Academia Reflexiones

Utilitarismo y vacunas

La decisión de prorrogar la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer plantea un debate fundamental de salud pública, una tensión entre la atención individual y los beneficios colectivos. La salud pública tiene, como la economía, una tradición utilitarista. Los argumentos de salud pública plantean a menudo la necesidad de maximizar el bienestar colectivo. Los argumentos utilitaristas no son definitivos, pero deben, en mi opinión, ser tenidos en cuenta.

Para simplificar el problema, voy a introducir algunos supuestos sencillos. No todos son realistas. Pero ilustran una dimensión importante del debate acerca de si se debe aplazar o no la aplicación de la segunda dosis con el fin permitir que más gente pueda acceder a una primera dosis y adquiera así más prontamente algún nivel de protección.

La gráfica de la izquierda muestra la progresión semanal de la protección después de la aplicación de la primera y la segunda dosis (la protección debe ser entendida como la probabilidad de no tener síntomas notables después de una exposición al Covid-19). La gráfica corresponde al esquema “Pfizer”. La primera dosis se da al inicio (tiempo 0). La segunda se da al final de la semana 3. Antes de la aplicación de la segunda dosis, la protección es de 60%. La protección llega a 90% al final de la cuarta semana después de la aplicación de la segunda dosis.

La gráfica de la derecha muestra la misma proyección para el esquema “MSPS”, el propuesto por el ministerio. La aplicación de la segunda dosis se aplaza nueve semanas. La protección es de 60% de la semana 3 a la 12 y sube a 90% después de la aplicación de la segunda dosis. Estos números son supuestos. Pero recogen un hecho real, verosímil: la protección después de la primera dosis es sustancial y el aumento de la protección como resultado de la segunda dosis es importante pero inferior.

En el largo plazo, los dos esquemas son similares. El dilema está en las nueve semanas de aplazamiento: más gente accede tempranamente a algo de protección, pero los vacunados con la primera dosis quedan más expuestos.

Si se supone que cada semana (de las nueve de aplazamiento) hay 100 mil personas a quienes se les aplaza la segunda dosis y si se supone adicionalmente  (como ilustración) que la probabilidad de infectarse y tener síntomas en una semana cualquiera es de 0,1%, el aplazamiento implicaría 1350 casos de más Covid-19 sintomáticos, algunos graves. El cálculo es sencillo. Una simple sumatoria.

De otro lado, el aplazamiento permitiría que 100.000 personas fueran vacunadas con la primera dosis. Bajo los mismos supuestos anteriores, la inclusión de estos nuevos vacunados implicaría 2180 menos casos de Covid-19 sintomáticos durante las nueve semanas. El cálculo es también sencillo: una suma de la protección adquirida por las 100 mil personas que reciben la primera dosis semanalmente. El beneficio, medido en casos sintomáticos evitados transitoriamente, es de 62%. El mismo porcentaje aplicaría, bajo supuestos razonables, para hospitalizaciones y muertes.

El orden de magnitud es resultado de los supuestos. La dirección no lo es. Un resultado similar (un beneficio colectivo) se obtendría si se supone que la protección conferida por la primera dosis es mayor que la protección adicional conferida por una segunda dosis.

¿Dónde radica la polémica? De nuevo, en la tensión entre los derechos individuales y colectivos. Alguien que recibió la primera dosis podría poner una tutela para prevenir el aplazamiento de la segunda dosis. Lo haría en defensa de su derecho a la salud (al fin de cuentas está quedando parcialmente desprotegido). Sin embargo, un fallo a su favor iría en detrimento del bienestar colectivo.

Cada vez que se invocan argumentos utilitaristas en un contexto de escasez surgen este tipo de controversias. En este caso, además, quienes han recibido las primeras dosis de la vacuna son identificables, los otros, los que se beneficiarían del aplazamiento, no lo son tanto. Aparece, entonces, el típico dilema bioético entre víctimas identificables y no identificables.

Los argumentos del Ministerio parecen válidos desde una perspectiva de salud pública, utilitarista. Pero generaran debates éticos y políticos. Las democracias mediatizadas desde estos tiempos tienden con frecuencia a rechazar este tipo de consideraciones. Aborrecen los dilemas éticos.

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6 Comments

  • Reply
    Nelson
    24 junio, 2021 at 8:29 am

    Los beneficios van más allá.
    – Operacionalmente: los centros de vacunación solo pueden dedicarse a primera dosis. Abastecerlos y estimar su necesidad es más fácil.
    -Logísticamente: da tiempo a mayor suministro que es clave ante la incertidumbre y escasez.
    – Aun más importante de entender 21 días, es el tiempo mínimo de aplicación, no el óptimo, ni máximo. Los estudios fueron hechos con el propósito de obtener rápida aprobación, no el mejor esquema de aplicación. menos de 21 días no se puede por temas inmunológicos, que es cuando decae la IgM.
    – Debió hacerse desde etapa 1. En UK se hizo sin distingo, ni diferencia y con menos info de la que hoy se tiene. De hecho el tiempo de AZ se cambió a 12 semanas por esa decisión.

    Desafortunadamente creo hace falta sentido de solidaridad y buscar un beneficio colectivo.

    NM

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    Fabian Jaimes
    24 junio, 2021 at 11:03 am

    El problemas son los supuestos: los valores de «protección» reales de una sola dosis no los conocemos con exactitud. Hay dos o tres aproximados muy diferentes (de menos de 60% a más del 70%), pero basados en estudios observacionales y con diferentes desenlaces de interés (no es lo mismo tener síntomas leves que ncesitar hospitalización y UCI). Además de la eficacia variable según la cepa circulante, el contexto de la atención en salud en nuestro medio no parece comparable con UK, Noruega o los otros países donde han tomado esas decisiones. En resumen, antes del indudable dilema bioético, hay serias consideraciones científicas, académicas y de salud pública que deben orientar este tipo de decisiones

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    JOMOAM
    25 junio, 2021 at 7:34 am

    Doc. Gaviria, Interesante y válida postura bioetica, sin embargo el innegable matiz político cambia el escenario, mortalidad y contagios no permiten supuestos, quedar parcialmente protegido es quedar parcialmente desprotegido. También es de anotar que un individuo con esquema completo no solo tiene menos riesgo de presentación grave, sino que es menos transmisor.
    Más personas parcialmente vacunadas son cifras políticamente correctas, pero en la práctica esa inmunidad incompleta es deletrea para el individuo y para el colectivo. Gracias por inducir al diálogo racional. Gracias

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      Edgar Gómez Lahitton
      14 julio, 2021 at 10:43 pm

      Un muy buen ejemplo de deliberación en la toma de decisiones bioético-clínicas.

      Además que pasa la prueba de las 3 preguntas propuestas por Diego Garnica en su propuesta deliberativa.

      1- Estabilidad temporal. ¿Se tomaría la misma decisión transcurrido un tiempo?

      2- Publicidad. ¿Se estaría dispuesto a defenderlo públicamente?

      3- Legalidad. ¿Es legal el curso recomendado?

      Excelente rector

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    Николай
    8 julio, 2021 at 2:16 pm

    «Las decisiones son tomadas por un comite independiente con base en la evidencia, en criterios objetivos». «Las decisiones estan basadas en la mejor informacion disponible sobre el costo-beneficio de las vacunas. Se trata, en ultimas, de practicar un utilitarismo con corazon, de ahorrar dolor y sufrimiento humano y hacer rendir los recursos publicos».

  • Reply
    German Alfonso Garces Mariño
    14 julio, 2021 at 11:51 pm

    El Estado (Gobierno) analiza alternativas; la protección evolutiva por la adaptación y la intervención mediante vacunas.

    La primera tiene un costo alto en vidas y es la adaptación natural de las especies; la segunda disminuye el impacto sobre la vida humana a un alto costo económico.

    El Gobierno le apunta a una mezcla de las dos alternativas a fin de disminuir los costos económicos… Ustedes concluyan…

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