El politólogo Samuel P. Huntington dijo alguna vez que lo único más dañino para una sociedad que una burocracia rígida y deshonesta era una burocracia rígida y honesta. Uno podría parafrasear a Huntington —la exageración irónica suele ser un instrumento retórico eficaz— y decir que lo único más perjudicial para un país que un gobernante imprudente y mendaz es uno imprudente y veraz. En este sentido, uno podría argumentar que el Gobierno, en su afán por cumplir con las promesas hechas en materia de salud, así sea mediante el expediente equivocado de aumentar los impuestos al trabajo, está demostrando que, en ocasiones, un político que cumpla lo que promete puede ser más dañino que otro que ignore lo prometido. En materia de salud existe un largo inventario de premisas falsas o supuestos no realizados: la transformación de subsidios no ocurrió de la manera prevista, la competencia estructurada no aumentó la eficiencia como se anticipó, la cobertura no creció al ritmo planeado, etc. Pero, sin duda, la mayor diferencia entre lo acontecido y lo proyectado tiene que ver con la distribución de la población asegurada en los dos regímenes previstos por la legislación: el contributivo y el subsidiado. Cuando se aprobó la Ley 100, hace ya más de una década, se dijo que la cobertura universal se alcanzaría con un 70% de la población en el régimen contributivo y con un 30% en el régimen subsidiado. Los planes del Gobierno (las promesas imprudentes ya mencionadas) implican una extraña inversión de los porcentajes. Si las cosas siguen como van, terminaremos con un 30% de la población en el régimen contributivo y un 70% en el régimen subsidiado: una distribución insostenible con efectos adversos sobre la oferta de trabajo formal: muchos trabajadores informales que podrían cotizar, total o parcialmente, no lo hacen porque tienen un subsidiado asegurado (o un seguro subsidiado). Así, de un sistema de salud basado en el trabajo formal nos estaríamos moviendo hacia a otro basado en los impuestos al trabajo. De un lado, la informalidad ha frenado el aseguramiento contributivo; del otro, el aseguramiento subsidiado ha impulsado la informalidad. Uno podría incluso hablar de un círculo vicioso: el aumento de los impuestos al trabajo le resta dinamismo al empleo formal, lo que reduce el número de afiliados a la salud contributiva, lo que aumenta la necesidad de recursos para la salud subsidiada, lo que conduce a un nuevo aumento de los impuestos al trabajo, lo que reduce aún más empleo formal y así ad infinitum. En términos más concretos, uno no puede suponer, como está suponiendo el Gobierno, que seis millones de cotizantes al régimen contributivo puedan pagar por una buena parte de la salud del resto de los colombianos. Mientras se encarece el trabajo, el Gobierno ha venido insistiendo en reducir los impuestos al capital: el proyecto de reforma tributaria propone, por ejemplo, una depreciación plena de las inversiones durante el primer año. Esta medida (y otras similares) encarecen el trabajo con respecto al capital, con efectos negativos sobre la generación de empleo formal. Con todo, las propuestas económicas del Gobierno, basadas en los estímulos al capital y los premios a la informalidad, tienen un sesgo antiempleo. Tanto para las firmas como para las personas, los incentivos de las nuevas políticas parecen alineados en contra de la formalización laboral. Así las cosas, no está de más volver a la ironía del comienzo: lo único más dañino para una democracia que un Congreso estorboso es un Congreso obsecuente, dispuesto a aprobar unas reformas que, en conjunto, no responden a ese gran clamor popular que no pide subsidios sino que reclama empleo.
Quisiera comenzar esta columna con un símil en varias partes. Pensemos primero en aquellos vapores antiguos que, por nostalgia o desconfianza, unían al nuevo truco de la máquina, el viejo truco de los mástiles y las velas. Y pensemos que el vapor en cuestión avanza raudo empujado por un viento inconspicuo pero certero. En tales circunstancias, el capitán del navío comienza (previsiblemente) a ser víctima de una ilusión. A confundir el poder del motor con el favor del viento. O la estructura con la coyuntura. Sólo cuando los vientos cambien, el capitán podrá darse cuenta del tamaño de su ilusión. O de la capacidad del motor. Mientras tanto, cabe preguntarse: ¿en qué anda la tripulación? Algo similar parece estar ocurriendo en las economías latinoamericanas. Los buenos vientos soplan desde afuera. El ciclo se torna favorable hasta confundirse con la tendencia. Y los gobernantes se ilusionan con la aparente reciedumbre de los motores del crecimiento. A todas estas, cabe la misma pregunta retórica: ¿en qué andan los gobiernos latinoamericanos? ¿Cómo están llenando el vacío de alternativas que dejó el desencanto reformista? ¿Existen políticas comunes? ¿O énfasis parecidos? En suma, ¿puede hablarse del surgimiento de un nuevo modelo latinoamericano en estos tiempos cómodos del crecimiento automático?Quizá sea muy pronto para hablar de un nuevo modelo. Pero no lo es tanto para señalar algunos elementos comunes. El primer elemento es el surgimiento del Estado asistencialista. Los programas “Bolsa familia” en Brasil, “Trabajar” en Argentina, “Oportunidades” en México, “Familias en Acción” en Colombia e incluso las llamadas misiones en Venezuela hacen parte del mismo modelo asistencialista que se ha venido consolidando en toda la región. Paradójicamente, la expansión del Estado asistencialista se construyó sobre una serie de programas de choque, concebidos inicialmente como respuestas transitorias a los padecimientos sociales de las últimas crisis. Pero con la llegada de los tiempos cómodos, lo transitorio se volvió permanente y se expandió rápidamente. Así, el asistencialismo se ha convertido en una forma de vida para mucha gente. Y en un instrumento de poder para muchos gobernantes.Junto con el asistencialismo, el otro elemento común del nuevo modelo latinoamericano parece ser el autoritarismo democrático. O en términos menos drásticos, el menoscabo parcial de la división de poderes. Chávez gobierna sin controles efectivos, Kirchner legisla por decreto, Lula utiliza abiertamente su partido para comprar el Congreso, Uribe cambia la Constitución para su propio beneficio, Evo arremete contra las normas de la Asamblea Legislativa, etc. Podría incluso hablarse de un nuevo populismo, en el cual el autoritarismo facilita el asistencialismo, y el asistencialismo justifica el autoritarismo. En el nuevo modelo, los políticos acumulan más poder y el pueblo recibe, como contraprestación, una mayor tajada del presupuesto.Pero, ¿qué pasará cuando cambien los vientos? Seguramente el Estado asistencialista se mostrará insostenible y el autoritarismo democrático, inconveniente. Así, este nuevo modelo vendrá a sumarse al ya largo inventario de intentos fallidos. Entonces, lamentaremos no habernos ocupado del motor. Pues, para volver sobre el símil inicial, muchas economías latinoamericanas siguen siendo simples veleros dependientes: no potentes vapores autónomos como siguen pensando los envalentonados capitanes.
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Hace unas semanas, dos afamados columnistas sostuvieron una animada polémica sobre la ética y la estética del llamado lenguaje incluyente. La polémica parecía concluida. O, al menos, dormida en periódicos de ayer. Pero esta semana la Corte Constitucional revivió el tema. Con base en una ponencia presentada por el magistrado Humberto Sierra Porto, la Corte decidió declarar inexequible un viejo artículo del Código Civil, según el cual “las palabras hombre, persona, niño, adulto y otras semejantes que en su sentido general se aplican a los individuos de la especie humana, sin distinción de sexo, se entenderán que comprenden ambos sexos en las disposiciones de las leyes”.
Las razones de la decisión de la Corte parecen sacadas de un manual de “posmodernismo para dummies”. Según la Corte, “resulta manifiesta la influencia que ejerce el lenguaje jurídico bien sea para mantener la condición de sujeción de la mujer… o bien para transformar el estado de cosas imperante y lograr una igualdad real entre varones y mujeres”. Para la Corte, “pretender que se utilice como universal el vocablo hombre sólo trae como consecuencia la exclusión de las mujeres…”. En últimas, la Corte logró, en unas pocas sentencias, juntar lo peor de Foucault y de Santander. Leguleyismo afrancesado, podría uno decir.
El razonamiento de la Corte supone que el lenguaje jurídico es un instrumento de dominación. Como si los incontables problemas de un país literalmente entutelado no fuesen suficientes, los honorables magistrados se han encomendado a sí mismos la ardua tarea de “deconstruir” las leyes de la República. O de revelar las formas de manipulación simbólica agazapadas en la prosa inerte de nuestros legisladores. Quién sabe dónde terminará todo este asunto. Pero no me extrañaría que alguno de estos señores (o señoras) decidan, en un trance posmodernista, derogar todos nuestros códigos legales con el argumento irreprochable de que están escritos en el lenguaje de los usurpadores europeos, los mismos que nos impusieron su cultura sin preguntarnos.
Dice la Corte que “sólo una definición cuyo contenido permita visualizar lo femenino… armoniza con la dignidad humana”. No sé qué pensarán las mujeres pobres de las batallas simbólicas que libran los justicieros cósmicos en su nombre. Pero seguramente ellas tienen un entendimiento distinto de la dignidad humana. Sus necesidades son reales, no simbólicas. Sus consuelos materiales, no retóricos. A falta de pan, no parecen buenas las tortas posmodernistas. Pero algunos magistrados se muestran más preocupados con las poses progresistas que con los problemas reales. Una actitud reprochable pero comprensible. Al fin y al cabo, las soluciones sociales necesitan de entendimiento, mientras que los remedios simbólicos sólo requieren de palabras.
Paradójicamente, uno podría aplicarle la misma receta francesa a la sentencia de la Corte. Uno puede, en últimas, “deconstruir lo deconstruido”, lo que serviría, en este caso, para mostrar que el lenguaje incluyente es un mecanismo de evasión o un disfraz para la indiferencia o una forma de escapismo. Afortunadamente la realidad social sigue su rumbo, indiferente a los pronunciamientos de la Corte. Pues, dígase lo que se diga, las mujeres colombianas continúan acumulando más años de educación que los hombres, copando las mejores posiciones de la nueva economía y demostrando con hechos que su suerte no depende de un sufijo o de un arcaísmo legal o de la visibilidad jurídica que tanto les preocupa a nuestros jueces y a nuestras juezas.
Mauricio Pombo escribió esta semana, en su columna del diario El Tiempo, un comentario sobre la sicología de los participantes en los foros virtuales de la prensa colombiana. Pombo sugiere que la posibilidad del insulto anónimo revela una faceta perversa del corazón humano. Los argumentadores anónimos, dice, no exponen razones. Simplemente insultan. Vociferan bajo su máscara electrónica con la seguridad de que serán oídos pero no identificados. No sorprende, entonces, que los foros virtuales se hayan convertido en un mundo hobbesiano, en una tierra de nadie, donde el insulto se multiplica ante la certidumbre de la impunidad. Pero los foros virtuales, además de mostrar la sicología perversa del agresor anónimo, revelan una creciente polarización ideológica. De un lado, la izquierda iracunda compone nuevos insultos con viejas teorías. Del otro, la derecha rabiosa responde con la beligerancia propia de quien confunde el contradictor con el enemigo. Para el observador desprevenido, este intercambio exaltado tiene algo de grotesco. De espectáculo risible. Pero, en ocasiones, la vulgaridad acumulada sugiere un trasfondo más siniestro: el odio acumulado durante décadas de asesinatos y siglos de injusticias.Los foros virtuales son un caso paradigmático de lo que Jamie Whyte llama “refutación por asociación”. Si alguien manifiesta su apoyo al Gobierno, se le tacha inmediatamente de paramilitar. Si alguien expresa su desacuerdo con la Administración, se le califica instantáneamente de guerrillero. Y de la asociación se pasa a la identificación: cada parte asume el papel que le propone la contraparte. Así se genera un círculo vicioso, una espiral de violencia verbal. No sólo los insultos generan más insultos, sino que cada forista exagera su posición para hacerla coincidir con la caricatura propuesta desde el otro lado de la frontera ideológica.Los foristas habituales son personas que pasaron por la universidad, que tuvieron más oportunidades que el promedio de los colombianos. Pero sus características socioeconómicas son menos conspicuas que sus posturas ideológicas. Probablemente los foristas derivan la ideología de la introspección. Su experiencia ha creado su conciencia, como decía Marx. Muchos se sienten excluidos, víctimas de la inmovilidad social, condenados por la concentración de las oportunidades o la falta de conexiones. Otros se saben víctimas de una sociedad que permitió, por mucho tiempo, que la política se confundiera con la violencia y que los asesinos pudieran esgrimir como defensa la justicia social.Para muchos editorialistas, los foristas son las barras bravas de la política colombiana: una comunidad de vándalos que se reúne diariamente a ondear sus banderas y a gritar sus arengas. Pero, en mi opinión, el asunto tiene tanto de sicología, como de sociología. Detrás de la exuberancia verbal, de los insultos que van y vienen, es fácil intuir una suerte de catarsis colectiva. Un grito de protesta en contra de la violencia guerrillera, de la brutalidad paramilitar, de la corrupción estatal, de la exigua movilidad social y de la concentración de las oportunidades alrededor de dos o tres centros urbanos.En suma, los foristas nos recuerdan, diariamente, cuán lejos estamos de un consenso construido alrededor de la defensa de la vida, del crecimiento económico y de la disminución de la pobreza. Tristemente sin consenso continuarán los problemas y los insultos. O los insultos y los problemas. Es la misma vaina.
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Como si no bastara con las excomuniones del cardenal López Trujillo o las imprudencias del Papa Ratzinger, algunos directores de la Iglesia Católica han decidido ahora opinar sobre los asuntos mundanos de la economía. Según la Pastoral Social, estamos viviendo la peor crisis humanitaria de nuestra historia, como resultado, entre otras cosas, de la aplicación de un modelo de desarrollo perverso. En suma, el diablo parece haberse apoderado de la economía: por las oficinas del Ministerio de Hacienda se siente el olor a azufre. Y ni qué decir del Banco de la República, donde lucifer mismo parece haber instalado una sucursal.
Ante el anuncio de la catástrofe, uno esperaría un sustento detallado, una descripción precisa de nuestra realidad social. Pero no. Los directores de Pastoral simplemente reiteran las cifras oficiales (las mismas vilipendiadas cifras del DNP): 50% de pobreza total y 68% de pobreza rural. No hay revelaciones extraordinarias. Ni visiones nuevas. Ni milagros estadísticos. Sólo homilías exageradas con base en los mismos datos. Sin rodeos: cuando la Pastoral Social habla de la “mayor crisis humanitaria de nuestra historia” está diciendo mentiras. Todos los estudios publicados, sin excepción, muestran que la pobreza ha descendido durante los últimos años. Desde una perspectiva de más largo plazo, todas las estadísticas disponibles señalan, sin salvedad, que el bienestar material de los colombianos ha aumentado durante la última generación.
Quizás los jerarcas argumenten que sólo se trata de una mentira piadosa. De exagerar la situación para llamar la atención. Para despertar la solidaridad social y la acción estatal. Lo mismo han argumentado, casualmente, algunos analistas nacionales que han convertido la hipérbole social en una marca registrada. Tristemente, la sobreestimación de la pobreza se ha transformado, con los años, en una forma habitual de exhibicionismo moral. Pero las mentiras de Pastoral Social no tienen nada de piadosas. Confunden al país (para el diario El Tiempo, por ejemplo, “el buen desempeño de la economía contrasta con un aumento, también galopante, de la pobreza, denunciado esta misma semana por la Iglesia Católica”). Deslegitiman las instituciones. Alientan la peor forma de populismo: la que trata de aliviar los problemas sociales con programas asistenciales. No sé si la Pastoral Social quiera convertir al Estado en una agencia de caridad cristiana, pero éste puede ser precisamente el efecto acumulado de sus exageraciones.
La Pastoral Social pide un modelo más justo de desarrollo y una mejor distribución del ingreso. Pero más allá de estos objetivos loables, no presenta ninguna propuesta. No dice el milagro. Ni revela el santo. Las propuestas, dirán ellos, no generan titulares: son los diagnósticos escandalosos los que llaman la atención. Pero la justicia social necesita de propuestas concretas en general y de buenas políticas educativas en particular. Para igualar las oportunidades, incumbe convertir la calidad de la educación pública en un objetivo preponderante, como lo ha hecho, por ejemplo, el alcalde de Medellín. Se requiere, al mismo tiempo, multiplicar las bibliotecas públicas, aumentar los cupos universitarios y expandir la capacitación técnica. Pero la Pastoral no habla de educación. Su modelo de intervención estatal, podría uno pensar, tiene un eje distinto: la limosna.
Pero más allá de las implicaciones prácticas, la facilidad con la cual se aceptaron las exageraciones de la Pastoral pone de presente un rasgo típico de la realidad colombiana de estos tiempos: la fiebre moralista. La idea (en palabras del filósofo británico Jamie Whyte) de que es imposible contradecir a los comprometidos, de que los justos de corazón tienen licencia para mentir y de que la verdad debe acomodarse a la moralidad.
Miguel Antonio Caro. Caballero santafereño. Defensor de la pureza lingüística. Y practicante del amaneramiento formal. Tuvo, en el año 1890, un debate parlamentario con el General Rafael Uribe Uribe. Durante las postrimerías del debate, Caro exclamó llevándose las manos a su cabeza: “¡Horror, horror! Cuando ustedes quieran hablarme en latín, les ruego que me pronuncien bien las sílabas finales, porque allí es donde está el meollo de la cuestión”.
Según cuenta el historiador Malcolm Deas, antes de Caro, Rufino Cuervo ya había emprendido, desde el periódico La Miscelánea, la lucha contra los “recién graduados, que no habiendo estudiado, ni leído, sino libros franceses o traducciones bárbaras, hacían alarde de estropear su propia lengua”. Como escribe el mismo Malcom, el purismo lingüístico del siglo XIX refleja “un fenómeno típicamente colonial, el de pueblos todavía inseguros de su nueva cultura y que trataban de reafirmarse demostrando que eran más correctos que los habitantes de la madre patria”.
Pero el amaneramiento formal no es sólo una forma de inseguridad: es también un intento velado de dominación. O, al menos, una forma sutil de proteger ciertos privilegios inmerecidos. La gramática y la filología han sido las armas favoritas de los sectores más conservadores de la sociedad. Los mismos que ostentan los monopolios más descarados.
Antonio Caballero es la reencarnación reciente de Caro y Cuervo. Con una variante: suma a su amaneramiento formal, el gusto por el insulto de otro personaje decimonónico: Vargas Vila. Una mezcla extraña: un talante conservador escondido detrás del uso y el abuso del sarcasmo. El modelo “Caballero” recuerda un tema estudiado por los economistas Douglass North y Lawrence Harrison. Un crítico del sistema que con sus denuncias contribuye a perpetuar el orden social prevaleciente, el mismo que le favorece y que le permite, entre otras cosas, vivir cómodamente repitiendo la misma idea por décadas. Es una trampa típica del subdesarrollo: el empobrecimiento mental alimenta el empobrecimiento material, y viceversa.
“La colaboración ciudadana con las instituciones del Estado es algo que tendría que hacerse siempre sin recompensas. ¿Por qué hemos pagado recompensas? Porque la situación del país nos ha obligado a hacerlo, porque el grado de desconfianza que encontramos frente a las instituciones, el grado de indiferencia ciudadana, nos ha llevado también a utilizar este instrumento para romper esa indiferencia”. La frase anterior, tomada de una alocución reciente del presidente Uribe, resume la teoría oficial sobre el papel de las recompensas en la política de seguridad. Las recompensas, supone el Gobierno, son un mal necesario, una forma de soborno positivo, una especie de aceptación estoica de que la falta de compromiso ciudadano tiene que resolverse con plata.Por desgracia, esta visión pragmática de las recompensas desconoce 30 años de investigación científica. En 1970, Richard M. Titmuss argumentó que las compensaciones monetarias pueden reducir la responsabilidad ciudadana en particular y las virtudes cívicas en general. Para ilustrar su argumento, Titmuss utilizó el ejemplo de los donantes de sangre, cuya presteza a contribuir a una causa pública esencial parecía reducirse como resultado de la introducción de pagos monetarios. Según Titmuss, el dinero no sustituye la virtud, sino que la desplaza. O para el caso que nos ocupa, las recompensas no reemplazan la obligación moral, sino que la destruyen. Así las cosas, las recompensas no serían un instrumento para romper la indiferencia, como argumenta el Presidente, sino una herramienta para perpetuarla.Son muchos los ejemplos que han confirmado la intuición original de Titmuss. En una guardería israelí, el número de acudientes incumplidos aumentó sustancialmente después de la introducción de multas para los padres que arribaran a recoger a sus hijos más tarde de la hora prevista. Lo que antes era una obligación moral, se convirtió, con la multa, en una simple molestia económica. En Suiza, la proporción de ciudadanos dispuesta a aceptar la construcción de un reactor nuclear en su comunidad se redujo a la mitad cuando el gobierno propuso una compensación monetaria. Lo que antes era un llamado a la solidaridad, se convirtió, con el premio económico, en un contrato implícito de aseguramiento. El Gobierno pagaba la prima y los ciudadanos asumían el riesgo.Más allá de los argumentos de Titmuss, los incentivos pecuniarios pueden resultar contraproducentes cuando los controles son inadecuados y la verificación es imperfecta. En los Estados Unidos, los profesores comenzaron a falsificar los resultados de los exámenes estatales cuando el Gobierno decidió que sus puestos dependían de la ubicación de sus estudiantes en los mismos. En ese mismo país, los ejecutivos empezaron a maquillar los resultados de los balances de sus empresas cuando los accionistas decidieron pagarles con acciones. En Colombia, las implicaciones han sido más escabrosas: los militares comenzaron a fabricar “positivos” cuando el Gobierno decidió pagar por las bajas enemigas. Cuando la información es imperfecta, los incentivos pueden ser un arma de doble filo. Literal y metafóricamente.Muchas veces los incentivos económicos son necesarios. Pero su aplicación debería partir de un análisis detallado de sus efectos perversos y de sus problemas de implementación. En últimas, la forma puede ser tan importante como el fondo. Los Lunes de Recompensas, por ejemplo, son un espectáculo ocioso (casi impúdico) para una práctica cuestionable (un mal necesario, en el mejor de los casos). “Durante todos estos días haremos un esfuerzo para llamar la atención de los compatriotas sobre la necesidad de que todos practiquemos valores”, dijo el Presidente este jueves. Pero el próximo lunes estará entregando cheques a quienes decidieron cobrar por los supuestos valores que tanta atención merecen.
The New York Times publicó el pasado fin de semana la reseña del hito literario del momento en la república China: la novela Brothers. En ese país, la bonanza económica también ha estimulado los gustos extravagantes: uno de los protagonistas de la novela se gana la vida vendiendo implantes de silicona a campesinas chinas. Los implantes no eran, después de todo, una aberración pereirana.
Muchos han acusado al autor (Yu Hua, un novelista famoso) de vender basura. De promover los antivalores. De escribir “una obra absurda, un culebrón lleno de lloriqueos”. Pero el autor se defiende: “mis historias pueden ser extremas pero se encuentran por toda China”.
A la usanza de las telenovelas latinoamericanas, Brothers explota la fascinación con la psicología del enriquecimiento repentino. “Durante la revolución cultural, vivíamos en una sociedad cerrada; todo era en blanco y negro, y si uno estaba en el lugar equivocado, estaba muerto”, dice Hua. “Pero la búsqueda del crecimiento económico también es loca. Todas las perversiones han salido a flote. La sociedad china ha encontrado el vacío. Después de que la gente se enriquece, no sabe qué hacer”.
Ante el enriquecimiento súbito, los autores chinos parecen enfatizar el existencialismo. Los latinos, por su parte, prefieren el moralismo. Para los primeros, la riqueza vacía el alma. Para los segundos, corroe la sociedad. Pero ambos están de acuerdo en una cosa: la riqueza desfigura el cuerpo de la misma manera. Aquí y allá los pectorales femeninos parecen crecer a la par con los mercados de exportación. Legales o ilegales. Da lo mismo.
La historia es ya conocida. Un periodista acucioso encuentra, en un resquicio electrónico, un gráfico inédito que muestra una caída drástica del ingreso medio de la población colombiana. Al día siguiente, los titulares anuncian la hecatombe y la oposición exhibe una sonrisa maligna (entre indignada y maliciosa). Al mismo tiempo, el Gobierno se declara sorprendido ante la realidad de sus propios datos. Dos días más tarde, el Gobierno corrige los cálculos y los periodistas actualizan los titulares, que anuncian ahora una previsible mejoría económica. Según los datos corregidos, los ingresos reales no cayeron; aumentaron a una tasa similar a la del crecimiento de la economía.El Gobierno tenía razón esta vez: una caída drástica del ingreso laboral en medio de una bonanza económica es un hecho inverosímil, sin muchos antecedentes en la historia del capitalismo. Pero nadie pareció interesado en las razones técnicas. Los más mañosos señalaron que la estadística se había convertido en una rama de la propaganda. Los más perspicaces, que los errores del Gobierno sólo se corrigen hacia arriba: una aberración estadística. Y los más memoriosos, que este incidente recordaba la intempestiva renuncia del antiguo director del DANE. A todas estas, la estadística oficial parece atrapada en la fábula del pastorcito mentiroso: las cifras ciertas son tan inciertas como las falsas.
Infortunadamente, el Gobierno sigue alentando, con las declaraciones de sus ministros, los prejuicios de los incrédulos y las dudas del resto de la población. Esta misma semana, para no ir muy lejos, el Ministro de Agricultura la emprendió contra el DANE porque las cifras trimestrales mostraban un decaimiento de su sector. “DANE, a revisar el esquema de las cifras de agro”, tituló el diario La República, en alusión directa a una declaración ministerial que revela una práctica tan preocupante como frecuente: la de cuestionar los esquemas estadísticos si y sólo si las cifras son desfavorables. Por definición, estos esquemas son imperfectos. Por ello mismo, su validez depende no tanto de la pulcritud técnica, como de la aplicación continua. Pero si el Gobierno pretende cambiar de método cada vez que los números no le gustan o no le suenan, las estadísticas oficiales terminarán perdiendo todo valor y todo sentido.
Por lo pronto, ya las estadísticas han perdido toda credibilidad. El celo mediático del Gobierno (esa manía de mirarse al espejo permanentemente en busca del ángulo adecuado, del perfil halagador, de la pose seductora, etc.) ha convertido a los ministros en jefes de prensa y al departamento de estadística, en blanco permanente. Como respuesta al narcisismo oficial, la prensa se ha empeñado, con particular diligencia, en la tarea de encontrar los defectos reveladores y las fealdades evidentes o escondidas. La prensa celebra cada dato adverso con la alegría propia de quien anticipa la derrota de la vanidad exagerada. Mientras tanto, campea la desinformación. Y la incredulidad.
Las consecuencias de la pérdida de credibilidad de las estadísticas son devastadoras. Sin cifras confiables, la discusión pública nunca supera el terreno fáctico, los argumentos se quedan estancados en los porcentajes y los debates se convierten en forcejeos aritméticos inútiles. Además, la desconfianza estadística le resta legitimidad al Estado, impide la rendición de cuentas y entorpece la toma de decisiones. Pero el Gobierno no parece inmutarse. Los ministros, por ejemplo, siguen puliendo su imagen a costa de la credibilidad estadística. Tristemente, la destrucción de la confianza en el DANE (y en otras instituciones públicas) es un costo muy alto que pagar por cuenta de un exceso de vanidad política.
A muchos hombres prácticos les gusta decir que este país está sobrediagnosticado. Que abundan los estudios, que sobran los informes, que pululan las consultorías. Que la reflexión diletante debería abrirle paso a la acción transformadora. Pero lo que no entienden los pragmáticos (los de ahora y los de siempre) es que los diagnósticos no brillan tanto por su abundancia, como por su pobreza. No es la cantidad de estudios, de informes o de opiniones lo que nos abruma, es su calidad.Tómese, por el ejemplo, el caso de la corrupción. Un problema en el cual los diagnósticos más repetidos no han podido ni siquiera dar con la secuencia correcta. O con la metáfora adecuada. Más que como la causa de los problemas económicos y sociales, la corrupción debería entenderse como la consecuencia de una crisis política de grandes proporciones; de un Estado que ha tratado de hacer más de lo que puede y que, en el proceso, ha terminado beneficiando a grupos poderosos, muchos de ellos ilegales. La corrupción es un síntoma de una enfermedad mayor, del crecimiento desordenado del Estado, de la glotonería social, del querer hacer mucho con muy poco: sin comunidades organizadas, sin capacidad administrativa y sin controles eficaces.En últimas, como lo ha propuesto, entre otros, el economista Alberto Alesina, la corrupción podría entenderse como el subproducto de políticas gubernamentales de intención benevolente (la disminución de la pobreza y la desigualdad). El aumento del gasto social termina, en muchos casos, propiciando la creación de grupos de buscadores de rentas que echan al traste (o a su bolsillo) las buenas intenciones. Esto es, los políticos progresistas, en su afán redistributivo, terminan favoreciendo a las adineradas mafias políticas. La Gata, sus émulos y sus secuaces pueden concebirse, entonces, como una consecuencia de la expansión del Estado. O de la obsesión colombiana por exhibir partidas sociales en los presupuestos sin reparar en las consecuencias. Tristemente, la chequera pública no ha sido la redención de los pobres, sino la gloria de los intermediarios políticos. Uno podría hablar, incluso, de una alianza inadvertida entre populismo y corrupción.Más aún, uno podría imaginarse un círculo vicioso en el cual la desigualdad contribuye a la expansión del gasto social (por cuenta de los discursos progresistas), y el mayor gasto social contribuye, a su vez, al enriquecimiento de unos pocos (por cuenta de las prácticas oportunistas). Así, el remedio termina exacerbando la enfermedad. Pero nadie parece inmutarse. Los gobiernos continúan echándole leños presupuestales al fuego de la corrupción, mientras, al mismo tiempo, promulgan decretos inocuos que exigen audiencias o demandan transparencia o multiplican el papeleo. Estas medidas, si acaso, logran molestar a los mismos corruptos que los gobiernos favorecen por cuenta del afán justiciero de los presupuestos.Por tal razón, cuando el Gobierno anuncia su intención de llegarles con cheques a millones de familias y con subsidios a miles de agricultores, y cuando los mandatarios locales piden más billones de pesos en transferencias, no parece aventurado predecir una multiplicación dramática de la corrupción. Uno quisiera creer que las buenas intenciones redundarán en buenos resultados. Pero la historia reciente no da pie para el optimismo. Seguramente el zar anticorrupción seguirá sentándose solemne en las audiencias y el Vicepresidente continuará irguiéndose indignado en los foros regionales; mientras tanto, el Presidente proseguirá parándose satisfecho en los consejos semanales a prometer más gasto social. No para la redención de los pobres, que seguramente no se cuentan en la audiencia, sino para la dicha de los oportunistas que adentro se frotan las manos con fruición.