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20 noviembre, 2011

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Derechos y recursos

Poco a poco, de manera casi imperceptible, un trascendental cambio político ha venido ocurriendo en Colombia. Los derechos sociales, que fueron inicialmente entendidos como aspiraciones de largo plazo han comenzado a ser percibidos como objetivos de corto plazo, de cumplimiento inmediato, perentorio. Los jueces, los políticos y la mayoría de los ciudadanos reclaman educación, salud y seguridad social para todo el mundo. Sin dilaciones y sin costo. En esta nueva realidad política, el Estado de Bienestar ha dejado de ser una alternativa y ha pasado a convertirse en un imperativo.

Pero el debate al respecto no ha terminado todavía. Mientras muchos señalan que el Estado de Bienestar es imprescindible para garantizar la legitimidad del sistema capitalista y la armonía social, otros afirman que su existencia es por ahora incompatible con el equilibrio fiscal y el desarrollo económico. Los primeros traen a cuento los ejemplos ya manidos de los países escandinavos, donde el Estado de Bienestar ha fortalecido y legitimado al capitalismo; los segundos mencionan los casos igualmente trillados de Grecia y otros países mediterráneos, donde el Estado Bienestar terminó siendo un lastre invencible para la prosperidad general. Cada quien usa los datos que confirman sus prejuicios y su ideología.

Un artículo académico escrito recientemente por tres jóvenes economistas franceses aporta algunos datos adicionales para el debate de marras. El artículo muestra que, en Europa, el Estado de Bienestar tiene dos caras distintas. En los países nórdicos donde los ciudadanos no abusan de los beneficios, pagan cumplidamente sus impuestos y confían en el civismo de sus coterráneos, el Estado es generoso y eficiente: cada quien aporta lo que puede y recibe lo que necesita. En varios países mediterráneos, donde muchos ciudadanos abusan del sistema y desconfían de los demás, el Estado es al mismo tiempo abultado e ineficiente: la mayoría recibe más de lo que necesita y aporta mucho menos de lo que puede. En últimas, el funcionamiento del Estado de Bienestar depende de la existencia de una mayoría que respete las reglas y confíe en el comportamiento de los demás. Sin esta mayoría, habrá mayor gasto, pero no mejores resultados. En los países mediterráneos, por ejemplo, el mayor gasto social no ha mejorado la calidad de la educación, la salud y la seguridad social.

Este hallazgo tiene una implicancia inmediata para el debate sobre la reforma a la educación superior, a saber: sin un cambio cultural, sin más y mejores mecanismos de control social, un aumento en el gasto no traería necesariamente una mejoría en los resultados, en la calidad de la educación en particular. Así, los estudiantes deberían protestar no sólo por la escasez de recursos sino también por la ineficiencia y la corrupción. Hasta ahora poco o nada han dicho acerca del clientelismo que aqueja la Universidad Distrital, de las pensiones que desangran muchas universidades regionales, de los escándalos que afectan a varias universidades del viejo Caldas, etc.

En fin, el goce efectivo de derechos (para usar la dicción corriente) o la mayor calidad de la educación (para mencionar el reclamo frecuente) no son sólo cuestión de plata. El Estado de Bienestar, ya lo dijimos, es una realidad más cultural que presupuestal. Por desgracia, hay muchos derechos que el dinero no puede comprar.