El lío de la planilla única demuestra, en primera instancia, la facilidad con la cual los funcionarios públicos usurpan el tiempo de la gente. Este lío no sólo es una muestra de improvisación e ineficiencia, es también un ejemplo perfecto, casi paradigmático, de una política que traslada una obligación del Estado (la depuración y actualización de las bases de datos de la seguridad social) a los ciudadanos en general y a los trabajadores independientes en particular. La gente está haciendo cola no para cumplir con un deber. Por el contrario, está haciendo cola para hacer una tarea que el Ministerio de la Protección Social debió haber hecho de tiempo atrás.
Pero este lío no termina con las colas. La improvisación va más allá de los asuntos meramente operativos. El Ministerio de la Protección Social ha tratado un problema real con una ligereza increíble. Muchos trabajadores independientes de bajos ingresos que actualmente sólo contribuyen a la salud verían menguados sus ingresos de manera sustancial si son obligados a contribuir al sistema pensional. El Congreso está estudiando este problema. La Corte Constitucional está haciendo lo mismo. El Gobierno, por su parte, manifiesta que la contribución simultánea es un mandato legal. ¿No habría sido mejor, cabe preguntar, estudiar cuidadosamente el asunto antes de haber hecho semejante pilatuna? El santanderismo evasivo, la tendencia a invocar la ley para evadir un problema real, demuestra que la ineptitud a veces es deliberada.
Desde hace algún tiempo, la política implícita del Ministerio de la Protección Social ha sido “multiplicar los recursos del sistema”. Es una estrategia alcabalera que no repara en las distorsiones, en los efectos adversos de llenar el barril sin fondo en el que se ha convertido la seguridad social colombiana. Pero esta estrategia puede tener efectos contraproducentes. Esta semana le pregunté a un conductor de taxi qué pensaba de todo este lío. Inicialmente el taxista me confesó que él cotizaba a salud pero no a pensiones: “yo ya tengo más de cuarenta y nunca voy a cumplir los requisitos para una pensión”. “Pero no me preocupa la medida –dijo–, ayer mismo fui con tres amigos a Suba y nos metimos al Sisben. Yo soy de nivel tres, me toca pagar por consulta pero no me importa. Yo no voy a botar plata en lo de la pensión”. En suma, el taxista encontró, dentro del mismo sistema, una forma no sólo de evadir la contribución a pensiones, sino también de dejar de pagar la contribución al sistema de salud. El Ministro, mientras tanto, sigue hablando de la necesidad de sumar recursos al sistema.
Pero el desafío es otro. El sistema necesita una reforma de fondo que, al menos, mitigue los efectos negativos que ha tenido la Ley 100 de 1993 sobre la generación de empleo formal. La planilla única es más que una molestia transitoria, que un lío coyuntural. La planilla única contribuye a encarecer el empleo y podría por lo tanto aumentar de manera permanente la informalidad laboral. Pero el Ministro sólo habla de los recursos del sistema, como si el objetivo de la política oficial fuese simplemente llenar una alcancía.
Uno de los aspectos más irritantes de todo este lío es la impunidad. En el Gobierno de Uribe, los ministros leales son inmunes. La ineptitud fehaciente, casi ofensiva, no tiene castigo. Por ello, tal vez, el Ministro parece desentendido del problema, responde a las quejas desesperadas de la gente con la cortesía mecánica de un operador telefónico. El Ministro sabe que puede estar tranquilo, que todas sus pilatunas le serán perdonadas.