Mucho se ha escrito recientemente sobre la Constitución de 1991. El tono predominante de los editoriales y artículos ha sido celebratorio: las tiranías celebran los cumpleaños de sus líderes; las democracias, los aniversarios de sus constituciones. En esta ocasión, el aniversario ha servido para señalar la importancia del espíritu incluyente de nuestra constitución política y de su carta de derechos. Pero debería también servir para crear conciencia sobre la relativa ineficacia del voluntarismo constitucional y sobre los límites del derecho como herramienta de cambio social.
Como lo señaló hace un tiempo el economista colombiano Eduardo Lora, la inspiración primordial de la Constitución de 1991 fue “la búsqueda de la inclusión política y social, y la reducción de las grandes disparidades e injusticias mediante la adopción de un Estado Social de Derecho”. La Constitución de 1991 consagró una serie de derechos sociales, creó un mecanismo expedito para su protección, priorizó el gasto social y condujo, en últimas, a un aumento sustancial del tamaño del Estado. Pero el avance social fue inferior al presupuestado (en un doble sentido). El Estado Social de Derecho ha tenido más efectos simbólicos que reales. Cambió el discurso pero no la realidad.
Durante los últimos veinte años los avances en educación y salud fueron notables. Pero el progreso social pareció perder dinamismo desde comienzos de los años noventa. El porcentaje de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) disminuyó más lentamente durante los últimos veinte años que en las décadas precedentes. Las coberturas de servicios públicos, en agua potable y alcantarillado en particular, dejaron de crecer. Más preocupante aún, el desempleo y la informalidad laboral aumentaron de manera significativa, se convirtieron en una realidad inescapable, trágica para la mayoría de los colombianos sin educación universitaria. En síntesis, la exclusión económica pudo mucho más que la inclusión social promovida por la Constitución de 1991.
Las explicaciones a la paradoja anterior abundan. Algunos culpan a las reformas liberales de los años noventa. Otros, a la corrupción y a la confusión de competencias entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales. Otros más, a la inseguridad y la violencia. Sea cual fuere la explicación, el contraste entre las intenciones y los resultados es innegable. «No seremos los mismos”, dijo el Presidente Santos este viernes al sancionar la Ley de Víctimas en un tono reminiscente al de hace veinte años. Sin ánimo de hacer de aguafiestas, no sobra recordar la gran enseñanza de este nuevo aniversario de la Constitución de 1991: las normas por sí solas no cambian la realidad.
Alejandro Gaviria
12 junio, 2011 at 3:33 amEste libro, publicado hace un año largo por Fedesarrollo, tiene un buen análisis de los resultados (esperados y no esperados) de la Constitución de 1991.
Este documento de trabajo hace una evaluación del progreso social durante los últimos 50 años en Colombia. Algunas de los hechos mencionados en la columna están basados en el documento.
Alejandro Gaviria
12 junio, 2011 at 3:34 amSi tuviera que mencionar los dos cambios que tuvieron el mayor impacto positivo sobre el bienestar de los colombianos en los últimos años, mencionaría la expansión de la telefonía móvil y el aumento de la cobertura de gas natural. Ninguno tuvo mucho que ver con la Constitución de 1991.
Andrés
12 junio, 2011 at 3:46 amAlejandro, no funciona el primer enlace que reseño dentro de la columna, el de Eduardo Lora.
Anónimo
12 junio, 2011 at 3:56 amDefinitivamente del dicho al hecho hay mucho trecho y de buenas intensiones esta lleno el camino hacia el infierno.
jpcandela
12 junio, 2011 at 3:58 amValioso el comentario. Pero con semejante apertura de mercados, crisis en seguridad y en institucionalidad a mediados de los 90, crisis económica a final de los 90, y un enfoque en reactivar la actividad económica a través de la seguridad durante la primera década del nuevo siglo (un pivote necesario), puede que la falta de resultados en coberturas se deba es a que ha habido otras prioridades, algo que nada tiene que ver con la Constitucion.
Lanark
12 junio, 2011 at 10:59 amComo comentario al margen sobre uno de los aspectos de la constitución del 91, que probablemente sea visto como algo económicamente nocivo por algún tecnócrata, está la protección de las culturas indígenas.
Dice Wade Davis (ver minuto 1:00 en este video) "because of progressive policies of Colombian government there has been a renaissance of the north west Amazon that has been simply astonishing"
Lanark
12 junio, 2011 at 11:06 am"I was there with Steven Hugh Jones, former head of anthropology at the Unviersity of Cambridge, who had made a film in the BBC's «disappearing words» strand in the late 60s, and at that time it seemed as all these cultures were on their way out, as it were, to his great delight, he said that the only thing that had disappeared in these 30 years were the bloody missioners" dice Wade Davis.
Carlos Méndez
12 junio, 2011 at 12:09 pmAlejandro, pero faltó mencionar como hipotesis que el mayor gasto público en los años 90 (en gran parte requerido por la constitución) fue una de las causas de la crisis económica de finales de los 90. Y incluso actualmente muchos problemas fiscales probablemente no los tuvieramos sino fuera por la constitución del 91.
El aumento de los costos laborales (de forma inusitada en los años 90) tuvo que ver con intenciones de universalizar el acceso a la salud y las pensiones. No es culpa de la constitución, pero tuvo el "ethos" predominante.
La constitución del 91 nos impuso una social democracia mientras el mundo viraba hacia un mayor liberalismo económico y el horroroso corporativismo ("neoliberalismo"). Es la gran paradoja.
Nos ha traído un estado mas grande a pesar del discurso supuestamente neoliberal de Gaviria, Pastrana y Uribe (Samper no. Ese fue el único presidente con discurso plenamente socialdemocrata de estos años). Pero la desigualdad, como lo mencionó, no ha disminuido sino que ha aumentado.
Agente P
12 junio, 2011 at 12:13 pm… y el estado es pésimo administrador de presupuestos y despilfarrador a más no poder. Más estado en Colombia es simplemente más burocracia, reglamentación e impuestos que luego se desaparecen por cuenta de la evasión, la elusión, las exenciones legales (pero a dedo) y la corrupción.
Se dice que el pueblo colombiano es bastante conservador en actitud ante la vida, pero en cuanto a lo que espera del estado como solucionador de problemas, o panacea, es simplemente socialista hasta los tuétanos.
Cordial invitación (aunque no me haya quedado tan bien esta vez): http://bit.ly/liy3Fi
Daniel Payares Montoya
12 junio, 2011 at 12:29 pmVideo del Partido Liberal en homanaje a Cesar Gaviria: "Todos y todas por un mismo país. Constitución política de 1991."
Con lenguaje incluyente y todo como le gusta a Alejandro.
Alejandro Gaviria
12 junio, 2011 at 12:42 pmLanark: yo le oído Davis decir lo mismo a Wade Davis. El tipo dice que el héroe fue el Presidente Barco. La Constitución de 1991 simplemente refrendó lo que había hecho Barco previamente.
Alejandro Gaviria
12 junio, 2011 at 1:08 pmJpcandela: La apertura liberal no explica el aumento en la desigualdad. Pudo haber tenido algún efecto menor sobre la brecha salarial entre los trabajadores calificados y los no calificados pero definitivamente no puede explicar el crecimiento de la desigualdad durante los años noventa. Este artículo ilustra el punto anterior.
Agente P: el desarrollo no es otra cosa que la acumulación de capacidades, entre ellas las capacidades estatales. La Constitución simplemente planteó algunos objetivos y definió algunas prioridades (pomposamente como corresponde). Uno de los Autos de la Corte sobre el tema de desplazados dice, así no más, como si fuera tan fácil, que no se levantará el llamado estado de cosas inconstitucional hasta que no se superen los problemas de ineficiencia estatal. En últimas, hemos vivido, sin darnos cuenta –y no sólo en el tema de desplazados–, en un permanente estado de casos inconstitucional.
Carlos: mencioné (sin enfatizarlo) el aumento del tamaño del Estado. Este gráfico es ilustrativo al respecto.
Alejandro Gaviria
12 junio, 2011 at 1:09 pmSobre el divorcio entre resultados e intenciones, cabe anotar que el desempleo comenzó a crecer precisamente cuando se promulgó el derecho al trabajo.
“ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.”
Anónimo
12 junio, 2011 at 3:01 pmEn referencia al problema que señala el columnista del divorcio entre en espíritu y la letra de la Carta del 91, y una realidad que no se puede cambiar a punta de códigos y decretos, pregunto si sería posible que una interpretación maximalista de la Constitución condujera a situaciones extremas como que, por ejemplo, cada desempleado o subempleado de este país, e incluso aquellos que no estén satisfechos con lo que hacen o con cuánto se les paga, pudiera entutelar al Estado por no respetarle su "derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas".
Alejandro Gaviria
12 junio, 2011 at 5:50 pmAnónimo: en su Título II, la Constitución distingue entre derechos fundamentales (de cumplimiento inmediato) y derechos económicos, sociales y culturales (de cumplimiento gradual). La Constitución, si se quiere, reconoce implícitamente la diferencia entre unos y otros. Pero la jurisprudencia de la Corte borró casi completamente esta diferencia mediante conceptos (interesantes pero discutibles) como el de la vida digna. Hoy existe una especia de contradicción: en algunos casos, como en el de la salud, la Corte vigila los derechos sociales estrictamente; en otros, como en el del trabajo, se hace la boba.
Alejandro Gaviria
12 junio, 2011 at 6:15 pmInteresante columna sobre los logros y los extravios del activismo judicial en EE.UU.
Brown v. Board of Education accelerated the process of bringing this creedal nation into closer conformity to its creed. But the decision also encouraged the abandonment of constitutional reasoning — of constitutional law. It invested the judiciary with a prestige that begot arrogance. And it seemed to legitimize a legislative mentality among judges wielding an anti-constitutional premise. The premise is that "unjust" and "unconstitutional" are synonyms.
Alejandro Gaviria
12 junio, 2011 at 6:28 pmBuena columna de Alvaro Camacho sobre el tema de la semana pasada: narcotráfico y cultura.
Alejandro Gaviria
12 junio, 2011 at 6:37 pmLos argumentos culturalistas, llevados a un extremo, son completamente tautológicos. Estanislao Zuleta solía decir, irónicamente, que invocar la cultura como explicación es equivalente a decir que un atleta ganó un maratón porque tenía más “caminancia”. Algunos de nuestros científicos sociales explican el crimen diciendo que es el resultado de la “cultura de la ilegalidad”.
los nuevos
12 junio, 2011 at 6:45 pmMuy buena la columna. Introduce algo de escepticismo a todos los laudatorios, bienintencionados y encomiasticos editoriales que han proliferado por estos días.
La distancia entre intenciones y realidades es de verdad abismal. Ver lo evidente y el "estado de cosas inconstitucional", si que se pasa por alto, se escamotea. muy orwelliana nuestra realidad.
El sociólogo Rudolf Dahrendorf En relación al tema de los derechos sociales y el flamante artículo sobre el derecho el trabajo, y su incumplimiento dijo alguna vez:
"Estipular el derecho al trabajo en vez de intentar abolir el desempleo no ayuda a nadie y sólo sirve para diluir la noción del dercho como parte del status de ser miembro de una comunidad"
Las constituciones no obran milagros por su fuerza normativa. El famoso dictum de napoleón de que "las mejores constituciones son aquellas breves y poco concretas", me parece muy acertado. La nuestra con lo pletórica en derechos, prolija e incluyente no resulta a la postre buena en la realidad. No una concstitución para ángeles, tal vez para ilusos.
Camilo.
Anónimo
12 junio, 2011 at 8:19 pm"Si tuviera que mencionar los dos cambios que tuvieron el mayor impacto positivo sobre el bienestar de los colombianos en los últimos años, mencionaría la expansión de la telefonía móvil y el aumento de la cobertura de gas natural. Ninguno tuvo mucho que ver con la Constitución de 1991"
Y el aumento en la cobertura de la salud profesor Gaviria?
jaime ruiz
12 junio, 2011 at 8:21 pmRealmente hay que ser columnista de El Espectador para confundir proclamas con intenciones. Según esa lógica, la corrupción no es intencional, pues todos los políticos ladrones se declaran en contra.
El engendro de Pablo pretendía asegurar rentas a las clientelas del M-19 y el resto de la izquierda democrática, activas y entusiastas. Los estudiantes que lo promovieron recibían clases de gente que despreciaba la "democracia electoral" y al final la expansión brutal del gasto público servía para pagar las pensiones a los 40 años de los trabajadores al servicio del Estado (Luis E. Garzón cobraba 50 salarios mínimos cuando era presidente de la CUT). Los pretextos para encontrar otra causa de la desigualdad son otra muestra de una desfachatez propia de un compañero de faenas de Ramiro Bejarano, Felipe Zuleta y Gonzalo Guillén.
Jacol
12 junio, 2011 at 10:12 pmmuy buena columna profesor Gaviria, pero nadie es tan ingenuo para creer que la Constitución podría cambiarlo todo, no sé si estuviéramos mejor con la de 1886, la de 1991 lastimosamente ha dejado por fuera a muchos actores que al que el problema realmente los afecta. Y si con una constitución tan progresista no pudimos cambiar dudo que con una conservadora lo hayamos podido hacer mejor, pero uno no puede ser ni tan pesimista ni tan lleno de esperanzas, creo que se necesita un cambio de estrategia económica. Ahora, creo que la Corte Constitucional ha hecho un aporte importante y puede que algunas de sus tesis sean bastante discutibles pero por Dios a veces hay unos adefesios en cuanto a la protección de derechos que la Corte dice continuamos con un estado incosntitucional que probablemente no sirva para solucionar el problema pero si para hacerle sentir el malestar al Estado y un mensaje a la sociedad colombiana.
Saludos.
Anónimo
12 junio, 2011 at 10:52 pmEl dr. Gaviria le falta decir lo que todo el mundo sabe. La constitución del 91 simplemente fue creada por la izquierda (M-19, Serpo-samperismo) para imponer el socialismo de forma irreversible! No ve que es berraquisimo cambiar cualquier articulo de la consitucion…
charlie
12 junio, 2011 at 11:11 pmCreer que una constitución hace funcionar una sociedad humana es tan estúpido como creer que el manual de instrucciones hace funcionar un electrodoméstico.
Pero, concediendo algo a la estupidez, si alguna virtud pudiera tener una constitución, seria su vetustez.
Gheysel Naranjo
13 junio, 2011 at 12:10 amCreo que la Constituciòn del 91 abriò nuevas perspectivas de normatividad para ajustarnos a la colombia moderna. POr su puesto es indispensable pasar de las leyes y los decretos a la ACCION y poner en pràctica los artìculos y reformas que se establecieron. Estudiar ese documento es muy importante. que todos conoscan cuales son las leyes que se cambiaron y por què debemos participar en la aplicaciòn de esos nuevos proyectos jurìdicos. Parodiando al viejo Uribe, el mandato para los muchachos ahora es: ESTUDIAR, ESTUDIAR, Y ESTUDIAR…
Gheysel
Anónimo
13 junio, 2011 at 12:30 amEste Charlie si es un genio. ¿Con una manual de instrucciones usted no puede hacer funcionar un electrodoméstico? Qué hace entonces: ¿lo agarra a patadas?
Esplandián
13 junio, 2011 at 1:07 amAlejandro:
Esto escribió José Gregorio Hernández recientemente en una columna de opinión, sobre el acto legislativo de sostenibilidad fiscal. Yo creo, por muchas razones, que ese acto legislativo no va a servir para nada. Lo interesante de la opinión de este señor es el hecho de que, como con muchos constitucionalistas, hay siempre buenas intenciones pero no resultados (parafraseando a Friedman); se defienden textos con derechos, pero no se ve la manera en que se conseguirán esos derechos. Como quien sueña con ganarse una lotería pero no la compra.
"…En efecto, uno de los elementos esenciales de la Carta Política -el Estado Social de Derecho- es, de ahora en adelante, apenas un adorno lingüístico dentro de un conjunto de normas que hace prevalecer el factor económico -cuyo contenido será definido en cada caso por los burócratas de turno- sobre la dignidad humana, los derechos fundamentales, los derechos sociales, los derechos colectivos y del ambiente, el acceso de toda la población -en especial la de menores recursos- a los bienes y servicios básicos.
Esta nueva será la Constitución del Estado neoliberal y del capitalismo salvaje, que sustituirá la del Estado Social de Derecho aprobada hace dos décadas. Es una Constitución indolente, cuyas expresiones limitarán el ejercicio de los derechos, harán impracticables las normas constitucionales supérstites que los reconocen y eliminarán de un tajo las competencias judiciales que hoy por hoy permiten a los jueces impartir órdenes tendientes a cristalizar los postulados sociales del orden jurídico fundamental.
Las normas constitucionales del Estado Social de Derecho estarán en adelante "durmiendo con el enemigo". Es decir, la Carta Política nos reconocerá derechos con una mano y nos despojará de ellos con la otra.
Gran satisfacción, claro está, entre los tecnócratas del Ministerio de Hacienda, en las gerencias de las EPS y de la salud prepagada, en las empresas de servicios públicos, entre los intermediarios financieros, en las oficinas de los economistas neoliberales."
Anónimo
13 junio, 2011 at 1:13 amLos candidatos más opcionados para ser nuevo rector de Uniandes.
Alejandro Gaviria
13 junio, 2011 at 1:18 amEsplandián: comparto su opinión sobre la irrelevancia del acto legislativo de sostenibilidad fiscal. Este dice simplemente que la sostenibilidad es un criterio que no puede afectar los derechos fundamentales. Puro santanderismo económico. Por tal motivo el tono exaltado de José Gregorio Hernández es aún más preocupante. Yo diría que es casi ridículo pero es más que eso: su opinión es representativa de una forma de pensar cada vez más generalizada: el juez como justiciero cósmico.
Esplandián
13 junio, 2011 at 2:14 amAlejandro,
Todo esto hace que recuerde una frase de Alf Ross:
"Invocar la justicia es como dar un golpe en la mesa:una expresión emocional que hace de la propia exigencia un postulado absoluto (…) La ideología de la justicia es una actitud militante del tipo biológico-emocional, a la cual uno mismo se incita para la defensa ciega e implacable de ciertos intereses".
juan francisco muñoz
13 junio, 2011 at 3:03 amSusan Pinker, psicóloga y profesora de la universidad McGill, publicó un interesante libro: The Sexual Paradox; Palabras más, palabras menos, expone que las desigualdades entre las orientaciones vocacionales de hombres y mujeres pueden tener más un trasfondo evolutivo que la supuesta causa por injusticia en el acceso a oportunidades, llegando a afirmar que "no entiende por qué el tema de las diferencias sexuales sigue siendo tan controversial". A su vez, plantea que es contradictorio como el auge de la participación de las mujeres en la educación superior no ha sido proporcional al aumento de su fuerza laboral en ciertas áreas. A sí mismo, plantea algo muy interesante para esta discusión: USA fue el país líder en la conquista de derechos de las mujeres, pero lo fue sin seguir una constitución exlícita al respecto, sino simplemente regulando y penalizando abusos concretos en casos de acoso laboral y sexual, y negación de ingreso a universidades.
Anónimo
13 junio, 2011 at 2:34 pmNo se lo pierdan http://www.nytimes.com/2011/06/13/opinion/13douthat.html?_r=1&emc=tnt&tntemail1=y
Alejandro Gaviria
13 junio, 2011 at 2:38 pmCopio nuevamente el enlace anterior.
Anónimo
13 junio, 2011 at 3:13 pmExcelente artículo el del NYT. Da justo en el blanco.
Harold H. Londoño
13 junio, 2011 at 4:54 pmAlejandro: respecto al documento que subes, me llama la atención que, pese al aumento notable en educación y al incremento en uso de anticopcepctivos, el embarazo adolescente se disparará, especialmente en los pobres (afianzando la trampa).
Seguramente ésto afectó mucho los resultados sociales de las últimas dos décadas.
La constitución puede sentar las bases para ampliar la cobertura educativa con sus externalidades positivas, pero ahh dificil contribuir aplazar el gustico, no? o si?
Será que la migración (que en el fondo usted parece celebrar) puede haber contribuido a ésto?
Cordial saludo,
Pablo
13 junio, 2011 at 4:57 pmEl hecho que varios de los postulados de la Constitución de 1991 no se hayan cumplido, no significa ni que la constitución sea la responsable del estancamiento social, ni que pierda su valor como declaración aspiracional.
Existen constituciones que simplemente describen como las cosas se han hecho, otras -como la nuestra- que plasman las aspiraciones de una sociedad. Así como se avanzó en educación y salud, no hubo resultados en desigualdad y empleo. Mi pregunta es: podemos asociar ambos factores al cambio constitucional? o solamente los factores negativos como lo hace usted en esta oportunidad Alejandro?
También cabe la pregunta de cual sería el grado de progreso social sin constitución? Estaríamos mejor, igual o tal vez peor?
Y aclaro que no comparto que la Corte Constitucional sea ahora un tribunal ad-hoc de políticas públicas, pero pensemos que hubiera pasado sin la intervención de la Corte en temas como los desplazados. Quien se hubiera ocupado de ellos?
Hoy tenenmos un POS de mas de quince años que aun no se actualiza a pesar de la intervención de los jueces. Sería hoy este un problema de relevancia nacional sin la intervención de ellos?
Alberto
13 junio, 2011 at 6:23 pmAlejandro;
Importante la puesta en circulación de ideas como las expresadas en la columna, sobre todo ahora cuando hacer cualquier tipo de crítica a todo ese fenómeno que llamamos la Constitución del 91 es considerado como un gesto políticamente incorrecto.
No obstante, creo que nadie esperaba que la Constitución –el documento formal- modificara la realidad. Lo que se esperaba es que ese documento formal tuviese su correlato en la legislación, la normatividad, las prácticas y las nuevas-viejas instituciones (una esperanza bastante arriesgada, hay que aceptarlo) Y lo que sucedió es que, con muy contadas excepciones, los principios constitucionales no se han encontrado con dicho correlato.
Alejandro Gaviria
13 junio, 2011 at 8:31 pmPablo: algunos economistas sí le han atribuido a la Constitución de 1991 algún grado de responsabilidad en el estancamiento social. Eduardo Lora, en el artículo enlazado en el primer comentario de esta entrada, argumenta, por ejemplo, que la Constitución creó unos nuevos equilibrios políticos que hicieron más difíciles los consensos y afectaron por ende la calidad de las decisiones públicas, sobre todo en materia económica. Otros han mencionado que los mayores recursos públicos (las transferencias y regalías, en particular) azuzaron el conflicto. Y otros más, que el mayor gasto, financiado inicialmente con deuda, hizo más vulnerable a la economía y fue el causante inmediato de la crisis de finales de los años noventa.
Evaluar estas hipótesis es difícil. Yo no tomó partido al respecto en la columna. No digo que la Constitución fue contraproducente. Sólo mencionó que los hechos sugieren que las aspiraciones no se han cumplido.
De otro lado, la Corte no siempre ha entendido las aspiraciones como tales sino más bien como derechos de inmediato cumplimiento. Está bien que la Corte llame la atención sobre algunos vacios de políticas públicas. Pero algunas sentencias parecen documentos Conpes, un hecho, en mi opinión, preocupante.
Alberto: como resultado de la Constitución de 1991 y del mismo prestigio de la Corte Constitucional, existe en el país una especie de sobrevaloración del derecho como instrumento de cambio social. La columna quería simplemente sembrar algunas dudas al respecto. Cuando leo, por ejemplo, las declaraciones sobre la ley de víctimas, encuentro que la gente sí espera grandes cambios. “No seremos los mismos”, dijo Santos.
Alejandro Gaviria
13 junio, 2011 at 8:34 pmHarold: las razones del aumento en el embarazo adolescente son complejas. Tienen que ver aparentemente con las bajas expectativas de movilidad social en un contexto dde crecientes patologías sociales. Enlazo un artículo que escribí hace un tiempo al respecto.
Alberto
14 junio, 2011 at 5:38 pmPero, Alejandro, esa sobrevaloración del Derecho (o ese abuso) no es el resultado de la Constitución del 91. La consabida frase del "país de leguleyos" o "país de tinterillos" fue acuñada mucho antes. Incluso, podría decirse que lo propio del Estado moderno es legislar; en ese sentido la prevalencia del derecho como supuesto medio de cambio -no sólo en el ámbito social- es una actitud compartida por la mayoría de los Estados, quizá por todos.
Creo que todos estamos de acuerdo en que las leyes, los textos formales, no pueden cambiar ninguna realidad al menos que existen los medios para traducirlas, para regularlas, para modorerlas, para disponerlas. No obstante ello no plantea un interrogante sobre la Constitución del 91 sino sobre la traducción.
Nota: Hace poco Antonio Caballero -medio en broma, medio en serio- escribió que la única ley que había funcionado con su sola promulgación fue la ley 100 de salud.
Alejandro Gaviria
14 junio, 2011 at 8:53 pmAlberto: de acuerdo. Pero el poder de los abogados parece haber aumentado. Yo tengo una evidencia anecdótica: en los foros sobre política social hay más abogados que economistas. Para bien o para mal.
Aquí hay alguna otra evidencia.
Alejandro Gaviria
14 junio, 2011 at 9:41 pmSobre el tema de hace unas semanas: Gobierno admite que subirán los precios de los celulares con decreto que desestimula su robo.
¿Y los incentivos dónde quedan? ¿No estimularán los mayores precios el robo que se quiere combatir?
Juan Camilo
15 junio, 2011 at 5:38 pmQuisiera actualizar la información sobre el proyecto de sostenibilidad fiscal, que quizás pueda hacer cambiar la opinión de Esplandián y del mismo Alejandro. En la conciliación del proyecto alguien se dio cuenta (por fin) de que estaban aprobando una reforma constitucional inocua, sin dientes para ser exigida. Quien se dio cuenta de la omisión, propuso, como forma para corregirla, el siguiente párrafo:
"El Procurador General de la Nación o uno de los ministros del Gobierno, una vez proferida la sentencia por cualquiera de las corporaciones judiciales, podrán solicitar la apertura de un Incidente de Impacto Fiscal, cuyo trámite será obligatorio. Se oirán las explicaciones de los proponentes sobre las consecuencias de las sentencias en las finanzas públicas, así como el plan concreto para su cumplimiento y se decidirá si procede modular, modificar o diferir los efectos de la misma, con el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal. En ningún caso se afectará el núcleo esencial de los derechos fundamentales".
Esplandián
15 junio, 2011 at 8:14 pmJuan Camilo,
Mi opinión frente al proyecto sigue siendo la misma, incluso con la gentil actualización que usted acaba de hacer, por muchos motivos. Entre otros:
1. En términos operativos, la intervención de funcionarios de la procuraduría y ministerios va a ser muy complicada, a no ser que se limite a las sentencias “importantes”, que no son siempre las que disparan el gasto. En estos casos además, incluso si se logra responsabilidad fiscal de los jueces de mayor jerarquía, las decisiones de dichos jueces no tendrían que ser obedecidas por los jueces de menor jerarquía.
2. Quien decide en última instancia si algo afecta la “sostenibilidad fiscal” es el Juez, y no se ve por qué razón cambiará de opinión teniendo a la mano tantos elementos de juicio para no hacerlo:
(i) Puede echar mano, por ejemplo, de ese concepto oscuro que es el “núcleo esencial de los derechos”. Las expresiones de este tipo le dan gran discrecionalidad al juez para decir lo que quiera: en este caso, para decir que, como el gasto afecta el núcleo esencial de un derecho, no debe ser limitado. Esto me hace recordar la frase de Wittgenstein: “Actúo con completa certeza. Pero esta certeza es precisamente la mía. […] ‘Lo sé’, le digo a otro; y aquí hay una justificación. Pero no la hay para mi creencia”.
(ii) Puede echar mano de la “ponderación de principios” para darle prevalencia a los derechos sobre la sostenibilidad fiscal.
En resumen, la intervención del ministerio público y los ministerios no va a lograr darle efectos a esta norma. Va más bien a congestionar todavía más el sistema judicial, y a aumentar la burocracia.
Alejandro Gaviria
15 junio, 2011 at 11:59 pmPascual Gaviria también duda de las buenas intenciones de la ley de víctimas y (lo conozco bien) no pertenece a la mano negra de la extrema izquierda o la extrema derecha.
Pablo
16 junio, 2011 at 12:46 amBueno, yo soy abogado y considero que el poder de los abogados antes ha decrecido. Es mas, el derecho hace tiempo fue instrumentalizado por la economía, introducuiendo criterios de eficiencia y variando la concepción misma de justicia. McCloskey en su último libro -el cual estoy leyendo gracias a usted- lo afirma.(Chapter 3 p. 26) No es la única entre otras. Entonces yo creo que la participación de los abogados en este debate no debe mirarse con resquemor. Sé que algunos colegas también tienden a despreciar las visiones propias de los economistas…
Volviendo al tema de la columna creo que pueden aportar a la discusión los argumentos esgrimidos en el libro el costo de los derechos recién publicado en español, así como una crítica a esta visión.
Alejandro Gaviria
16 junio, 2011 at 12:57 amPablo: posiblemente estamos ante una situación paradójica: los abogados pueden haber perdido influencia intelectual (sus métodos están algo devaluados) pero, al menos en Colombia, han ganado poder en la toma de decisiones públicas. Recuerde que un ex magistrado dijo hace un tiempo que el siglo XXI era el siglo de los jueces. Sentencias como la de salud, desplazados, Upac y salarios de empleados públicos muestran que el poder de los abogados es real. Y significativo.
Pablo
16 junio, 2011 at 1:32 amAlejandro, yo no comparto la idea que los métodos del derecho se encuentren un poco revaluados. Quizás sobredimensionados. De paso no comparto la idea de derecho como instrumento, herramienta o método. Entre otras una visíon que generalmente viene de los economistas. Lo anterior no significa que el derecho como institución pueda ser evaluado, como usted bien lo ha hecho en la columna. Yo diría que los abogados, para bien y para mal deben estar en los foros de política social. Ahora muchos economistas redactan leyes, presentan demandas, interpretan normas e incluso dan opiniones jurídicas. A mi eso no me parece malo. Es una lástima que unos quieran cerrarle las puertas.
Frente a la mención específica del siglo de los jueces, parece ser que es un fenómeno que se repite cada tanto, para bien y para mal…
Alejandro Gaviria
16 junio, 2011 at 2:54 amPablo: estamos de acuerdo en esencia. A mí tampoco me preocupa la presencia de los abogados en los foros de política social. Es un contrapeso normativo a la obsesión positivista de la economía. Pero la discusión sobre políticas públicas no se puede quedar en los derechos y los principios.
Algunos economistas (debo reconocerlo) muestran un fe en el derecho superior o igual a la de los economistas. El acto legislativo de sostenibilidad fiscal (que aterra a algunos abogados) es casi un paradigma del fetichismo legal. En esas estamos.
Anónimo
16 junio, 2011 at 2:54 amAlejandro: ¿es verdad que el nuevo rector de los Andes es del Opus Dei?
Alejandro Gaviria
16 junio, 2011 at 1:01 pmRodolfo Arango (en respuesta a la columna) argumenta que la psicología colectiva, la confianza, lo que Tocqueville llamó los hábitos del corazón son fundamentales para el cumplimiento de las intenciones de las normas juridicas.
Anónimo
16 junio, 2011 at 3:10 pmTodo integrante del sector de la banca nacional, debe pertenecer al Opus Dei.
Pablo
16 junio, 2011 at 4:18 pmAlejandro, este libro (páginas 25 a 33) publicado por la Universidad de los Andes describe muy bien en mi parecer la forma como los abogados pretenden juridificar las otras ciencias sociales. El problema es que la economía también como ciencia social pretende "economicizar" las otras ciencias.
Anónimo
16 junio, 2011 at 7:39 pmEntonces, y como decía mi progenitor, ¿por plata no se preocupen que plata no hay?
juan francisco muñoz
17 junio, 2011 at 6:01 pmPrefiero que se "economicize" a las ciencias sociales a que simplemente se "juridifique".
Hay cierta tendencia a hacer afines la ideología política con el constitucionalismo, es una tendencia, aunque normativa, muy común en la izquierda. Las personas de toda una generación que estudió derecho desde el 91 todavía juran que la constitución ha tenido un impacto transformador en la sociedad, y desconfían de quien la cuestiona. Tengo amigos abogados, jovenes, que se fueron por el derecho constitucional y no por el derecho económico. Algo anda mal en la formación en derecho, sobre todo en las regiones.
juan francisco muñoz
17 junio, 2011 at 6:18 pmSobre la columna de Arango:
La afirmación: … el derechos y al constitución, tanto como los billetes o los comportamientos humanos, son realidades sociales construidas; No sé, esta afirmación se basa en ideas que la misma psicología científica y experimental ha cuestionado: Primero, la de la idea de la intención colectiva. Segundo, el creer que todas las motivaciones humanas son adquiridas.
En fin, la psicología, como la consciencia, es de esos temas de los que todo el mundo opina, pero pocos han estudiado o están al día.
Alejandro Gaviria
17 junio, 2011 at 7:55 pmLas economías de Brasil y Colombia en cinco gráficos.
Carlos Méndez
18 junio, 2011 at 12:53 amAlejandro: una pregunta. He visto varios análisis pero todavía no he entendido porque tenemos tanto problema con el sector de la agricultura en Colombia.
Anónimo
18 junio, 2011 at 4:37 am.25
nuevo aumento?
o exigencia del FMI ?
ésto va colapsar
Apelaez
18 junio, 2011 at 12:04 pmVoy a meter la cucharada en la discusión sobre la influencia de los abogados. Primero, no es lo mismo jueces que abogados, los primeros han aumentado su poder, pero los segundos, ni idea.
Segundo, los abogados sólo por su número (cerca de doscientos mil), claramente tendrán una mayor representación en diferentes campos, entre estos, en el Estado.
Tercero, en el Congreso hay más contadores que abogados. Así que no hay que sobreestimar el poder de los "letrados" ni subestimar el de otras profesiones en el poder político. (al parecer en el Congreso la profesión viene siendo más o menos irrelevante)
Cuarto, es inegable la mayor influencia de la economía en la academia, entre otras cosas, porque el derecho no fue diseñado para explicar cosas ni como un método para analizar fenómenos sociales. Mejor dicho, el derecho como disciplina tiene más en común con la teología que con la ciencia.
Los que realmente tienen el poder son los políticos, independientemente de la profesión que tengan. Eso si es indiscutible.
Alejandro Gaviria
18 junio, 2011 at 4:08 pmApealez: muy interesante el comentario. Pero creo que en el Congreso hay muchos abogados que administradores, economistas e ingenieros.
Los políticos tienen el poder pero su poder no es determinante en el largo plazo. Después de todos son un puñado de ingenieros y científicos los que determinan el futuro de la humanidad. Los políticos mandan sobre la distribución del ponqué, los otros sobre su crecimiento. Los políticos, eso sí, tienen el poder de acabarlo todo en su afán de maximizar su tajada.
Alejandro Gaviria
18 junio, 2011 at 4:16 pmCarlos: claramente hay un problema de incentivos. Las políticas públicas favorecen la búsqueda de rentas, no la innovación.
Pero también, por razones distintas, históricas o de otro tipo, hay una gran ausencia de empresarios del campo. Hace unos meses estuve en la SAC y salí espantado (literalmente). Están atascados en el siglo XIX. No hay una oficina de investigaciones, pero sí montones de oleos de figuras del pasado. La historia de Brasil, por lo que he leído, es más una historia empresarial que una de políticas estatales exitosas. Fueron los empresarios, casi solos, quienes lideraron la transformación.
Anónimo
18 junio, 2011 at 8:13 pmDice El Espectador que el Instituto Cervantes acaba de elegir la palabra Querétaro, popuesta por el actor mexicano Gael García, como la más bonita del ESPAÑOL, por aclamación popular de los internautas. Y va uno a ver, y resulta que de Querétaro se dice lo siguiente: "El significado de Querétaro tiene dos versiones: Una purépecha que significa "lugar donde se juega la pelota o juego de pelota" y la otra otomí, que significa "lugar de piedras".
O el actor Gael García es medio atembado y no entendió que la cosa era en español, o los internautas son más atembados y aclaman popularmente lo que dice el atembado. La tercera posibilidad es más ominosa: los miembros del Instituto Cervantes son unos incompetentes y no hacen respetar ni siquiera sus propios concursos.
Conclusión: la democracia es peligrosa.