Utilitarismo y vacunas

La decisión de prorrogar la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer plantea un debate fundamental de salud pública, una tensión entre la atención individual y los beneficios colectivos. La salud pública tiene, como la economía, una tradición utilitarista. Los argumentos de salud pública plantean a menudo la necesidad de maximizar el bienestar colectivo. Los argumentos utilitaristas no son definitivos, pero deben, en mi opinión, ser tenidos en cuenta.

Para simplificar el problema, voy a introducir algunos supuestos sencillos. No todos son realistas. Pero ilustran una dimensión importante del debate acerca de si se debe aplazar o no la aplicación de la segunda dosis con el fin permitir que más gente pueda acceder a una primera dosis y adquiera así más prontamente algún nivel de protección.

La gráfica de la izquierda muestra la progresión semanal de la protección después de la aplicación de la primera y la segunda dosis (la protección debe ser entendida como la probabilidad de no tener síntomas notables después de una exposición al Covid-19). La gráfica corresponde al esquema “Pfizer”. La primera dosis se da al inicio (tiempo 0). La segunda se da al final de la semana 3. Antes de la aplicación de la segunda dosis, la protección es de 60%. La protección llega a 90% al final de la cuarta semana después de la aplicación de la segunda dosis.

La gráfica de la derecha muestra la misma proyección para el esquema “MSPS”, el propuesto por el ministerio. La aplicación de la segunda dosis se aplaza nueve semanas. La protección es de 60% de la semana 3 a la 12 y sube a 90% después de la aplicación de la segunda dosis. Estos números son supuestos. Pero recogen un hecho real, verosímil: la protección después de la primera dosis es sustancial y el aumento de la protección como resultado de la segunda dosis es importante pero inferior.

En el largo plazo, los dos esquemas son similares. El dilema está en las nueve semanas de aplazamiento: más gente accede tempranamente a algo de protección, pero los vacunados con la primera dosis quedan más expuestos.

Si se supone que cada semana (de las nueve de aplazamiento) hay 100 mil personas a quienes se les aplaza la segunda dosis y si se supone adicionalmente  (como ilustración) que la probabilidad de infectarse y tener síntomas en una semana cualquiera es de 0,1%, el aplazamiento implicaría 1350 casos de más Covid-19 sintomáticos, algunos graves. El cálculo es sencillo. Una simple sumatoria.

De otro lado, el aplazamiento permitiría que 100.000 personas fueran vacunadas con la primera dosis. Bajo los mismos supuestos anteriores, la inclusión de estos nuevos vacunados implicaría 2180 menos casos de Covid-19 sintomáticos durante las nueve semanas. El cálculo es también sencillo: una suma de la protección adquirida por las 100 mil personas que reciben la primera dosis semanalmente. El beneficio, medido en casos sintomáticos evitados transitoriamente, es de 62%. El mismo porcentaje aplicaría, bajo supuestos razonables, para hospitalizaciones y muertes.

El orden de magnitud es resultado de los supuestos. La dirección no lo es. Un resultado similar (un beneficio colectivo) se obtendría si se supone que la protección conferida por la primera dosis es mayor que la protección adicional conferida por una segunda dosis.

¿Dónde radica la polémica? De nuevo, en la tensión entre los derechos individuales y colectivos. Alguien que recibió la primera dosis podría poner una tutela para prevenir el aplazamiento de la segunda dosis. Lo haría en defensa de su derecho a la salud (al fin de cuentas está quedando parcialmente desprotegido). Sin embargo, un fallo a su favor iría en detrimento del bienestar colectivo.

Cada vez que se invocan argumentos utilitaristas en un contexto de escasez surgen este tipo de controversias. En este caso, además, quienes han recibido las primeras dosis de la vacuna son identificables, los otros, los que se beneficiarían del aplazamiento, no lo son tanto. Aparece, entonces, el típico dilema bioético entre víctimas identificables y no identificables.

Los argumentos del Ministerio parecen válidos desde una perspectiva de salud pública, utilitarista. Pero generaran debates éticos y políticos. Las democracias mediatizadas desde estos tiempos tienden con frecuencia a rechazar este tipo de consideraciones. Aborrecen los dilemas éticos.