Durante los últimos dos años 25 mil personas han sido asesinadas (jibaros, consumidores ocasionales de drogas, etc.) en Filipinas por la policía o los llamados “vigilantes”. La policía ha compilado una “lista de las drogas” que parece anticipar una sentencia de muerte. Las victimas son usualmente arrojadas en la calle o en los patios de sus viviendas.
El presidente Rodrigo Duterte cuenta con una impunidad casi absoluta. Destituyó recientemente a la presidenta de la Corte Suprema y decidió hace unos meses retirarse de la Corte Penal Internacional.
¿Qué dice la Iglesia Católica en Filipinas?
Nada.
¿Qué ha dicho el Papa?
Nada.
¿Qué ha dicho el gobierno de China?
Nada.
¿Qué dicen Japón y Corea de Sur, los principales donantes y promotores del desarrollo en Filipinas?
Nada.
¿Qué ha dicho los Estados Unidos?
Nada.
¿Qué dice la Unión Europa?
Casi nada, un pronunciamiento tímido sobre posibles condicionantes a la ayuda externa.
Solo Islandia alzó su voz de protesta ante un genocidio sin nombre. Solo Islandia asumió una posición clara, se pronunció de manera vehemente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra (Naciones Unidas ha comenzado algunas indagaciones).
La indiferencia, el oportunismo y los intereses particulares son la norma. Una isla remota de 300 mil habitantes es la excepción, un último resquicio de solidaridad y humanismo.