Transición hacia una sociedad más sostenible e inclusiva

La crisis ambiental global, con sus repercusiones locales, es nuestro principal desafío a mediano plazo.
Alejandro Gaviria en Guaviare

 

La crisis ambiental global, con sus repercusiones locales, es nuestro principal desafío a mediano plazo. El aumento exponencial de los gases de efecto invernadero, la degradación de bosques, páramos y humedales, la pérdida acelerada de biodiversidad y la acidificación de los océanos constituyen una amenaza para la humanidad. Estamos entrando en una era de riesgo e inestabilidad en la que los fenómenos climáticos extremos como las inundaciones, las olas de calor, y las sequías serán cada vez más frecuentes y más intensas. Los más afectados serán los más vulnerables, debemos evitar que la crisis climática amplíe aún más las injusticias e inequidades.

Hacerle frente a esta crisis requiere de cambios estructurales en nuestra sociedad. Debemos reducir progresivamente nuestra dependencia de los combustibles fósiles, diversificar nuestra oferta exportadora y garantizar el suministro de energía a partir de fuentes renovables. Debemos frenar la degradación de nuestros ecosistemas, en particular, y con urgencia, ponerle freno a la deforestación. Debemos también devolverle el espacio al agua, empezando por reconocer que existe una Colombia anfibia. El agua es más que un recurso hídrico, el agua es formadora de territorios, formadora de nuestra identidad cultural.

La crisis ambiental es, además, una oportunidad para mirarnos al espejo y recuperar nuestra identidad. Nuestra riqueza no está en el subsuelo, nuestra verdadera riqueza está en una gran diversidad biológica y cultural. Debemos aprovechar esta característica que nos hace únicos en el mundo para reconocer lo que nos hace fuerte como país.

En esta nota programática quisiera compartir algunas propuestas sobre cómo transitar hacia una sociedad más sostenible e inclusiva a partir de nuestra riqueza biológica y cultural. Me concentraré en tres temas: el problema de la deforestación, el desarrollo de la bioeconomía y la consecución de nuevas fuentes de financiación para la conservación de nuestros ecosistemas. En notas posteriores abordaré otros temas claves como el agua, los océanos y las zonas costeras, la agricultura sostenible, la transición energética y otras medidas necesarias para adaptarnos al cambio climático.

La situación actual

Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo por metro cuadrado. Tiene más de 300 ecosistemas que albergan una gran diversidad de flora y fauna. Solo explorando el 50% del territorio nacional, encontramos cerca de 63 mil especies de flora y fauna. Toda esta riqueza se debe a que el 52% del territorio continental está cubierto por bosques, de los cuales el 66% corresponden a bosques primarios amazónicos.

A pesar de la gran riqueza natural y cultural que tiene nuestro territorio, las regiones más biodiversas del país sufren crecientes niveles de degradación ambiental, pobreza y abandono del Estado. En 2020, 71% de la deforestación del país ocurrió en las regiones Amazónica y Pacífica. El nivel de pobreza en las regiones donde se concentra la deforestación es 2,7 veces mayor que en el resto del país. La presencia del Estado en estas zonas es ineficaz, lo que se evidencia en el bajo nivel de inversión pública, la alta presencia de economías ilegales, e instituciones ambientales pobres y en muchos casos capturadas por intereses particulares.

El desarrollo de nuestra economía se dio de espaldas a nuestra riqueza natural. El modelo actual de crecimiento degrada el capital natural del país y tiene una alta dependencia en las exportaciones de bienes de bajo valor agregado basados en la explotación de los recursos naturales, principalmente carbón y petróleo. Esto tiene que cambiar. En un comienzo los países exportan lo que son, pero con el paso del tiempo terminan siendo lo que exportan. Debemos entonces recuperar nuestra identidad y hacer de nuestra diversidad biológica y cultural uno de los principales motores de recuperación económica y generación de empleo.

Las propuestas

  1. Frenar la deforestación

Salvar nuestros bosques es una prioridad. Las medidas tomadas para frenar la deforestación en la Amazonía, el Pacífico, la región Andina y valles interandinos no están funcionando. En la última década hemos perdido más de 1,3 millones de hectáreas, una extensión similar a los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda. Solo en 2020 se deforestaron alrededor de 170 mil hectáreas, 64% de ellas en la región Amazónica. Debemos reducir los niveles de pérdida de bosque a mínimo 50 mil hectáreas en 2025 y lograr la meta de cero deforestación neta en 2030.

Salvaguardar nuestros bosques parte por reconocer que la conservación no significa necesariamente no usarlos o no aprovecharlos. Por el contrario, la mejor manera de preservar los bosques es impulsar su conservación y uso sostenible por parte de comunidades locales.  El 91% de los territorios colectivos indígenas y de comunidades negras del país están cubiertos por bosques. Sus voces no son solo una forma de resistencia, revelan una comunidad protagonista de su destino. El manejo colectivo de los bosques ha demostrado ser fundamental para la protección de los bosques.  Por lo tanto, fortalecer los gobiernos comunitarios étnicos y campesinos, particularmente donde la gobernabilidad está en disputa y hay poca presencia institucional, es fundamental para frenar la deforestación y asegurar un mayor bienestar para las comunidades.

El accionar del Estado está enfocado en el eslabón más débil de la cadena: capturar y judicializar campesinos con motosierras. Después de 4 años es evidente que esto no soluciona el problema. Al menos el 60% de la deforestación se relaciona con el acaparamiento de tierras por parte de individuos con gran capital económico o pertenecientes a grupos ilegales. Necesitamos incrementar nuestras capacidades en inteligencia y fortalecer las autoridades ambientales locales para perseguir el crimen ambiental organizado que aprovecha la praderización y la ganadería extensiva para apoderarse de la tierra.

Es urgente avanzar en ordenar la tenencia de la tierra para frenar la deforestación. La seguridad jurídica de largo plazo para el uso sostenible de bosques en la Amazonía es indispensable si queremos lograr su conservación.  La aplicación de contratos de derechos de uso en reservas forestales de ley segunda y las concesiones forestales de bosque de dominio público son instrumentos que debemos aprovechar. También es indispensable contar con un catastro multipropósito en zonas con alto riesgo de deforestación para evitar la apropiación ilegal de baldíos.

Impulsar la gestión local de los recursos forestales también requiere del fortalecimiento de la institucionalidad del sector ambiental, en particular de Parques Nacionales. Proponemos, además, crear una Agencia Nacional Forestal encargada de la gestión estratégica de los bosques a partir de la generación de información, asistencia técnica, e impulso al aprovechamiento sostenible del recurso forestal en el país. Implementaremos el primer programa nacional de asistencia técnica especializada a gran escala para el aprovechamiento sostenible de recursos maderables y no maderables por parte de las comunidades.  También emprenderemos un programa masivo de restauración de los bosques andinos y otras zonas estratégicas para la protección de cuencas hidrográficas, los suelos y la biodiversidad. Es indispensable revisar la destinación del impuesto al carbono para financiar estas iniciativas y el fortalecimiento del sector ambiental.

  1. Apostarle a la bioeconomía

Colombia necesita nuevas fuentes de crecimiento económico que generen beneficios sociales y ambientales sostenibles en el tiempo. La bioeconomía es la alternativa más efectiva que tenemos para avanzar en esta dirección. Por medio de la bioeconomía podemos lograr un uso eficiente y sostenible de nuestra biodiversidad para generar productos de valor agregado a partir de la ciencia, la tecnología y la innovación. Apostarle a la bioeconomía permitirá dinamizar las economías locales, crear nuevos empleos, aumentar nuestras exportaciones y, al mismo tiempo, conservar nuestros ecosistemas y las culturas ancestrales que los protegen.

En la próxima década la bioeconomía representará el 10% del PIB y será el principal generador de empleos nuevos en el país (más de 2 millones a 2030).  Para lograr esta meta debemos avanzar en la generación de alianzas público-privadas que transformen las actividades económicas relacionadas con los sectores agroalimentario, cosmético, químico, textil, farmacéutico, cultural, forestal, artístico, energético y de salud, entre otros, de una forma inclusiva y que proteja los intereses de comunidades étnicas y rurales. Es necesario crear modelos de beneficios compartidos donde las comunidades locales, gestoras de la biodiversidad, se beneficien de estos nuevos emprendimientos.

El primer paso para poner en marcha esta transformación es posicionar la bioeconomía dentro del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia Tecnología e Innovación. La generación de conocimiento integral de nuestra biodiversidad es la base para el desarrollo de programas de protección, conservación y restauración de ecosistemas. A través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación fortaleceremos las agendas de investigación en universidad y centros de investigación mediante estrategias de financiación estables como el Fondo Caldas en temas de desarrollo sostenible, bioeconomía, biotecnología y medio ambiente.

La prioridad es impulsar la ciencia inspirada en la curiosidad que es el motor de la innovación y fortalecer la biotecnología que es la herramienta de la bioeconomía. También debemos potenciar el sentido de apropiación de nuestra diversidad biológica y cultural involucrando a niños, jóvenes y maestros en procesos de creación e investigación ciudadana como parte de las diferentes etapas del sistema educativo nacional.

La generación de oportunidades económicas a partir de la biodiversidad la haremos de abajo hacia arriba, partiendo desde los territorios y generando valor in situ a partir del conocimiento. Debemos descentralizar la capacidad de crecer a partir de nuestro capital natural a través del impulso de centros regionales de aceleración, validación y escalamiento para la bioeconomía con la participación de la academia y la empresa privada. Trabajaremos de la mano con el sector privado para impulsar proyectos tractores de Bioeconomía (bio-refinerías, bio-incubadoras, centros de pruebas y escalamiento) que involucren a las comunidades locales en procesos de co-creación. A nivel internacional debemos construir e impulsar un portafolio con marca país de productos BIO de alto valor agregado.

  1. Financiamiento para la conservación

El sector de medio ambiente ha contado históricamente con recursos irrisorios comparados con la responsabilidad que tiene frente a la conservación y manejo sostenible de nuestro patrimonio natural. En mi gobierno incrementaremos sustancialmente el presupuesto público destinado a este sector. Sin embargo, hay que ser honestos, esto no será suficiente. Debemos aumentar las fuentes de financiación para lograr la conservación de nuestros ecosistemas.

Uno de los mecanismos que proponemos aplicar es la disminución de la deuda externa de países con ecosistemas estratégicos en compensación por la conservación de bosques y su biodiversidad. Para hacerlo efectivo lideraremos a nivel internacional un acuerdo con países amazónicos con los países desarrollados interesados en salvar la selva Amazónica. Los recursos provenientes de este canje de deuda servirán para crear un fondo para fortalecer la gestión ambiental en el Amazonas y financiar acuerdos participativos con comunidades para la producción sostenible y conservación de los bosques.

La conservación también debe financiarse a través de recursos del sector privado. Ampliaremos las oportunidades para que el capital privado (nacional e internacional) financie proyectos de reducción de emisiones de carbono de comunidades indígenas y étnicas que han logrado parar la deforestación en sus territorios. Garantizaremos pago por servicios ambientales para comunidades campesinas que cuidan los páramos y las cuencas del país. Debemos asegurar también que el sector privado cumpla de manera adecuada con la regulación ambiental y que se convierta en un líder en la protección y conservación de la riqueza natural del país.

Por último, fortaleceremos la estructuración de proyectos nacionales y regionales que contribuyan a la acción climática y que puedan ser financiados por capital privado o cooperación internacional. Mecanismos como la emisión de bonos verdes por parte del gobierno nacional y de entidades financieras debe al menos triplicarse en los próximos cuatro años. El acceso a recursos internacionales como los del Fondo Verde del Clima se ha visto limitado por la ausencia de proyectos. Debemos consolidar un portafolio de proyectos a diferentes escalas que permitan acceder a estos recursos y acelerar las oportunidades de aprovechamiento sostenible de los ecosistemas por parte de comunidades locales.

Un abrazo,

Alejandro Gaviria.

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