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marzo 2010

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Aprendiz de imperialista

Brasil va en camino de ser una potencia mundial. Ya es la novena economía del mundo. Por sus riquezas naturales, por su mismo tamaño y por su extraordinaria diversidad se ha convertido en un protagonista de primer orden en la comedia de las naciones. De Brasil se dijo por mucho tiempo que era una eterna promesa, una potencia en potencia, un gigante aletargado. Pero ahora, de manera súbita, parece haber salido para siempre de su largo sueño, de su pasado de frustraciones repetidas y delirios de grandeza.

Como sucede a menudo –los países reproducen los vicios más pueriles del alma humana– Brasil ha llegado pisando duro. El Gobierno del Presidente Lula, en particular, ha mostrado sus intenciones imperialistas, sus ínfulas de mandamás. En Mercosur, usa y abusa de sus hermanitos menores, de Bolivia y Paraguay. En Honduras utilizó su sede diplomática en Tegucigalpa para conspirar, a la usanza tradicional del imperio americano, en contra de los poderes establecidos. Y en los últimos meses ha tratado a Colombia como a una Banana Republic, como a una ficha más en el errático ajedrez de sus relaciones internacionales.

Primero, nunca se pronunció en contra del bloqueo comercial de Venezuela a Colombia. Todo lo contrario: trató de sacarle provecho económico a las disputas políticas entre Bogotá y Caracas. Después se opuso, de manera caprichosa, al acuerdo de cooperación militar entre Colombia y los Estados Unidos. Y más recientemente atacó injustamente a las autoridades económicas de Colombia en el exterior. Como lo reportó la prensa esta semana, el director ejecutivo por Brasil en el Fondo Monetario Internacional (FMI), Paulo Nogueira, despidió arbitrariamente a la directora alterna por Colombia, la ex viceministra de hacienda, María Inés Agudelo.

Nogueira actuó de manera impertinente. Rompió un pacto de caballeros de casi medio siglo sobre el manejo de la silla que comparten Brasil y Colombia en el directorio del FMI. Y ha querido arrogarse el derecho de escoger o vetar los nombramientos colombianos. Nogueira ha criticado la política macroeconómica colombiana que, en sus lineamientos esenciales, es similar a la brasileña. Pero Lula no parece preocupado por las impertinencias y las contradicciones de Nogueira. Por el contrario lo ha protegido de manera velada pues, en últimas, le sirve para controlar el ala radical de su partido. Si Colombia tiene que pagar el costo de la compleja gobernabilidad brasileña, ¿qué más da? Al fin de cuentas, dirán en Brasilia, los peces grandes siempre se comen a los pequeños.

En su reciente visita a Colombia, el analista venezolano Moises Naim dijo que Lula es un gigante político pero un enano moral, un mandatario sin principios, dispuesto, por ejemplo, a apoyar a violadores de los derechos humanos de este y otros continentes. Probablemente Naim sobrestima la perversidad del Presidente de Brasil. Con sus palabras y sus acciones de Gobierno, Lula simplemente está demostrando que, en la conducción de las relaciones internacionales, Brasil no tiene amigos: tiene intereses económicos y ambiciones geopolíticas. Y por ahora, sobra decirlo, los intereses de Brasil, el aprendiz de imperialista, no coinciden, al menos no plenamente, con los intereses de Colombia.

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Arias paradójico

Los resultados de la consulta conservadora fueron en cierta medida sorprendentes. Paradójicos. En particular la distribución regional de la votación del precandidato Andrés Felipe Arias contradice las opiniones de muchos analistas políticos, profesionales y aficionados. Arias ganó en Medellín y en Bogotá, en los epicentros del voto de opinión, donde supuestamente residen los electores con mayor capacidad de juicio o discernimiento. Y perdió en muchas regiones donde el clientelismo y el voto interesado han imperado por décadas. Perdió, por ejemplo, en Nariño y en el Magdalena, donde minifundistas y latifundistas recibieron los cuestionados subsidios de AIS.
Arias comenzó su carrera política desde el Ministerio de Agricultura. Como ministro, asistió a cientos de consejos comunitarios. Repartió miles de millones en subsidios y ayudas. Se autoproclamó el defensor de los campesinos colombianos frente a los ataques de las Farc o los embates del Banco de la República. Se opuso histriónicamente al despeje de dos municipios del Valle del Cauca. Más tarde, como precandidato, recibió el apoyo unánime de los gremios agropecuarios. Iba a nombrar al presidente de Fedegán como su compañero de fórmula presidencial. Denunció el sesgo urbano de sus críticos, de quienes, desde la comodidad de los salones bogotanos, opinaban sobre la compleja realidad del campo colombiano. En fin, Arias era el candidato perfecto, casi caricaturesco, del llamado uribismo rural.

Pero paradójicamente terminó seduciendo a cientos de miles de votantes urbanos, entre ellos a los asiduos de los salones bogotanos y de los clubes de El Poblado. Los atuendos costumbristas, la demagogia primitiva, las salidas de tono, todo este histrionismo calculado tuvo una mayor acogida en las grandes ciudades que en las zonas rurales. Probablemente la oposición teatral al despeje tuvo un mayor rédito electoral en Bogotá y en Medellín que en los municipios del Valle del Cauca. En últimas, el uribista rural, el candidato de Fedegán, el supuesto redentor de los campesinos colombianos, terminó siendo un involuntario candidato de opinión, uno de los favoritos de las clases medias y altas de las grandes ciudades.

El fracaso de Arias sugiere que el control del presupuesto, el clientelismo oficial, no tiene un efecto preponderante sobe el voto rural o regional. Arias perdió en Nariño, en Boyacá y en otros departamentos con miles de beneficiarios individuales de AIS. Por otra parte, el triunfo del ex ministro en Bogotá y Medellín, en los centros tradicionales del voto de opinión, sugiere que los escándalos de corrupción, las denuncias de la prensa, no siempre tienen un efecto definitivo sobre el voto de opinión. Si la política colombiana fuera como la pintan con frecuencia, Arias habría ganado en el campo por cuenta de los subsidios y perdido en las ciudades por cuenta de los escándalos de corrupción.

En fin, los resultados de la consulta conservadora muestran que la política colombiana es más compleja de lo que parece. Perdió el precandidato del Presidente, del presupuesto y de los gremios. Y aparentemente el uribismo rural, obcecado, indiferente ante la corrupción, tiene sus grandes bases en Bogotá y en Medellín, entre los tomadores de whisky que tanto odian en la Casa de Nariño.

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¿Estímulos o regalos?

Una interesante controversia tiene enfrentados desde hace varios meses al Presidente de la República y a muchos economistas colombianos. El motivo de la discordia es una exención tributaria promovida por el Gobierno que permite a las empresas deducir del ingreso gravable 30% de sus inversiones en activos fijos. Esta exención ha disminuido la carga tributaria de las empresas manufactureras, mineras y de transporte, y parece haber tenido un costo fiscal considerable.

Muchos economistas han argumentado que la controvertida exención constituye un regalo innecesario que no estimula la inversión e introduce grandes distorsiones sectoriales. Por su parte, el presidente Uribe ha señalado que una cosa es un regalo y otra muy distinta un estímulo a la inversión y a la generación de empleo productivo. “Hacen mal las cuentas —dijo el Presidente esta semana en una clara referencia a los economistas—, dicen que eso ha costado $10 billones. ¿Cuál costo? Si con esas inversiones no contábamos… y no han hecho la otra cuenta: lo que le ha ocurrido al país en mejoramiento de tasa de inversión en estos años, que ha sido bien importante”.

De un lado, el Presidente señala que el crecimiento observado en la inversión privada demuestra la bondad de la política en cuestión; del otro, los economistas afirman que las mayores inversiones fueron el resultado de un entorno internacional favorable y una mejoría significativa en las condiciones de seguridad, no de los descuentos tributarios. El Gobierno menciona los testimonios optimistas de muchos empresarios agradecidos. Los economistas presentan las evaluaciones pesimistas de políticas similares implantadas en otros países. Cada quien cita las anécdotas o las cifras que respaldan sus argumentos, pero ninguna de las partes enfrentadas se ha dado a la tarea de estimar el impacto de los descuentos tributarios, de preguntarse, como toca, si la inversión privada habría sido efectivamente mucho menos dinámica en ausencia de los controvertidos descuentos.

Afortunadamente dos economistas colombianos, Arturo Galindo y Marcela Meléndez, hicieron finalmente la tarea, esto es, recogieron los datos y estimaron el impacto de los descuentos tributarios sobre la inversión privada en el sector manufacturero. En un artículo dado a conocer esta semana, Galindo y Meléndez muestran que el impacto es incierto en el mejor de los casos e inexistente en el peor. Los autores encuentran que, en el período 2004-2007, durante los años de bonanza, los subsectores industriales que se beneficiaron en mayor grado de los descuentos tuvieron tasas de inversión similares a los subsectores que, por distintas razones, se beneficiaron en mucho menor grado. Por ejemplo, la industria editorial, que no se benefició pues está eximida de impuesto de renta, tuvo una tasa similar a la de otros subsectores, como los fabricantes de muebles, vidrios o productos lácteos, que sí disfrutaron de una reducción significativa en sus impuestos.

El artículo mencionado constituye un veredicto casi definitivo en contra de la llamada confianza inversionista. Aparentemente los descuentos analizados consiguen poco y cuestan mucho. En suma, no son estímulos, como dice el presidente Uribe, sino simples regalos tributarios, como han sugerido muchos economistas.