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junio 2012

Reflexiones

Sembrar dudas

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Hace ya casi una década, deslumbrado por los éxitos transitorios de las fumigaciones, el ex ministro Fernando Londoño anunció el final de los cultivos ilícitos. “El narcotráfico se acaba este año…Vaya usted a Putumayo y búsqueme un arbusto de coca. Lo podemos negociar. No hay uno”, dijo en enero de 2003. Más recientemente varios funcionarios, instigados por la caída del área sembrada en el año 2010, hicieron pronunciamientos similares, anunciaron una victoria definitiva en la lucha contra los cultivadores de coca y sus patrocinadores. Como en la guerra contra las Farc, la extrapolación optimista de los éxitos parciales llevó a un error de pronóstico, al anuncio apresurado del fin del fin. La mata que mata sigue viva. Paradójicamente.

Esta semana se conocieron casi furtivamente (ya explicaremos) las nuevas cifras sobre la extensión y la distribución regional de los cultivos de coca. En 2011, la tendencia descendente cambió de signo y el área cultivada aumentó 3%. El área total subió a 64 mil hectáreas. Desde el año 2004, el área ha fluctuado entre 80 mil y 60 mil hectáreas. Los cambios en el agregado nacional han sido relativamente menores. Pero la estabilidad nacional esconde grandes diferencias regionales. La geografía de la coca, sobra decirlo, tiene mucho que decir sobre la geografía del conflicto colombiano.

El sur de Colombia se ha consolidado como el epicentro de los cultivos ilícitos. Los cultivos de coca han aumentado en las zonas tradicionalmente dominadas por las Farc. En Putumayo, por ejemplo, las Farc han retomado el control de las arterias fluviales lo que ha facilitado la operación del negocio en general y el movimiento de los insumos y precursores químicos en particular. Las Farc están financiando activamente la resiembra de coca y usando los territorios colectivos para ampliar el área cultivada. Actualmente una de cuatro hectáreas sembradas con coca está ubicada en un resguardo indígena o en territorio de negritudes. En suma, en el sur de Colombia, el fortalecimiento de las Farc ha llevado a un crecimiento de los cultivos ilícitos. Y viceversa.

Por el contrario, en Antioquia, Córdoba y Bolívar el área sembrada con coca ha caído significativamente. Los capitales ilegales y la mano de obra se han movido del negocio de la cocaína hacia una actividad más lucrativa y de más difícil control: la minería ilegal. En el bajo Cauca y en el Sur de Bolívar, por ejemplo, las Bandas Criminales han obligado a muchos pobladores a dejar los cultivos de coca y a moverse a la minería de oro. Paradójicamente lo que no pudo la mano dura del Estado, lo está pudiendo la mano invisible del mercado. Sea lo que sea, la geografía de la ilegalidad está redefiniéndose: cocaína en el sur y en la frontera con Venezuela, minería ilegal en Antioquia, Bolívar y Córdoba, ambas actividades en Chocó y extorsión en todas partes.

Pero más allá del análisis sustantivo, existe un hecho preocupante. Esta semana el gobierno impidió la presentación oficial de los últimos datos del sistema satelital de monitoreo y medición de cultivos ilícitos (SIMCI) que coordina la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Crimen y el Delito. Ojalá los problemas políticos no lleven a la manipulación sistemática de la información socioeconómica y las estadísticas oficiales. Las angustias electorales no deberían empañar la urna de cristal.

Reflexiones

Extravíos del poder

En sus memorias, uno de los testimonios políticos más interesantes de la historia contemporánea de Estados Unidos, Robert S. McNamara, ex secretario de defensa y ex presidente del Banco Mundial, relata una conversación que mantuvo con el presidente John F. Kennedy en 1961: “En los inicios del gobierno –recuerda McNamara– tuve la oportunidad de discutir los retos de la presidencia con Mr. Kennedy. En la discusión dibujé una gráfica. El “poder” era medido en el eje vertical; el “tiempo”, en el eje horizontal. ´Señor Presidente –le dije– usted llega a la Oficina Oval con una gran cantidad de poder. Espero que se vaya con ninguno, habiéndoselo gastado en lo que considere más pertinente para la Nación´.  Kennedy –cuenta McNamara– estuvo completamente de acuerdo. “Pensaba de esa manera y creo que habría actuado de esa manera…Era un hombre que veía el mundo como la historia, con una gran visión de largo plazo”.

Muchos gobernantes llegan al poder con propósitos similares, con una visión instrumental del poder, con la intención de usar su capital político en proyectos o iniciativas de largo plazo. Pero casi todos terminan haciendo lo contrario, acumulando poder como un fin en sí mismo. En su predicción, McNamara olvida que el poder cambia profundamente a quienes lo detentan, que, con el paso del tiempo, los presidentes suelen invertir sus prioridades.

Hace ya varias décadas, el psicólogo estadounidense David Kipnis describió de manera minuciosa los efectos del poder sobre gerentes y mandos medios en las empresas privadas de su país. Sin quererlo, Kipnis escribió un pequeño tratado de filosofía política o al menos una advertencia necesaria sobre los extravíos del poder (The Powerholders es el título del libro). El que tiene poder, encontró Kipnis, se forma una visión idealizada de sí mismo: la retroalimentación negativa de los subordinados desaparece y los halagos se vuelven permanentes. Con el tiempo dedica mucho tiempo y esfuerzo en lograr más poder y tiende a usar el que tiene a su disposición en su propio beneficio. Además, la preocupación preponderante con ganar mayor influencia y control suele confundir sus juicios y apreciaciones. En fin, el poder corrompe.

No sé cuál habrá sido la intención inicial de la reforma a la justicia, probablemente tuvo, en su origen, objetivos loables, pero, como bien lo predice Kipnis, terminó convertida en una estrategia de acumulación de poder, en una transacción política en la que el ejecutivo ofrecía cierta impunidad y varias prebendas a los otros poderes públicos a cambio de mayor autonomía y menor oposición. Probablemente los congresistas se tomaron más de lo ofrecido y los magistrados no quedaron satisfechos con lo ofertado. Pero la reforma parecía una iniciativa no para gastar buenamente el poder presidencial, sino para acrecentarlo.

La Constitución de 1991 está inspirada, parcialmente al menos, en un conveniente escepticismo sobre el poder, en la idea del poder fragmentado. Pero los poderes independientes siempre son vulnerables al poder presidencial. No sólo a la intimidación, sino también a la cooptación. Como bien predijo Kipnis y como nunca sospechó McNamara, casi todos los presidentes comienzan acumulando poder para gobernar y terminan gobernando para acumular poder.

Reflexiones

Consecuencias imprevistas

Hace varias décadas el sociólogo estadounidense Robert Merton formuló su ya célebre ley de las consecuencias imprevistas, una advertencia necesaria, pero sistemática o convenientemente ignorada por políticos de todos los colores. Merton llamó la atención sobre la complejidad de las relaciones sociales y la probabilidad de que, a su turno, las acciones públicas tengan efectos inesperados e indeseados. Merton puso su dedo escéptico en la llaga (siempre abierta) de las ínfulas y los afanes de los reformadores sociales. Hizo un llamado a la modestia. Y a la paciencia. Recordó que, después de todo, el cambio social no sólo es cuestión de buenas intenciones o voluntades férreas.

La ley de las consecuencias imprevistas ha sido corroborada una y otra vez. A comienzos de los años cincuenta, en Saint Louis, Estados Unidos, se llevó a cabo una ambiciosa intervención social, un macroproyecto de vivienda popular que, en teoría, iba a revolucionar el urbanismo y la sociedad. El proyecto Pruitt-Igoe (así se llamaba) fue presentado como la ciudad del futuro y la redención de los más pobres. Decenas de miles de personas ocuparon las nuevas viviendas llenas de optimismo y buenos augurios. Pero el temperamento colectivo cambió rápidamente. Los residentes comenzaron a sentirse alienados por un proyecto que entorpecía las interacciones sociales más benéficas. Con el tiempo los residentes descuidaron las zonas comunes y sus propios apartamentos. Algunos abandonaron sus viviendas decepcionados. Otros se resignaron a un deterioro gradual pero ineluctable. El 15 de julio de 1972, el proyecto fue dinamitado. Acabó con un gran estruendo, como los malos sueños.

En Francia, proyectos parecidos han tenido resultados semejantes. En Guatemala, la mitad de las viviendas otorgadas ha terminado en el mercado negro. En Brasil, muchos hogares no han podido pagar los servicios públicos y el mantenimiento de las nuevas viviendas. Para no ir tan lejos, en el noroccidente de Medellín, en el sector de Pajarito, un macroproyecto de vivienda popular, habitado, entre otros, por los antiguos residentes del basurero de Moravia, podría convertirse en el Pruitt-Igoe colombiano.

En Pajarito, como en otros lugares, los residentes vieron menguadas las oportunidades económicas y exacerbadas los problemas sociales, la violencia por ejemplo. Las externalidades negativas de la concentración de la pobreza en espacios aislados económicamente, densamente poblados y desprovistos de la funcionalidad que sólo viene con el crecimiento gradual y espontaneo, pueden ser fatales. Literal y metafóricamente. “Fue un gran error”, me dijo recientemente un ex funcionario en un momento de sinceridad.  La ley de las consecuencias imprevistas suele ser obvia en retrospectiva, cuando ya es demasiado tarde.

Lo que está ocurriendo en Pajarito, podría ocurrir en otros lugares de Colombia si la premura política lleva a la construcción de macroproyectos improvisados. Los expertos ya hablan de la necesidad de intervenciones específicas, de una suerte de acupuntura urbana que mejore las viviendas y preserve tanto el capital social como las oportunidades económicas. Pero, como dicen, las cosas buenas toman tiempo. Por ahora sólo cabe esperar que Merton no tenga nuevamente la razón y que, en dos o tres décadas, no estemos destruyendo lo que ahora queremos construir con tanto furor.

 

 

Literatura

Meritocracia


Las palabras tienen vida propia. Cambian de significado caprichosamente. Pueden traicionar incluso a quienes las acuñan. En 1958, el escritor y político británico Michael Young publicó una novela futurista, en la tradición de Aldous Huxley y George Orwell, titulada El ascenso de la meritocracia, 1870-2033. Young quiso darle a la palabra “meritocracia” un sentido negativo, sarcástico. La novela describe el surgimiento de una sociedad estratificada, desigual, donde el éxito depende del acceso a ciertas instituciones educativas y de la posesión de ciertas habilidades mentales (estrechamente definidas). En la sociedad imaginada por Young, el sistema educativo selecciona a los ganadores, no los forma. Dicho de otra manera, descarta a los perdedores, no los redime.
Por cuenta de la evolución impredecible del lenguaje, la palabra “meritocracia” asumió con el tiempo una connotación distinta, opuesta a la originaria; se convirtió en un sinónimo de movilidad social e igualdad de oportunidades. Un “sistema meritocrático” denota ya no un sistema excluyente, sino todo lo contrario, un sistema abierto, sin roscas, ni privilegios heredados, ni favoritismos odiosos. Actualmente los políticos que desean posar de justos e independientes, proclaman su compromiso inquebrantable con la meritocracia, esto es, con el merito individual como criterio exclusivo para la selección y escogencia de sus colaboradores.
En 2001, un año antes de su muerte, Michael Young escribió un largo artículo de prensa en el que lamentaba, en tono vehemente, el nuevo significado de la palabra meritocracia. Young invitó a Tony Blair, entonces primer ministro de Inglaterra, a que eliminara de sus discursos la palabra en cuestión o a que, al menos, admitiera el lado oscuro de la meritocracia. Una cosa es la asignaciónde puestos con base en el mérito individual, escribió Young, otra muy distinta la consolidación de una nueva clase social, de una elite inexpugnable y arrogante que considera que merece todos los privilegios. “Al contrario de quienes se lucraban del nepotismo, las nuevas elites creen firmemente que la moralidad está de su lado”.
Los escrúpulos semánticos de Young son exagerados, pero no irrelevantes. Llaman la atención sobre los peligros que acechan a una sociedad donde el mérito es entendido de manera estrecha y asociado a trayectorias académicas y laborales muy específicas. Young criticó duramente al gabinete de Blair, conformado por una elite meritocrática, poseedora de unas credenciales impecables, pero, en últimas, un buen ejemplo de las nuevas formas de exclusión. Lo mismo podría decirse sobre el gabinete de Santos o sobre los cuadros directivos de muchas empresas colombianas. Lo escribo sin resentimiento, todo lo contrario, con algo de pudor. Al fin y al cabo los egresados de la Universidad de los Andes, donde trabajo, figuran de manera prominente en el gabinete del gobierno nacional y en muchos cargos de responsabilidad y privilegio.
En fin, si el mérito se asocia exclusivamente con unas pocas instituciones educativas o con un conjunto estrecho de competencias, la meritocracia es casi indistinguible del nepotismo o del amiguismo. La meritocracia, sugirió Young hace ya más de medio siglo, puede ser un eufemismo conveniente para designar una nueva forma de exclusión. Esta sugerencia, sobra decirlo, no ha perdido vigencia.
Reflexiones

El odio a los políticos

Los empresarios de la indignación no necesitan innovar. Venden un producto que nunca pasa de moda, comercializan una mercancía que encuentra cada vez más y más consumidores, todos ansiosos e insaciables, a saber: el odio indignado a los políticos. Los nombres cambian, pero la lógica del negocio es la misma, semana tras semana, día tras día. Siempre habrá un senador comprado o un concejal borracho (la fuente es inagotable) que pueda presentarse (o venderse) como la encarnación de los males de la sociedad. La clase política, se nos dice a diario, es la culpable de todos nuestros problemas. Los viejos y los nuevos. Todos.

Diariamente los políticos son descritos en términos caricaturescos. Los calificativos son siempre los mismos: corruptos, codiciosos, arrogantes, carentes de conocimiento y humanidad, etc. Los matices no existen. Las excepciones confirman la regla, reafirman un diagnóstico repetido una y mil veces. En Colombia, escribió alguna vez el novelista R. H. Moreno Durán, la clase política corrompió a los narcotraficantes. Desde entonces columnistas y periodistas repiten la misma frase sin pausa, como si se tratase de una gran revelación. El público, ya lo dijimos, quiere más. Y de lo mismo. La demanda es infinita. “Tenemos los políticos que nos merecemos”, dicen algunos de vez en cuando. Pero la sinceridad, sobra decirlo, es mucho menos poderosa que la indignación.
Por desgracia, la indignación moral ordinaria, convertida en entretenimiento masivo, en mercancía popular, no contribuye a una mejor comprensión de nuestros problemas más urgentes. Oscurece mucho más de lo que clarifica. “La única utilidad que tiene es aumentar la circulación y los índices de audiencia”, escribió el ensayista alemán Hans Magnus Enzensberger hace unos años. “Quizá haya llegado la hora de decir definitivamente adiós a la costumbre de insultar a los políticos”, señaló el mismo Enzenberger. Razón no le falta.
No sólo deberíamos, como sugiere Enzensberger, compadecer a los políticos, sino también reconocer algunas de sus funciones más importantes. Las democracias occidentales (Colombia es un caso paradigmático) prometen mucho más de lo que pueden cumplir. En general la demagogia ha sido institucionalizada. Las expectativas de las mayorías superan con creces las posibilidades del Estado. O del mercado. La frustración es por lo tanto una característica definitoria, esencial de la vida política de muchos países. En este estado de cosas, de promesas imposibles y expectativas frustradas, los políticos juegan un papel fundamental. Son chivos expiatorios, figuras propicias que permiten, al menos, un desfogue permanente para las frustraciones de las mayorías perplejas que no entienden (no pueden entender) la distancia entre lo mucho que se dice y lo poco que se hace. Consciente o inconscientemente, los empresarios de la indignación proyectan en algunos políticos (o en todos) las contradicciones insalvables de una democracia como la nuestra.

Paradójicamente, la demagogia de la indignación es comparable a la demagogia de la política electoral. Los empresarios de la indignación y los de la política son mejores para cautivar al público que para cualquier otra cosa. Unos y otros son dos caras de la misma moneda. O mejor, dos partes inseparables del mismo problema.