará también en las grandes ciudades. La experiencia internacional sugiere que los efectos sobre la asistencia escolar, ya mencionados, son mucho menores (y pueden llegar a ser despreciables) en las zonas urbanas. Además, en las ciudades, el programa puede tener efectos adversos sobre la participación y la formalización laboral, especialmente si se acompaña de otros programas asistenciales: régimen subsidiado, subsidios de vivienda, auxilios alimenticios, etc. En presencia del programa, el rebusque puede convertirse en una alternativa racional. En una trampa eficiente. En una manera, ya no de romper el círculo de la pobreza, sino de cerrarlo definitivamente.
Pero si los beneficios sociales del programa son inciertos, los réditos políticos pueden ser inmensos. En México, donde un programa de este tipo fue diseñado e implantado por primera vez, existen disposiciones legales que prohíben explícitamente su uso en actividades proselitistas. Los administradores han intentado separar el programa de la imagen pública del Presidente. Incluso, las normas presupuestales no permiten la adición de nuevos beneficiarios en los seis meses previos a las elecciones nacionales y locales.
Pero, en Colombia las cosas son distintas. “Abiertas inscripciones a 100 mil Familias en Acción en Bogotá”, anuncia de manera destacada la página de internet de Presidencia. La disposición a asociar el programa con la imagen del Presidente es obvia. Y su utilización política, evidente. En el caso particular de Bogotá, el cronograma de expansión fue adelantado. Y la selección de beneficiarios no ha respetado las recomendaciones técnicas, que llamaban la atención, entre otras cosas, sobre la importancia de evitar la duplicación con algunos programas distritales. La premura política ha desplazado la prudencia técnica. Y los votos (la política en acción) han impuesto nuevamente las prioridades.