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Un reportero del Canal Caracol informó la semana anterior que los campesinos de algunos pueblos del departamento de Bolívar han roto una tradición centenaria y han reemplazado al burro por la motocicleta. “El burro soporta ahora su carga más pesada: la marginalización y el olvido”, dijo con evidente nostalgia. Esta suerte de cambio tecnológico ha ocurrido no sólo en Bolívar, sino en toda la región Caribe, en la zona cafetera y en buena parte del oriente del país. Ya va siendo hora de actualizar el atuendo de Juan Valdez. La mula debería cambiarse por una motocicleta; el sombrero aguadeño, por un casco duro; el poncho, por un chaleco luminoso; etc. Estamos, toca aceptarlo, en el capitalismo del siglo XXI.

La revolución ruidosa de la motocicleta ha ocurrido de manera súbita, intempestiva. Ha sido impulsada por la apreciación del peso (que implica bajos precios), la caída en la tasa de interés (que implica créditos baratos) y por la misma informalidad laboral (que implica la generalización del rebusque). En los últimos años, la economía colombiana no ha producido muchos empleos formales en la industria y en la agricultura, pero ha generado cientos de miles de mototaxistas en las ciudades intermedias y de mensajeros motorizados en las ciudades más grandes. Hoy en día más de tres millones de personas viven de las motos. Un estudio reciente del Banco de la República muestra que, en la ciudad de Sincelejo, los empleos asociados directa e indirectamente al mototaxismo (conductores, mecánicos, almacenistas, comerciantes, etc.) equivalen a 43% de la población económicamente activa. “Esta cifra refleja el alcance de esta actividad y constituye una de las principales razones por las cuales resulta ineficiente su prohibición”, dice el estudio de manera recatada, como si la prohibición de una actividad que genera casi la mitad de los empleos fuera apenas un asunto de eficiencia económica.

Hace diez años los ensambladores colombianos producían 50 mil motos anuales, actualmente producen más de 400 mil. Dos terceras partes de los compradores ganan menos de dos salarios mínimos. 40% deriva ingresos directos del uso de la motocicleta. Los beneficios sociales de la revolución ruidosa, medidos en plata o en tiempo, han sido notables. Pero todas las revoluciones traen problemas. Los accidentes de tránsito han aumentado sustancialmente. En Sincelejo, por ejemplo, 20% de los mototaxistas reporta haber sufrido un accidente durante el último año. En otras ciudades, la accidentalidad es relativamente menor y parece estar disminuyendo.

La revolución de la motocicleta ofende la sensibilidad de mucha gente. Algunos románticos ya lamentan el fin de una tradición (la del burro, por ejemplo). En Bogotá las autoridades quieren prohibir la circulación de motos de dos tiempos, supuestamente por razones ambientales. Pero este ambientalismo clasista es sospechoso, refleja un sesgo estético, una aprehensión odiosa hacia la democratización del transporte particular. No creo sinceramente que una moto de dos tiempos contamine más que una camioneta de cuatro mil centímetros cúbicos. Pero nadie ha propuesto prohibir la circulación de camionetas. La ley es sólo es para los de moto.

En fin, a pesar del clasismo soterrado, el creciente consumo de bienes durables (teléfonos celulares, computadores, motos y demás) sólo tiene un nombre: progreso.

El primer número de El Alacrán fue publicado el 28 de enero de 1849, el séptimo (y último) el 22 de febrero del mismo año. Todavía vale la pena leer este periodiquito efímero: al azar, sin orden, sin reparar en los protagonistas de la comedia política del momento, ya todos olvidados. La ironía (en este caso en verso), la burla, la crítica conscientemente destructiva son una buena defensa (entonces y ahora) contra la pomposidad y la estupidez de la política.

El número 5, publicado el 15 de febrero de 1849, contiene un “proyecto de constitución política para la Nueva Granada”. El Alacrán inauguró el humor constitucional en Colombia, una tradición completamente olvidada en medio del bienpensantismo que ha acompañado el vigésimo aniversario de la Constitución de 1991. Aquí está la constitución de El Alacrán. Está mejor redactada (y es más realista) que la de 1991.

Los voceros del gobierno han dicho que la percepción de inseguridad es producto de la manipulación de la opinión pública por parte de políticos oportunistas y reporteros amarillistas. En varias ocasiones, han expresado su extrañeza por la politización del debate, han lamentado la falta de unidad, de consenso ante un tema de interés nacional. Pero estos lamentos son inconsecuentes. El presidente Santos, cabe recordar, reveló de manera oportunista la muerte de “Manuel Marulanda” y sacó provecho político de la “Operación Jaque”. Durante su campaña a la presidencia, usó el miedo como arma electoral. Su victoria obedeció en un alto grado a tal estrategia. Quejarse ahora de la politización de la seguridad no tiene sentido, es casi una forma de cinismo. El gobierno está siendo víctima de su propio invento.

Con evidente optimismo, el presidente Santos ha planteado que los ataques de las Farc y la percepción de inseguridad son manifestaciones superficiales de tendencias positivas. En su opinión, las Farc atacan porque están derrotadas y las gente se siente más insegura porque los periodistas han tenido que recurrir a la reportería minuciosa de la criminalidad, a la reiteración de la crónica roja, como consecuencia de la desaparición de muchos problemas otrora acuciantes: las chuzadas, los falsos positivos, los conflictos institucionales, etc. Esto es, las cosas lucen mal porque van bien. O en otras palabras, las malas noticias son buenas noticias disfrazadas. No quisiera pecar de pesimista, pero este optimismo presidencial me parece exagerado, casi un desafío al sentido común.

Los argumentos del ministro Rivera no son mucho mejores. Esta semana el ministro trajo a cuento su teoría de las microextorsiones. La percepción de inseguridad ha aumentado, dijo, como resultado de la multiplicación de la intimidación callejera, del mendigo que amenaza para acrecentar la limosna o el holgazán que intimida para forzar una ayuda. Pero esta teoría no tiene (no puede tener) ningún sustento. Al respecto no hay datos. Probablemente el Ministro basa sus elucubraciones en unas cuantas anécdotas callejeras. El general Naranjo también ha esgrimido una teoría cuestionable. La lucha contra la criminalidad, ha dicho, se ha visto entorpecida por la ausencia de una reglamentación eficaz del acto legislativo que prohibió el consumo de drogas. Este argumento no tiene asidero. El aumento del microtráfico poco o nada tiene que ver con la despenalización del consumo. Además, la policía cuenta con suficientes herramientas legales para combatir a los dueños del negocio de la droga. Las razones del general Naranjo son más una excusa que una explicación.

En fin, los argumentos del gobierno muestran cierto afán por enterrar la cabeza en la tierra. O peor, por contemplar la realidad con los ojos engañosos de la complacencia.

Enilce López, “la Gata”, nació en el municipio de Sucre, donde García Márquez vivió con sus padres durante su niñez. Varios episodios de la vida de “la Gata” pueden contarse en clave garcíamarquiana: la campesina que recorre la ribera del Magdalena vendiendo chucherías y leyendo el futuro en las manos encallecidas de sus clientes; la tía obsesiva, desalmada que va de pueblo en pueblo con su sobrina coleccionando coronas en reinados infantiles; la matrona otoñal que trata de controlar su antiguo imperio desde la cárcel apelando a unos supuestos poderes sobrenaturales.

Pero la historia de Enilce López tiene una faceta más prosaica. En los años ochenta, “la Gata” decidió invertir el capital acumulado vendiendo baratijas en el negocio del chance. Lo hizo inicialmente en Magangué y sus alrededores, no muy lejos de su lugar de nacimiento, del puerto fluvial donde alguna vez García Márquez vio pasar de largo al obispo de la zona. A finales de los años noventa “la Gata” se ganó (casi literalmente) la lotería. Con el propósito de sumar recursos para el barril sin fondo de la salud, el Estado colombiano decidió hace más de una década formalizar el chance, esto es, zonificar el país y entregarle el monopolio de cada zona al mejor postor. De la mano de Jesús María Villalobos, “el Perro”, “la Gata” monopolizó el negocio de las apuestas permanentes, primero en su zona de influencia después en buena parte de la Costa Caribe.

Poco a poco el chance fue acabando con las loterías, con un fortín histórico de los políticos tradicionales, lo que permitió, a su vez, el surgimiento de una nueva clase política. El chance, por decirlo de otra forma, refundó algunas regiones de la patria. “La Gata” primero infiltró el Estado con el fin de garantizar una concesión muy rentable y expandir su monopolio. Pero allí no paró su ambición. Con el tiempo diversificó su negocio. Eligió concejales, diputados, alcaldes y representantes. Se alió con los paramilitares. Y se convirtió, en últimas, en ama y señora del botín estatal en Bolívar, Sucre y Magdalena. En retrospectiva, la historia es de un realismo casi mágico: el Estado creó un monopolio que terminó por engullírselo. O en otras palabras, la formalización del chance tuvo un efecto inesperado: la captura estatal por parte de los empresarios formalizados.

Pero esta historia no termina todavía, tiene una faceta más inquietante, menos conocida. Según cuenta el periodista Alfredo Serrano en su último libro, el ICBF, la ONG británica Oxfam y la antigua Red de Solidaridad, unieron esfuerzos con Enilce López para ayudar a los desplazados. En su momento de auge, “la Gata” repartió mercados, organizó brigadas de salud y reconstruyó hospitales. Durante la reciente emergencia invernal, cuando las oficinas oficiales apenas despertaban, las redes al servició de “La Gata” llevaban ya un buen tiempo atendiendo a los necesitados. Todavía hoy “la Gata” controla una poderosa organización que ha reemplazado al Estado o llenado su vacío. Decir que “la Gata” capturó el Estado no es exacto. En muchas partes de Colombia “La Gata” es el Estado.

Ya García Márquez había intuido esta suerte de simbiosis. Cuando, en uno de sus cuentos, el dentista del pueblo le pregunta al alcalde a quién le pasa la cuenta, “¿a usted o al municipio?”, el alcalde responde sin mirar, “es la misma vaina”.

Colombia es el nuevo Brasil, el nuevo campeón latinoamericano de la desigualdad. Las cifras del Banco Mundial, de la Cepal y de otros centros de investigación revelan una verdad incómoda: la brecha (el abismo podríamos decir) entre ricos y pobres es mayor en Colombia que en cualquier otro país de la región. Durante la última década, la desigualdad sólo aumentó en tres países latinoamericanos: Colombia, Guatemala y Honduras. En los demás disminuyó por primera vez en mucho tiempo. Colombia tiene hoy un título incomodo, preocupante, deshonroso.

La noticia no ha recibido mucha atención por parte de los medios nacionales, ocupados, como siempre, de las rencillas políticas, de la guerra fría entre Santos y Uribe y de las escaramuzas iniciales (las batallas vendrán después) entre Garzón y Vargas Lleras. Algunos analistas han mencionado el tema tangencialmente, han especulado no tanto sobre las causas de la creciente desigualdad como sobre sus posibles consecuencias políticas, sobre las implicaciones futuras de la enorme distancia entre los ricos y los pobres de este país.

La desigualdad, se dice, es un caldo de cultivo para el populismo, para gobiernos irresponsables que sacrifican la prosperidad en aras de fantasías redistributivas, que explotan el resentimiento de los excluidos con una retórica facilista y en últimas perjudicial. El resultado electoral de Perú es usualmente traído a cuento como una advertencia sobre las consecuencias políticas de un modelo excluyente. No basta con el crecimiento económico, se argumenta. Si los pobres quedan excluidos, si la prosperidad es sólo para unos cuantos, la política tarde o temprano cobrará factura de la mano de un populista, de un demagogo irresponsable. El crecimiento desigual, se advierte, es políticamente insostenible.

La conexión causal entre desigualdad y populismo es presentada como una verdad de a puño, como una forma de determinismo ominoso. Pero la evidencia muestra otra cosa: el populismo raras veces es una consecuencia inmediata de la exclusión o la desigualdad. Ollanta Humala no es el producto de un modelo excluyente, es más bien el resultado de las rencillas políticas del establecimiento peruano. En Perú, contrario a lo que se dice, la prosperidad ha sido para todos: los ingresos de los pobres crecieron tanto como los de los ricos, la pobreza disminuyó de manera significativa, incluso la desigualdad se redujo levemente. Chávez tampoco fue una creación de la injusticia social: Venezuela ha tenido, de tiempo atrás, una desigualdad moderada. Chile y Brasil han sido históricamente mucho más desiguales y no han tenido, al menos no recientemente, gobiernos populistas. Todo lo contrario.

La creciente desigualdad no implica que Colombia será, a la vuelta de algunos años, gobernada por un emulo de Chávez. La estabilidad política podrá seguir coexistiendo, como lo ha hecho por buena parte de nuestra historia reciente, con la desigualdad social. Nuestro reto es peculiar. Consiste en disminuir la desigualdad no por temor al populismo, no por un supuesto riesgo político, sino por una razón menos urgente, más elemental, porque simplemente deberíamos ser fieles a lo que dice nuestra Constitución y han prometido por décadas nuestros gobernantes.

Mucho se ha escrito recientemente sobre la Constitución de 1991. El tono predominante de los editoriales y artículos ha sido celebratorio: las tiranías celebran los cumpleaños de sus líderes; las democracias, los aniversarios de sus constituciones. En esta ocasión, el aniversario ha servido para señalar la importancia del espíritu incluyente de nuestra constitución política y de su carta de derechos. Pero debería también servir para crear conciencia sobre la relativa ineficacia del voluntarismo constitucional y sobre los límites del derecho como herramienta de cambio social.

Como lo señaló hace un tiempo el economista colombiano Eduardo Lora, la inspiración primordial de la Constitución de 1991 fue “la búsqueda de la inclusión política y social, y la reducción de las grandes disparidades e injusticias mediante la adopción de un Estado Social de Derecho”. La Constitución de 1991 consagró una serie de derechos sociales, creó un mecanismo expedito para su protección, priorizó el gasto social y condujo, en últimas, a un aumento sustancial del tamaño del Estado. Pero el avance social fue inferior al presupuestado (en un doble sentido). El Estado Social de Derecho ha tenido más efectos simbólicos que reales. Cambió el discurso pero no la realidad.

Durante los últimos veinte años los avances en educación y salud fueron notables. Pero el progreso social pareció perder dinamismo desde comienzos de los años noventa. El porcentaje de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) disminuyó más lentamente durante los últimos veinte años que en las décadas precedentes. Las coberturas de servicios públicos, en agua potable y alcantarillado en particular, dejaron de crecer. Más preocupante aún, el desempleo y la informalidad laboral aumentaron de manera significativa, se convirtieron en una realidad inescapable, trágica para la mayoría de los colombianos sin educación universitaria. En síntesis, la exclusión económica pudo mucho más que la inclusión social promovida por la Constitución de 1991.

Las explicaciones a la paradoja anterior abundan. Algunos culpan a las reformas liberales de los años noventa. Otros, a la corrupción y a la confusión de competencias entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales. Otros más, a la inseguridad y la violencia. Sea cual fuere la explicación, el contraste entre las intenciones y los resultados es innegable. «No seremos los mismos”, dijo el Presidente Santos este viernes al sancionar la Ley de Víctimas en un tono reminiscente al de hace veinte años. Sin ánimo de hacer de aguafiestas, no sobra recordar la gran enseñanza de este nuevo aniversario de la Constitución de 1991: las normas por sí solas no cambian la realidad.

El Centro de Estudios Políticos de La Universidad Eafit acaba de publicar un libro sobre economía criminal y narcotráfico en Antioquia. El libro contiene tres ensayos independientes que, en conjunto, dan luces sobre el pasado y el presente del crimen organizado en este departamento. El último ensayo, escrito por el investigador costeño Gustavo Duncan, intenta responder una pregunta antigua, recurrente: ¿por qué la exportación de cocaína surgió primero en Antioquia? ¿Cómo se explica la preeminencia inicial de los antioqueños? ¿Por qué los costeños jugaron un papel subordinado a pesar de su experiencia en el tráfico de marihuana? Duncan pone en duda algunas de las explicaciones culturalistas más comunes. Cuestiona, en particular, que la ventaja de los antioqueños provenga de una mayor predisposición hacia el crimen o de una cultura de violación de las normas. Científicos sociales y comentaristas de prensa han ilustrado esta tesis con base en una supuesta admonición de las abuelas antioqueñas a sus nietos: “consiga plata mijo, consígala honradamente pero si no puede… ¡consiga plata, mijo!”. Pero la frase anterior no es una ocurrencia perversa de las matronas paisas sino una máxima irónica del poeta latino Horacio, como bien lo señaló el historiador Jorge Orlando Melo hace un tiempo. Algunas explicaciones culturalistas, sobra decirlo, nunca han tenido mucho respeto por los hechos del mundo.Duncan anota que “la diferencia de los antioqueños con el resto de Colombia no estuvo en la cultura de violación de las normas…” sino en el sentido comercial, en los hábitos y las habilidades para el intercambio. Los costeños pobres, desventajados, dice Duncan, carecían de las habilidades necesarias para participar autónomamente en un negocio complejo, sofisticado. Muchos antioqueños, por el contrario, tenían habilidades comerciales evidentes, estaban habituados a las urgencias del intercambio. Sin estas habilidades, los antioqueños de origen humilde no habrían nunca podido dar el salto definitivo, improbable, de delincuentes locales a empresarios internacionales, a exportadores de cocaína.Las habilidades comerciales de los antioqueños, dice Duncan, son a su vez el resultado de una historia conocida. En muchas otras regiones de Colombia, los campesinos no tuvieron históricamente una participación activa en el comercio, su mundo estuvo circunscrito a la realidad excluyente, jerarquizada de la hacienda. En Antioquia, por el contrario, muchos pequeños propietarios tomaron parte en actividades comerciales de manera regular. Con el tiempo, el comercio amplió el panorama, multiplicó las ambiciones y creo unas habilidades prácticas innegables: todavía hoy, en muchos pueblos de Colombia, el comercio al por menor es dominado por antioqueños. Estas habilidades, ya lo vimos, fueran fundamentales en los orígenes del narcotráfico, en la preeminencia inicial de los habitantes de Antioquia.La tesis de Gustavo Duncan representa una ruptura importante (necesaria, diría yo) con una tradición moralista que ha querido ver en el narcotráfico un síntoma de todos nuestros males, un espejo incomodo, revelador. Las cosas son aparentemente mucho más complejas. En Antioquia, el narcotráfico fue el resultado no sólo de los males de la sociedad, sino también de sus virtudes más celebradas.

El enfrentamiento entre Antanas Mockus y Enrique Peñalosa no es una rencilla irrelevante. No es un simple choque de egos. No es un rifirrafe más de un partido minoritario. La disputa entre los dos ex alcaldes bogotanos constituye uno de los capítulos más interesantes (y reveladores) de la política contemporánea de este país. Más allá de sus dichos y sus hechos, Mockus y Peñalosa representan, de manera casi caricaturesca, dos visiones opuestas, contrarias del quehacer político.

De un lado están los políticos de principios únicos, los cruzados, los que rechazan, casi por instinto, cualquier transacción ideológica. “No soy perfecto pero no soy un cínico”, dijo Mockus esta semana. En su opinión, el cinismo, esto es, la aceptación explícita de que la búsqueda del poder requiere algún grado de flexibilidad programática, es el peor de los defectos. Los cruzados sospechan de los acuerdos. No creen en las alianzas. Sólo parecen dispuestos a juntarse con quienes adhieren (o juran fe eterna) a sus convicciones primordiales. Prefieren, claramente, la soledad a unas supuestas malas compañías.

De otro lado están los políticos conciliadores, los flexibles, los dispuestos a conversar con todos, incluso con sus enemigos ideológicos. Los políticos flexibles no ven el mundo en blanco y negro. No piensan que su tarea sea una cruzada inaplazable. “En la campaña presidencial enviamos el mensaje que todos los demás eran corruptos menos nosotros. Nosotros no somos un tribunal de la inquisición. Hoy se impone la búsqueda de alianzas…Necesitamos un candidato que convoque a todos los sectores. Pensamos que Bogotá debe tener una propuesta incluyente, de diversas miradas de la ciudad”, dijo esta semana Lucho Garzón en defensa de la alianza del Partido Verde con el Partido de la U. En su opinión, el peor defecto de la política no es el cinismo o el oportunismo, sino la intolerancia, el arribismo moral, la tendencia inquisidora de los cruzados. Los políticos conciliadores no le temen a las alianzas contradictorias, no suponen, de entrada, la existencia de una disyuntiva inevitable entre la soledad y las malas compañías.

Los cruzados se presentan muchas veces como héroes trágicos: sus fracasos, dicen, son un reflejo de sus virtudes. Los conciliadores sospechan de este heroísmo autoproclamado, lo consideran más una forma de escapismo que una virtud inconveniente. Para los cruzados, como lo sugirió Mockus esta semana, “perder es ganar un poco”. Para los conciliadores, como lo ha sugerido Peñalosa varias veces, “ganar implica muchas veces perder un poco”. Para los cruzados, las ideas cuentan más que la victoria. Para los conciliadores, la victoria es necesaria para poner en práctica las ideas. Para los cruzados, vale más la devoción de los fieles que la adhesión de las mayorías. Para los conciliadores, la devoción de unos cuantos es irrelevante sin el apoyo de las mayorías.

No es fácil escoger entre cruzados y conciliadores. Por mi parte, estoy convencido de que la política necesita algún grado de flexibilidad, de tolerancia, de capacidad de negociación. Termino con Maquiavelo como corresponde: “Es imposible ser al mismo tiempo buen hombre y buen príncipe. Quien quiera ganar la gloria política debe renunciar al cielo; quien busque la salvación sacrificará su reino”.

El Estado colombiano no sabe contar. No ha sido capaz de seguirle el paso a la cambiante demografía de este país. El censo de población de 2005 dejó a millones de ciudadanos por fuera de las cifras oficiales. El censo electoral está lleno de muertos (que votan por supuesto). El Sisben está lleno de colados (que cobran por supuesto). Según las cifras de Planeación Nacional, en varios municipios de Colombia, hay más sisbenizados que habitantes, más subsidios que personas.
En el sistema de la salud, las cuentas son aún más problemáticas. El Estado no ha sido capaz de actualizar las bases de datos. Hay duplicaciones, omisiones y (como siempre) muertos en vida, ya no votando sino recobrando. Esta semana el gobierno reportó, alarmado, como si el problema no fuera suyo, que los recobros al sistema de salud incluían más de diez mil muertos. Las cuentas del sector educativo tampoco cuadran. Las de los desplazados, menos. En el sector justicia, la contabilidad no existe. Hace un tiempo, la Corte Constitucional reconoció, cándidamente, que no sabe cuántas tutelas se presentan cada año en Colombia.
Pero estos problemas no han disuadido a los burócratas. Esta semana, el gobierno propuso una proeza burocrática imposible, casi ridícula. Con el fin de disminuir el robo de teléfonos celulares, expidió un decreto que ordena a las compañías operadoras a crear (primero) y a actualizar (después) dos bases de datos: la primera, la base negativa, debe contener los identificadores internacionales (IMEI) de los teléfonos robados o perdidos; la segunda, la base positiva, los identificadores de los teléfonos habilitados legalmente y los número de identidad de sus respectivos usuarios. Si un aparato es robado, su registro pasaría de la base positiva a la negativa y sería consecuentemente desactivado. Sencillo en teoría, muy difícil en la práctica. Ya lo veremos.
La actualización de las bases de datos va a requerir una burocracia kafkiana. Todos los vendedores de celulares necesitarán ahora un permiso especial de funcionamiento. Si un usuario trae un teléfono del exterior, tendrá que mostrar, para activarlo, una factura de compra o una carta firmada por el antiguo propietario. El cambio de usuario necesitará también autorización escrita. Comprar un celular será casi tan engorroso como comprar un carro. Pero los nuevos trámites poco afectarán, en mi opinión, el comercio ilegal. Muchos teléfonos robados serán sacados del país. Otros venidos por partes. Otros más comercializados internamente después de cambiarles fraudulentamente el IMEI por el de aparatos viejos, ya sin valor comercial pero incluidos en la base positiva. Habrá celulares colados, como en el Sisben. O no contabilizados, como en Censo. Además el decreto en cuestión aumentará el poder de mercado de los operadores y podría por lo tanto incrementar los precios de los aparatos nuevos, incentivando así el comercio ilegal. Las consecuencias inesperadas de la tramitomanía no lo son tanto.
Tristemente muchos gobiernos parecen más interesaros en aparentar que están resolviendo los problemas que en resolverlos. Ojalá alguien se diera a la tarea de contar los decretos inútiles. Probablemente nos daríamos cuenta de que muchos actos administrativos son simples placebos. O peor, remedios improvisados.