Los voceros del gobierno han dicho que la percepción de inseguridad es producto de la manipulación de la opinión pública por parte de políticos oportunistas y reporteros amarillistas. En varias ocasiones, han expresado su extrañeza por la politización del debate, han lamentado la falta de unidad, de consenso ante un tema de interés nacional. Pero estos lamentos son inconsecuentes. El presidente Santos, cabe recordar, reveló de manera oportunista la muerte de “Manuel Marulanda” y sacó provecho político de la “Operación Jaque”. Durante su campaña a la presidencia, usó el miedo como arma electoral. Su victoria obedeció en un alto grado a tal estrategia. Quejarse ahora de la politización de la seguridad no tiene sentido, es casi una forma de cinismo. El gobierno está siendo víctima de su propio invento.
Con evidente optimismo, el presidente Santos ha planteado que los ataques de las Farc y la percepción de inseguridad son manifestaciones superficiales de tendencias positivas. En su opinión, las Farc atacan porque están derrotadas y las gente se siente más insegura porque los periodistas han tenido que recurrir a la reportería minuciosa de la criminalidad, a la reiteración de la crónica roja, como consecuencia de la desaparición de muchos problemas otrora acuciantes: las chuzadas, los falsos positivos, los conflictos institucionales, etc. Esto es, las cosas lucen mal porque van bien. O en otras palabras, las malas noticias son buenas noticias disfrazadas. No quisiera pecar de pesimista, pero este optimismo presidencial me parece exagerado, casi un desafío al sentido común.
Los argumentos del ministro Rivera no son mucho mejores. Esta semana el ministro trajo a cuento su teoría de las microextorsiones. La percepción de inseguridad ha aumentado, dijo, como resultado de la multiplicación de la intimidación callejera, del mendigo que amenaza para acrecentar la limosna o el holgazán que intimida para forzar una ayuda. Pero esta teoría no tiene (no puede tener) ningún sustento. Al respecto no hay datos. Probablemente el Ministro basa sus elucubraciones en unas cuantas anécdotas callejeras. El general Naranjo también ha esgrimido una teoría cuestionable. La lucha contra la criminalidad, ha dicho, se ha visto entorpecida por la ausencia de una reglamentación eficaz del acto legislativo que prohibió el consumo de drogas. Este argumento no tiene asidero. El aumento del microtráfico poco o nada tiene que ver con la despenalización del consumo. Además, la policía cuenta con suficientes herramientas legales para combatir a los dueños del negocio de la droga. Las razones del general Naranjo son más una excusa que una explicación.
En fin, los argumentos del gobierno muestran cierto afán por enterrar la cabeza en la tierra. O peor, por contemplar la realidad con los ojos engañosos de la complacencia.