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Ya varios analistas han señalado que detrás de los escándalos existe una razón de fondo: la politiquería. En particular, los directores o gerentes de Finagro, del Incóder y de la Supervigilancia fueron nombrados, a pesar de las negativas tan rotundas como increíbles del Presidente, por razones políticas, seguramente con la idea de sumar apoyos para la campaña reeleccionista. La reelección puede desdibujar al estadista hasta convertirlo en un simple maximizador de votos. O componedor de alianzas. O repartidor de puestos. O despilfarrador del presupuesto. O (como en este caso) todas las anteriores.

Pero la reelección no sólo deteriora la calidad del Gobierno; también disminuye la calidad de la oposición. Un hecho evidente para cualquier persona que haya escuchado una declaración reciente de Horacio Serpa. Ya no estamos hablando simplemente del vibrato, sino de la exageración tendenciosa e irresponsable. De acusaciones que no se compadecen con los hechos.

En presencia de la reelección, la crítica a ultranza se convierte en norma general, incluso cuando las actuaciones del gobierno favorecen el interés público. Y al cambiar la oposición, cambia también el gobierno, tornándose cada vez más sensible a la crítica y más intransigente. Al respecto, cabría mencionar una curiosidad histórica. El ex presidente Jimmy Carter solía quejarse, recién concluido su gobierno, de que la oposición política impidió una solución exitosa de la crisis de los rehenes en Irán. Los asesores le había aconsejado a su rival de entonces, Ronald Reagan, que debía jugársela toda por el fracaso del gobierno en el tema en cuestión. Como sucedió eventualmente.

No sé que opinan quienes promovieron la reelección con tanto entusiasmo y tanta candidez (Que el pueblo decida). Seguramente no están arrepentidos. Pero si las cosas siguen como van, pronto lo estarán.

Las ideas y los argumentos en contra de la emigración tienen sus voceros más representativos en dos profesores de la Universidad de Harvard. El primero es el prestigioso politólogo Samuel P. Huntington, reconocido no sólo por la clarividencia de la “La guerra de civilizaciones”, sino también por la xenofobia de “¿Quienes somos?”. Huntington argumenta que los emigrantes latinoamericanos, en lugar de integrarse a la sociedad estadounidense, como lo hicieron sus antecesores europeos, se han empeñado en mantener (y reproducir) su cultura y sus valores, con efectos adversos sobre la confianza colectiva, el sentimiento de comunidad y la identidad nacional norteamericana. Dice Huntington: “Históricamente los Estados Unidos ha sido una nación de inmigrantes y asimilación, y asimilación ha querido decir americanización. Pero la asimilación ya no significa necesariamente americanización y resulta particularmente problemática en el caso de los mexicanos y otros hispanos”.

El segundo profesor es el economista George Borjas, quien ha estudiado los efectos sociales y económicos de la emigración durante más dos décadas. Primero desde la Universidad de California y luego desde la escuela de gobierno de Harvard. Las pesquisas empíricas de Borjas pueden resumirse en tres conclusiones: (i) el efecto económico de la emigración es marginal (inferior al 1% del PIB); (ii) el efecto sobre los ingresos de los trabajadores nativos con menor calificación es negativo (cercano al 10%), (iii) el efecto sobre las finanzas públicas es adverso. Según Borjas, la migración implica una redistribución de recursos públicos y privados desde los pobres estadounidenses (negros, en su mayoría) hacia los pobres extranjeros (mexicanos, en su mayoría).

Mientras las ideas de Huntington han alimentado la retórica de sectores ultra-conservadores (el comentarista económico Lou Dobbs, por ejemplo), las ideas de Borjas han nutrido los argumentos de sindicalistas, activistas demócratas y comentaristas liberales (el columnista Paul Krugman, por ejemplo). Pero los argumentos de Hungtington y Borjas han encontrado algunos contradictores aguerridos en la derecha. Primero están los globalizadores (los defensores a ultranza del libre comercio), representados, entre otros, por el economista de la Universidad de Columbia Jagdish Bhagwati o por los editorialistas de la revista inglesa The Economist. Los globalizadores han argumentado con especial vehemencia que la emigración tiene un efecto positivo (tanto sobre el crecimiento económico como sobre las finanzas públicas), y que el pesimismo de Borjas es el resultado de análisis defectuosos que dejan de lado los aspectos dinámicos e intergeneracionales del problema.

Así mismo, algunos conservadores sociales han argumentado, en contraposición a los argumentos de Huntington, que los emigrantes latinoamericanos entronizan los valores tradicionales de la sociedad estadounidense. Los latinos tienen menores tasas de divorcio, familias más integradas, un mayor apego religioso y una comprobada ética de trabajo. En fin, los latinos representan, para decirlo en forma metafórica, la versión moderna de los peregrinos del Mayflower.

En suma, la causa latina tiene en el liberalismo económico y en la derecha tradicional dos de sus principales aliados: una paradoja ideológica que todavía no parecen entender muchos de los supuestos progresistas que acaparan el debate.

Aproximadamente 200 lectores expresaron sus opiniones en el foro virtual de Semana. La mayoría lo hizo en un tono iracundo. Muchos acusaron a la revista de haber incurrido en una celebración de la exclusión social. Otros, de haber pasado por alto las exiguas posibilidades de ascenso social. “Han llegado allí por enchufe, son los hijos de políticos y de empresarios y nada mas”, escribió un primer lector indignado. Muchos otros lectores estuvieron de acuerdo: “los mismos con las mismas con una que otra variante”; “no aparece nadie que vislumbre un mundo más allá de la continuación de sus herencias, creencias, hábitos y placeres”; “al artículo le falta decir que además de tener títulos, tienen lo principal que son los apellidos: que casualidad que casi todos son hijos, nietos, sobrinos, parientes de personas muy influyentes del país”; “son sólo hijos, nietos o bisnietos de la clase dirigente que siempre ha dominado al país”; “seria bueno que en este país se le diera importancia a gente que también es inteligente, brillante, ingeniosa, imaginativa, recursiva y buena en su profesión pero que no tienen apellidos de alcurnia”. Y así podría continuar un largo catalogo de opiniones, hasta completar un verdadero memorial de quejas en contra de la ausencia de movilidad social.

Las opiniones de los lectores no pueden descartarse con el argumento manido de que constituyen una superposición de resentimientos. Al menos históricamente, las posibilidades de movilidad social han estado cerradas para muchos colombianos. Aunque la movilidad se ha acelerado levemente, como consecuencia de la expansión de la educación pública, el estatus social sigue siendo un atributo heredable. Como la estatura. O la calvicie.

Cabría anotar, a manera de paréntesis, que sí es falso que nuestros índices de pobreza estén al nivel de 1938: el Banco Mundial estaba haciendo referencia, no a la pobreza (una medida absoluta), sino a la desigualdad (una medida relativa). Pero el punto es otro. Sobre la persistencia de la desigualdad, incumbe mirar la realidad en un contexto más amplio. La persistencia de la desigualdad es una tragedia, quien podría negarlo. Pero no es una tragedia nacional, es una tragedia mundial. En los Estados Unidos, por ejemplo, el porcentaje del ingreso percibido por el 0.1% más rico de la población aumentó de 5.2% a 7.5% entre 1938 y 2002. En Canadá, donde el capitalismo salvaje ha sido domesticado con inapelable éxito, los más ricos de los ricos (el 0.1%) percibían el 5.7% del ingreso total en 1938 y perciben el 5.6% en la actualidad. Estadísticas similares podrían citarse para la inmensa mayoría de los países del mundo, desarrollados y en desarrollo.

Sería equivocado utilizar estas cifras para argumentar que la equidad es un objetivo imposible. He dedicado gran parte de mi vida profesional a buscarle resquicios a la aparente sin salida de la inercia distributiva. Pero sería asimismo incorrecto perder de vista que la persistencia de la desigualdad es un fenómeno ubicuo, extendido a lo largo de la historia y a lo ancho de la geografía. Por tal razón, la construcción de equidad requiere, más que pronunciamientos grandilocuentes, más que excesos de voluntarismo, más que espectacularidad política, más que indignación retórica, requiere, repito, más que de todo lo anterior, de paciencia. De persistencia en las políticas para contrarrestar la persistencia de la realidad.

La desigualdad podría reducirse sustancialmente en cuestión de años mediante la implantación de una pesadilla orwelliana. Bastaría con concentrar la propiedad, imponer la obediencia y anular al individuo. Una alternativa tan terrible en los medios que los fines resultan secundarios. En su defecto, sólo queda insistir en un expediente conocido: redistribuir la tierra, el crédito y la buena educación. Tres acciones tan imperativas como complicadas. De allí la importancia de los intangibles de cualquier política distributiva: insistencia, persistencia y paciencia.

Estaría dispuesto a aceptar, como lo argumentó hace poco Antonio Caballero, que el reformismo (la redistribución, en este caso) es imposible sin la exageración retórica. Pero, en últimas, cuando los discursos ya se han dicho, cuando los aplausos le dan paso al silencio, cuando los buenos propósitos deben enfrentarse a la dura realidad, el romanticismo tiene que tornarse en realismo. Nadie lo dijo mejor que Fernando Henrique Cardoso, un sociólogo marxista que enfrentó las dificultades de convertir en realidad la exuberancia discursiva. “Lo que es importante es desarrollar una actitud política, no una actitud moralista. Lo que es importante es incorporar los actos de fe en la realidad de la situación actual”.

En últimas, la importancia regional de ciertos nombres pudo más que el protagonismo nacional de otros. En la U, por ejemplo, Dilian Francisca Toro le ganó a personajes de mayor reconocimiento nacional como Marta Lucía Ramírez o Gina Parody. En el partido liberal, Juan Manuel López (que tiene su caudal electoral concentrado en un solo departamento) superó con creces a figuras más conspicuas nacionalmente como Cecilia López o Piedad Córdoba o el mismo Juan Manuel Galán. En el partido conservador, dos de los mayores electores fueron Roberto Gerlein y Germán Villegas: el primero aglutina 80% de sus votos en el Atlántico, el segundo 95% de los suyos en el Valle del Cauca. Sólo en el Polo Alternativo, los políticos de significación nacional (Gustavo Petro y Jorge Enrique Robledo) superaron ampliamente a los de importancia regional (Parmenio Cuellar e Iván Moreno Rojas).

La irrelevancia del reconocimiento nacional (en comparación con la preeminencia regional) se hizo evidente, más que en ningún otro resultado, en el fracaso de Enrique Peñalosa y Antanas Mockus. Ambos políticos cuentan con una amplía recordación nacional. La gente de todas las regiones los conoce, los admira, los respeta pero no vota por ellos. La lista de Mockus obtuvo menos del 1% de la votación en todos y cada uno de los departamentos del país con la excepción de Bogotá donde consiguió el 3%. La lista de Peñalosa tuvo una suerte similar: sólo en Bogotá logró superar el 6%. En el resto del país apenas sumó 60.000 votos. Una cifra irrisoria para quien ha sido el administrador público más prestigioso de la última década.

En contraste, la lista de Convergencia Cuidadana, un partido político basado en enclaves regionales, superó con creces los 500.000 votos y alcanzó siete escaños en el Senado. Luis Alberto Gil, Oscar Josué Reyes, Carlos Barriga o Juan Carlos Martínez tienen un escaso reconocimiento nacional. Ninguno de ellos ha hecho propuestas innovadoras sobre reforma urbana o pedagogía ciudadana. En esencia, su papel ha sido servir de intermediarios entre los recursos públicos y sus votantes en las regiones. Son gestionadores de fondos. O focalizadores de subsidios que operan en los resquicios legales de nuestra compleja legislación social. De ellos, no cabe esperar grandes propuestas. Su política no está hecha de macro-ideas en lo nacional, sino de micro-transacciones en lo local.

Pero toda la política, para insistir en un lugar común, es local. Por ello, cabría reiterar que, más allá de los nombres propios, hubo dos grandes derrotados en estas elecciones. Primero, la circunscripción nacional de Senado, que mostró, de nuevo, ser un instrumento ineficaz para darle realce a las ideas y candidatos de alcance nacional. Y segundo, la cuidad de Bogotá, que fracasó como trampolín político nacional. A pesar de la creciente preponderancia económica de la Capital, este sigue siendo un país de regiones, al menos en materia electoral. En esta elección, como ha ocurrido otras tantas veces en el pasado, la periferia se convirtió, así fuese por un solo día, en el verdadero centro el país.

Quizá me sentí aludido, tal vez tenga un conflicto de intereses, pero quisiera señalar de todos modos que, más allá de las diferencias ideológicas, a Aguirre y a José Roberto los une un elemento poderoso: la absoluta ignorancia sobre el tema en cuestión. Aguirre, además, tiene un exacerbado complejo de independencia (él y nadie más sabe guardar distancia del poder), tanto así que no se da cuenta de que muchos a quienes acusa de vendidos son acusados de traidores por el mismo gobierno que él combate con la fruición propia de los ignorantes.

«Del mismo modo que las emanaciones tóxicas de la industria y del tráfico están contaminando nuestras ciudades, la emisión masiva de interpretaciones intoxica nuestra sensibilidad… Interpretar significa expoliar nuestro entorno y empobrecerlo todavía más de lo que ya está.»

A manera de respuesta, he querido reproducir los fragmentos de una columna que escribí hace algún tiempo sobre la confusa arrogancia de los empresarios cuando asumen responsabilidades públicas.

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Quizá la animadversión sea cosa de estos tiempos: un hábito propiciado por el discurso anti-gobiernista de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. O quizás se remonte al siglo XIX: una tradición originada en las advertencias de Max Weber. Pero sea cual fuere su origen, el odio hacia los burócratas parece exacerbarse cada día. Los ricos los menosprecian por ordinarios y los pobres los resienten por pequeño burgueses.

Mientras a sus colegas del sector privado los llaman ejecutivos o emprendedores, a ellos les dicen funcionarios. Así, a secas: como queriendo indicar que mientras los primeros ejecutan proyectos o emprendan iniciativas, los segundos apenas funcionan. Se prenden a las nueve y se apagan a los cinco. Si alguna vez se alejan de su rutina, no es para ejecutar, ni menos para emprender; es para idearse un refinamiento más en el complejo arte de estorbar. En estas épocas de aceleración continua, el ejecutivo parece estar siempre en movimiento y el burócrata siempre detenido. La liebre y la tortuga.

Pero todo lo anterior no es más que una fábula. Para comenzar, los burócratas (los profesionales al servicio del Estado) trabajan más y ganan menos que sus contrapartes en el sector privado. Y ni que decir de la calidad del trabajo. Los ejecutivos almuerzan en restaurantes de moda, los burócratas deben conformarse con el almuerzo ejecutivo (ironías del lenguaje). Los ejecutivos pueden tomar decisiones libremente, los burócratas están sometidos no sólo a un código disciplinario absurdo, sino también a las arbitrariedades de contadores fiscales con alma de vengadores. Cuando dejan sus cargos, los ejecutivos reciben jugosas bonificaciones, los burócratas onerosas demandas. Pero así y todo son los malos del paseo. Los vilipendiados de siempre. Vaya uno a saber por qué.

Paradójicamente, los burócratas (y nadie más que ellos) poseen el capital humano indispensable para el funcionamiento del Estado. Pero su conocimiento es tan específico, tan poco trasplantable de un lugar a otro, que no sólo es mal remunerado, sino que puede convertirse en una trampa. Cuando los Ministros asumen sus carteras apenas entienden las complejidades del Estado, y cuando ya han aprendido lo necesario se van (o los sacan). Así, son los burócratas (los técnicos, para ser más preciso) quienes proporcionan la experiencia y la continuidad necesarias para que el negocio de la administración pública siga su curso. Para que el Estado mantenga la inercia requerida. Pues lo que no entienden los empresarios que con candor de primíparos llegan al sector público es que la disyuntiva no es entre inercia y acción, sino entre inercia y caos.

Tristemente, los prácticos ni si quiera se dan cuentan que dependen de los técnicos. Así es la vida.