Más transparencia en la contratación pública

El caso de los 24 contratos por más de mil millones de pesos mensuales asignados a la esposa de un ex funcionario de la Presidencia de la República es aberrante y demuestra la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos. Además, no tiene presentación que el gobierno nacional haya tratado de borrar la información sobre la existencia de estos contratos.

El sistema de contratación pública en Colombia favorece este tipo de comportamientos. Actualmente el 40% de las personas son vinculadas al servicio público mediante contratos de prestación de servicios, con lo cual la contratación se hace de manera directa. Debemos reducir por lo menos a la mitad esta cifra si queremos garantizar una selección más objetiva y basada en méritos.

Además, debemos hacer algo que en Colombia a veces parece imposible: cumplir la Ley. El Artículo 126 de la Constitución Política establece claramente que los funcionarios públicos no pueden favorecer ni contratar a personas con las que tengan relaciones familiares. Sin embargo, con los sistemas de información existentes es casi imposible hacer cumplir esta Ley.

Juan Felipe Riaño hizo un estudio juicioso que muestra el nivel de nepotismo burocrático en Colombia. Desafortunadamente el caso del exfuncionario de presidencia parece no ser la excepción. En su investigación Riaño encontró que muchas de las personas que trabajan con el Estado tienen algún familiar en la administración pública (38%). No solo eso, el 18% tienen una conexión con alguien que toma decisiones de contratación en el Estado y el 11% trabajan con un familiar en la misma entidad. Las personas que tienen conexiones con los niveles de decisión de contratación del Estado tienen más probabilidad de ser promovidas en comparación con las que no las tienen (una probabilidad 40% mayor). Además, reciben mayores salarios a pesar de tener menos calificaciones y experiencia que los servidores públicos sin conexiones.

Por estas razones, yo propongo que pongamos en marcha dos medidas muy concretas para que la contratación pública deje de ser un negocio de familia en Colombia.

Primero. Necesitamos unificar el SIGEP y el SECOP, y cruzar esta información con datos de la Registraduría, para que cuando una persona firme un contrato se verifique automáticamente si tiene un familiar que haya podido interceder en su postulación. No es labor exclusiva de académicos y periodistas encontrar estas irregularidades, la información existe y debemos hacer un mejor uso de ella para acabar con el tráfico de influencias y supervisar el desempeño de los contratistas.

Segundo. Una vez unificada esta información, debemos poner a disposición de la ciudadanía una página de consulta amigable donde los ciudadanos puedan acceder a toda la información sobre la contratación pública, verificar cuántos contratos tiene una persona, por qué valor y el estado de ejecución de su contrato.

La corrupción se combate con transparencia, con información veraz y disponible para todos los ciudadanos. Ocultar la captura de los recursos públicos merece nuestra indignación.

Rescatemos el legado de Antanas Mockus, quien nos enseñó que los recursos públicos son sagrados.

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