La mayoria de los comentaristas colombianos parece convencida de que la tragedia del invierno es hechura nuestra, un resultado de nuestros pecados, de nuestra caótica ocupación del territorio, de nuestra falta de planeación. En opinión de muchos (1, 2 y 3), la sociedad colombiana no es víctima de una naturaleza inclemente o despiadada; todo lo contrario, la naturaleza ha sido victimizada, casi arrasada, por una sociedad depredadora, irresponsable. Esta tragedia, se dice con frecuencia, nos pinta de pies a cabeza, nos refleja fielmente en el espejo incómodo de nuestras propias faltas.
En medio del desconcierto, agobiados por la magnitud del desastre, confundidos por una realidad que, literalmente, nos ha desbordado, hemos revivido, entre otros, el mito del indígena ecologista: si tan solo siguiéramos el ejemplo de nuestros hermanos mayores. Previsiblemente hemos caído también en otro mito recurrente, el de Frankenstein: tarde o temprano la naturaleza cobra venganza de quienes irrespetan sus mecanismos misteriosos. Algunos columnistas se asemejan a los curas de los tiempos de la colonia que, ante un terremoto o una epidemia, proclamaban, convencidos, que el advenimiento de la tragedia sólo tenía una explicación posible: los extravíos pecaminosos de la sociedad. La religión era otra. Pero el sermón sigue siendo el mismo.
En general hemos caído en una especie de compulsión moralizante. El desastre invernal, decimos, no es una tragedia: es un castigo merecido. En nuestras interpretaciones más recurrentes, no hay causas externas: sólo hay culpables, muchos villanos y unos cuantos héroes incomprendidos que predican en vano en medio del diluvio. Así las cosas, el debate necesario sobre las políticas ambientales se plantea, de entrada, en términos de virtudes y pecados, como si se tratara de un asunto religioso. Nadie habla de costos y beneficios, del complejo balance entre desarrollo y medio ambiente. Nos hemos quedado en los sermones, en los golpes de pecho.
Llevamos, por supuesto, muchas décadas, desde los tiempos del cólera o más atrás, deforestando la cuenca del río Magdalena. Nuestras autoridades ambientales son un ejemplo de venalidad y corrupción. Con frecuencia la planeación urbana obedece más a los intereses de los dueños de la tierra que a los de la comunidad. Pero la superchería que asocia, de inmediato, las faltas de la sociedad con las tragedias humanas no tiene sentido. Hemos sufrido los peores aguaceros de los últimos cuarenta años. Vivimos en un país con una geografía difícil, casi imposible. Los asentamientos en las laderas de las montañas y las riberas de los ríos no son nuevos. Ni van a desaparecer. Son parte de este país. Además, ya somos casi cincuenta millones de personas, una realidad que han omitidos casi todos los análisis de los últimos días.
“Nosotros… buscamos cambiar el sistema como única forma de superar la crisis climática y seguir viviendo bajo el cobijo de nuestra Pacha Mama durante las próximas generaciones”, escribió un columnista de este diario esta semana, citando una proclama indígena o algo parecido. Con las tragedias, con los desastres naturales, aumenta la superstición. Si tan sólo dejáramos el pecado o cambiáramos el sistema, podríamos vivir felices y tranquilos en nuestra Pacha Mama, la nueva tierra prometida.