Colombia, como muchos otros países, tanto desarrollados como en desarrollo, ha definido la salud como un derecho humano fundamental, lo que significa, en esencia, que el acceso a los servicios de salud y a los medicamentos esenciales es una obligación del Estado y una cuestión de justicia y dignidad humana.
Los objetivos de desarrollo sostenible señalan de manera explícita que todos los Estados, sin excepción alguna, deben avanzar hacia “la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras”.
Este es un objetivo ambicioso que necesita tiempo, voluntad colectiva y determinación política. Durante las últimas décadas, Colombia ha avanzado con éxito en la búsqueda de la cobertura universal, el acceso equitativo y la protección financiera. La cobertura universal es casi un objetivo cumplido. Los avances en protección financiera han sido más profundos que en la mayoría de los países en desarrollo. En teoría, al menos, todos los colombianos tienen acceso a medicamentos esenciales, incluidos muchos medicamentos biotecnológicos de alto costo.
El camino no ha sido fácil. Todo lo contrario. Y será aún más difícil en los años por venir. Nuestras clases medias urbanas –Colombia duplicó su clase media en los últimos quince años– aspiran a tener el mismo acceso a servicios de calidad y nuevos medicamentos que sus contrapartes del mundo desarrollado. La industria farmacéutica ha discriminado en contra de algunos países de ingreso medio: en Colombia hemos pagado en promedio precios más altos que en Europa. La excesiva judicialización ha impedido la incorporación ordenada de las nuevas tecnologías. En suma, la presión tecnológica y los altos precios de los medicamentos son una amenaza cierta para la sostenibilidad de nuestros sistemas de salud y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Los sistemas de salud insostenibles son también sistemas de salud injustos.
Colombia cuenta con algunos instrumentos para hacer frente a este problema. Hemos combatido, por ejemplo, la discriminación por medio de instrumentos regulatorios basados en la referenciación internacional de precios. Hemos eliminado algunas barreras de entrada innecesarias a la comercialización de medicamentos biosimilares. Hemos fortalecido nuestra capacidad técnica para la evaluación de tecnologías en salud. Y hemos promovido el uso racional de medicamentos, la transparencia en las relaciones con la industria farmacéutica y el pago por valor.
Pero estos instrumentos no siempre son suficientes habida cuenta de la magnitud y complejidad del problema. Dentro de los instrumentos disponibles están también las llamadas flexibilidades a los acuerdos sobre propiedad intelectual. Muchas agencias multilaterales, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS), han instado a los Estados miembros a usar estas flexibilidades. Pero en la práctica los obstáculos son muchos. Insalvables a veces.
Así lo muestra nuestra experiencia reciente. Hace más de un año, por solicitud de la sociedad civil, el Ministerio de Salud de Colombia inició un proceso de declaración de interés público para un medicamento de alto costo, elimatinib. El proceso ha estado acompañado de un gran debate internacional y también, quiero decirlo claramente, de algunas presiones. A la luz de nuestra experiencia resulta claro que las flexibilidades existen en la teoría de los tratados y los pronunciamientos multilaterales. Pero en la práctica son difíciles de aplicar.
La presión tecnológica y los altos precios de los medicamentos pueden poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. La OMS debe apoyar a los Estados miembros en su búsqueda de la sostenibilidad mediante instrumentos técnicos: la regulación de los mercados monopólicos, la promoción de la competencia, la transparencia y el uso racional de medicamentos. Para nosotros, lo digo sin grandilocuencias innecesarias, este apoyo es fundamental en la búsqueda del desarrollo sostenible y la equidad social.
(Apartes del discursos pronunciado en la Asamblea Mundial de la Salud el 23 de mayo de 2016)