El día viernes la Superintendencia Nacional de Salud anunció en un vehemente comunicado que Saludcoop, la EPS más grande del país, deberá restituir más de 600 mil millones de pesos al sistema de salud. Según el comunicado, Saludcoop utilizó los recursos de la salud en la compra de activos fijos y en la construcción de infraestructura, esto es, en fines distintos a los estipulados por la ley y señalados por la Corte Constitucional. Saludcoop tiene ocho meses para liquidar sus inversiones, aumentar los activos líquidos y disminuir el endeudamiento. Pero la disputa jurídica probablemente tomará mucho más tiempo. Saludcoop ya anticipó que hará uso de todos los recursos legales a su disposición.
El comunicado en cuestión es apenas el más reciente episodio de una historia larga y repetida que muestra, entre otras cosas, el fracaso recurrente del Estado colombiano en su papel de supervisor y regulador del sistema de salud. En esta historia, la Supersalud, una entidad débil técnicamente, politizada y envuelta en varios escándalos de corrupción, no pudo meter en cintura a un gigante financiero, a una organización poderosa que hizo lo que quiso por mucho tiempo. El caso de Saludcoop recuerda otra historia reciente, la de algunos grandes bancos norteamericanos que lograron evadir la supervisión y la regulación y terminaron haciendo lo que les vino en gana, con consecuencias conocidas. Y desastrosas.
Uno de los primeros capítulos de esta historia repetida ocurrió en los primeros meses de 2004, hace ya seis años. La Supersalud acusó entonces a Saludcoop de utilizar los recursos del sistema de salud en actividades distintas a las permitidas por la ley y la conminó a reversar inversiones por casi 200 mil millones de pesos. Saludcoop reaccionó agresivamente. Contrató a algunos de los abogados más poderosos del país. Interpuso varias tutelas. Acusó a la Superintendencia (el lenguaje no ha cambiado desde entonces) de promover medidas absurdas y poner en riesgo el sistema de salud. Al final un juez de circuito falló una de las tutelas en favor de Saludcoop, pues supuestamente se habían vulnerado sus derechos a la defensa y el debido proceso.
La Supersalud pareció olvidarse del asunto por varios años. En 2007, el entonces superintendente, José Renán Trujillo, anunció una completa auditoría a todas las EPS, pero los resultados de las investigaciones nunca se conocieron. Un año más tarde Trujillo renunció en medio de rumores de corrupción, no sin antes señalar que la Supersalud estaba asediada por intereses muy poderosos. A mediados del año anterior, la Supersalud volvió a revivir el caso en contra de Saludcoop. En julio de 2009 presentó un informe preliminar que ponía el mismo dedo en la misma llaga. Saludcoop, decía el informe, había estado gastándose la plata de la salud en otras cosas y debía restituir más de 700 mil millones de pesos al sistema.
El informe permaneció engavetado hasta este viernes cuando, en medio de la crisis causada por los decretos de emergencia social, la Supersalud anunció que Saludcoop tenía ocho meses para devolver la plata. Nuevamente, como en tantos otros temas de la salud, las decisiones cruciales se pospusieron de manera irresponsable o sospechosa. Al final, como siempre, seremos los contribuyentes quienes terminaremos pagando por los excesos de unos y las omisiones de otros.